El 14 de marzo, la Embajada de Rusia en Uruguay envió un correo electrónico a periodistas con posibles soluciones para poder continuar accediendo a la señal de la cadena RT, luego de que Youtube prohibiera sus canales, así como los de la agencia Sputnik. Entre esas soluciones estaba recurrir a plataformas digitales de ese país, como la red social VK o la aplicación de mensajería Telegram. También se recomendaba la plataforma estadounidense Odysee, que permite subir videos y funciona como un servicio descentralizado y de código abierto.

Además de estas recomendaciones, la embajada rusa sugería descargar la aplicación de RT para dispositivos Android en APK, un formato de archivos que permite realizar descargas fuera de la tienda de Google.

Aunque su función estricta no sea esa, el formato APK se ha convertido en los últimos años en un sinónimo de piratería. De hecho, si bien el formato no está vetado en sus dispositivos, desde agosto de 2021 Google obliga a los desarrolladores a adoptar el formato AAB, estándar desde 2018, para cargar sus aplicaciones a Google Play y ha prohibido la subida a la tienda de aplicaciones en APK para combatir la piratería en dispositivos móviles.

Que una embajada recomiende a periodistas recurrir a un formato que es casi sinónimo de piratería puede sorprender, aunque en el caso ruso se convierte, en realidad, en una declaración de intenciones: si las reglas nos limitan o censuran, entonces que no haya reglas.

Menos redes, más torrents

Al mismo tiempo que implementa leyes más restrictivas contra las redes sociales como Facebook, Twitter o Tiktok, el Kremlin suaviza sus leyes de protección a los derechos de autor y se prepara para una suerte de despenalización de la piratería.

Según informó Gazeta.ru el 3 de marzo, el diputado Dmitry Ionin propuso a la Duma, el parlamento ruso, que se desbloquee en el país Rutracker, el buscador ruso de torrents, con el objetivo de saltearse la decisión de varios estudios de Hollywood de no estrenar películas dentro de ese territorio.

Cuatro días después de la propuesta de Ionin, el sitio Torrent Freak, que se especializa en todo lo que gira en torno al protocolo Bittorrent, tuvo acceso a un documento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia que detallaba el plan de prioridades para continuar con la vida bajo sanciones. Entre las propuestas, que apuntan a evitar que el desarrollo económico del país se frene, se encuentra una para enfrentar a las empresas extranjeras que se niegan a emitir licencias de software o directamente las revocan para ese territorio.

En el documento se sugiere que se cancele la responsabilidad penal y civil por la descarga sin licencia de contenido que pertenezca a países que han sancionado a Rusia, ya que con la legislación actual utilizar un software no licenciado es ilegal.

También se establece un plan para hacer importaciones paralelas, que permitan el ingreso a territorio ruso de productos aunque no exista una autorización del titular de la propiedad intelectual. Esto, en los hechos, puede eliminar la responsabilidad por violar derechos de autor o de marcas registradas, no sólo de música y películas, sino también de otros productos.

Estas medidas se suman a los intentos desde el Kremlin por independizarse de servicios extranjeros a nivel digital. Hace dos semanas se ordenó a los servicios estatales que abandonen los hostings provenientes de otros países, que se pase a utilizar servicios DNS localizados en Rusia y que se utilicen direcciones .ru, así como dejar de utilizar recursos que provengan del extranjero, como código Javascript, banners y contadores.

La transferencia para los sitios estatales tenía como fecha límite el 11 de marzo. Luego de eso, se comenzó a extender la orden a las empresas locales.