Economía y crimen en el marco presupuestal

La delincuencia y el crimen, junto con el aumento de la violencia, constituyen un problema central para la convivencia de nuestra sociedad, pero también se han vuelto un problema de carácter económico que acarrea costos significativos.

Estos costos incluyen, entre otras cosas, las pérdidas económicas que sufren las víctimas (personas o empresas), las asociadas a lesiones físicas y al impacto psicológico, así como los gastos incrementales destinados a cárceles, Policía y sistema judicial. También contemplan la pérdida de formación y la marginación del mercado laboral para los presidiarios, el gasto en seguridad por parte de las empresas y otros efectos indirectos, como los desincentivos al turismo y a la inversión, y eventualmente el incentivo a la emigración.

En nuestro país, y de acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de la criminalidad era equivalente al 4% del PIB¹ en 2022, un guarismo similar al gasto público destinado a la educación en aquel momento. En efecto, se trata de recursos relevantes que, en lugar de destinarse a inversiones productivas y al despliegue de políticas públicas en materia de infancia, educación, salud y vivienda, se pierden año tras año. Esto es particularmente relevante dado el bajo crecimiento de la economía, que hace más de una década crece al 1,1% anual en promedio.

Evolución reciente de la delincuencia

Durante los últimos diez años asistimos a una tendencia al alza de los delitos contra la propiedad (hurtos) y de los delitos violentos (homicidios, rapiñas y violencia doméstica). Si bien en algunos casos, como las rapiñas y los hurtos, las cifras de denuncias relevadas por el Ministerio del Interior tendieron a la baja luego de los picos alcanzados en 2018 y 2019, la violencia doméstica alcanzó su nivel máximo durante el año pasado. A este respecto, vale recordar que la última Encuesta de victimización difundida por el Instituto Nacional de Estadística,² que tiene por objetivo estimar el grado de omisión en el caso de las denuncias, sugiere que en el segundo semestre de 2024 se denunciaron apenas el 27,5% de los robos y estafas (prácticamente la misma cifra estimada en 2016). En este sentido, la situación es aún más alarmante que la que reflejan las estadísticas.

En paralelo, durante la última década el gasto público del Ministerio del Interior se mantuvo en torno al 1,5% del PIB, 80% del cual se destinó al pago de salarios (entre los organismos que conforman el Poder Ejecutivo, este ministerio es el que cuenta con el mayor número de personal).

Los costos de erradicar la delincuencia

Constituir un Estado represivo con la capacidad para detener el crimen en el territorio podrá resultar efectivo en el corto plazo para reducir algunos de sus costos; sin embargo, no resuelve el problema de raíz. Según el último informe de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, en 2023 el gasto del sistema carcelario por presidiario ascendió a 11.600 dólares al año, un costo asociado al mantenimiento que naturalmente continuará incrementándose, teniendo en cuenta que la población carcelaria más que se duplicó en las últimas dos décadas. Estos montos son apenas una parte del costo total asociado al problema de la criminalidad.

En ese sentido, las soluciones a largo plazo no pueden discurrir únicamente por mejoras en materia de seguridad, sino que requieren inversiones destinadas a mejorar las condiciones en la órbita de la educación, la salud, la vivienda y por supuesto la empleabilidad, de forma de reducir el atractivo del delito como alternativa ante la ausencia de oportunidades y la marginación que esto supone. En particular, en el caso del sistema carcelario, se requieren recursos adicionales para garantizar condiciones dignas de reclusión y para fortalecer los procesos de rehabilitación y reinserción, además de una mayor articulación y coordinación entre los diferentes organismos del Estado.

¿Qué medidas incluye el presupuesto para atender esta problemática?

El proyecto presupuestal que actualmente está en discusión parte de la base de que la seguridad pública no puede recaer exclusivamente en una sola institución ni en un solo gobierno, por lo que plantea un plan a diez años con el respaldo de organismos internacionales y con la participación de una multiplicidad de actores. Entre los objetivos centrales destacan la reducción de los homicidios y la violencia armada, la mejora del sistema penitenciario, la profesionalización y la mejora de las condiciones para el personal policial, la prevención y el abordaje integral de la violencia sexual y basada en género, así como el fortalecimiento de las capacidades investigativas del sistema judicial y la lucha inteligente contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Para tratar los homicidios y la violencia armada se creará un sistema informático unificado de registro de armas y municiones, se expandirá el sistema de videovigilancia y se utilizarán servicios para detectar en tiempo real detonaciones de armas. También se aumentará el patrullaje en zonas de alta incidencia y se promoverá una disuasión focalizada (represión inteligente). En términos generales, se trata de medidas que están en línea con las recomendaciones realizadas por las contribuciones académicas.³

Si bien el combate al narcotráfico y al crimen organizado también podría reforzar las medidas anteriores, existen dudas sobre la relevancia que tienen estas problemáticas en el aumento de la violencia en nuestro país, como sugiere un trabajo académico que cuestiona esa relación.⁴ En primer lugar, este trabajo encuentra que el tráfico de drogas está asociado al 11% de los homicidios y que el uso de “categorías vagas” para agrupar delitos cuyas causas son desconocidas puede llevar a sobreestimar la incidencia del crimen organizado en la violencia.

A partir de lo anterior, se desprende que la violencia en Uruguay está explicada en partes iguales por la convivencia social (es decir, por conflictos cotidianos entre familias, conocidos y desconocidos), por delitos asociados a robos, motivación sexual, tráfico de drogas y los que ocurren dentro del sistema penitenciario, y por aquellos cuyo origen es desconocido.

Volviendo a las medidas contenidas en el presupuesto para el sistema penitenciario, cuya población se encuentra en máximos históricos y se conforma mayormente por reincidentes, se propone además la ampliación de las cárceles de Libertad y Punta de Rieles, la descompresión de varios módulos del ex Comcar, junto con el incremento del personal penitenciario que sería de aproximadamente 1.000 puestos. Esto se combinaría, por su parte, con el fortalecimiento de la oferta de programas de capacitación y campañas específicas de alfabetización en cárceles.

Para fortalecer la labor de la Policía, se prevé el llenado de 1.000 vacantes, la creación de la Dirección de Policía Comunitaria y el fortalecimiento de la Sanidad Policial, buscando así mejorar las condiciones laborales, fortalecer la capacitación y aumentar la eficiencia operacional. También se dotará de recursos y equipamiento para el desempeño de las tareas como la adquisición de tobilleras y de cámaras corporales y de videovigilancia.

Estas y otras medidas implican que, de los 140 millones de dólares previstos como incremento presupuestal para 2026, 15% estaría destinado a seguridad. Sin embargo, el proyecto plantea un incremento gradual del gasto en seguridad. En particular, la mitad del aumento de recursos que tendría lugar en 2027 (respecto del incremento de 2026) se destinará a esta área, de forma que para 2029 una cuarta parte del aumento del gasto público será captada por el área de la seguridad.

Si bien es discutible si la asignación presupuestal podría ser mayor, lo relevante es que las medidas anunciadas reconocen la existencia del problema y buscan actuar sobre varias de sus aristas en línea con las recomendaciones de los académicos que han estudiado esta problemática. Actuar hoy es clave para revertir esta tendencia y para comenzar a disminuir los elevados costos que supone este problema para el país, que, como se dijo, absorbe una cantidad creciente de recursos que limita el accionar en otras dimensiones que son fundamentales desde la perspectiva del bienestar y el desarrollo.

Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.