El contexto
Desde la asunción del presidente Javier Milei, la inflación en Argentina se redujo paulatinamente, pasando de niveles cercanos al 300% interanual a cerrar el año en el entorno del 32%, acumulando así varios meses por debajo del umbral del 50%. No obstante lo anterior, la dinámica mensual muestra que desde el segundo semestre del año pasado el proceso de desinflación se estancó, con registros que se han mantenido en torno al 2% mensual.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) argentino actualizó la canasta de bienes y servicios con los que se elabora el índice de precios al consumo (IPC), el indicador con el que se calcula la inflación, para comenzar a difundir este año el nuevo IPC utilizando la nueva metodología.
Sin embargo, ante la oposición del ministro de Economía, Luis Caputo, de comenzar a difundir el nuevo indicador este año, el director del Indec anunció que renunciaba a la institución. Según declaraciones de Caputo, la medición actual se mantendrá hasta que la inflación se consolide en registros más bajos, por lo que no hay fecha estipulada para el cambio.
¿Por qué hay que actualizar la medición de la inflación?
La inflación es, como fenómeno, el aumento generalizado y sostenido de los precios. En términos prácticos, se mide a partir de las variaciones de un índice que refleja los vaivenes de precios de una canasta que incluye los bienes y servicios que consume una familia representativa (el famoso IPC), que se ponderan por la participación que tienen dentro de esa canasta.
El tema es que, como los patrones de consumo de las sociedades cambian con el paso del tiempo y hay productos que aparecen y desaparecen, periódicamente debe actualizarse esa canasta, a efectos de que refleje lo que tiene que reflejar: el aumento de los precios de la canasta que efectivamente se consume (no la que consumía una familia hace diez o 15 años).
Concretamente, estas actualizaciones metodológicas implican no solo quitar e incorporar artículos de la medición, sino también ajustar la importancia relativa de cada artículo a la canasta, es decir, el porcentaje del ingreso familiar que se destina a ese bien o servicio (que no es otra cosa que el ponderador). Para hacerlo, los institutos de estadísticas relevan, periódicamente y en función de las restricciones que enfrenta, las llamadas encuestas de gastos e ingresos de los hogares.
En ese sentido, el IPC vigente en Argentina refleja los patrones de consumo de la población, pero en función del gasto y de la canasta que consumían en 2004. La actualización que hoy es objeto de controversia toma como referencia los patrones de consumo correspondientes al período 2017-2018. Por lo tanto, la nueva medición de la inflación resultará más o menos sensible a los cambios en los precios de ciertos artículos, que no necesariamente coinciden con los vigentes hasta el momento.
A este respecto, y según el último informe de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el nuevo IPC aumentará en menor medida ante los incrementos en los precios de los alimentos, pero se incrementará en mayor medida ante subas en el precio de los alquileres, la electricidad, el gas y otros combustibles (porque el peso de cada ítem cambió, dado que cambió el gasto que se destina a cada uno).
¿Cuáles son las consecuencias de no actualizar esta medición?
La evolución de la inflación refleja el incremento del costo de vida en un país, por lo que contar con una medición desactualizada de los patrones de consumo más recientes, no solo genera incertidumbre acerca de cuál es el “verdadero” incremento, sino que también repercute sobre políticas o aspectos presupuestales, al ajustar cada año presupuestos o transferencias por una cifra que no refleja adecuadamente la realidad. No obstante, las consecuencias no se limitan a eso.
Según el BCRA, la actualización del IPC, dada la mayor sensibilidad al precio de tarifas públicas (luz y gas, entre otras), junto con la “corrección prevista en las tarifas por la readecuación del esquema de subsidios”, podría generar mayores registros de inflación en el corto plazo, dificultando así la reducción de la inflación (dado el posible cambio de expectativas).
De esta forma, dado que la reducción de la inflación es uno de los principales logros del actual gobierno, la postergación de la actualización metodológica también puede tener motivaciones políticas. Esto generó un fuerte impacto en la confianza no solo sobre la medición de la inflación, sino sobre el sistema estadístico en general, afectando la institucionalidad y la credibilidad del sector público.
Por otra parte, la postergación de estos cambios metodológicos y sus consecuencias también podrían incidir en las futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que no solo ha otorgado sucesivos préstamos al gobierno argentino en los últimos años, sino que además asesoró al Indec en este proceso de actualización metodológica para el IPC.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.