Uruguay ha logrado moderar sus niveles inflacionarios hasta el punto de mantenerse dentro del rango meta establecido por el Banco Central durante casi dos años. ¿Es esto una buena noticia? Sin duda alguna, lo es.
Los procesos inflacionarios relevantes no sólo generan profundas distorsiones en el funcionamiento de la economía, sino que además profundizan la desigualdad en la distribución del ingreso. Haber sido una economía inflacionaria por períodos prolongados deja inequívocamente sus cicatrices y también sus traumas colectivos. Estos traumas se manifiestan en temores y, naturalmente, en la demanda de mecanismos de protección contra un hipotético rebrote inflacionario.
Es ahí que aparece la indexación, una herramienta que hace que variables económicas, como precios y salarios, se ajusten automáticamente de acuerdo a la evolución de un índice (típicamente el IPC). El problema es evidente: ese mecanismo de protección, que intenta mitigar la erosión producida por la inflación, termina retroalimentando el mismo proceso inflacionario que pretende combatir.
El círculo vicioso que todos pagamos
Pensemos en cómo se forma cualquier precio al consumo en nuestra economía de mercado. Básicamente, ese precio estará compuesto por los costos de producción en sentido amplio, a los que se agrega la tasa de beneficios de la empresa. Entonces, frente a un aumento de costos (por ejemplo, salarios indexados), el formador de precios tiene tres opciones. Puede trasladar a precios ese incremento de costos, reducir sus beneficios o intentar reducir otros costos, que generalmente son rígidos.
Si lo traslada a precios, los salarios pierden poder de compra, dado que ahora cuesta más llegar a adquirir lo que antes se consumía. Como los precios han aumentado, habrá inflación y, vía indexación, volverán a incrementarse los costos y los salarios, impulsando así los precios. De esta manera, se crea un círculo vicioso complejo de desmontar, salvo que se logre producir más con los mismos recursos que antes se empleaban (la bendita productividad).
No sólo los salarios: una red de indexación que nos atrapa
Ahora bien, ¿son los salarios los únicos precios relevantes indexados y, por tanto, los únicos causantes de la retroalimentación del proceso inflacionario? Definitivamente no.
En un enfoque de justicia en la distribución de los riesgos asociados al rebrote inflacionario, la desindexación debería ser a nivel general. Pensemos, por ejemplo, en los alquileres de vivienda, que constituyen un costo demasiado relevante para muchas familias asalariadas.
En efecto, las cláusulas de ajuste de los alquileres (de los que en muchos casos el Estado es garantía) se rigen por defecto por lo dispuesto en el Decreto-ley 14.219 de la oscura década de los 70. Es una indexación que protege del riesgo inflacionario a los propietarios de inmuebles que obtienen rentas de capital, mientras que el inquilino queda a merced de ajustes que frecuentemente superan el aumento del IPC.
¿Es hora de decirle adiós a la UI?
Este túnel de desindexación nos lleva a profundizar y cuestionarnos si no será hora de derogar la unidad indexada (UI), respetando, por supuesto, los contratos vigentes. Cabe recordar que la UI surgió en el marco de la salida de la crisis de 2002 como una unidad de medida estable frente al descontrol inflacionario. Sin embargo, desde entonces han pasado más de 20 años.
¿Cuántos precios estarán nominados en UI como si fuera una moneda paralela y, por lo tanto, ya no tienen ajustes semestrales o mensuales, sino diarios? ¿Qué hay de los préstamos bancarios nominados en UI? Estos le aseguran un retorno en términos reales al sistema financiero, al que se le elimina en la práctica su riesgo inflacionario, mientras que el deudor asume justamente ese riesgo.
Un nuevo horizonte sin cadenas del pasado
En fin, una economía que ha encontrado cierta estabilidad de precios (aunque debe considerarse el efecto asociado a la debilidad del dólar, que impacta a la canasta de bienes transables), debe avanzar y dejar atrás aquellas cicatrices y traumas derivados de los tiempos inflacionarios del pasado. Aquella época, signada por una elevada inestabilidad macroeconómica, principalmente en la órbita de los precios, ya no es la nuestra.
Por lo tanto, debemos avanzar con una distribución justa de los riesgos que se desprenden ante un potencial rebrote inflacionario entre todos los sectores que componen la sociedad. Debemos apostar así a modernizar nuestra economía, rompiendo las cadenas que nos unen a mecanismos propios del siglo pasado.
El actual ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha tenido la virtud de la valentía al colocar otra vez sobre la mesa de discusión este tema. Es tiempo de abordar la desindexación integral de nuestra economía. De lo contrario, seguiremos atrapados en un sistema en el que algunos sectores disfrutan de protección total, mientras otros cargan con los costos producidos por un fantasma inflacionario del pasado.