El directorio de Ancap aprobó este lunes un mensaje para elevar al Poder Ejecutivo con los valores de ajuste sugeridos por la empresa para las naftas, el gasoil y el supergás. Según lo informado a la diaria por el director en representación del Frente Amplio (FA), Walter Sosa —que votó en forma negativa—, se propone una suba de 10,7 pesos en la nafta súper y de 11,6 pesos en el gasoil.

Este mensaje de Ancap es uno de los insumos que toma en cuenta el Ejecutivo para definir el ajuste de tarifas junto con el informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre el precio de paridad de importación (PPI), un ejercicio teórico que simula los costos a los que un privado abastecería el mercado. El PPI es la nueva referencia que fijó el gobierno para que el costo al público acompañe la evolución del crudo en el mercado internacional.

Sin embargo, en los dos últimos meses las autoridades han anunciado que se tomó la decisión política de postergar el aumento de los combustibles, en atención de la situación sanitaria y como señal hacia el sector productivo. Esta medida causó debate, porque entre otras cosas comenzó a tensionar las finanzas de Ancap, que proyecta pérdidas por 253 millones de dólares en el año de no ajustarse los precios al público; a mayo ya resignó cerca de 100 millones de dólares.

Sosa explicó a la diaria que el aumento propuesto por Ancap “se puede recibir a través de distintas alternativas”, en referencia a que la empresa solicita un precio a la salida de la planta de refinación, es decir previo al pago de impuestos y la intervención de los actores privados que se encargan de la distribución y venta del combustible. Su planteo y el motivo por el que votó en contra en el directorio es porque entiende que hasta ahora sólo Ancap aportó para no subir los combustibles —porque asumió los costos de un petróleo más caro— y si se ajustan los precios, el que pagará será el consumidor.

“No necesariamente ese mayor ingreso [para Ancap, por la suba de precios] debe pagarlo la población. Podría haber una resignación de la recaudación impositiva o una ganancia menor del sector privado [distribuidores y estacioneros]. Lo que pido es convocar una mesa de acuerdo, donde se sienten las distintas partes para ver qué esfuerzo puede hacer cada uno”, explicó el director en representación de la oposición.