Buena Vista y mejor negocio
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Hace veinte años, las negociaciones políticas que llevaron a la aprobación de la Ley de Caducidad se desarrollaron a partir de la premisa de que un puñado de militares y policías, acusados de graves violaciones de los derechos humanos, no iban a presentarse de ningún modo ante la Justicia. Esa norma se aprobó contra reloj para evitar un desacato que se presentó ante el país como inevitable. Los citados en diciembre de 1986 eran, entre otros, José Gavazzo y Jorge Silveira. Los mismos que ahora comparecen por el caso del detenido desaparecido Washington Barrios. Otro de los presuntos indomables era Manuel Cordero, que huyó del país en 2004. Cabe preguntarse si fuimos estafados hace dos décadas, y cuánto habría ganado el país si el gobierno de aquella época y sus aliados hubieran tomado por otro camino.
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