La pérdida del conjunto de trabajadores frente al capital sumó 1.000 millones de dólares en 2022 con relación a 2019

El PIB y la distribución funcional del ingreso

El enfoque más usual conceptualiza al producto interno bruto (PIB) como el valor total de los bienes y servicios generados en una economía a lo largo de un período de tiempo (un año). Es decir, que si se suma el valor de todos los bienes y servicios producidos en Uruguay el año pasado (desde la carne hasta las clases en escuelas públicas y privadas; desde el software hasta los servicios de hotel), esto suma el valor del PIB. En el caso de Uruguay en el último año, casi 70.000 millones de dólares.

Una interpretación alternativa y complementaria es entender al PIB como el total de la riqueza generada y repartida en el país en ese período. Y es que toda la riqueza generada en forma de bienes y servicios es apropiada por alguien; a algún bolsillo va a parar. O sea que, si sumamos el total de salarios pagados a quienes trabajan, más las ganancias de las empresas (dividendos), los intereses devengados por el capital financiero, y las rentas por la propiedad (por ejemplo, de la tierra), se debe alcanzar ese mismo valor de 70.000 millones de dólares.

Mientras que el primer enfoque es especialmente útil para una mirada de la estructura económica del país (qué sector productivo explica qué porción de la riqueza producida en el país), la segunda, mucho menos frecuente, es útil para obtener una mirada distributiva. Esta permite responder cómo se reparte la riqueza generada en el proceso productivo entre los diferentes “factores productivos” (trabajo, capital, tierra) y, por tanto, entre sus propietarios (clases sociales), trabajadores y capitalistas en sus diversas formas. Esto es conocido como la distribución “funcional del ingreso”, que es una mirada alternativa a la distribución “personal” del ingreso, cuyo foco son los individuos u hogares y básicamente se centra en cómo se distribuyen estos en la escala de ingresos de la sociedad (típicamente los “deciles”), sin hacer referencia a su papel en el proceso productivo.

Por tanto, la distribución funcional del ingreso surge de observar cómo se reparte el PIB entre los sectores o clases sociales. Así, en la información disponible para 2017, elaborada por el Banco Central, se observa que el 100% se reparte de la siguiente forma: las remuneraciones de asalariados (ingreso de trabajadores en relación de dependencia) dan cuenta del 42% del PIB; el “excedente de explotación bruto” que condensa todas las formas de remuneraciones puras del capital, apropiaba el 37% del PIB; el “ingreso mixto bruto” explica el 9% y refiere a los ingresos de trabajadores autónomos donde no es posible diferenciar qué parte es ganancia de capital y qué parte es por trabajo (por ejemplo, en un almacenero que trabaja en su negocio), y el 12% restante corresponde a “impuestos menos subvenciones sobre la producción y los productos”, que básicamente es lo que apropia y consume el Estado (que no incluye ni los aportes a la seguridad social que se incluyen en los salarios ni los impuestos sobre los ingresos de cualquier tipo, que no han sido descontados de esos ingresos).

La redistribución de ingresos

A partir de esta herramienta, lo que se propone es observar cómo ha variado esa distribución en estos pocos años. La idea subyacente es que si, por ejemplo, la participación relativa de los salarios en el PIB cae de un año al siguiente, eso indica que los trabajadores apropian una porción menor del ingreso; es decir, les queda un trozo de torta más pequeño, lo que sólo se puede explicar porque aumenta la porción de la torta que les toca a los demás sectores sociales, básicamente, capitalistas. De esta manera, se abstrae el efecto que genera el “tamaño de la torta”; o sea, observamos qué porcentaje del ingreso generado se queda cada sector, independientemente del tamaño total del PIB. Todo cambio entre un período y otro se puede entender como redistribución entre la clase social que pierde participación (trabajadores en nuestro ejemplo) y la que la aumenta (capitalistas). Además, si el cambio porcentual en la participación del sector social que pierde participación se expresa en relación al PIB de ese año, se puede cuantificar (en dinero) de cuánto fue la transferencia entre clases sociales; o sea, cuántos millones más hubieran ganado los trabajadores si hubieran mantenido la participación del año de referencia.

Un trabajo de largo plazo con este enfoque para Uruguay (con mucha más profundidad que el presente cálculo simplificado) fue hecho hace unos años por De Rosa y otros (2017)¹ y muestra cómo la participación de los salarios en Uruguay cayó de manera casi constante desde principios de los años 60 del siglo pasado, cuando alcanzó un máximo histórico, hasta el año 2004, más allá de una breve recuperación a la salida de la dictadura. A partir de 2005 empieza a crecer de manera sostenida hasta el año 2014 (último año abarcado por el estudio), impulsado, fundamentalmente, por el fuerte crecimiento de los salarios reales y el aumento del empleo. Los valores del citado trabajo se asimilan mucho a los de las Cuentas Nacionales 2017, en el cual se basan los cálculos aquí presentados.

Un elemento de precaución a tener en cuenta en este tipo de análisis, especialmente a la hora de sacar conclusiones, es el posible efecto de la tecnología, que, al transformar los procesos y sectores productivos, puede explicar cambios importantes. Pero como en este artículo se observa un período muy breve, básicamente de tres años, esto se deja de lado.

La evolución de las variables clave

Previo a la presentación de los resultados, se puede anticipar el signo de estos al observar la evolución de las variables más importantes. En primer lugar, es importante observar qué ha pasado con el PIB, es decir, con el tamaño de la riqueza total producida en cada año, el tamaño de la torta. En este sentido, tras una caída muy pronunciada en 2020, de más de 6%, sin duda determinada por los efectos de la pandemia, entre 2021 y 2022 la recuperación ha logrado más que compensar esa caída, y, aunque aún no está disponible la estimación del PIB de 2022, se anticipa que el tamaño de la torta en este año ha sido mayor a la de 2019, fruto de un crecimiento de 4,36% en 2021 y seguramente más de 5% en 2022.

Por otro lado, es fundamental observar la evolución de los ingresos del trabajo. Estos pueden variar por dos vías. Por un lado, los ingresos totales del trabajo pueden crecer porque crezca la cantidad de trabajadores, es decir, porque aumente el empleo (efecto cantidad), o pueden variar porque cambie el salario promedio (efecto precio). Por tanto, es necesario considerar ambas fuentes de variación.

Desde la primera perspectiva, se observa que, de forma parecida a lo acontecido con el PIB, la tasa de empleo (que mide las personas que están ocupadas en relación a la población en edad de trabajar) cayó fuertemente en 2020, para recuperarse y superar el nivel de 2019 ya a finales de 2021 y haberse mantenido más o menos constante en 2022. Mientras que la tasa promedio en 2019 fue 56,7%, en 2020 fue 54,3%, en 2021 56% y en 2022 57,1%. En relación al nivel salarial, la variable utilizada es el Índice de Salario Real, el cual cae en 1,52% en 2020, vuelve a caer en 1,56% en 2022 y estaría repuntando apenas 0,71% en 2022, con los datos actualmente disponibles.

En definitiva, la torta es significativamente más grande, pero la porción de los trabajadores, si bien creció levemente en cantidad, parece haber perdido bastante más en salarios. Si tomamos como supuesto que la participación del estado en el PIB se mantiene, lo cual parece razonable en un período en el que la tendencia es hacia la disminución de la participación del Estado, la contracara de esto es un incremento de la participación de los ingresos de capital. Esto último es coherente con lo que indican los datos de DGI respecto a recaudación de impuestos asociados a ganancias del capital (IRAE) que entre 2020 y 2021 crece más fuertemente que el PIB (7,7% real). O sea, el capital gana más, pero paga peores salarios. A continuación, se analiza cómo estos factores interactúan.

Los resultados

Si a los datos de 2017 del BCU se le actualiza la remuneración de los trabajadores a partir de la evolución del salario real y de la cantidad de empleos, y se actualiza el PIB total según su tasa de crecimiento real, se puede llevar los datos al año 2019 para tomar como base y comparar lo que sucedió a partir de 2020. En ese caso, la distribución funcional de 2019 es muy parecida a la de 2017, aunque ya se observa una pequeña caída en la participación de los asalariados que se sitúa para ese año en 41,5%, fruto de la caída en el empleo ya observable desde 2015.

A partir de entonces, y en el transcurso de 3 años, la participación de los trabajadores asalariados cae más de 1 punto, llegando al 40,3% en 2022. Es decir, el trozo de torta que le toca a los sectores trabajadores se achica, y sólo en el año 2022 suma una pérdida frente al de otros sectores sociales (capitalistas) de más de 34.000 millones de pesos; o sea más de 827 millones de dólares.

Además, si se supone que los ingresos mixtos brutos (trabajadores autónomos) evolucionaron igual que los de los asalariados, (supuesto muy discutible, posiblemente a los autónomos les ha ido peor) la pérdida para todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras sería de 41.368 millones de pesos, lo que suma los más 1000 millones dólares del título.

En 2021, la pérdida de participación del conjunto de trabajadores y trabajadoras suma 14.884 millones de pesos; más de 341 millones de dólares (siempre en relación a la distribución de 2019).La caída de la participación de los trabajadores en el PIB ha sido constatada también en otros estudios, como los realizados por el Instituto Cuesta Duarte o el Centro de Estudios para el Desarrollo.

Se podrá afirmar que la irrupción de la pandemia en 2020, con todo su efecto distorsivo, es un elemento que no se puede obviar en un análisis de este tipo. Lo llamativo del caso es que la transferencia no empieza en 2020, sino en 2021. Es que, en 2020, si bien es indudable que trabajadores y trabajadoras sufrieron enormemente la situación, en términos relativos la generación total de riqueza (el PIB) cayó aún más fuertemente, con lo que, si bien el trozo de la torta que tocó a quienes trabajan se achicó, la torta se achicó aún más. Así, en 2020 se da una cierta ganancia relativa para los sectores trabajadores. Por supuesto, este inesperado resultado es totalmente tentativo y requerirá más estudio, pero se puede hipotetizar que algunas herramientas usadas para hacer frente a la situación, como la flexibilización del seguro de paro, pudo haber sido efectiva en minimizar la pérdida de empleos e ingresos de los trabajadores.

Lo sorprendente es que luego de este año, cuando ya había pasado lo peor de la pandemia (al menos en materia de medidas de restricción de movilidad que tienen impacto fuerte en el empleo), es cuando se procesa la caída más fuerte en la participación de los salarios en el ingreso. Esto permite hipotetizar que, seguramente, es la política salarial aplicada a partir de ese año (“acuerdo puente” y siguientes rondas más ajuste con pérdida de salario real en el sector público) lo que generó una pérdida tan fuerte en los salarios, que determina que, aunque en 2022 el nivel de empleo promedio sobrepasó al de 2019, la porción de ingresos que apropian los sectores trabajadores se desplomó en el monto señalado.

El objetivo de este artículo es, entonces, explicitar la dispar evolución de salarios y beneficios en estos años con los datos disponibles. En particular, esta mirada por clases sociales permite poner en perspectiva la caída de los salarios, sostenida y profunda, y compararla con la recuperación del empleo, mucho más reciente y débil. El saldo neto de estos procesos para trabajadoras y trabajadores es claramente negativo. Evidentemente, la evaluación de estos resultados siempre está sujeta a criterios de justicia que pueden variar entre los analistas. Puede haber quien considere que esta caída en la participación de la clase trabajadora, con el correlativo incremento en la participación de los ingresos del capital, es justa, dado el papel de la inversión en la generación de riqueza, o es necesaria para asegurar la rentabilidad de las inversiones que aseguren el crecimiento. No es la idea de esta columna discutir respecto a este argumento, tan discutible como legítimo, sino hacer explícito que sólo con una concepción de este tipo es que se puede concluir que la evolución económica reciente ha sido satisfactoria.