A una década de la adopción de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU), el debate sobre la incorporación de esta agenda en el sector financiero ha cobrado mayor relevancia.
Por un lado, los llamados inversionistas socialmente responsables observan cada vez más el impacto social y ambiental de sus inversiones y toman decisiones en consecuencia. Desde la vinculación con las empresas que forman parte de sus carteras para exigirles mejores prácticas, hasta el retiro de sus inversiones de ciertos sectores o compañías, pasando por declaraciones conjuntas frente a abusos en algunas industrias, hay un pequeño pero creciente grupo de instituciones de inversión que incluyen en su análisis de riesgo la perspectiva de derechos humanos, buscando hacer un mejor uso de su capital.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos procesos de evaluación de las inversiones a la luz de sus impactos potenciales o reales en materia de derechos humanos y medioambiente no se dan de forma sistemática. Aun cuando ciertas instituciones, como la gigante administradora de fondos BlackRock, han incorporado a sus discursos el lenguaje de derechos y sostenibilidad ambiental, en los hechos continúan invirtiendo en sectores como el de combustibles fósiles o en empresas con historiales de abusos.
La cultura cortoplacista es aún dominante en los mercados financieros, lo que juega en contra de la prevención de los impactos sociales y ambientales negativos. Como se ha hecho históricamente, la búsqueda de retornos prácticamente inmediatos, y de forma sostenida, continúa siendo la regla. Por eso, las empresas toman constantemente atajos para cumplir con esta meta, incluyendo, entre otros, el congelamiento de salarios o el retiro de beneficios para su personal, prácticas riesgosas en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo; y no adoptan suficientes medidas de prevención en materia ambiental. Esto, además, se incentiva constantemente mediante pagos y premios cada vez mayores a ejecutivos y ejecutivas que logren mejores desempeños financieros en el corto plazo.
Desde la sociedad civil hemos buscado acercar a diversas instituciones de inversión, calificadoras y analistas financieros, información relevante sobre impactos sociales, ambientales y de derechos humanos de empresas y sectores que forman parte de sus portafolios, con el fin de que sea incorporada en sus análisis de riesgo. Incluso, en algunos casos se han abierto oportunidades para que las propias comunidades afectadas por ciertos proyectos expongan sus perspectivas.
Sin embargo, la consideración de estos elementos por parte de la mayoría de estas instituciones es todavía sumamente limitada. Se continúan viendo como externalidades y no como elementos que deberían formar parte del modelo de negocio de las empresas y de las evaluaciones de impacto de las inversiones. Y se sigue premiando a los ejecutivos y ejecutivas mientras logren beneficios financieros, sin importar si los caminos para llegar a ellos están plagados de irregularidades o afectan a comunidades y al medioambiente.
El potencial de cambio que tendría la expansión de la agenda de derechos humanos dentro del sector financiero es enorme. Recientemente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos publicó un informe analizando los avances y los desafíos pendientes en la incorporación de los PRNU en las instituciones de inversión.
La conclusión principal fue que la implementación de dichos principios en nuestras economías continuará siendo sumamente limitada, a menos que el respeto a los derechos humanos se convierta en un elemento central para inversionistas institucionales, y las mejores prácticas se aceleren y logren expandir su alcance. Entre las diversas recomendaciones que se enumeran en el informe para avanzar en esa dirección se destacan las siguientes:
No publicar solamente los compromisos en materia de derechos humanos, sino realmente hacerlos parte de las operaciones de la institución de inversión, contratando personas expertas en este tema, entrenando al personal que toma decisiones sobre las inversiones y asegurando que las metas de desempeño no socaven los esfuerzos de debida diligencia en derechos humanos.
Analizar los impactos potenciales y reales de las empresas donde están invirtiendo y utilizar, a la hora de evaluar una nueva inversión, herramientas de análisis de riesgo que se ajusten de modo de incorporar los temas de derechos humanos y medioambiente.
Realizar consultas con diversos actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Además, crear espacios de participación en la gobernanza y estructura propietaria para trabajadores.
Vincularse con las empresas en las cuales invierten, exigiendo que adopten políticas de derechos humanos, mecanismos de debida diligencia en la materia y mecanismos de remediación por abusos.
Asociar pagos y premios ejecutivos al desempeño corporativo en derechos humanos.
Solicitar a las empresas planes de largo plazo y reportes acumulativos de ganancias, en los que cada trimestre se sume al anterior. Esto no solo mantendría los ejercicios de transparencia sino que además evitaría las comparaciones trimestrales que continúan impulsando el comportamiento de corto plazo.
Crear y apoyar ambientes que habiliten la conducta empresarial responsable y el respeto a los derechos humanos, incluyendo a las entidades regulatorias.
Reconocer cuando la institución de inversión está conectada con daños a los derechos humanos por vía de las empresas donde invierten y facilitar el acceso a compensación para las víctimas.
Desde mi perspectiva, en algunos casos, en particular en los que las empresas ya han cometido abusos o cuando las comunidades preventivamente rechazan un proyecto, las instituciones de inversión no solo deberían reconocer los hechos, sino que deberían considerar retirar su capital. Continuar inyectando recursos en esos casos es habilitar a que se vuelva incurrir en violaciones a derechos humanos o afectaciones ambientales.
Por otra parte, actuar en una lógica de caso por caso es insuficiente. Por ello las recomendaciones de la ONU, así como las acciones impulsadas desde la sociedad civil, los sindicatos y las comunidades, son fundamentales porque apuntan a cambios estructurales en todo el sector.
El poder del capital es indudable y creciente. Por lo tanto, la capacidad que tienen las instituciones de inversión de promover un cambio sustancial en la forma de hacer negocios es clave. Las crisis vitales que enfrentamos actualmente necesitan acciones contundentes. ¿Será que el sector financiero puede estar a la altura? ¿o seguiremos viendo una perspectiva cortoplacista con impactos devastadores para las personas y el planeta?
Fernanda Hopenhaym es codirectora ejecutiva de PODER y presidenta de la Mesa Directiva de la Red-DESC.