Crypto: la nueva “cadena de la felicidad” de la política estadounidense

Un ciclo vital acelerado

El primer bloque de bitcoin, padre de este peculiar tipo de activos que conocemos ahora como criptomonedas, se minó en enero de 2009, partiendo de una visión anarcocapitalista gestada en las trincheras de la crisis financiera de 2008. En ese contexto, signado por una creciente desconfianza hacia las instituciones, Satoshi Nakamoto entendió que era necesario crear un sistema de transferencia de valor que no requiriera la intervención centralizada de un Estado para regular su emisión y funcionamiento.

Esta necesidad se juntó con las posibilidades tecnológicas de materializarlo y así fue como se gestó el bebé. En sus comienzos, los doctores no tenían demasiada esperanza sobre su devenir vital, pero comenzó a gatear rápidamente. Y ahora, que está entrando en su adolescencia, ya aprendió hace rato cómo manipular el sistema.

Política, poder y mundo crypto

Un año después del surgimiento del bitcoin, en 2010, la Corte de Estados Unidos tomó una decisión que sólo puede entenderse en el marco de la protección de la libertad de expresión de ese país, que a veces raya lo ridículo. Concretamente, en el caso Citizens United v. FEC,¹ la Corte Suprema decidió que las corporaciones y sindicatos, a pesar de tener prohibida la contribución con dinero a los candidatos, podían utilizar fondos de sus tesorerías para financiar anuncios que apoyaran o criticaran a candidatos específicos.

Para sostener esa decisión, argumentó que ese tipo de gasto corporativo, siempre y cuando el dinero no se dirigiera directamente hacia la campaña en el formato de una contribución, debía ser contemplado como una forma de discurso político. De esta manera, al amparo sagrado de la Primera Enmienda, ese gasto no podía ser restringido legalmente. Como era esperable, la decisión incrementó exponencialmente la capacidad de los grupos externos para canalizar dinero en el marco de las elecciones federales, así como la capacidad de los donantes para dirigir su dinero a diferentes grupos con el objetivo de difundir un mensaje político. En el fondo, la decisión ratificaba conceptualmente dos criterios de filosofía jurídica. Primero, que las corporaciones tienen los mismos derechos en materia de libertad de expresión que las personas físicas; segundo, que la libertad de expresión –en el mundo actual– es equivalente a la libertad de financiar comunicación de índole política. En otras palabras, la decisión soltó la “cadena de la felicidad”, recurriendo al concepto que acuñó el periodista argentino Jorge Lanata para describir las presuntas coimas que pagaba el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) a medios y periodistas.

Producto de lo anterior, surgieron los famosos comités de acción política (Political Action Comittees; PAC por sus siglas en inglés), con el único fin de recaudar fondos y ejecutarlos en campañas políticas, sea para apuntalar la elección de un candidato a determinado cargo o para posicionar temas en la opinión pública. Es difícil poner en palabras el impacto que tuvieron en la política; tan sólo en el ciclo electoral de 2020, estos comités recaudaron aproximadamente 4,6 billones de dólares que, en su mayoría, se canalizaron para apoyar (atacar) a los candidatos presidenciales o para el Poder Legislativo.

Actualmente existen PAC que apoyan directamente a un partido, como ActBlue, que brinda su apoyo a los demócratas y lleva recaudados más de 1,5 billones de dólares en el último año. También existen PAC que hacen lobby por causas específicas, como el Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel,² que promueve los intereses del Estado de Israel dentro de Estados Unidos, o la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos, por poner algunos ejemplos. Hablamos de organizaciones explícitamente políticas que ejecutan dinero para presionar por los intereses de sus donantes y lograr influir en campañas, _bypasseando” los límites de la regulación y las normas. Felicidad a cielo abierto.

Y como era esperable, el ecosistema crypto, ya adolescente y manipulador, no podía quedarse afuera. Entonces, la “cadena de la felicidad” clásica comenzó a mutar hacia una “cadena de bloques de la felicidad”. Así es que surgieron los llamados SuperPAC, que replican la lógica descrita anteriormente, pero dentro del universo criptográfico y que ya se han erigido como algunos de los más grandes e influyentes hasta el momento.³

Fairshake, por ejemplo, es un SuperPAC que se lanzó en diciembre de 2023 y ya tiene invertidos cerca de 14,4 millones de dólares en apoyo a candidatos que considera “amigables” con el ecosistema crypto. En ese sentido, la mayor parte de esos fondos se utilizaron para atacar a dos candidatos demócratas, la diputada Katie Porter y el diputado Jamaal Brown. De hecho, Josh Vlasto, vocero de Farishake, declaró que con eso “se estaban asegurando de que las ocho millones de personas que tienen criptomonedas en California –en su mayoría jóvenes y demócratas– sepan de su hostilidad –la de ambos candidatos– hacia la tecnología y del daño que les haría a los trabajos estadounidenses”. Sin atribuir causalidad, cabe señalar que ambos candidatos perdieron sus respectivas internas dentro del Partido Demócrata.

A fines de junio, los SuperPAC acumulaban más de 120 millones de dólares recaudados y listos para ser invertidos en el actual ciclo electoral. Naturalmente, entre los principales donantes se encuentran algunas de las empresas más importantes del ecosistema, como Coinbase, Ripple o la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Una cuestión de pragmatismo

Obviamente, ambos partidos, Demócrata y Republicano, se están acercando a beber de la fuente. Donald Trump, que históricamente ha sido crítico con el bitcoin, no sólo se acercó al ecosistema, sino que declaró abiertamente que si gana las elecciones va a despedir a Gary Gensler, el director de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)⁴ cuya postura con estos activos ha sido siempre muy crítica. El anuncio, como no podía ser de otra manera, lo hizo en el marco de la Bitcoin Conference, el principal evento del mundo crypto, que lo tuvo a él como orador estrella en su última edición.

Los demócratas tampoco se quedan atrás. La postura de Joe Biden, que históricamente se mostró escéptico respecto de este universo, quedó relegada frente al pragmatismo feroz de Kamala Harris y Nancy Pelosi. De acuerdo con The New York Magazine⁵ y otras fuentes, sus asesores se están acercando a las empresas crypto para “resetear las relaciones” y poder subirse a este barco.

Al margen de las valoraciones o la lejanía que uno pueda tener respecto de este asunto, lo que parece ser incuestionable es que las criptomonedas y su influencia en la política constituyen un tema fundamental que debemos incorporar en la discusión, así como sus derivadas en términos de descentralización (con sus costos y sus beneficios) y regulación (considerando especialmente los riesgos potenciales que se desprenden en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo). Hoy en día, estos temas comienzan a ocupar un lugar relevante en el debate y en la agenda de políticas públicas en todo el mundo. ¿Y Uruguay? Bien, gracias.⁶