Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cuesta tomar en serio el pedido de que se ponga fin al régimen de prisión domiciliaria de Guillermo Besozzi para facilitar su campaña por otro mandato como intendente nacionalista de Soriano. El abogado de Besozzi, Juan Fagúndez, presentó un escrito para que se “sustituya” esa medida, alegando que se están afectando los derechos de su defendido, “elegible” pero con menos oportunidades que los demás aspirantes para estar en contacto con la ciudadanía, debido a la obligación de permanecer en su establecimiento rural.

Parece necesario recordar algunos hechos recientes. Besozzi fue acusado en marzo por Fiscalía de siete delitos de corrupción, a partir de evidencias halladas en una investigación sobre numerosos ilícitos cometidos cuando era intendente, con participación de varias personas que integraban su equipo de gobierno y que también fueron imputadas. En todos esos casos la jueza actuante consideró que esa evidencia era válida.

La prisión domiciliaria preventiva, con uso de tobillera electrónica, no fue solicitada y aceptada porque hubiera riesgo de que Besozzi se fugara, sino porque Fiscalía presentó a la jueza pruebas de que el exintendente y otras personas acusadas no sólo habían accedido a información reservada de la investigación, sino que además habían movido sus influencias para entorpecer el trabajo del sistema judicial y dificultar sus eventuales condenas.

En otras palabras, el objetivo es muy razonable: evitar que Besozzi siga intentando evitar la obtención de pruebas en su contra, relacionadas con la autoría de “reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, delitos de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple” y “reiterados delitos de abuso de funciones”, así como la coautoría de “un delito de cohecho calificado”, todos “en régimen de reiteración real”.

Según Fagúndez, ya no hay posibilidades de que su cliente entorpezca el trabajo judicial, porque a esta altura se ha reunido mucha documentación. Es un argumento pintoresco.

También corresponde hacer algunas precisiones sobre los presuntos derechos de Besozzi. Cualquier persona puede ser candidata a cualquier cargo electivo aunque sea acusada de delitos gravísimos, mientras no esté cumpliendo una condena. Otra cosa muy distinta es sostener, como lo hace Fagúndez, que como el exintendente decidió mantener su postulación y el Partido Nacional aceptó que lo hiciera, la Justicia debe garantizar que compita en igualdad de condiciones con sus rivales y permitirle recorrer el departamento.

Con ese criterio, por ejemplo, si Pablo Carrasco fuera candidato a intendente, alcalde, edil o concejal habría que levantar el embargo sobre sus bienes, dispuesto en el marco de la causa sobre Conexión Ganadera, para que no quedara en desventaja durante la campaña para las elecciones departamentales.

Es obvio que la situación procesal de Besozzi le causa dificultades en el terreno de la actividad política partidaria, pero este problema es consecuencia de sus actos. El Poder Judicial no tiene por qué resolvérselo, habilitándolo además a retomar intentos ilegales de exculparse.

Hasta mañana.