Hasta el año pasado el Poder Ejecutivo ajustaba todos los 1° de enero la base de prestaciones y contribuciones (BPC), que es el indicador con el que se definen algunos impuestos, según la evolución de la inflación. Sin embargo, este año el gobierno modificó ese criterio y la BPC se actualizó en base al índice medio de salarios (IMS).

El impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) son impuestos que tienen un mínimo no imponible, es decir, un valor a partir del cual los sueldos y jubilaciones comienzan a pagar el tributo. Ese límite, que en definitiva determina el número de contribuyentes abarcado por los impuestos, debe actualizarse cada año y para ello se utiliza la BPC, un índice cuya variable de actualización define el Poder Ejecutivo.

Según está dispuesto por ley, las autoridades pueden actualizar la BPC por la evolución de la inflación o del Índice Medio de Salarios (IMS), e incluso definir un margen de 20% más o menos de estos indicadores. Lo que solía hacer el Ministerio de Economía y Finanzas era actualizarlo de acuerdo con la inflación, pero esta vez, según un decreto reciente, las autoridades definieron ajustar la BPC por los salarios.

La inflación en el último año acumuló 9,41% y el IMS a noviembre 7,76%. ¿Qué quiere decir esto? Que al ajustar por la variable de menor porcentaje, menos se eleva el mínimo no imponible del IRPF y el IASS, lo que quiere decir que más personas quedarán abarcadas por estos impuestos que si la actualización hubiera sido por inflación. Según consigna hoy El País, el equipo económico del gobierno entiende que el IMS debe ser la variable de ajuste hacia adelante, y que hacerlo por la inflación implicaría una pérdida de recaudación —en el entendido de que habría menos gente abarcada por los impuestos que con el ajuste realizado—.

El mínimo no imponible del IRPF, equivale a siete BPC mensuales, con el cambio hecho por el gobierno aumenta de $ 31.633 a $ 34.090, informó El Observador. Esto significa que aquellas personas con ingresos nominales menores a esa cifra estarán exoneradas de pagar el impuesto. En el caso del IASS, el mínimo no imponible pasa de $36.152 a $38.960.

Primeras repercusiones en el PIT-CNT

La decisión del gobierno rápidamente encontró opiniones negativas en la oposición y los sindicatos. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, comentó en su cuenta de Twitter: “Una nueva agresión a los salarios de la gente, cambian la base de cálculo del monto mínimo imponible de modo que los trabajadores paguemos más. ¿Y los impuestos a la gran riqueza del país para cuando? Ahora, más que nunca, que aporte más el que más tiene”.

Este viernes por la tarde el PIT-CNT emitió un comunicado firmado por el secretariado ejecutivo en el que ahonda sobre el tema. En su opinión, “el gobierno resolvió aumentar la recaudación del Estado cargando una vez más contra el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores”.

Según expresan, “el mecanismo utilizado fue un tecnicismo que implica un aumento del valor de la BPC (que establece las franjas de cálculo para el IRPF) por debajo de la inflación. El cambio supone un nuevo golpe al poder adquisitivo, un aumento indirecto de los impuestos y que una mayor cantidad de trabajadores asalariados pagarán IRPF. Esto se suma a la eliminación de los descuentos de IVA, al aumento de las tarifas públicas por encima de la inflación y a la rebaja del salario real de públicos y privados”.

La central obrera asegura que esta medida “golpea también al mercado interno, a los pequeños y medianos comerciantes, principales generadores de empleo”, agregan. Asimismo, aseguran que el gobierno no da cuenta “del impacto que la crisis desatada por la emergencia sanitaria genera en el bolsillo de las grandes mayorías nacionales. Su obsesión con el déficit fiscal, carente de sentido histórico ante los cambios que se materializan en el mundo con el transcurso de la pandemia, recarga su afán recaudador sobre el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores, las pequeñas empresas y comercios”.

Para los trabajadores, “si es necesario incrementar la recaudación, que la misma recaiga sobre los sectores que tienen mayor capacidad contributiva”. En la declaración puntualizan: “los gobiernos del mundo, los organismos internacionales, analizan e implementan impuestos a las grandes fortunas. Es tiempo de que en nuestro país se analicen medidas alternativas para no asfixiar el mercado interno”.

.