“En definitiva, en un desalojo se contrapone mi derecho a tener una casa como propiedad a mi derecho a habitar”. La movilización en casos concretos busca visibilizar el problema en busca de soluciones y, en una dimensión más grande, apunta a politizar el tema, señala Valentina Ibarlucea, vecina de Ciudad Vieja e integrante de la Comisión Derecho a la Ciudad, una agrupación que empezó a funcionar en 2018. Nace de otro colectivo, responsable de la recuperación de la de Plaza de Deportes número 1, “que estaba bastante abandonado por las instituciones. Después de un proceso largo, llegamos a la maravilla que tenemos hoy. Es realmente un lugar súper habitado por el barrio”. Eso dio lugar a que se generaran nuevas movidas.
Por un lado, pensando en las consecuencias que podía llegar a tener la mejora de la plaza –sabiendo que muchas veces las inversiones en espacio público desencadenan un aumento en el precio del suelo– y en base a la dificultad del acceso a la vivienda, organizaron una gran asamblea en torno al tema. Allí se juntó el núcleo de la comisión. En ocasiones llegaron a ser 60 personas; la asistencia fluctúa de acuerdo al asunto que convoque, aunque generalmente se mantienen media docena. Ibarlucea cuenta que en este tiempo “ha peleado bastantes cosas”, y se refiere a los reclamos por la rambla Sur, por el terreno de la exterminal Aduana (un sector va a ser destinado a cooperativas de vivienda) y a la campaña de recuperación del club Neptuno, entre varios eventos que involucran el derecho a la ciudad.
¿Qué implica ese derecho? Poder acceder a una vivienda segura pero también a buenos servicios. “El derecho a la ciudad es pensar que podemos transformar la sociedad a través de nuestros espacios”, resume.
Con respecto a los desalojos, la problemática es histórica en el casco antiguo, donde además abundan las pensiones, y los casos llegan con frecuencia a la comisión, incluso cuando suceden en otros barrios. Por esa razón establecieron contacto con la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos, donde encontraron a una referente como Valeria España.
Muchas veces su tarea consiste en poner en contacto a las personas que están en esa situación con asesoría legal y acompañar del modo en que las organizaciones sociales pueden hacerlo, buscando prórrogas o soluciones y ejerciendo presión. “Entendemos que es una situación súper violenta y que además es estructural, algo que no se entiende tanto”, subraya la consultada. “Muchas veces se toma como un fracaso individual, cuando en realidad tiene que ver con la falta de acceso a la vivienda y con la defensa a ultranza de parte de nuestro sistema jurídico y económico de la propiedad privada”.
Este Manual de resistencia barrial surge a raíz de la experiencia aquilatada por el grupo al enfrentar esas situaciones. “En ese aprendizaje, en el hacer, vemos que hay muchísima desinformación, de parte de quienes sufren un desalojo y de quienes se enteran. La gente, por ejemplo, cree que el Estado brinda alternativas, y no, para nada, o que hay situaciones en las que los desalojos no se producen, como en invierno o en presencia de hijos. Son todas mentiras. De hecho, hemos visto desalojos con menores durante una alerta naranja en agosto”, apunta, lapidaria.
Si bien no cuentan con una sistematización de datos que confirme el supuesto, es dable esperar que estas situaciones crezcan entre una población creciente en la zona Centro-Ciudad Vieja, incluso en todo el municipio B, la de los migrantes, más vulnerable en tanto vive en condiciones más informales y cuenta con menos redes. “No es lo mismo enfrentar un desalojo si tenés la casa de un amigo o un familiar donde por lo menos ir a aguantar unas semanas mientras buscás otra cosa, que cuando no tenés a nadie”, confirma Ibarlucea. “Conocer al vecino es lo que nos termina protegiendo”.
Herramientas para discutir
La comisión desarrolla varios focos de trabajo y la colaboración en casos de desalojo parte de la sensibilización hacia los vecinos, apunta, como en otras instancias lo hacen, sin ir más lejos, las ollas populares. Eso no quita que les hayan llegado pedidos de auxilio desde Flor de Maroñas, pero más allá de la asesoría que puedan dar, saben que es más eficaz el trabajo en territorio, donde cada uno conoce qué puertas tocar. En eso radica el valor de este manual, que apunta a que las organizaciones estén al tanto de cómo proceder y puedan generar desde una red de contención hasta una colecta para los timbres profesionales.
La emergencia es a la vez enfrentar un cedulón. Por eso las cuestiones más técnicas fueron trabajadas en conjunto con las abogadas, para poner en claro una cantidad de conceptos que el ciudadano común usualmente no decodifica, menos en una situación de estrés como es un desalojo.
El domingo 24 de julio, a las 14.30 en la Plaza de Deportes número 1 de la Ciudad Vieja (Juan Lindolfo Cuestas y Cerrito), presentarán el material: 12 páginas que se pueden conseguir impresas pero que desde ese momento circularán en formato digital. La guía, que comprende una separata con los pasos a seguir y a quién es posible acudir, se comparte con la intención de generar una mirada política sobre la propiedad privada, el derecho a la vivienda, los diversos tipos de desalojo (desde el civil hasta el delito de usurpación).
Tampoco adhieren, sostienen, a una imagen “for export de Ciudad Vieja, que quieren vendérsela al especulador inmobiliario, a gente de otras zonas de la ciudad”, mientras no observan un equilibrio entre los servicios que apuntan al turista y los que contemplan al barrio. La idea es plantear un conversatorio entre diversas organizaciones e “ir construyendo una mirada en resistencia común que busque oponerse a la tragedia que implican los desalojos y las miles de familias sin hogar”.
Entre los invitados confirmados van a estar un integrante del extinto Sindicato Único Revolucionario Muchachos de la Esquina, que resistió los desalojos y las razias en las décadas de 1980 y 1990, así como algunas personas que fueron desalojadas de los conventillos Medio Mundo y Ansina. Cierra la jornada la actuación de La Teja Pride.
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