Programa Voluntario de Reestructuración: una buena oportunidad para limpiar deudas que todavía deja algunas dudas

El Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, presentado a inicios de este mes por las instituciones bancarias y administradoras de crédito para facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores, fue considerado “muy bueno” por especialistas consultados por la diaria, aunque algunos plantearon dudas en cuanto a su alcance y consideraron indispensables “mayores soluciones por parte del Estado”.

La propuesta comprende a deudores que al 30 de abril de 2022 estaban en la categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios administrada por el Banco Central del Uruguay y se mantienen en la misma situación a mayo de 2024.

La economista y directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Bárbara Mainzer, y el presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito, Alejandro Grasso, coincidieron en que la medida puede tener un “impacto muy importante” ya que facilita la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En la misma línea, desde la academia, la profesora e investigadora universitaria Graciela Sanromán y la asesora de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) Soledad Giudice consideraron valiosa la decisión, aunque compartieron “algunas dudas” sobre su alcance real, que dependerá del acceso a la información que tengan las personas y de la cantidad de empresas del interior que se sumen. Ambas especialistas coincidieron en solicitar mayores soluciones al Estado y al sistema político.

La propuesta

Mainzer y Grasso explicaron que el programa voluntario surge a partir de un acuerdo de los sectores más importantes de la industria financiera, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, y recalcaron que la iniciativa ofrece una reestructura de las deudas focalizada en la población más vulnerable.

La propuesta estipula que todas las deudas menores a 5.000 pesos se cancelan sin que la persona tenga que hacer ningún pago. Con respecto a las obligaciones de entre 5.000 y 100.000 pesos, se pueden financiar hasta en 36 cuotas sin interés. La directora de la Asociación de Bancos Privados puso el ejemplo de una persona que tiene tres deudas de menos de 5.000 pesos en distintas instituciones, y explicó que todas sus obligaciones se cancelan.

“Todos son montos de capital. Por ejemplo, si tuviste un crédito hace 14 años de 10.000 pesos, ¿cuánto vale eso? Solamente ajustado por inflación, son casi 30.000 pesos; sumando multas, recargos, intereses, serían cerca de 50.000, 60.000, 70.000 o 100.000 pesos. Con esta propuesta se refinancian los 10.000 pesos de capital original en cuotas sin intereses, multas ni recargos. Realmente es extremadamente beneficioso”, explicó la economista. La propuesta comprende a los bancos, las compañías de crédito de consumo y a tres empresas que compraron créditos morosos (Fabraler, Mercurius y Viemventura).

“Dichas empresas ofrecen los mismos términos, con una diferencia: en lugar de cancelar la deuda de menos de 5.000 pesos, la remiten cuando es de menos de 1.000 pesos. ¿Qué tiene que hacer la persona? Ingresar en la página soluciondeuda.com.uy, porque hasta el 9 de agosto es la única vía disponible, digitar su número de cédula y su teléfono, y ahí aparecerán todas las obligaciones que tiene”, explicó. Las personas tienen acceso a tres opciones y se les puede ofrecer hasta 36 cuotas con el objetivo de que valgan menos de 3.000 pesos por mes.

Población vulnerable

Sanromán y Grasso coincidieron en que esta propuesta beneficia a un amplio sector de la población más vulnerable. Sanromán, que es economista y profesora grado 5 de la Universidad de la República, aseguró que la iniciativa aporta una solución “muy razonable” para atacar el problema de la “enorme” cantidad de personas que figuran como incobrables en el sistema financiero y que, por lo tanto, están en el “Clearing”.

Asimismo, Grasso observó que el impacto de la propuesta es “mayor” de lo esperado. “Abarca a unos 780.000 deudores que estaban en la categoría 5 en la central de riesgo luego del episodio de la pandemia, en abril de 2022, y que aún se mantienen en esa situación”, señaló.

Con respecto a las deudas menores a 5.000 pesos, abarcan un universo de 110.000 deudas y aproximadamente a unas 80.000 personas. “Esto beneficia justamente a los sectores más vulnerables, porque en definitiva todas estas deudas las otorgan las administradoras de crédito que trabajan en el segmento de público de menores ingresos. Aproximadamente el 60% de los créditos que se otorgan por las administradoras de crédito están en un promedio de 15.000 pesos. A estos segmentos es a los que más está enfocado el programa”, remarcó.

Según la investigación Deuda por consumo y pobreza: la brecha de riesgo de impago, de Sanromán, Fernando Borraz y Lucía Bertoletti –publicada a fines de mayo–, “a diciembre de 2023 un total de 801.764 personas estaban en situación de default. Esto implica que uno de cada tres adultos uruguayos enfrenta más de 90 días de atraso en sus deudas”. De ese total de personas que se encuentran en esa situación de impago, unas 191.280 corresponden a la población vulnerable que es atendida por programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Dudas”

Giudice, que es economista y asesora de AEBU, remarcó que es una “buena oportunidad y una buena medida”, pero indicó que desde el sindicato de bancarios surgen “dudas” sobre su alcance, por lo que solicitaron un pedido de información.

“Lo que me genera más dudas es la parte de las deudas que tienen los estudios jurídicos. En realidad, el mecanismo de los bancos en general es que venden las deudas vencidas a otros actores del sistema financiero o estudios jurídicos. Esos al principio no se sumaron, aunque después lo hicieron tres grandes. Nosotros no tenemos la dimensión de la cantidad de deudas que tienen, porque ellos no están obligados por el Banco Central a reportar, a diferencia de los bancos”, explicó. Por lo tanto, se desconoce qué alcance verdadero van a tener esas deudas, dado que estos estudios se sumaron con algunas condiciones distintas, remarcó la especialista.

“Lo que sí dijeron públicamente es que en vez de las deudas de 5.000 pesos o menos, que van a ser condonadas totalmente, ellos aceptaron 1.000 pesos o menos. Y en cuanto a la reestructuración, no sabemos exactamente cuáles van a ser las condiciones que van a poner”, complementó. La representante de AEBU informó que hay muchas empresas del interior, sobre todo cooperativas, que todavía no se han sumado a la propuesta, por lo que el alcance puede ser reducido en algunos departamentos.

Asimismo, expresó su preocupación por los datos que se están proporcionando. “La gente está aportando sus datos en las consultas que hace sobre las deudas, y muchas veces se trata de deudores sobre los que las instituciones habían perdido información. O sea, se va a generar una base de datos importante, que me da un poco de dudas sobre su uso y protección”.

“¿Para qué se va a usar? ¿Cómo se cuidan los datos de las personas? Sabemos que hay muchas prácticas en el sistema financiero que son un poco invasivas de las personas y que no son ideales, por lo que han sido denunciadas por los actores sociales al sistema político”, afirmó.

Acceso a la información

Por otro lado, Sanromán advirtió que el alcance de la propuesta depende de “varios factores”, y destacó especialmente el acceso a la información por parte de los usuarios. “En el plan anunciado son las personas las que tienen que solicitar la reestructura [...] aunque también se prevé usar otros mecanismos, por ejemplo, Whatsapp, más adelante. Pero para llegar a dicha página o al Whatsapp, las personas tienen que saber que existe esta posibilidad. Por ahora ha habido notas en la prensa, pero no publicidad. No sé si junto con las herramientas para la reestructura la industria está pensando en un plan de información para asegurar que la noticia llegue a todos los hogares, en particular a los hogares con personas endeudadas y a los más vulnerables”, reflexionó.

Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad de pago de los sectores más vulnerables. “Si bien las cuotas son bajas (entre 900 y 3.000 pesos), quizás sea una carga que algunos hogares pobres no puedan enfrentar. Quizás el Mides podría colaborar en esta dimensión, en particular con la difusión del programa y haciendo un análisis más fundado de la capacidad de repago de esta población”, remarcó.

Una oportunidad “extraordinaria”

Hasta el lunes, 35.991 personas hicieron 46.109 preacuerdos al tener varias deudas. En total hubo 328.721 ingresos en la página web. “Esto te muestra la vocación y la voluntad de la gente por cumplir. Es importante remarcar que es una oportunidad extraordinaria que va hasta el 15 de noviembre, y no se va a repetir. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos recibiendo a cada rato estas refinanciaciones, ¿cuál es el mensaje? ¿No pago porque va a venir un perdón? No, eso es algo que nosotros no podemos hacer. El mercado de crédito tiene que funcionar bien y para eso tienen que entender que esto realmente es una oportunidad a término”, indicó Mainzer.

La economista señaló que Uruguay está entrando en un “círculo virtuoso” debido a que las personas que tienen deudas luego de 2022 están yendo voluntariamente a refinanciarlas, y muchas todavía no lo hicieron porque desconocen la propuesta, por lo que “se valora su difusión”. Grasso recordó que se trata de una “propuesta única” que busca ser una respuesta a un “episodio excepcional” como fue la pandemia de covid-19.

“Esto se hizo a través de un acuerdo voluntario, lo cual es muy importante porque de esta manera no se violentan los contratos y se mantiene la seguridad jurídica, que en Uruguay ha sido un tema muy importante. El país es muy reconocido porque siempre se han respetado los contratos y la seguridad jurídica ha sido un valor muy importante. Entonces, a través de este consenso que demoró mucho tiempo en lograrse, conseguimos una solución sin violentar para nada la seguridad jurídica”, reflexionó.

Mainzer destacó también que esta propuesta tiene un impacto “muy importante” en la economía. “Tenemos personas con una situación de sobreendeudamiento muy importante y con gran dificultad para salir. Y el hecho de que ahora puedan reinsertarse en el mercado de crédito y consigan volver a tener una garantía de alquiler es muy importante. Muchas familias que tienen estas deudas la pasan mal y ahora ven un camino de solución, por lo que el impacto va bastante más allá de lo económico”, observó.

Necesidad de otras medidas

Los especialistas coincidieron en señalar que la delicada situación de endeudamiento deja también una enseñanza para muchas familias que “quizás ahora puedan mejorar su comportamiento crediticio, luego de haber experimentado los elevados costos de solicitar créditos que no podían pagar”. “Y también los bancos y las administradoras de crédito deberían haber extraído aprendizajes a partir de esta experiencia, y en consecuencia mejorar sus análisis de riesgo en este segmento del mercado”, agregó.

Para Giudice, existe un “problema bastante grande” en Uruguay por el “alarmante endeudamiento” de muchas familias. “Es mucha gente. [...] y esta medida es una señal de que efectivamente estábamos con un problema de endeudamiento muy grande, que fue el que impulsó a los actores empresariales a buscar una solución. Hay que considerar también que en el caso de los bancos y de muchas administradoras de crédito, existían atrasos de mucho tiempo que ya habían sido pasados a pérdida, por lo que el esfuerzo que están haciendo no es tampoco tan significativo”, agregó.

Además, el hecho de “limpiar” a muchos deudores para darles crédito en otras condiciones “vuelve a reactivar la economía”, afirmó la economista.

Sin embargo, para la asesora de AEBU esta propuesta no soluciona el “problema de fondo”, por lo que “el sistema político tiene que dar mayor respuesta”. “La deuda en las familias tiene varias aristas y compone varios riesgos. Hay muchas personas que no llegan a cumplir con el consumo mensual, y eso hace que tengan que endeudarse. Es un problema cuando una familia tiene que tener deudas para cubrir los costos mensuales; si no llegas a cumplir y tienes que tomar un préstamo, es probable que no llegues el mes siguiente tampoco. Además, las asociaciones civiles y mucha gente que trabaja en los barrios están denunciando que hay cada vez más crédito informal, que está muchas veces vinculado con otro tipo de violencia”, remarcó.

Política pública

Giudice indicó que además de las “clásicas medidas” que ha propuesto el sistema político, como el tope de la tasa de usura, debería haber un “mejor mecanismo”, pensado desde una “política pública por parte del Estado”.

“Sabemos que la tasa de interés varía según la situación de la persona, y en general la población más precarizada la paga. Eso hace que contraigan préstamos que son difíciles de pagar. Creemos que puede haber mecanismos para mejorar la situación financiera del primer quintil de la sociedad. El endeudamiento pasa a ser un problema complejo en muchos hogares, que están relacionados con problemas de violencia; la deuda da vergüenza, genera muchas cosas a nivel familiar que son complejas”, mencionó.

Según la investigación Endeudamiento de los hogares y derechos de niños, niñas y adolescentes, presentada a fines de mayo por el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) y Unicef, el 60% de las familias entrevistadas han contraído deudas o asumido gastos grandes para el pago de bienes o servicios que tienen como principal motivo la crianza y manutención de niñas, niños y adolescentes.

Además, el estudio señala que las niñas, niños y adolescentes de las familias vulnerables de Uruguay expresan “vergüenza” por el endeudamiento de sus padres y obtienen habilidades de gestión financiera a muy temprana edad.