El proyecto de ley presupuestal que está a consideración del Parlamento contiene algunas propuestas poco transparentes o que no se condicen con el relato que acompaña a esta ley. A continuación, algunos ejemplos:
1) Es el caso del aumento propuesto para los militares en el artículo 101, que abarca, de ser aprobado, desde la jerarquía de soldado de primera hasta sargento. Dicho artículo plantea incrementos salariales fijos que van desde 600 pesos para los soldados, hasta 810 pesos para los sargentos. Ahora bien, si consideramos que el sueldo del soldado de primera ronda los 24.000 pesos, la pérdida salarial que sufrirá en 2021 producto de aplicar las pautas salariales propuestas por el propio Presupuesto, absorberá todo el aumento propuesto en este artículo de 600 pesos para ese rango, en el escenario de inflación definido por el gobierno, mucho más si la inflación se mantiene en niveles más elevados.
2) Otro conjunto de artículos que evidencia una falta de transparencia involucra al Ministerio del Interior (MI), donde se plantean acciones concretas, cuyo financiamiento no está asegurado, sino todo lo contrario, se encuentra sujeto a eventos con una fuerte incertidumbre en su ocurrencia.
» El artículo 190 es un ejemplo de una propuesta concreta que no tiene asegurado su financiamiento, ya que propone la contratación de 2.000 cargos de policías que se financiarán con lo producido en futuras reestructuras organizativas. Por ende, el Parlamento Nacional estaría aprobando una acción concreta en caso de estar de acuerdo, la cual sólo sería una expresión de deseo, porque su financiamiento quedará sujeto al producido por una eventual reestructura. Es decir, con esta redacción, no se le asegura al MI poder cumplir con estas contrataciones.
» Otra propuesta que presenta una inconsistencia entre la facultad asignada al MI y su financiamiento es la que recoge el artículo 158. Dicho artículo posibilita la contratación de hasta 1.000 policías retirados que se financiará con la sustitución de contrataciones a becarios universitarios. Dejando de lado todas las consideraciones respecto de la alteración en la política pública que implica, donde se plantea un deterioro en las oportunidades de trabajo de los más jóvenes en beneficio de trabajadores retirados, existe un total aproximado de 345 becarios con un valor de contratación bastante menor al valor de los contratos planteados en el artículo. Por lo cual, tampoco en este caso el MI tiene asegurado el financiamiento para la contratación de estos policías retirados.
» En el mismo sentido de la falta de transparencia con el Parlamento, pero también con los ministerios ejecutores, el artículo 189 plantea la construcción de tres cárceles en el interior del país y una de alta seguridad, así como la remodelación de las ya existentes, todo condicionado a un porcentaje del producido por la venta de inmuebles estamos del inciso. Sin duda alguna, estamos ante otro caso de una política con la que se puede estar de acuerdo, pero que este Presupuesto no asegura su cumplimiento.
En los tres casos, se evidencia una técnica presupuestal opaca, que parece reflejar planteos (expresiones de deseo) sin asegurar su concreción. Se genera incertidumbre aún en temas de seguridad, que tanto destaque tuvieron en la campaña electoral y en el plan de gobierno de esta administración.
3) La opacidad y discrecionalidad del Poder Ejecutivo queda también en evidencia en los artículos que refieren a funcionarios públicos. Por un lado, se plantea una pauta con pérdida de salario real de dudosa recuperación; la imposición de procesos de reestructura de reparticiones públicas con plazos tan reducidos que no permitirán la profundidad de análisis que requieren; el impulso de declaraciones de excedencia de funcionarios, que más allá de otras consideraciones, lucen amenazantes para los funcionarios de carrera. Por otro lado, la misma norma, en sentido totalmente contrario, propone aumentar el nivel de remuneración de algunos de los cargos de particular confianza y la creación de nuevos cargos de confianza, así como una llamativa disparidad en los niveles salariales dentro del propio escalafón de cargos políticos.
Los ejemplos más llamativos dentro de la Administración Central, así como distorsivos del escalafón de cargos de confianza, los encontramos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
» En el Mides se propone el aumento de la remuneración de varios cargos de dirección en el entorno de 55.000 pesos mensuales. El mecanismo propuesto en el articulado correspondiente a la cartera para lograr este incremento consiste en la eliminación de varios cargos de director nacional, con un salario nominal de 114.264 pesos, y la creación de cargos similares, pero con sueldos de director de unidad ejecutora, unos 166.00 pesos mensuales, sin la mínima explicación del arreglo funcional para ello. Con esta propuesta de transformación, el MIDES contará con 12 unidades ejecutoras, lo que parece un poco excesivo dada las dimensiones del inciso.
» Mientras tanto, en el MEF, donde se debería predicar con el ejemplo, los artículos 191 y 192 crean dos cargos de confianza sumamente caros, coordinador de Finanzas Públicas y coordinador de Política Económica, con niveles de remuneración del 80% de la que corresponde al ministro, es decir, unos 221.000 pesos a valores de enero de este año. También se plantea en el artículo 194 la creación del cargo de director de Política Comercial, con una remuneración del 75% del salario del ministro. En el mismo sentido, el artículo 197 aumenta en 55.000 pesos la remuneración del Contador General de la Nación, que pasaría de ganar la remuneración de un director de unidad ejecutora, unos 166.000 pesos, a unos 221.000 pesos. Entendemos que todo esto, además de parecer reñido con la política de ajuste, generará una enorme distorsión respecto de los demás directores del MEF y otros ministerios.
Y entre este conjunto de contradicciones de discursos de ahorros y aumentos de sueldos a algunos de los cargos de particular confianza, continúa ausente la propuesta clara de una nueva carrera administrativa, anunciada en la ley de urgente consideración y aún no concretada.
4) Otro de los aspectos poco transparentes de este Presupuesto refiere a la presentación de la información presupuestal en sí misma. Sobre este aspecto, se realizó una solicitud específica de información a la ministra en su comparecencia al Parlamento el 7 de setiembre, que aún no ha sido respondida.
La información remitida al Parlamento no ha sido ni adecuada ni suficiente. La exposición de motivos expresa la proyección y la intención del Poder Ejecutivo respecto de la evolución de los gastos, por lo que es un insumo fundamental. Sin embargo, lo efectivamente relevante son los créditos presupuestales que se aprueben y las normas relativas al ajuste y uso de esos créditos. La presentación del Presupuesto Nacional no explicita la consistencia entre las asignaciones presupuestales de la ley y las proyecciones fiscales contenidas en la exposición de motivos. Estas comprenden aspectos sustantivos, como, por ejemplo, si se prevé ajustar los créditos para mantener su valor de compra, cuáles son los supuestos de los niveles de ejecución, la proyección de las partidas estimativas, entre otros.
Otro aspecto clave para el adecuado entendimiento de la ley de Presupuesto es la explicitación de las modificaciones, en más o en menos, que introduce respecto de la línea de base, entendiendo por “línea de base” el costo de mantener las políticas actuales. La forma en que se presentó este proyecto dificulta identificar las modificaciones que se proponen, en tanto muchas veces no están explicitadas en artículos, sino subsumidas en las planillas.
Respecto de la información disponible para el análisis presupuestal, resulta inverosímil que se presente el planillado del Presupuesto, con los miles de “objetos del gasto”, en formatos no compatibles con planillas electrónicas (concretamente en PDF), complejizando innecesariamente su análisis. Tampoco favorece a un análisis adecuado presentar exclusivamente los años que abarca el Presupuesto (2020-2024), sin ninguna referencia al último año completo de ejecución (2019). Es de destacar que actualmente la información de la ejecución presupuestal que se publica, no cuenta con la apertura mínima necesaria para poder hacer un adecuado seguimiento de la ejecución durante el año.
Evidentemente, profundizar en estos temas de transparencia de información contribuye a la adecuada jerarquización del Parlamento en el análisis presupuestal y a la mejora de la calidad de la discusión presupuestal dentro y fuera de este.