Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvieron a reflejar un deterioro de las cuentas públicas, en línea con la tendencia que se extiende desde el segundo semestre del 2022. Concretamente, el déficit fiscal del sector público se ubicó en torno al 4,6% del PIB, excluyendo el efecto de los “cincuentones” (es decir, excluyendo los ingresos del fideicomiso de la seguridad social) y la variación de la deuda flotante. Como advirtió días atrás el economista Martín Vallcorba, esta cifra está dos décimas arriba con respecto al cierre del 2019, cuando esta misma medición era equivalente al 4,4% del PIB.
Siguiendo este análisis, el deterioro frente a diciembre de 2019 tuvo lugar a pesar de que los ingresos del sector público se incrementaron en 1,5% del PIB durante este período (pasó de 26,7% a 28,2%). En otras palabras, la desmejora de las cuentas públicas tuvo lugar pese a que “aumentó la carga tributaria”. En ese sentido, el aumento reflejó −entre otras cosas− una mayor recaudación por parte del BPS y de la DGI (0,6% en ambos casos).
De esta manera, el aumento del déficit fiscal recoge un incremento del gasto, en línea con el ciclo político de las finanzas públicas y a pesar de las restricciones impuestas por la regla fiscal aprobada en 2020. En concreto, la variación del gasto durante los últimos dos años fue superior al 3% del PIB, corregida por la deuda flotante y por los gastos asociados a la covid. Frente al cierre del 2019, el gasto se ubica actualmente 1,1% del PIB por arriba.
Con relación a esta dinámica, Vallcorba identifica tres orientaciones en la gestión fiscal de este gobierno, sin considerar los efectos asociados a la disrupción que generó la pandemia. La primera fase, que se extendió a lo largo del 2020, estuvo caracterizada por una relativa estabilidad del déficit fiscal global. La segunda etapa, que va desde el comienzo del 2021 hasta mediados de 2022, estuvo signada por un ajuste de las cuentas públicas. Desde entonces, el tono contractivo se revirtió y eso se plasmó en un fuerte incremento del gasto, como fue advertido líneas atrás.
En palabras de Vallcorba: “El gobierno de Lacalle Pou asumió con la promesa de campaña de bajar 900 millones de dólares el gasto público, explicada con lujo de detalles respecto a cómo implementarla. La realidad muestra que, lejos de bajar, el gasto aumentó 925 millones de dólares (a precios constantes)”.
En efecto, y más allá del despliegue de la nueva institucionalidad fiscal, los últimos datos reflejan que la situación fiscal no mejoró durante esta administración: el déficit es similar y la deuda pública es mayor. Naturalmente, esto restringirá el espacio de acción que tendrá el próximo gobierno.
Esta erosión en la órbita de las finanzas públicas, no obstante, se dio en paralelo con la mejora de la calificación crediticia y, en línea con esto, con la reducción del riesgo país (el diferencial de rendimiento entre los bonos uruguayos y los bonos estadounidenses) a mínimos históricos, siendo actualmente el más bajo de la región.
Sin embargo, sobre este punto Vallcorba señaló que, si bien son “dos buenas noticias para Uruguay”, “obedecieron más a los cambios ocurridos en el escenario financiero global, con un mayor nivel de deuda y déficit de los países, que a un cambio en la conducta fiscal del gobierno”.