¿Puede una política que congela el vínculo entre salarios e inflación beneficiar realmente a quienes viven de su sueldo? La posible desindexación salarial, planteada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, no dejó indiferente a nadie y abrió un debate dentro del propio gobierno.
Economistas consultados por la diaria analizaron los posibles efectos de esta alternativa, y si bien para algunos se trata de una medida necesaria para contener la inflación, para otros representa un retroceso que puede erosionar el poder de compra de los trabajadores.
La economista Silvia Rodríguez Collazo, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas y docente universitaria, consideró que la desindexación es una herramienta que puede ser útil si se aplica gradual y cuidadosamente, como parte de una política antiinflacionaria.
En cambio, el economista Pablo da Rocha, integrante del equipo económico del Instituto Cuesta Duarte, es más crítico sobre su implementación, ya que considera que la inflación no es impulsada por los salarios, sino por el poder de mercado de ciertos sectores.
El 4 de abril, Oddone reafirmó ante el Parlamento su intención de “promover” la desindexación salarial, argumentando que contribuiría a “fortalecer el clima de negocios”. No obstante, reconoció que el planteo “choca” con ciertas sensibilidades y debe “equilibrarse y balancearse” con las líneas generales del gobierno. Advirtió además que “no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana”.
La propuesta no cayó bien en algunos sectores del oficialismo, ya que tanto el ministro de Trabajo, Juan Castillo, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguraron ante consultas de la prensa que no están de acuerdo con la iniciativa.
En qué consiste la desindexación salarial
La indexación salarial consiste en ajustar los salarios nominales en función de la variación de un determinado índice de precios, generalmente el de precios del consumo. Este mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.
“La desindexación salarial, en primer lugar, es un mecanismo que intenta romper con el criterio habitual de acompañar la inflación en los ajustes salariales. Es decir, lo que verdaderamente debería importar no es cuánto dinero tiene una persona en el bolsillo, sino qué puede comprar con ese dinero. Y eso depende de los precios. Por eso es tan importante mirar qué está pasando con la inflación para entender cómo evoluciona la capacidad de compra”, explicó Da Rocha.
El economista subrayó que, salvo durante algunos tramos de la pandemia, la indexación ha sido la norma en Uruguay en los últimos años, lo que permitió mantener relativamente estable el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por su parte, Rodríguez Collazo sostuvo que, en contextos de alta inflación, la indexación busca evitar que el aumento generalizado de precios erosione el salario real. Señaló que el mecanismo puede tomar como referencia tanto la inflación pasada como la proyectada, y que esta diferencia no es menor, ya que impacta directamente en la dinámica de la negociación colectiva.
Además, indicó que la indexación no se limita a los salarios, ya que también puede aplicarse a alquileres, multas, tarifas públicas y distintas prestaciones sociales. “Hay múltiples ejemplos con diversos alcances en cuanto a los efectos que pueden tener como instrumentos que conservan la inercia en los precios. De hecho, todos los precios que incorporan un mecanismo de indexación, potencialmente, afectan el comportamiento de la inflación. Por tanto, la indexación salarial es un mecanismo que se transmite a la formación de precios, pero no es el único”, añadió.
Qué significa desindexar
Ambos especialistas coincidieron en que la desindexación implica desvincular la evolución de los salarios respecto de la inflación. En otras palabras, supone que los ajustes salariales ya no se basen de forma directa y automática en el aumento de los precios al consumo.
Da Rocha señaló que desindexar significa que los salarios no se ajustan en un 100% de acuerdo a la inflación, lo que introduce un margen de incertidumbre. “Ya no habría certeza de que la capacidad de compra se mantenga, porque el salario dejaría de seguir plenamente el ritmo de los precios. Eso implica un riesgo concreto para el poder adquisitivo”, advirtió.
Además, explicó el razonamiento económico detrás de la desindexación: “El objetivo es romper con la llamada inercia inflacionaria. Según esta hipótesis, una parte de la inflación se debe a la dinámica de la demanda, es decir, al comportamiento del consumo. En ese marco, ajustar los salarios en 100% respecto de la inflación puede interpretarse como una práctica que refuerza esa misma inflación. Por eso se plantea desindexar: para frenar esa inercia, desacelerar la inflación y, en teoría, contener su crecimiento”.
Sin embargo, el economista fue enfático en cuestionar esa premisa en Uruguay. “A mi entender, esa no es la causa principal de la inflación en el país. No proviene del lado de la demanda ni del consumo de los trabajadores, por lo tanto, aplicar desindexación bajo esa lógica podría ser una medida mal orientada”, añadió.
Argumentos en contra de la desindexación
Ambos especialistas señalaron que el principal argumento en contra de la desindexación es que la desvinculación entre los ajustes salariales y la inflación podría llevar a una erosión del poder de compra.
“Este argumento responde a la lógica misma de la negociación salarial, que tiene entre sus propósitos principales la protección del salario real. Por ello, suele plantearse que la indexación tiende a evitar una fuente de conflictividad laboral originada en pérdidas de los salarios atribuibles al comportamiento de la inflación. En un contexto donde la credibilidad de las metas inflacionarias no está garantizada, la indexación actúa como una suerte de seguro acordado entre empleadores y empleados que garantiza que los acuerdos salariales no se ven alterados por una evolución de la inflación”, indicó Rodríguez Collazo.
Gabriel Oddone.
Foto: Alessandro Maradei
La economista consideró que el impacto de una desindexación sobre los trabajadores “está fuertemente vinculado al diseño del mecanismo”. “Es necesario subrayar la importancia que tiene el diseño del esquema de desindexación en términos distributivos, ya que puede ocasionar pérdidas diferenciales de salario real en ciertas actividades, pudiendo generar efectos regresivos sobre la distribución de esos ingresos. Por cierto, también hay que tener en cuenta a la mayor parte de los trabajadores informales, cuyos ingresos no se determinan en el marco de los Consejos de Salarios, pero suelen estar vinculados a la evolución del salario mínimo”, añadió.
“Podrían verse negativamente afectados aquellos sectores con menor poder de negociación en los ámbitos de los Consejos de Salarios, así como los trabajadores no sindicalizados, los informales y quienes perciben salarios más bajos. Cabe señalar, no obstante, que este potencial impacto negativo ocurriría en contextos de desvíos al alza de la inflación respecto a su trayectoria esperada. Si el proceso de desindexación ocurre en un contexto donde la inflación evoluciona en línea con lo esperado, la desindexación por sí sola no tendría por qué perjudicar a ningún grupo de trabajadores”.
En cambio, Da Rocha advirtió que desindexar los salarios implica renunciar a una garantía clave: el mantenimiento del poder de compra de los trabajadores. “El riesgo de que el salario real se vea afectado es bastante alto. Y, de hecho, eso es lo que ha ocurrido en otras experiencias internacionales”.
“En los lugares donde se implementó la desindexación se pierde capacidad de compra o el salario real queda estancado, sin margen de crecimiento. En otras palabras, se termina resignando la posibilidad de mejora en las condiciones salariales”, señaló.
Los inconvenientes de la indexación
El principal “problema” que plantea la indexación, según Rodríguez Collazo, es que los ajustes salariales automáticos pueden generar una “inercia inflacionaria”. Esto ocurre cuando los aumentos de los costos laborales se trasladan a los precios de los bienes y servicios, reforzando el ciclo inflacionario. Además, la economista interpretó que este mecanismo puede amplificar “perturbaciones transitorias” en el sistema de precios, transformándolas en aumentos persistentes.
“Ejemplos de este tipo son los efectos de una sequía sobre la oferta de frutas y verduras, o el impacto de shocks que incrementan los precios internacionales de algunos commodities –como puede ser un conflicto bélico– y que impactan por única vez en el IPC”, agregó.
Rodríguez Collazo sostuvo que existen diversos mecanismos que se pueden poner en práctica para mitigar los efectos inerciales de la indexación salarial. “Un ejemplo es la sustitución de la inflación pasada por las expectativas de la futura, o los acuerdos de aumentos salariales que toman como referencia las metas de inflación, por ejemplo, considerando el centro del rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU)”.
“Este tipo de mecanismos suele complementarse con el establecimiento de correctivos que se aplican en determinados momentos para cubrir eventuales discrepancias entre la inflación prevista y la observada. Cuando la inflación va en retroceso, estas instancias de corrección se pueden distanciar más en el tiempo, sin que ello implique altos riesgos de pérdida de poder de compra para los asalariados”, argumentó.
La economista matizó, sin embargo, que aunque la desindexación puede contribuir a reducir la persistencia inflacionaria, especialmente si se implementa en un contexto de inflación a la baja, sus efectos tienen un alcance limitado. “La apelación a este argumento tiene sus límites, ya que la indexación salarial sólo es un factor determinante de la evolución de los precios”, sostuvo.
“Una desindexación amplia, que no sólo involucre los salarios, puede reducir la persistencia inflacionaria, otorgando mayor estabilidad y previsibilidad. En definitiva, las consecuencias positivas estarían asociadas a favorecer el crecimiento económico, pero la desindexación per se no sería suficiente para acelerar el crecimiento del PIB”, observó.
Experiencias internacionales
Rodríguez Collazo señaló que, si bien existen múltiples experiencias internacionales de desindexación salarial, estas se llevaron a cabo en contextos “muy diferentes” al uruguayo, y en la mayoría de los casos “se trató de países que atravesaban altos niveles de inflación o escenarios de aceleración inflacionaria”.
En ese sentido, subrayó algunas lecciones clave a considerar si se piensa avanzar en una política de desindexación salarial. “En primer lugar, la evidencia internacional sugiere que la eliminación abrupta de la indexación puede generar resistencia y afectar los salarios reales, por lo que la gradualidad parecería ser la estrategia más adecuada para avanzar en esta materia”.
“En segundo término, la existencia de un marco de negociación entre gobierno, sindicatos y empresarios podría facilitar la transición y evitar tensiones indeseadas en el ámbito laboral”, añadió.
Y, por último, advirtió que la desindexación salarial debe estar acompañada por políticas macroeconómicas que aseguren una inflación efectivamente controlada y que promuevan incrementos en la productividad. “Sólo así se podrá evitar impactos negativos en los salarios reales”, manifestó.
La importancia de la negociación colectiva
Por su parte, Da Rocha sostuvo que, para que una política de desindexación salarial tenga posibilidades de éxito, debe estar respaldada por una negociación colectiva sólida y efectiva en todos los sectores de actividad. No obstante, advirtió que su implementación en Uruguay “no es aconsejable” en las condiciones actuales, ya que no se ha dado una discusión profunda sobre otras variables relevantes, como la productividad o la incidencia real de los salarios en la estructura de costos.
“Tal vez en algún sector dinámico, con márgenes de productividad y negociación más desarrollados, se podría llevar adelante. Pero lo que debería definirlo es justamente la negociación sindical en el marco de los Consejos de Salarios. En la gran mayoría de los casos, hoy no hay condiciones para eso. Su aplicación generalizada sería un error”, estimó.
Da Rocha opinó que para que una medida de este tipo sea eficaz como política antiinflacionaria, primero debe confirmarse que la inflación responde a un exceso de demanda, en particular del lado de los trabajadores. “Si ese fuera el caso, la desindexación podría ser una herramienta adecuada. Pero esta discusión está lejos de estar saldada. Muchos no compartimos la idea de que la inflación en Uruguay se origine del lado de la demanda”, argumentó.
A su entender, el problema inflacionario en el país tiene un origen más fuerte en el lado de la oferta. “Las políticas antiinflacionarias deberían enfocarse en el lado de la oferta y no en la demanda, en los trabajadores. Creo que ese es el principal error de la propuesta. Siempre apuntan para el lado de los trabajadores y no prestan atención a que hay factores mucho más importantes y determinantes de la inflación en la oferta, en los mercados concentrados con la capacidad de trasladar al precio cualquier incremento en sus costos para no afectar así su rentabilidad”, añadió.
Asimismo, indicó que, independientemente de las políticas que se apliquen, es necesario reivindicar la negociación colectiva. “Lo que hay que fortalecer mucho más es la negociación colectiva, darles espacio a los trabajadores para que puedan opinar y discutir realmente cuáles son los mejores caminos, políticas a aplicar en cada lugar de trabajo, en cada sector de actividad, en cada empresa. Tenemos un problema, porque la asimetría que existe en algunos sectores o a nivel de empresa no es la misma”, finalizó.
Efectos en el crecimiento
Por otro lado, Rodríguez Collazo subrayó que un “diseño inadecuado” de los mecanismos de desindexación podría generar efectos “regresivos” sobre la distribución del ingreso, con consecuencias negativas para el crecimiento económico a mediano y largo plazo. “La premisa a tener en cuenta es que el costo de la reducción de la persistencia inflacionaria no puede recaer sólo en un sector de la sociedad”, subrayó.
Si bien reconoció que una desindexación salarial bien aplicada podría contribuir a mejorar el desempeño económico general, aclaró que eso no está garantizado. En ese sentido, consideró un error reducir la discusión sobre la mejora de la competitividad exclusivamente a la evolución de los salarios.
“Las dificultades en términos de competitividad no están asociadas únicamente a los costos salariales. La desindexación, en sí misma, no debería implicar una reducción real de los costos laborales porque no asegura la mejora de los niveles de competitividad; eso sería una estrategia poco efectiva y seguramente no provocaría efectos significativos”, finalizó.