Según advierte el informe, este es un sector donde confluyen múltiples desigualdades y que ha estado al margen de la normativa cuando se lo analiza desde una perspectiva histórica. Entre otros rasgos, el sector se caracteriza por presentar elevados niveles de informalidad, bajos ingresos y ausencia de regulación específica y efectiva de condiciones contractuales. A su vez, las principales características de la fuerza laboral reflejan una población feminizada, con elevada participación de trabajadoras de edad avanzada y bajo nivel de escolarización.
De acuerdo al análisis, durante el período 2007-2020 el sector ha tenido una incidencia de 6,6% en el empleo total, que trepa hasta el 15% si se restringe su incidencia a las mujeres ocupadas. Esta última cifra se mantiene estable al ampliar la ventana temporal y recoger información desde el año 1998. Cuando se descomponen las tareas al interior del sector, la tarea más habitual corresponde a la de personal doméstico, que en 2020 representó casi el 69% de las tareas. Lejos le siguieron el cuidado de niños (17%) y el acompañamiento de enfermos (14%). Según el instituto, a pesar de lo anterior, en los últimos años “se observa una disminución progresiva de la incidencia del personal doméstico y un ascenso de los cuidados no vinculados a la infancia, en primer lugar, y del cuidado de niños en segundo término (tendencia más reciente y menos estable)”.
En lo que refiere al acceso a la seguridad social, del informe se desprende que en 2019 se registró un récord en materia de puestos cotizantes (77.026), lo que implicó un aumento del 78% en relación al año de aprobación de la ley (2006). Cabe destacar que en 2020, y por primera vez desde 1994, los puestos registrados retrocedieron en el entorno de 1%. Según los últimos datos relevados, el 57,2% de las personas empleadas en el sector realizó aportes a la seguridad social, un porcentaje que contrasta al compararlo con el resto de los asalariados privados (88,6% aporta) y con los asalariados públicos (99,9%).
El informe releva también aspectos vinculados a los derechos laborales. Por ejemplo, el reconocimiento de las horas extra alcanza al 48,3% del sector, una cifra bastante inferior en relación al resto de los asalariados privados (70,4%). Las brechas se mantienen al analizar el derecho al pago por licencia en caso de enfermedad o lesión (58% tiene ese derecho, en contraste con el 85,8% y 96,1% del resto de los asalariados privados y los públicos, respectivamente) y también en el derecho a vacaciones anuales o pago por licencia no gozada (62,4% es la cifra correspondiente al sector, cuando para el resto de los privados es de 88,4% y para los públicos de 92,3%).
En materia de ingresos y horas trabajadas, el informe advierte que el total de ingresos por trabajo se ubicaba, en promedio, en torno a $14.668 (25% no llegaba a cobrar $6.963 y 75% no alcanza los $20.455), siendo de $13.422 los que provienen de la ocupación principal. En relación a las horas trabajadas habitualmente por semana, el promedio se sitúa en el entorno de las 25 horas.
Otra cifra que se desprende del informe es que los niveles de subempleo −trabajan menos horas de las que desearían− son marcadamente más elevados en relación al resto de los trabajadores: mientras en el servicio doméstico rondaba el 20%, para el total de ocupados no llegaba al 10%. “Al ser consultadas por sus razones, 77% de quienes buscaban otro empleo lo hacían alegando necesitar generar mayores ingresos”.
Al abordar las características sociodemográficas, los datos arrojan que 98% de las personas ocupadas en el sector son mujeres. Para tener como referencia, ese porcentaje es de 45% para el total de ocupados, siendo 53% para los públicos y 40% para el resto de los asalariados privados. En lo que refiere a las edades, el informe advierte que “existe una incidencia importante de trabajadoras de entre 51 y 75 años”. Concretamente, 36,8% de las trabajadoras pertenecen a esta cohorte, un registro que es 18 puntos porcentuales (p.p.) superior en relación al resto de los asalariados privados (18,8% es la proporción es este caso).
A su vez, un poco más de un tercio tiene primaria completa o incompleta como máximo nivel educativo alcanzado. “Las trabajadoras comprendidas entre ambos niveles representan casi 19 p.p. más que para el resto de asalariados privados y más de 15 puntos porcentuales extra que para el total de los ocupados”. En ese sentido, secundaria incompleta es el nivel con mayor incidencia dentro del sector (52,9%). De hecho, si se toman los primeros tres niveles de escolarización, se alcanza a más del 90% de las trabajadoras. Esto marca “un debe por parte del estado al garantizar el acceso a la educación de un importante volumen de trabajadoras”.
Naturalmente, la conjunción de lo anterior se plasma en niveles de incidencia mayores en materia de pobreza y en lo que refiere a la ubicación de las viviendas. En relación a lo primero, la pobreza es de 10,6%, es decir, 5 p.p. mayor respecto al total de ocupados. En relación a lo segundo, “los datos de 2019 muestran una incidencia de viviendas en asentamientos (7,6%) de casi el doble respecto a otros asalariados privados y 4 p.p. más que respecto a los ocupados en general” (3,9% en ambos casos).
Como concluye el Cuesta Duarte, el análisis de sector doméstico confirma que se trata de un sector “en el que se condensan desigualdades de clase y género que afectan a una porción de la fuerza laboral, donde se presentan múltiples vulneraciones”. A pesar de que Uruguay ha sido pionero en materia regulatoria y ha registrado avances en varias dimensiones, las “restricciones en torno a la consagración de derechos laborales y mejoras de las condiciones de vida, así como las diferencias que presenta el sector y sus trabajadoras con respecto a otros sectores de actividad, muestran las insuficiencias del camino transitado”.
Lo mismo sucede en el resto de las dimensiones, dado que, si bien el salario mínimo doméstico ha venido aumentando desde el año 2006, en el sector siguen conviviendo un “bajo acceso a horas de trabajo, consecuente baja remuneración… altos niveles de subempleo y amplio porcentaje de búsqueda de empleo complementario por razones de insuficiencia salarial”.
(*) Informe: “Empleo y condiciones de trabajo en el servicio doméstico”. Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.