Referentes y asesores económicos de varios de los principales partidos políticos uruguayos coincidieron en señalar la grave situación de endeudamiento en la que se encuentra un importante sector de la población y con diferentes argumentos coincidieron en que se impone buscar una solución integral para evitar que el problema continúe agravándose.
“Algo hay que hacer” fue el punto de encuentro de las diferentes ponencias realizadas por los participantes de la mesa de intercambio organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, la Facultad de Ciencias Sociales, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y el Instituto de Promoción Económico-Social. Los economistas participantes fueron Cármen Sánchez, por el Partido Nacional (PN); Kenneth Coates, por Cabildo Abierto (CA); Julio de Brun, por el Partido Colorado (PC) y Jorge Polgar por el Frente Amplio (FA).
Los diferentes oradores coincidieron en que la falta de información financiera de la población es una de las causas principales, sobre todo entre los sectores más vulnerables que forman parte del grueso de los más de 800.000 morosos con deudas consideradas irrecuperables. Sin embargo, plantearon importantes diferencias a la hora de buscar soluciones, ya que mientras el representante de CA apostaba por defender los postulados del plebiscito que impulsa esa fuerza política, los demás sectores consideraron “peligroso” apelar a la vía legislativa o a la reforma de la Constitución de la República.
La representante del PN, Carmen Sánchez (actual presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo), destacó la importancia del Programa Voluntario de Restructuración de Deudas impulsado por el gobierno que pretende regularizar la situación crediticia de más de 780.000 deudores y advirtió que este tipo de iniciativas demuestran que las soluciones “deben ser voluntarias y no por vía legislativa”.
Para el FA, en cambio, el problema no se resuelve sólo por la acción del mercado. Si bien el expresidente del Banco de la República, Jorge Polgar, coincidió con que el problema del sobreendeudamiento “no se arregla con reformas constitucionales”, reivindicó como la mejor opción la postura del FA a favor de “la regulación del sistema financiero”.
El expresidente del Banco Central, Julio de Brun, en representación del PC, asumió una postura más moderada y rechazó la alternativa frenteamplista de regular el mercado de crédito con la visión de que “fijando límites a las tasas de interés o limitando los mecanismos de recobro de créditos, se suele perjudicar a los sectores más necesitados, quienes son más propensos a quedar fuera del sistema crediticio”.
En la vereda de enfrente se encuentra CA, que esta semana anunció que consiguió 320.000 firmas para habilitar el plebiscito denominado “Contra la usura y por una deuda justa”, que promueve modificar el artículo 52 de la Constitución de la República. Su referente en el tema, el doctor en Economía Kenneth Coates, defendió la postura cabildante de que sea una ley la que defina el interés máximo permitido.
Un problema “complejo”
Carmen Sánchez consideró que el tema del endeudamiento es “complejo”, ya que tiene raíces “socioeconómicas estructurales” y “causales multifactoriales”. “Una familia, una persona o una empresa no pasa a estar en situación de impago de un mes para el otro. Esto viene arrastrándose. Es un problema que afecta a las personas y a las familias más vulnerables, donde claramente una de las causales tiene que ver con endeudarse para poder acceder a bienes o a servicios que sus ingresos normales no le dan. Pero también tiene que ver con la poca información que tienen estas personas o estas familias respecto a los mercados de créditos. Y esto obviamente implica publicidad abusiva o en cierto modo engañosa”, indicó.
La representante del PN remarcó la importancia de impulsar la educación financiera en las escuelas y destacó que desde la Agencia Nacional de Desarrollo se viene trabajando en este tema para incluir en la currícula esta temática para que las personas accedan a esta información desde tempranas edades.
Por su parte, Coates consideró que la “inseguridad económica” es un “tema crucial” para una proporción importante de la población. “Es casi tan importante como el problema de la inseguridad. Hay una inseguridad física y una económica; ambas están muy altas en la lista de prioridades de Cabildo”, agregó.
En cambio, Polgar consideró que con respecto a este tema existen dos miradas: una macroeconómica de estabilidad financiera y otra sobre derechos. “Si bien no existe un problema macro que ponga en peligro la estabilidad financiera económica del país (...) hay que mirar el derecho de las personas y acá lo interesante es que estamos frente a un dilema, como casi todo en la economía, de no fácil solución en un momento en el que se están presentando soluciones aparentemente fáciles”, afirmó.
En cuanto a la mirada sobre los derechos económicos, se puede observar “el sufrimiento, la desesperación de mucha gente y el dilema porque, entre otras cosas, los derechos que se pierden cuando uno está sobreendeudado es no poder acceder en el futuro al crédito”, indicó.
Pero hay otras “consecuencias más graves”, como son la discriminación para acceder a una garantía de alquiler, el acceso a otros bienes y servicios, discriminación laboral, acoso en la gestión de cobro, entre otros, afirmó. El representante del FA destacó que faltan datos para tener un buen diagnóstico de la situación y diseñar políticas públicas.
“No hay datos de endeudamiento de financieras pequeñas, tenemos de las financieras recién desde 2014 para acá, a partir de 2005 se amplía, obviamente no hay del sistema informal, no tenemos de los comercios de bienes y servicios”, remarcó.
Reestructuración de deudas
Desde el PN, Sánchez resaltó el éxito del Programa Voluntario de Reestructura de Deudas, que surgió como una asociación entre bancos, financieras y el Estado y que por el momento alcanzó al 20% de las personas que podían acceder a esta propuesta.
“Desde el Poder Ejecutivo siempre se trabajó en que estas soluciones fueran voluntarias de parte de los bancos, procurando que no afecten la disponibilidad y el acceso al crédito en el futuro, de modo que no se impongan condiciones y que después terminen habiendo incentivos para no prestar”, agregó.
Por su parte, Polgar afirmó que si bien la reestructura de deudas va a “beneficiar a mucha gente”, no es “duradera” y es una medida que aparece en “año electoral”. “La reestructura no ataca lo profundo del problema; puede generar expectativas de que esto es como pasaba en Uruguay antes: no se pagaba la contribución inmobiliaria de muchos departamentos y se esperaba muy cada tanto que había una amnistía, por ejemplo, y eso destruía el sistema de recaudación de los gobiernos departamentales como puede destruir un sistema financiero”, agregó.
En la misma línea, Coates dijo que la propuesta “está lejos de solucionar el problema” e indicó que espera “que en el próximo quinquenio se pueda hacer algo al respecto”. “A pesar de que la inflación está cediendo y hoy se ubica en 5,6%, si la comparamos con las tasas de interés, sigue siendo tremendamente distante. O sea, Uruguay sigue pagando tasas reales inauditas que no se abonan en ningún otro lugar del mundo”, afirmó.
Foto: Virginia Martínez Díaz
La visión del FA
“Los mercados no solucionan todo y algunos de ellos complican las cosas. Si hay un mercado donde es necesaria una regulación fuerte, es el financiero, desde distintos puntos de vista”, reflexionó Polgar.
Sostuvo que la Ley de Usura que impulsó el FA en 2007 resolvió varios de los problemas que existían antes. “¿Cuántas historias conocíamos de gente que perdía la casa por haber comprado una campera de cuero? Esto pasaba en la crisis del 2002. (...) Ahora, el mecanismo de compra de cartera por parte de los bancos, legal, legítimo, perforó el mecanismo de la tasa máxima e hizo que se dispararan las tasas, que es una parte del problema. Pero esa Ley de Usura fue un gran avance. Mucho mejor que si sale este plebiscito, porque entre otras cosas, permitió que la gente accediera al crédito en el futuro”, afirmó.
El economista sostuvo que es necesaria una “buena regulación porque los mercados no arreglan todo”. “Los temas de pobreza no se arreglan con crédito y los de sobreendeudamiento no se arreglan con reformas constitucionales y con tasas en la Constitución y con quitas al barrer; llevan tiempo, llevan pienso”, remarcó. Destacó que el FA reivindica en su programa la regulación del sistema financiero, y puso como ejemplos la Ley de Usura y la inclusión financiera, que supuso una “enorme democratización”.
“La inclusión financiera fue combatida por el actual gobierno ya en épocas de campaña electoral anterior con el membrete de la bancarización obligatoria”, afirmó. Asimismo, dijo que hay que apoyar la educación financiera en la práctica y fomentar el ahorro.
La postura del PN
Carmen Sánchez hizo hincapié en defender que Uruguay tiene una “larga tradición de ser un país serio y estable, respetuoso del Estado de Derecho y de mantener las condiciones y las reglas de juego claras”.
En este marco, consideró que la propuesta de CA es realmente “peligrosa” porque “interviene los contratos de crédito celebrados entre privados, los cuales entendemos que deberían de ser cumplidos, en la mayoría de los casos, en los términos pactados”.
“Salvo, y ahí volvemos al primer punto, que ese acuerdo entre privados sea modificado por la voluntad de las partes. Por eso la importancia de soluciones voluntarias y no por la vía legislativa”, remarcó.
Con respecto a medidas futuras que podrían impulsarse, la representante del PN consideró que se seguirá trabajando de la misma forma que se viene realizando, ya que el “mercado financiero uruguayo se caracteriza por la solidez y por la seriedad que tiene”.
“Sin duda tiene oportunidades de mejora que tienen que ver con un mejor acceso a la información financiera por parte de las familias y de las empresas”, agregó. Sánchez puso como ejemplo promover una nueva ley de fondos de inversión y el desarrollo de instrumentos financieros para las pequeñas empresas mediante el descuento de facturas.
“Respecto del mercado de créditos, vemos como necesario promover mejoras en el que sin duda permitan la reducción sostenida de las tasas de interés al consumo. Hay que buscarle la vuelta para que esto se verifique. Todavía siguen siendo tasas altas y hay mecanismos en los cuales se pueden trabajar”, indicó.
Remarcó que se deben seguir desarrollando herramientas de protección al consumidor financiero, promoviendo la transferencia de la información y mejorando los planes de educación financiera.
La visión de CA
Por su parte, Coates consideró que CA ha sido el partido que “más ha empujado por este tema”. “Fuimos los primeros en percatarnos de la gravedad del problema, desde el primer año de este periodo de gobierno hemos estado proponiendo formas de atender o buscar soluciones”, resaltó. El economista afirmó que a pesar de los esfuerzos de su partido, “la verdad es que no tuvimos mucho eco en estos esfuerzos”.
“En un principio sí hubo algunas expresiones de apoyo, pero misteriosamente al llegar a la instancia legislativa desaparecieron y cayó como un manto de silencio descendido sobre el tema y se encajonó en alguna comisión legislativa y nunca más apareció”, denunció.
Ante esta falta de apoyos que CA tuvo en el espacio político, optó por buscar por la vía del plebiscito una forma de influir en las condiciones que regían en este mercado, explicó.
“Ustedes saben que la Constitución de la República prohíbe la usura pero tenemos una legislación que de alguna forma la habilita por la puerta trasera. Entonces estamos buscando por un lado tratar de crear un marco legal que nos permita bajar la tasa de usura y ponerle un techo más bajo a todas las tasas en general y además buscar un mecanismo de reestructuración que permita reducir los adeudos existentes a niveles más acordes”, agregó.
Con respecto al argumento que utilizan los que se oponen al plebiscito de que es importante respetar los contratos, el representante de CA afirmó que solo se utiliza en función del “interés”.
“En el año 1989 se reestructuraron con quita absolutamente todas las deudas con el sistema financiero, incluyendo al Banco República, de todos los productores agropecuarios del país. O sea que cuando el lobby es fuerte, las cosas se consiguen. Si el lobby es un grupo de hogares de bajos ingresos que trabajan con las financieras, pues ahí quizás es un problema de acción colectiva. No existe la fuerza suficiente para producir el resultado buscado”, dijo.
Por otro lado, aseguró que le “cuesta creer” que un mercado financiero que cobre tasas de interés superiores al 200%, cuando la inflación del país es un 5%, es “competitivo y está funcionando bien”.
“La evidencia es demasiado fuerte como para aceptar eso. Ahora, en cuanto a acuerdos interpartidarios, sería ideal, pero generalmente sólo han ocurrido cuando en situaciones muy graves hay una amenaza común a todos y entonces se sienten obligados a proteger”, agregó.
Consideró que en este problema existe una falla de supervisión y otra de regulación y aseguró que se debería repensar que la superintendencia esté dentro del área de influencia del Banco Central.
La postura colorada
A su turno, el expresidente del Banco Central, Julio de Brum, fijó una postura más moderada y subrayó que el PC “no percibe un problema crítico con el crédito en la coyuntura actual”, ya que, si bien el crédito al consumo ha crecido de manera constante, la morosidad sigue “niveles razonables” comparados a estándares internacionales.
Sin embargo, reconoció que hubo un aumento temporal del consumo en 2023, debido al fenómeno de compras en Argentina, lo que contribuyó a un aumento transitorio en los morosos.
Aceptó, sin embargo, que “hay morosos y hay que hacer algo” pero no regulando el mercado de crédito como propone el FA.
“Regular el mercado de crédito, tanto por precio como por cantidad, suele terminar siendo problemático cuando se establecen tasas límites a las tasas de interés. Termina habiendo mecanismos por los cuales esas tasas se eluden y los que lo terminan pagando son normalmente los que más necesidad tienen de crédito. Lo propio ocurre cuando se limitan los mecanismos de cobro, o sea, se hacen intervenciones en el proceso de recuperación, normalmente allí también los que son discriminados son los sectores de menores ingresos o con peores condiciones de garantía”, añadió.
“Por lo tanto, yo creo que en la coyuntura en general, lo que mostró la salida de la crisis de 2002 y de alguna manera lo que ha mostrado el experimento reciente de acuerdos voluntarios, es que en este mercado para que exista y que de alguna manera haya condiciones de acceso para todo el mundo, lo mejor son las soluciones voluntarias”, enfatizó.
El colorado se mostró contrario a introducir reformas en la Constitución o restricciones en la misma en el mercado de crédito y también a que los sectores vulnerables deban recurrir al préstamo para resolver sus necesidades básicas.
“Lo que esto revela en todo caso es una insuficiencia en las políticas sociales. Para los problemas de pobreza debemos utilizar mecanismos para combatirla, porque los préstamos no son la mejor solución”, concluyó.