El dato
El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó la nueva metodología para medir la pobreza, según la cual el porcentaje de personas en esta situación se redujo de 19,7% a 17,3% entre 2023 y 2024, retornando así a los niveles prepandemia. Al contrastar ambas metodologías, que no son comparables, se constatan las mismas tendencias: un fuerte descenso entre 2006 y 2017, seguido por una fase de estabilización que se interrumpe con la irrupción de la pandemia. En ese sentido, ambas mediciones indican que 2017 fue el año con menores niveles de pobreza monetaria, y que el nivel de 2024 es similar al de 2019.
¿Por qué se cambió la metodología?
La pobreza es un fenómeno complejo de abordar debido a las múltiples dimensiones que se ven involucradas en su delimitación como objeto de estudio. Los países que tienen estimaciones nacionales de pobreza suelen actualizar periódicamente sus metodologías a los efectos de tomar en cuenta cambios en los patrones de consumo.
Hasta el momento, la línea de pobreza se basaba en la penúltima encuesta de gastos e ingresos de los hogares, realizada en 2006; la nueva línea, presentada el pasado viernes, se construyó con la última encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que fue realizada en 2017.
Para medir la pobreza, el INE define una canasta básica de bienes y servicios a partir de la estructura de gasto derivada de la encuesta antes mencionada. Y, a partir del costo monetario de acceder a esa canasta, se establece el umbral considerado como línea de pobreza. De esta manera, los hogares cuyos ingresos quedan por debajo de ese umbral se consideran pobres. Adicionalmente, se elabora una canasta básica alimentaria, que es la que se considera para definir a los hogares en situación de indigencia.
En efecto, la actualización de la metodología permite contar con una medición más ajustada a los patrones de consumo de la sociedad actual, reflejando más fielmente lo que implica vivir en esta situación en el Uruguay de hoy. En otras palabras, la nueva metodología visibiliza la situación de vulnerabilidad que vive una parte de la población y que no era captada adecuadamente por la metodología anterior.
¿La pobreza es más alta?
Entre 2017 y 2006 se produjeron varios cambios en los patrones de consumo de la sociedad y se encarecieron los bienes y servicios, lo que implicó un incremento en el valor de la canasta básica. En particular, el incremento fue mayor en el interior (25,3%) que en Montevideo (7,8%). Como destacó la directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas, Andrea Macari, la canasta de 2006 es “muy humilde” comparada con el nivel de consumo que tiene la sociedad hoy en día.
El mayor costo de la canasta de consumo necesaria para no ser considerado pobre se debe a que las familias acceden a bienes y servicios de una mayor calidad y, por ende, más caros con relación a 2006. Según Macari, “los rubros con más crecimiento entre una y otra canasta para ambas regiones son comunicaciones (117% en Montevideo y 201% en el interior), recreación y cultura (57% y 85%) y prendas de vestir y calzado (28% y 85%)”. También se destaca el transporte en el interior, que aumentó 83%.
El hecho de que la nueva metodología de la pobreza arroje una cifra mayor no quiere decir que ahora Uruguay sea “más pobre”, sino que la pobreza se está midiendo mejor. Y el hecho de que la población esté realizando mayores gastos de bienes y servicios y de una mayor calidad no es en sí mismo una mala noticia.
Esto tampoco cambia el posicionamiento de Uruguay en las comparaciones regionales e internacionales de pobreza, ya que estas se realizan con metodologías internacionales que aseguran la comparabilidad entre países. A este respecto, Uruguay se ubica como el país de Latinoamérica con el menor porcentaje de personas en situación de pobreza, según la medición de la Cepal, y se posiciona segundo a la luz de la metodología del Banco Mundial.
¿Qué implicancias tiene de cara al futuro?
Este dato es crucial en tanto el cambio metodológico implica que hay más personas pobres que las que antes se reconocían, y eso tiene implicancias directas en el diseño y la evaluación de las políticas públicas.
A corto plazo, este cambio obliga a repensar los objetivos de reducción de pobreza, ajustar los instrumentos que se utilizan para combatirla y replantear las regiones a priorizar. También dispara interrogantes sobre la suficiencia de las transferencias, la cobertura de los programas sociales y las condiciones de acceso a servicios básicos que son condición para atacar este fenómeno. Esto también podría provocar tensiones en el ámbito presupuestal y político; en la medida en que hay más personas en situación de pobreza, las demandas sociales podrían ser mayores.
En suma, este cambio metodológico constituye un paso necesario en la dirección de atacar el fenómeno de la pobreza, en particular la pobreza infantil, ya que para enfrentar un problema primero hace falta visualizarlo con claridad.