El proceso de reforma de la seguridad social que se está desarrollando surgió de la ley de urgente consideración (LUC), donde se estableció que estaría bajo análisis todo el sistema. Esto implica el tramo de solidaridad intergeneracional que gestiona el Banco de Previsión Social (BPS), el régimen de ahorro individual que administran las AFAP y las otras cinco cajas: Militar y Policial, en la órbita del Poder Ejecutivo; y la Bancaria, Notarial y de Profesionales, que son paraestatales porque las administran estos colectivos.

Días atrás, en un evento organizado por la comisión de expertos —integrada por representantes de los partidos políticos y los sectores sociales— donde expusieron economistas y ex jerarcas, hubo coincidencia en que lo ideal sería avanzar hacia una unificación del sistema. El sindicato bancario arremetió contra esa idea en un reciente editorial, donde cuestionó a los bancos privados por proponer eliminar la caja paraestatal y apuntó contra “actores constructores de relatos” que propician una reforma en pos de intereses empresariales.

La Caja Bancaria fue reformada en 2008, cuando entre otros cambios se equipararon requisitos al régimen general, se elevó el aporte de los ya jubilados y se rebajó la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que cubre la pasividad) de los futuros. Según datos del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) de 2017, era el subsistema que pagaba mejores jubilaciones, con un promedio de 85.000 pesos.

En el marco de las audiencias que está llevando adelante la comisión de expertos, comparecieron tanto la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) como la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU).

El sindicato manifestó en su presentación que la reforma “modificó el modelo de financiamiento” de la caja paraestatal, porque se “redujo la dependencia de la recaudación de las nóminas [salario]”, que pasó de ser 91% del total a 66%. Esto porque se incorporó un aporte patronal complementario en función del nivel de actividad del sector y del aumento de la productividad por la incorporación de tecnología.

AEBU explicó que al diseñarse la reforma de 2008 se estableció que habría “tres etapas a recorrer en un período aproximado de tres décadas”. En la primera “el objetivo era alcanzar el equilibrio en los resultados financieros y acumular reservas”, y se “cumplió exitosamente”; en la segunda etapa, “el importante número de altas jubilatorias llevaría a una década o más de déficits operativos a cubrir con las reservas financieras acumuladas”, lo que comenzó a ocurrir desde 2018; y una etapa final “en la cual se alcanza el equilibrio, se prevén superávits operativos crecientes y el consiguiente crecimiento muy importante de las reservas”.

Ante esta situación, y en base a las proyecciones presentadas, el sindicato sostuvo ante la comisión de expertos que “no se están requiriendo actualmente recursos por fuera de los que determinó la ley de reforma”, y “tampoco se prevé la asistencia del Estado de ninguna forma”. En definitiva, que no existen riesgos como para avanzar en cambios en el subsistema, como plantean otros actores.

Bancos privados: propuestas y críticas al nivel de aportes

Con base en un informe de la consultora CPA Ferrere, ABPU señaló que ante un escenario “más negativo que el de empleo estable” en el sector, habría “diversos grados de insostenibilidad financiera” para la caja paraestatal. Además, cuestionaron que “los aportes de instituciones financieras son 54% mayores que los de trabajadores activos y pasivos, mientras que en el régimen general los niveles son comparables”.

En su presentación, la gremial sostuvo que “un régimen de prestación definida en un sector de actividad tan acotado está sujeto a un importante grado de volatilidad y probabilidad de insolvencia por no poder amortiguar shocks idiosincráticos”.

Ante esto, los bancos privados plantean “hacia adelante” dos opciones: que se mantenga la Caja Bancaria con variantes para “distribuir el ajuste que asegura sostenibilidad entre activos, pasivos y empresas” o migrando hacia “un nuevo régimen que mitigue el riesgo de la evolución del empleo”; o que sea incorporada “al régimen general de BPS, estableciendo un cronograma de transición en el que las tasas de aportes y niveles de prestaciones se normalizan con el resto del sistema previsional”.

En respuesta a esto, en un reciente editorial AEBU acusa a la gremial de exponer “una proyección financiera de escasa rigurosidad técnica y con errores de información” sobre la Caja Bancaria, “dirigida a justificar” la propuesta que presentó ante la comisión de eliminar la caja paraestatal.

Según el sindicato, lo planteado por los bancos privados es “lisa y llanamente cargar a la sociedad con los costos de las prestaciones que brinda actualmente la Caja Bancaria, para incrementar sus ganancias [los bancos] con la rebaja de su contribución a la seguridad social”. “Así la banca extranjera hace su aporte al relato de la inviabilidad de la Caja Bancaria, para ofrecer a algunos actores una versión que justifique sus objetivos”, señala el sindicato de empleados bancarios.

Incluso AEBU hace un análisis más general acerca de la futura reforma previsional. En el editorial plantea que hay “actores constructores del relato sobre la reforma de la seguridad social” que recurren a “premisas técnicas incuestionables” y hacen “una intencionada selección de informaciones y datos”.

El sindicato advirtió que estos actores plantean “que la solidaridad [el régimen del BPS] debería reducirse a su mínima expresión”, y que “este deterioro sólo podría superarse en función de la capacidad de ahorro individual [el sistema de AFAP]”, además de tener “el propósito de desmantelar las cajas paraestatales”. Estos objetivos son “compartidos por algunas empresas, que ven la oportunidad de reducir sus costos en materia de seguridad social, y por otras como las AFAP interesadas” en incorporar nuevos afiliados, sostiene AEBU.