Cualquier persona que quiera impulsar temas de la agenda de derechos –en particular organizaciones de la sociedad civil– pueden proponer sus ideas en la quinta edición del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Deberán estar vinculadas con áreas como justicia y anticorrupción; trabajo, seguridad social y cuidados; equidad e inclusión; sustentabilidad ambiental y recursos naturales; desarrollo rural y desarrollo local; derechos humanos, seguridad, cultura y educación; empresas, industria y energía; salud; presupuesto y finanzas públicas; trabajo y seguridad social; juventud; ganadería, agricultura y pesca, entre otras.

A fin de mes termina el plazo de la primera etapa, que implica crear propuestas, comentar y aportar. Si bien ya se desarrollaron los talleres que brindan apoyo a los participantes, igualmente desde la Red de Gobierno Abierto (RGA) continúan guiando a las organizaciones que quieran aprovechar la herramienta o tengan dudas. Para solicitar esta asistencia pueden escribir a [email protected]

En 2011 Uruguay se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto, un acuerdo internacional en el que asumió la responsabilidad de ejecutar estos planes, en principio de carácter bianual. Desde 2012, entonces, viene haciéndolo y ya completó cuatro planes de acción. “La verdad es que ha habido una evolución enorme, en particular se dio un salto cualitativo muy grande en el segundo plan”, dijo Daniel Carranza, que forma parte de la organización DATA Uruguay, que a la vez integra la RGA, que impulsa y lleva adelante este proceso. Su visión, en base al tiempo transcurrido y los proyectos logrados, es que se reforzó la cooperación desde la sociedad civil. “Se conformó el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto y esto significa que toda la gobernanza del proceso se hace por medio de un equipo integrado por organizaciones de la sociedad civil, por el Estado, por la academia y algunos otros actores”.

Como casi todo, en épocas de crisis sanitaria el plan sufrió algunos atrasos en su implementación. “Este proceso de cocreación del quinto plan debería haber empezado el año pasado pero, coronavirus mediante, acá estamos. Es el más ambicioso que hemos tenido hasta ahora a nivel de la participación de más organizaciones y más organismos, así como de llegada al interior del país. Fue un desafío también llevar todo online; tanto desde el gobierno como desde la RGA estamos haciendo esfuerzos muy grandes para aumentar la participación. Desde el lado de la sociedad civil eso incluyó una serie de talleres y en este momento se están haciendo mesas de diálogo”, explicó.

Otro dato singular del plan en vigencia es que será a cuatro años: “Es una novedad, algo que se está probando en algunos países, y Uruguay es parte de ese piloto”, destacó.

En la mira interna y externa

“Una de las características más importantes de estos planes de acción es que más allá de que los países se comprometen a iniciativas que hacen a los gobiernos más transparentes, participativos y colaborativos, incluye un proceso de seguimiento que va por varios lados: el propio gobierno tiene que monitorear el cumplimiento de esos compromisos, que tiene a su vez metas específicas”, recalcó. Ese seguimiento se puede ver en miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy, donde están punto por punto desde el segundo hasta el cuarto plan, y figura qué porcentaje se completó, entre otros detalles. “Un sistema único nacional de gestión de denuncias ambientales”, “Herramientas para el monitoreo para el plan de eficiencia energética” e “Información de las mercaderías incautadas y de la operativa de comercio exterior” son algunos de ellos.

En paralelo, existe un mecanismo de revisión independiente, que llevan adelante organizaciones por fuera del gobierno y también de la alianza por el gobierno abierto, que de forma autónoma vigilan el cumplimiento de los compromisos y elevan sus propios informes. “Hay una gran evaluación de lo que se hace, y creo que es una de las fortalezas del proceso”, señaló Carranza.

En tren de ejemplificar el tipo de acciones exitosas en estos años, Carranza dijo que son “unos cuantos los casos muy reconocidos dentro del plan y, de hecho, desde distintos lugares. La propia alianza hace sus evaluaciones y destaca, en los distintos planes, lo que llama ‘compromisos estrella’. Uno que está particularmente bueno es un observatorio de violencia basada en género. Con él se resolvió un problema que era bastante viejo: cómo se miden, por ejemplo, los feminicidios, pero además otros temas de violencia basada en género. Sucede que el Ministerio del Interior tiene unas cifras, el Poder Judicial, otras, y la sociedad civil, otras más. Se juntó a todos esos actores, se acordó un criterio y se generó un observatorio en el que por fin obtenemos una cifra en la que acuerdan”.

A nivel de datos duros, “otro caso buenísimo es Catastro Abierto, donde lo que pasó es que abriendo la información de catastro, generándose servicios en línea y publicando datos abiertos, generaron no solamente un aumento de la eficiencia brutal para la oficina sino un ahorro enorme para el Estado, porque muchísimas personas que estaban dedicadas exclusivamente a atender a arquitectos y empresas de construcción, que continuamente les estaban pidiendo, físicamente, en la oficina, esa información, pasaron a conseguirla en línea. Y a toda esa gente pudieron reubicarla en tareas más útiles”.

Por último, Carranza destacó una iniciativa que lo toca de cerca, atuservicio.uy, que lista los prestadores integrales de salud del país y compara sus indicadores para tomar una decisión informada. “Es un proyecto que surgió y está dentro del compromiso del segundo plan de acción. Los resultados fueron muy buenos. Es un proyecto cocreado entre gobierno y sociedad civil, y ha tenido muy larga vida, ya que va por su séptimo año, pasando por tres gobiernos de dos partidos distintos. Eso es un hito en este tipo de cosas”, remató.