La suba de los combustibles a causa del conflicto en Medio Oriente volvió a colocar presión a la inflación en Uruguay y reavivó el debate sobre el margen de maniobra con el que cuenta el gobierno uruguayo para amortiguar el impacto. Economistas consultados por la diaria remarcaron que la situación internacional implica un impacto al alza sobre la inflación, aunque en principio sería “acotado” por el bajo peso que estos tienen en la canasta de consumo.

No obstante, los especialistas consultados advirtieron que la magnitud final del impacto dependerá de cómo se trasladen estos mayores costos al resto de los precios de la economía. En ese sentido, la principal incógnita pasa por la duración del conflicto y las expectativas del sector privado. Si el aumento se percibe como transitorio, el impacto podría diluirse en los próximos meses; pero, si se prolonga, podría generar mayores presiones inflacionarias, especialmente por medio de la fijación de precios y de los costos en sectores como el transporte y la producción.

Por el momento, el reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán descomprime parcialmente la situación, aunque los expertos señalan que el margen de incertidumbre sigue siendo inusitadamente alto.

“El aumento de los combustibles genera presiones inflacionarias tanto por sus efectos directos como por posibles impactos de segunda vuelta, es decir, cuando el aumento del combustible encarece el transporte y termina impactando en otros precios”, dijo la gerenta del Departamento de Economía de CPA Ferrere, María Inés Mailhos. Sin embargo, la economista sostuvo que “el impacto inmediato sobre la inflación es acotado, dado que el peso de la nafta en la canasta de consumo ronda el 3,5%, por lo que el traslado no es uno a uno”.

En la misma línea, la investigadora del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) Flavia Rovira consideró que la suba de los combustibles tendrá un efecto al alza sobre la inflación, aunque en principio no se espera que sea significativo, debido al peso relativamente bajo que tienen en la canasta de consumo de los hogares. “El impacto esperado no es de una magnitud demasiado grande”, remarcó.

De todos modos, advirtió que el efecto final dependerá de las expectativas del sector privado y de cómo se trasladen los costos a precios. “Dependerá un poco de cuál es la expectativa que tienen los empresarios sobre si esto es un efecto permanente o transitorio”, explicó, en referencia a la posibilidad de que se genere cierta inercia inflacionaria vinculada al proceso de fijación de precios.

Por su parte, el gerente de la consultora Exante, Luciano Magnífico, proyectó que el conflicto generará una suba de la inflación, que superaría el 4,5% al cierre de este año, con una política monetaria que recientemente había entrado en modo expansivo (el Banco Central, BCU, recortó la tasa de interés significativamente en los últimos meses para estimular el consumo y la actividad económica en un marco de sobrecumplimiento de la meta inflacionaria).

“La guerra tiene dos impactos inflacionarios sobre Uruguay: la suba de los combustibles y un posible fortalecimiento del dólar en el mundo que puede trasladarse a nuestro país. Lógicamente, el comportamiento de la inflación en Uruguay también dependerá de la duración del conflicto y de los precios del petróleo, pero asumiendo que los precios del petróleo no bajan pronto y que el Poder Ejecutivo aplicará nuevos aumentos de combustibles, probablemente veamos la inflación acercándose a 5% a fin de este año”, indicó.

Cabe recordar que Uruguay registró en marzo una inflación interanual del 2,9%, el nivel más bajo en casi 70 años (el menor registro hay que ir a buscarlo a agosto de 1956). En ese sentido, es el octavo mes que se ubica por debajo de la meta puntual (4,5%) y el primero que rompe el piso del rango de tolerancia establecido por el BCU (3%). Según las estimaciones de Magnífico, la inflación podría casi que duplicarse con respecto a la situación actual.

Contexto geopolítico

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra Irán. Tanto Washington como Tel Aviv justificaron la operación señalando que buscaba contener una supuesta amenaza vinculada al desarrollo nuclear iraní. Sin embargo, posteriormente reconocieron que la operación también apuntaba a debilitar al gobierno de ese país.

En respuesta, Irán llevó adelante ataques contra territorio israelí y bases militares estadounidenses desplegadas en distintos puntos de Medio Oriente. Asimismo, decidió bloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos (más del 20% del petróleo mundial y el gas natural licuado transitan por ese pasaje).

A nivel internacional, el precio del barril de petróleo (Brent) cotizó el miércoles aproximadamente a 95 dólares, mostrando una alta volatilidad debido a la inestabilidad especial que caracteriza en este momento a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, producto del errático e impredecible comportamiento de Donald Trump y su verborragia en redes sociales.

En este contexto, a fines de marzo el gobierno uruguayo dispuso un aumento “excepcional” para el precio de los combustibles, en respuesta a esta disrupción global tan particular (alterando además la frecuencia de los ajustes, que pasaron por el momento a revestir un carácter mensual). Desde abril, la nafta súper pasó a costar 82,27 pesos por litro y el gasoil 50S se ubicó en 50,63 pesos, con ajustes mensuales que tendrán un tope de 7% (previsto por la normativa). Este incremento estuvo por debajo de lo que indicaba la paridad de precios de importación y de los ajustes observados en el plano regional (que van del 15% al 60%).

Incertidumbre

Ante este escenario, Mailhos remarcó que el shock en los precios del petróleo responde a la creciente inestabilidad del contexto geopolítico y a la volatilidad y la incertidumbre que introduce (sobre un punto de partida que ya se caracterizaba por niveles históricamente altos). “La decisión [del gobierno] de ajustar los precios de los combustibles se da en un contexto de alta incertidumbre, donde aún no hay certeza sobre el fin del conflicto y con bajo margen fiscal. No trasladar los costos implicaría generar un subsidio implícito, con costos fiscales”, indicó. Según el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el costo fiscal de estas medidas asciende a 30 millones de dólares al mes.

A nivel sectorial, el aumento de los combustibles, junto con los mayores costos de los fertilizantes (que también transitan en gran medida por el estrecho de Ormuz), puede tensionar los márgenes en algunas actividades, especialmente en sectores intensivos en el uso de estos productos, energía y transporte, afirmó la economista.

“Todavía es muy temprano para tener claridad sobre el impacto final. La magnitud dependerá de la duración del conflicto y de dónde se estabilicen los precios del petróleo; pero es esperable que las proyecciones de actividad global se revisen a la baja, que veamos algo más de inflación a nivel mundial y también mayores presiones sobre los precios de los alimentos”, concluyó.

Por su parte, Magnífico indicó que aún es “muy temprano” para tener claridad sobre cuán permanente será el shock. “La magnitud de los impactos dependerá de la duración del conflicto y de dónde se estabilicen los precios del petróleo, pero lo que parece indudable es que las proyecciones de actividad económica mundial se irán revisando a la baja y que tendremos algo más de inflación en el mundo”, afirmó.

Consultado sobre si el escenario es transitorio o estructural, el experto volvió a remarcar el carácter “incierto” de la situación. “Los analistas internacionales están empezando a tratar este shock como más duradero de lo que se preveía al inicio, y las perspectivas no lucen particularmente alentadoras; eso también repercute sobre el tipo de política a aplicar en el plano local”, agregó.

En la misma línea, Rovira subrayó que el principal factor de incertidumbre es la evolución del precio internacional del petróleo y la duración del shock. “Habrá que ver cómo evoluciona el precio del petróleo. Puede ser un shock transitorio que no afecte la inflación subyacente”, indicó. En este escenario, el impacto sería limitado: “Si es transitorio, simplemente aumentará la inflación, pero se mantendrá dentro del rango de la meta y no tendría mayores costos”. Sin embargo, advirtió que un escenario de persistencia podría cambiar el panorama. “Si esto continúa creciendo, en algún momento va a tener que haber un mayor sinceramiento de los precios de los combustibles”, lo que podría amplificar los efectos sobre la inflación. A corto plazo, no obstante, el diagnóstico es moderado. “No creería que este aumento tenga grandes consecuencias en el corto y mediano plazo, siempre que no se profundice”, concluyó.

Factores

Mailhos señaló que en Uruguay rige una paramétrica que alinea los precios locales con los internacionales y, a la vez, busca suavizar las fluctuaciones. “También inciden otros componentes: los impuestos representan cerca de la mitad del precio de la nafta (y menos del 20% en el gasoil), y la fase secundaria (distribución, fletes y estaciones) explica alrededor de 16% y 24%, respectivamente. Esto implica que no todo el precio responde directamente al costo internacional”, señaló.

La especialista dijo que “este contexto mete presión a la inflación en el corto plazo, pero ya se preveía un mayor aumento de los precios hacia fin de año por factores asociados a los precios transables –que son sensibles al dólar– y por la persistencia de la inflación no transable, que responde a las condiciones domésticas”. “El combustible se suma como un factor adicional” a estos otros factores que ya estaban operando, añadió.

La inflación se suele dividir entre su componente transable y no transable, según el mecanismo que está detrás de la formación de los precios de los bienes y servicios. En ese sentido, la inflación transable recoge los precios de los productos que se comercian internacionalmente, como alimentos, combustibles o bienes importados, y por eso están muy influenciados por factores externos como el tipo de cambio o los precios internacionales. En cambio, la inflación no transable corresponde a los bienes y servicios que no se exportan ni importan fácilmente, como alquileres, educación, salud o servicios locales, y depende más de factores internos de la economía, como los salarios, la demanda o las tarifas.

Margen del BCU

Por otro lado, Rovira destacó que el contexto macroeconómico actual juega a favor de contener el impacto. “Hay una gran credibilidad en el BCU y una gran confianza en que no va a haber un aumento excesivo de los precios”, afirmó, al tiempo que subrayó que la inflación se encuentra por debajo de la meta y existe margen en la política monetaria para amortiguar el shock.

Sostuvo que el BCU viene impulsando una política monetaria expansiva, por lo que tiene margen de acción para evitar un aumento significativo de la inflación. La experta señaló que, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos históricos, Uruguay presenta hoy una menor vulnerabilidad a los shocks del petróleo en algunos sectores, debido a los cambios en la matriz energética. “En los últimos años ha habido una evolución bastante positiva en cuanto a la matriz energética y se utiliza más energías renovables, lo que reduce el impacto de estos shocks en servicios públicos”, explicó.

Sin embargo, advirtió que esta transformación no ha sido homogénea. “En el sector productivo, sobre todo en los costos de transporte, no hubo tal transformación y todavía tiene un gran peso el combustible fósil”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, interpretó que la decisión del gobierno de moderar el traslado del aumento internacional a los precios internos podría estar orientada a proteger la actividad económica. “Entiendo que esta política apunta más a cuidar al sector productivo, que es el que más se ve afectado por este shock”, afirmó, aunque aclaró que no puede asegurar si esa fue la intención explícita.

Dilema fiscal

Desde otra perspectiva, Magnífico expresó reparos al accionar del gobierno. El economista sostuvo que en casi todo el mundo los precios de los combustibles fluctúan a medida que cambian las condiciones en el mercado de petróleo. En esos casos, los gobiernos no suelen interferir en esas fluctuaciones, y Uruguay no tiene ninguna particularidad que permita tener un enfoque diferente, remarcó.

“La idea de que el Estado les brinde un seguro de precios gratuito a los consumidores de nafta no tiene mayor sentido. El peso de la nafta en el consumo promedio de los hogares es de apenas 3%. Tener una regla que en lugar de ajustar a los 30 días sea a los 60, cuando las variaciones no son importantes, es, esencialmente, irrelevante”, dijo.

Por otro lado, Magnífico señaló que, para los grandes consumidores de gasoil, como es el caso del sector agropecuario, resulta “mejor” que los precios internos reflejen rápidamente los cambios en el mercado, porque están compitiendo en mercados internacionales donde los precios se ajustan con mayor frecuencia.

“En las condiciones concretas actuales, tenemos que esta suba de precios es notoriamente inferior a la que correspondería si se aplicara la paridad de importación. Si los precios del petróleo no bajan pronto, serán inevitables nuevos ajustes, porque el costo de no traspasar toda la suba a precios es de 30 millones de dólares por mes, un valor muy elevado si se mantiene en el tiempo”, advirtió.

Además, consideró que mantener ese costo en el tiempo es “incompatible” con la situación de las finanzas públicas, pero se trataría de una “medida regresiva” en términos de distribución del ingreso, porque el consumo de combustibles, y de nafta en particular, está concentrado en los hogares de mayores ingresos.

“Tampoco tiene sentido subsidiar los precios de los combustibles desde una perspectiva de eficiencia económica. Por lo tanto, a nuestro juicio, no hay muchas razones para haber puesto un tope al ajuste de precios y para haberlo hecho en un porcentaje tan bajo y arbitrario como 7%”, argumentó.

Asimismo, consideró que, frente al contexto de incertidumbre, “puede haber alguna lógica para amortiguar la suba de precios, siempre que esa amortiguación sea por un plazo muy breve”, señaló, aunque remarcó que la opinión de muchos analistas es que ese escenario es “poco probable”. Consultado sobre el margen real que tiene el gobierno para absorber parte del costo del subsidio a los combustibles, el economista consideró que el espacio es “pequeño” frente a los niveles de déficit que enfrenta el país y el costo mensual que implica esta medida. “Si el conflicto se extiende en el tiempo, el costo fiscal de no aumentar los combustibles al mismo ritmo que el resto de los países es insostenible”, remarcó.