A través de varios decretos emitidos al cierre del año pasado, el Poder Ejecutivo actualizó el valor del impuesto específico interno (Imesi) para cigarrillos y tabaco, naftas, bebidas y otros productos gravados. Este tributo ajusta su valor al inicio de cada año y la suba suele trasladarse al precio, aunque para las naftas en esta oportunidad no habrá cambios en el valor al público, es decir que Ancap asumirá el aumento del impuesto.

El decreto sobre combustibles plantea ajustes en el Imesi de la nafta Súper, la nafta Premium, queroseno, nafta de aviación, JET A 1 —combustible para aviones a turbina—, nafta para aeronaves nacionales o de tránsito, y alcohol carburante.

La nafta Súper pasó de tener un Imesi por litro de 29,79 a 30,04 pesos; mientras que en la Premium el ajuste fue de 28,13 pesos a 31,82 pesos.

En el caso de los cigarrillos, el Imesi para la cajilla de 20 unidades pasó de 84,47 pesos a 90,22 pesos. Para el tabaco, se ajustó a 40,18 pesos desde 37,62.

Además se actualizó el Imesi para un listado de bebidas, con y sin alcohol, mientras que otro decreto ajusta el gravamen de lubricantes y grasas, productos también abarcados por el Imesi.

En todos los casos el ajuste fue algo por debajo de la inflación, en torno a 6,8%. En el acumulado a 12 meses el índice de precios del consumo (IPC) —a noviembre del 2021, último dato oficial— aumentó 7,86%.

Una consideración en el Imesi de las naftas es que el decreto oficializó una disposición incluida en la última Rendición de Cuentas, que creó un tributo a las emisiones de dióxido de carbono por el uso de gasolinas que abarca una parte del Imesi. Esto no genera una recaudación extra, sino que destina a ese fin específico 11 pesos por litro, que debe ser abonado por fabricantes e importadores.

La medida del gobierno buscó compensar la decisión, también incluida en la Rendición de Cuentas, de levantar la obligatoriedad que tenía Ancap al producir gasoil de mezclar el biodiésel que produce Alcoholes del Uruguay (ALUR). Esto era una medida ambiental para bajar las emisiones, pero las autoridades lo consideraban un sobrecosto.

En el proyecto legislativo del gobierno, aprobado el año pasado, se planteaba destinar “un porcentaje de lo recaudado” por el impuesto para financiar políticas que promuevan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte sostenible, la adaptación de los ecosistemas y los sistemas productivos al cambio climático. Especialistas consultados por la diaria cuestionaron la “finalidad ambiental” de este tributo.