Está por comenzar el proceso de cocreación de un nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto, que significa una gran oportunidad para que organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado lleven inquietudes y propuestas a un ámbito de deliberación y discusión participativo y abierto.
Pero es válido preguntarse cuál es el valor agregado de esta forma de participación en un país donde históricamente han existido muchísimas formas e instancias de participación, donde la cercanía hace que las personas tomadoras de decisiones no sean inaccesibles y donde existe una sociedad civil robusta y con historia, una academia valorada por la población y cámaras patronales y asociaciones gremiales con peso político.
Lo primero es entender que el gobierno abierto no viene a reemplazar ni a menoscabar a ninguna de las formas existentes de participación e incidencia. Por el contrario, no solo potencia esas formas de participación, sino que la incorporación de forma transversal de sus principios de transparencia y derecho de acceso a la información, por parte del Estado, puede facilitar el trabajo de todos estos actores.
Pero, igualmente importante, es incorporar la noción de que el gobierno abierto impulsa una transformación en la operativa del aparato estatal que no es sólo ser más transparente y participativo, sino que busca avanzar hacia la colaboración y la cocreación. Es un cambio de paradigma que va mucho más allá de dialogar y consultar; la colaboración implica entender que no todo el conocimiento, ni las ideas, ni los recursos son los del Estado. Que el diagnóstico, la planificación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas puede ser más eficiente y más efectivo trabajando junto con actores sociales involucrados, quienes tienen el conocimiento, los contactos, la experiencia o cualquier otro recurso y que, en muchos casos, integran los grupos destinatarios de esas políticas.
Además, la rendición de cuentas (otro de los pilares clave del gobierno abierto) es obligatoria al momento de monitorear el cumplimiento de los compromisos cocreados y acordados al realizar el plan de acción. Esto no es menor, ya que se pueden establecer muchos compromisos entre una sociedad y sus gobernantes, pero no siempre se garantiza un proceso de rendición de cuentas efectivo como lo plantea el marco de gobierno abierto.
La propia iniciativa de gobierno abierto es cogobernada por un grupo de trabajo formado por organismos públicos y agencias de los tres poderes, academia y sociedad civil, que diseña, implementa y evalúa el plan. Ese plan, a su vez, se construye no con intenciones o promesas, sino con metas específicas, con objetivos, con responsables y plazos, que son monitoreadas además por un mecanismo de revisión independiente.
En este punto es donde la iniciativa de gobierno abierto tiene más para ofrecer. Uruguay se embarca en su 5º plan de acción –que por primera vez será de cuatro años en lugar de dos– con el objetivo de lograr un plan más ambicioso y robusto. Esto significa resolver problemas reales y concretos, a través de compromisos de largo plazo cocreados con la sociedad civil y otros actores y monitoreando su cumplimiento.
Ahí es donde está la oportunidad. No sólo de participar, no sólo de incidir, sino de contribuir a la creación y monitoreo de políticas públicas para abordar variadas problemáticas que impactan en nuestra vida cotidiana e impulsar cambios sustantivos en la sociedad.
Daniel Carranza - DATA Uruguay - Red de Gobierno Abierto