Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La bancada de senadores del Frente Amplio considera la propuesta de crear un comisionado parlamentario en infancias y adolescencias, presentada por la legisladora Blanca Rodríguez, con el triple cometido de asumir un papel de defensoría, informar a la sociedad y asesorar al Estado. Hay varios argumentos posibles a favor de la iniciativa, pero también cabe preguntarse por qué y en qué medida se ha vuelto necesaria.

Ya existen, como sabemos, varios organismos estatales cuyas tareas tienen que ver con problemas que afectan, directa o indirectamente, a la población infantil y adolescente. En el período de gobierno pasado se aprobó, por iniciativa de la hoy ministra Cristina Lustemberg, una ley para coordinar las políticas de varios de esos organismos y potenciar su eficacia. En la actualidad, el oficialismo y la oposición comparten la intención declarada de priorizar el problema de la pobreza infantil. ¿Qué agregaría este nuevo comisionado parlamentario? ¿No sería mejor reforzar el presupuesto y la dotación de personal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para que cuente con un área especializada en infancia y adolescencia?

La primera pista para una respuesta surge de la experiencia del comisionado para el sistema carcelario, creado en 2003. Es evidente que, sobre todo durante el período de gestión de Juan Miguel Petit, hoy cercano a su fin, esta figura institucional ha servido para contrarrestar las tendencias a despreocuparse de la dramática situación que viven las personas privadas de libertad.

Los medios de comunicación, y a través de ellos la ciudadanía, reciben con cierta frecuencia los informes del comisionado carcelario, que mantienen la visibilidad de los problemas, señalan responsabilidades y proponen soluciones bien fundamentadas. La infancia, y en particular la infancia pobre, tiene en común con las personas privadas de libertad que carece de portavoces propios. Su situación puede verse beneficiada por la intervención pública de una figura que no represente sólo al oficialismo de turno, sino a la institución parlamentaria como tal.

Sin embargo, la misma experiencia del comisionado carcelario nos muestra que el sistema partidario, e incluso el propio Poder Legislativo que lo designa, no suele atender sus recomendaciones. El caso de la infancia es, sin duda, distinto: mucha gente se muestra indiferente ante la situación de las cárceles, y hay quienes expresan en voz alta el deseo de que las personas privadas de libertad la pasen mal; en cambio, es muy raro que alguien no manifieste un mínimo de compasión ante la niñez pobre.

De todos modos, obviamente no basta con la existencia de un comisionado, y si se ha vuelto necesario que aumente la visibilidad de un drama, es porque antes se miró para otro lado. La pobreza infantil, de la que tantas figuras políticas se duelen públicamente, es una consecuencia clarísima de desigualdades sociales perpetuadas durante décadas, que hoy afectan a la población adulta pobre, mayoritariamente femenina, con niñas y niños a su cargo. Hace falta un comisionado que lo diga, pero también voluntad política más allá de la piedad por la infancia.

Hasta el lunes.