Pandemia y crisis: ¿quién paga los costos?

Supongamos por un instante que se pide describir la imagen de un economista promedio. Probablemente, la mayoría de las personas describa a un varón blanco, exitoso, de unos 40 o 50 años, vestido más o menos formal. Este estereotipo instalado en el imaginario colectivo tiene su correlato en la realidad, no porque no existan otras personas estudiando y trabajando en torno a la economía, sino porque los espacios de visibilidad no son de todos, y menos aun de todas.

Un poco por la necesidad de tener un lugar de reflexión propio, y otro poco por querer hacer también nuestros estos espacios de visibilidad, es que surge Lado F. Somos un colectivo de mujeres vinculadas a la economía, con distintas miradas e intereses, que tiene como objetivo generar aportes desde nuestra disciplina para la discusión pública. En esta nota confluyen diversas miradas para pensar la reactivación de la economía en Uruguay, dado lo que está siendo la actual crisis económica.

A la hora de pensar en cómo mitigar los efectos de la crisis generada por la covid-19, se evidencia que las consecuencias de la contracción económica impactan de manera desigual. A modo de ejemplo, en marzo de 2019 las mujeres representaban 36% de las personas en el seguro de desempleo, y pasaron a configurar 46% en marzo de este año.¹ Esto puede tener múltiples causas, pero considerando que las mujeres presentan peores indicadores que los varones en varias dimensiones asociadas al mercado laboral, puede que la crisis generada por la pandemia esté reforzando una posición ya de por sí desventajosa. No sólo en la esfera del trabajo remunerado, sino también en cuanto al trabajo doméstico y de cuidados, que, tal como indica la evidencia, recae mayoritariamente en mujeres, adolescentes y niñas.

Asimismo, los envíos a seguro de paro no afectaron uniformemente a todos los sectores de la economía; el mayor aumento se encuentra en los sectores “Arte, recreación y entretenimiento” y “Alojamientos y servicios de comida”, en los que la posibilidad de trabajo remoto es prácticamente nula.

Pese a la heterogeneidad mencionada, las medidas económicas tomadas han sido diseñadas e implementadas, en su gran mayoría, de manera universal. Esto puede tener importantes consecuencias en cuanto a los costos asociados y la eficacia con la que cumplen los objetivos planteados. Tomemos como ejemplo la medida anunciada por el gobierno de otorgar a las empresas un subsidio de $ 5.000 por tres meses por cada trabajador que incorporen respecto de su nómina al 31 de mayo de 2020. Esta medida aplica a toda la economía, ignorando el efecto desigual de la crisis por sector de actividad e incluso a nivel de empresa. En el caso de Irlanda² o Nueva Zelanda,³ por ejemplo, se implementó un esquema de subsidio temporal a los sueldos, con la diferencia de que para ser elegible la empresa debe demostrar una caída en sus ingresos de al menos 25% en el primer caso y de 40 % en el segundo, entre otras condiciones. Ambos son ejemplos que apuntan a desincentivar un mal uso del instrumento por parte del sector privado, que permiten liberar recursos del Estado para implementar medidas focalizadas que apunten a otras poblaciones.

Otra decisión relevante que han tenido que tomar los gobiernos de los distintos países consiste en elegir aquellas actividades que tendrán prioridad en el retorno. Ese puede ser el caso de los shoppings, los cuales frente a niveles similares de riesgo sanitario lograron una apertura relativamente temprana en comparación con las actividades culturales, pese a que este último es uno de los sectores más golpeados por la crisis, con un gran aumento en sus solicitudes de desempleo.

Hasta el momento, las medidas económicas tomadas tienen como objetivo principal apuntalar al sector privado, buscando una reactivación económica que permita recuperar los empleos perdidos en estos meses. Sin embargo, son escasas las medidas que apuntan a mantener el nivel de vida de las personas. Según estimaciones del Instituto de Economía de la Universidad de la República,⁴ en abril la pobreza habría aumentado en tres puntos porcentuales (asumiendo un escenario de caída del PIB de 3,5%). Esto implica que entre 94.000 y 127.000 personas habrían caído por debajo de la línea de pobreza. En este sentido, preocupa especialmente la falta de medidas específicas para atender la situación de estas personas. Las medidas implementadas, como la duplicación del monto de las tarjetas Uruguay Social, tienen como objetivo una población ya identificada como vulnerable, pero ignoran la existencia de estos “nuevos pobres”.

Es claro que el foco del gobierno ha sido apostar al sector privado como principal motor de reactivación de la crisis. Sin embargo, esta reactivación y el posible crecimiento económico asociado no necesariamente generan una mejora en la calidad de vida de las personas, y menos aun en el caso de las más vulnerables. Para que esto suceda es necesario que el Estado tome un rol activo, garantizando la existencia de políticas públicas inclusivas y de calidad con foco en las personas, no sea cosa de que se cumpla lo que cantaba una murga allá por 2016 de que “los que siempre se salvan tienen el vicio de repartir los costos y guardar los beneficios”.