Investigadores de la Universidad de la República sugieren que el programa de reestructuración de deudas sea prorrogado

En una presentación ante la Unidad de Defensa del Consumidor, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar) planteó dudas sobre disposiciones, prácticas y procedimientos del Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, presentado a inicios de julio por las instituciones bancarias y administradoras de crédito para facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores con dificultades de pago.

Los investigadores, que brindan asesoramiento gratuito a las personas interesadas en acogerse al programa, plantearon ante el organismo diferentes ejemplos de situaciones que “podrían significar una vulneración de los derechos de los beneficiarios del programa, en su calidad de consumidores”.

El documento, al que tuvo acceso la diaria, solicita al encargado de Dirección de la Unidad de Defensa del Consumidor, Álvaro Fuentes, que evalúe si las situaciones planteadas “son consistentes con las disposiciones establecidas en la normativa vigente, o si sería necesario algún tipo de ajuste para subsanar, si correspondiera, eventuales vulneraciones a los derechos de los consumidores”.

La presentación, firmada por Graciela Sanromán, profesora titular de la FCS, menciona entre los aspectos observados la ausencia de un contrato formal completo de reestructura; la “indefinición” de las consecuencias ante incumplimientos; la falta de detalles sobre la rehabilitación crediticia; las discrepancias entre el listado de instituciones que participan en el programa emitido por el Banco Central del Uruguay (BCU) y lo que se informa en la página de la iniciativa; las divergencias en las condiciones, y las dificultades a la hora de verificar las deudas, entre otros reparos.

En ese sentido, según observó el equipo de investigadores, el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, presentado a inicios de julio por las instituciones bancarias y administradoras de crédito para facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores, no ha tenido el impacto esperado, ha presentado reglas “poco claras” y ha contado con una difusión “limitada”. Así lo expresaron a la diaria los integrantes del grupo Finanzas de las Personas y los Hogares en Uruguay, del programa Grupos I+D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar.

Según los cálculos de los especialistas, sólo unas 160.000 personas han podido acceder a la reestructuración, muy lejos de los 800.000 casos que se tenía como objetivo alcanzar en un comienzo.

Dificultades

A pocos días de que se venza el plazo ―lo que ocurrirá el 15 de noviembre―, los impulsores de la reestructura intentaron promover una mayor difusión de la propuesta enviando mensajes de texto, lo que implicó un aumento de las consultas y dejó en evidencia, según los especialistas, la necesidad de una mayor difusión.

Por este motivo, Sanromán advirtió que es “difícil entender” que esta medida se adopte recién al final del programa y solicitó que se otorguen algunas semanas más de tiempo para que los interesados puedan acogerse al programa. En la misma sintonía, Agustina Castro, también integrante del grupo, señaló a este medio que a pesar de que la idea “está buenísima”, existen algunas “particularidades” que podrían estar “perjudicando al beneficiario”. Asimismo, Julián Rapetti, que también forma parte de este grupo, aseguró que “el alcance ha sido súper limitado, la difusión no ha sido buena y las reglas no han sido claras”.

El Departamento de Economía de la FCS de la Udelar brindó asesoramiento gratuito a las personas interesadas en acogerse al programa. Ese servicio consiste en proporcionar información, identificar las deudas comprendidas, calcular las cuotas a pagar en función de las condiciones ofrecidas por los acreedores y responder las consultas que plantean los deudores.

Según la investigación titulada “Deuda por consumo y pobreza: la brecha de riesgo de impago”, de Sanromán, Fernando Borraz y Lucía Bertoletti ―publicada a fines de mayo―, “a diciembre de 2023 un total de 801.764 personas estaban en situación de default. Esto implica que uno de cada tres adultos uruguayos enfrenta más de 90 días de atraso en sus deudas”. De ese total de personas que se encuentran en esa situación de impago, unas 191.280 corresponden a la población vulnerable que es atendida por programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Sobre la propuesta

La propuesta, que vence este viernes, comprende a deudores que al 30 de abril de 2022 estaban en la categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios administrada por el BCU y se mantenían en la misma situación a mayo de 2024. Cabe recordar que este programa voluntario surgió a partir de un acuerdo de los sectores más importantes de la industria financiera, con el apoyo del BCU y del Ministerio de Economía y Finanzas. El trámite se puede iniciar online en la página web soluciondeuda.com.uy, por teléfono al 2902 2024 o por Whatsapp al 092 202 444.

Según los impulsores de la iniciativa, el programa estipula que todas las deudas menores a 5.000 pesos se cancelen sin que la persona tenga que hacer ningún pago (aunque esta regla no se cumple en el caso de las agencias de cobranza, que sólo remiten las deudas inferiores a 1.000 pesos). Con respecto a las obligaciones que van desde los 5.000 a los 100.000 pesos, el programa permite financiarlas hasta en 48 cuotas sin interés.

Sobre la difusión

Sanromán contó que a partir del 5 de noviembre se envió un mensaje de texto a todos los números de Antel recordando el vencimiento del plazo para aplicar al Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, con un link a la página de la iniciativa, y que en los días siguientes el mensaje se habría enviado también a todos los números de Claro y Movistar.

“La medida tuvo efectividad, puesto que fuentes nos confirmaron que el tráfico de consultas a la página soluciondeuda.com.uy se encontró varias veces por encima del tráfico normal, y además constatamos que por momentos el servicio estuvo caído por la misma razón. También experimentamos un aumento de las llamadas que recibimos en la Facultad de Ciencias Sociales para solicitar asesoramiento. No obstante, es difícil entender por qué una medida de gran alcance como esta se adoptó solamente al final del programa, cuando restaban menos de diez días para el cierre en el caso de los clientes de Antel y todavía menos para los clientes de Claro y Movistar”, afirmó.

El grupo de expertos consideró que “no es deseable” que la decisión de reestructurar una deuda, que “requiere al menos cierta planificación a futuro para las familias, sea apurada por el cierre de plazos tan cortos al momento de la llegada del mensaje”. “En definitiva, el reciente aumento del número de consultas refuerza la idea de que el programa tuvo carencias importantes en materia de difusión y que sería aconsejable otorgar algunas semanas más de plazo”, agregó Sanromán.

“Sin información certera”

Sanroman indicó además que hasta comienzos de noviembre encontraron “bastantes problemas” adicionales. “Las reglas no están claras y no terminan otorgando garantías a las personas. Por lo pronto, hay empresas que se apartan de las condiciones que establecen en la página en cuanto a quiénes son elegibles para la reestructura. Hay una empresa que sólo reestructura deudas de más de siete años de antigüedad, cuando lo que se dice es que aquellos que tengan obligaciones hasta abril de 2022 tienen derecho a adherir”, cuestionó.

En la nota que la investigadora le envió a Defensa del Consumidor, planteando varios de estos ejemplos, se señala que existe una “ausencia de un contrato formal completo de reestructura”, ya que no se incluye una identificación del deudor, no se solicita su firma o alguna conformidad documentada, ni tampoco se informa la fecha de vencimiento de las cuotas que pautarán el cumplimiento del compromiso adquirido por la persona.

“Debido a lo anterior, el deudor no obtiene un comprobante con su identificación que acredite que se acogió al programa y bajo qué condiciones. Adicionalmente, el mecanismo previsto hace posible que un individuo reestructure las deudas de otro sin su consentimiento, tan sólo ingresando su número de cédula y aceptando los preacuerdos”, agrega el documento.

Además, se observa que “el deudor no tiene información certera de cuáles serán las consecuencias de incumplir con el acuerdo más allá de incurrir en mora”, por lo que “estas consecuencias quedan a discreción del acreedor”.

“Aclarar reglas para todos”

Por otra parte, Rapetti explicó que en algunos estudios jurídicos se encontró que a pesar de que se había establecido que las deudas menores de 5.000 pesos tenían que ser remitidas, las personas pasaban al plan de reestructura.

En otros casos, cuando la deuda es menor a 5.000, aparece un cartel en el que se le solicita al beneficiario que llame a la empresa, pero se desconoce cuál es la respuesta, qué condiciones le ofrece, y si es lo mismo que los demás, complementó Castro. “Las condiciones cambian uno a uno, y está buenísimo que extiendan el plazo, pero creo que primero es fundamental aclarar las reglas para todos, y si alguien se va a apartar, que se diga”, recomendó.

En el documento enviado se señala también que existen divergencias en las condiciones de reestructuración entre las instituciones que participan, en el plazo para la entrada en vigencia del preacuerdo, en los lugares de pago y en el vencimiento de las cuotas, así como en los costos asociados al pago de la deuda e incluso en la posibilidad de realizar consultas.

“A partir del 5 de noviembre se actualizó la página soluciondeuda.com.uy y se incluyó una aclaración [...] ahora parecería haber una distinción entre instituciones financieras adherentes e instituciones financieras participantes. Qué instituciones pertenecen a una u otra categoría no se encuentra establecido. Entendemos que esta nueva disposición incorporada a la web con esa fecha generó una situación de incertidumbre para los deudores, quienes no pueden identificar cuáles de sus deudas de hasta 5.000 pesos son pasibles de remisión conforme las disposiciones iniciales del Programa, y cuáles ahora no lo son en virtud de la clasificación de instituciones realizada”, señalaron.

Por otro lado, se indica que los deudores no siempre tienen forma de corroborar que el monto de la deuda que figura en la página es el que efectivamente corresponde. “Muchas instituciones que participan en el programa no están reguladas por el BCU (por ejemplo, las agencias de cobranza), por lo que las deudas no figuran en la Central de Riesgos Crediticios (CRC). En el caso de estas, hemos constatado situaciones en las cuales los deudores manifiestan que se trata de deudas de una antigüedad superior a los 15 años, que ya estarían prescritas. Por otra parte, la consulta al Clearing de Informes tiene un costo asociado”, agrega la nota.

Necesidad de un contrato

Por su parte, Sanromán explicó que cuando las personas llegan a acordar, tienen que ir a pagar a un local de cobranza, pero consideró que lo “ideal” sería que se establezca un contrato que incluya cuánto es la deuda que se está reestructurando, en cuántas cuotas se va a hacer, cuál es la fecha de vencimiento, dónde se debe pagar y cuáles son los beneficios que se tendrán. “La página dice que se va a recuperar la condición crediticia, lo que significa que debería salir de la categoría 5 del BCU y también del Clering, pero, en principio, cuando la persona reestructura, no le sale un formato de tipo contrato donde la persona sepa a qué atenerse”, advirtió.

Asimismo, Castro indicó que muchas veces las personas preguntan cuándo van a poder volver a sacar préstamos; sin embargo, esa información “no está clara”, ya que no se aporta en “ningún momento”.

“Una dificultad adicional que tuvimos es que, si bien las personas tienen el beneficio de que la consulta ante el Clearing sale más barata, muchas veces falla el chequeo, y eso también es otra falta de garantía, porque ¿qué me asegura a mí que este estudio jurídico que me está proponiendo reestructurar la deuda no esté considerando una obligación que, por ejemplo, ya haya caducado?”, se preguntó.

¿Realmente llega a los sectores más vulnerables?

Uno de los principales objetivos de la reestructuración era alcanzar a los sectores más vulnerables económicamente. Sin embargo, según los investigadores, es probable que la medida no haya tenido el impacto esperado en este grupo. “Nosotros no les preguntamos a las personas que atendemos exactamente cuál es su situación socioeconómica, pero yo me atrevería a decir que no llegó a la población vulnerable”, dijo Sanromán.

Explicó que, en los barrios más humildes donde se distribuyó material informativo sobre el programa, las personas no sabían nada del plan. “Distribuimos cartillas por intermedio del Departamento de Trabajo Social y la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales en barrios vulnerables de población vulnerable. Lo que encontramos fue que no había información”, relató.

Por su parte, Rapetti dijo que es un plan que sirve a las personas que tienen pocas deudas y aseguró que para el caso de aquellas que han perdido el trabajo y han terminado sacando préstamos para pagar otras obligaciones, la situación es diferente. “Cuando uno va a hacer las reestructuras, ve que tienen seis, ocho deudas, y esas personas con ingresos bajos realmente no pueden sostener las cuotas. Parte de las condiciones es que ellos no pueden atrasarse en la reestructura, porque en ese caso se les vuelve a aplicar recargos. Entonces, quienes tienen muchas deudas no están pudiendo reestructurar. Otro problema es que las deudas pequeñas implican reestructuras con pocas cuotas con valores altos. Ello implica que una persona que tiene cinco deudas, dos grandes, cercanas a 100.000 pesos, y tres chiquitas, las dos de más bajo monto hacen que las cuotas iniciales les queden muy altas, y a veces no pueden reestructurar las cinco. Entonces, pueden reestructurar un par, pero no todas”, agregó.

“Fuerte voluntad de pago”

Castro destacó que durante el asesoramiento observaron que existe una “fuerte voluntad de pago de las personas”. “No sólo hay gente que llama porque quiere reestructurar y al final no puede por un tema de montos o porque hay otras deudas que, por ejemplo, son mayores a siete años; entonces se pregunta para qué va a reestructurar si en realidad le va a quedar esa deuda colgada, de la que no puede salir. Hay otras personas que también, por un tema de antigüedad de la deuda, quizá no entran en el plan, pero quieren reestructurar”, agregó.

Al respecto, también señalaron que es probable que los que impulsen la iniciativa no conozcan esta información, ya que los puntos de contacto son bots, por lo que no hay opciones para preguntarle a una persona.

“Discrepancia” en el listado de instituciones

Por otro lado, Sanromán advirtió en la carta enviada a Defensa del Consumidor que faltan detalles sobre la rehabilitación crediticia. No se establece bajo qué condiciones ni en qué plazos se rehabilitará la calificación crediticia de los beneficiarios del programa.

El equipo también constató, como se dijo, que existe una “discrepancia” entre el listado de instituciones que participan en el programa, reportado por el BCU y lo informado en la página de soluciondeuda.com.uy: “En particular, Créditos Directos, Créditos Yi, y Préstamo en la Mano no fueron mencionadas en las publicaciones oficiales del BCU hasta la fecha 4/11/24, pero sí se muestran listadas en la página de soluciondeuda.com.uy, aspecto que origina dudas y confusión al momento de determinar las deudas comprendidas. Este aspecto cobra particular relevancia debido a que, en el caso específico de Créditos Directos, hemos constatado que no ofrece la posibilidad de reestructura a personas con deudas que cumplen con los criterios establecidos en el documento del acuerdo disponible en la página de soluciondeuda.com.uy, así como en la del BCU (sólo reestructuran deudas con una antigüedad mayor a siete años)”, agregan en la carta enviada al organismo.

“Plan paliativo” y “muerte civil”

Rapetti dijo que es un “plan paliativo”, ya que lo que busca es reinsertar a las personas al mercado de crédito. Por su parte, Sanromán explicó que estar en el Clearing implica una “muerte civil”, ya que esta situación impide a las personas hacer contratos en muchas dimensiones.

“Por ejemplo, no pueden acceder a garantías de alquiler, no pueden contratar algunos servicios públicos. Hicimos este programa de difusión y asesoramiento porque entendimos que era una oportunidad para que las personas salieran de esa muerte civil que implica estar en deuda con el sistema financiero”, agregó.

Acciones futuras

Rapetti indicó que, teniendo en cuenta que cambiará el gobierno, es “probable” que se tenga que hacer algún “cambio de las reglas de juego” o que desde el Estado se impulse un apoyo. “Estamos viendo que hay personas que terminan sacando créditos para hacer frente a su necesidad de consumo cotidiano, algo que en realidad no es la finalidad del sistema de crédito. Entonces, hemos observado que con las reglas actuales se ha llegado a 865.000 personas que están en situación de impago. Por lo tanto, a futuro estaría bueno replantearse el marco normativo para que esta situación no se vuelva a dar”. Por su parte, Castro resaltó que muchas de las personas que están en esta situación mencionan problemas de salud.