Una serie de pintadas con amenazas de tiroteos y mensajes alusivos en redes sociales aparecieron en centros educativos de todo el país. En un contexto de retorno a las aulas, Panorama informativo de la diaria Radio recibió al presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Pablo Caggiani, quien señaló que se llegó “casi a 100 denuncias en todo el país”.
“Lo que se veía es que no había una situación de riesgo real, y a partir de eso se desplegaron un conjunto de acciones”, indicó. Entre ellas, mencionó la articulación con el Ministerio del Interior (MI) –ya que cada vez que sucedía se realizaba una denuncia para proceder a una investigación y desplegar presencia policial en el centro–, pero también “colocar a los equipos multidisciplinarios para asesorar a los centros”, con lo que comenzó una “contracampaña” al fenómeno enmarcado en un “reto viral” y “correr el eje de la cuestión del temor y la seguridad a cómo trabajamos esto con los adolescentes”.
Un pendiente es “cómo los adolescentes se relacionan con lo que sucede en la nube y lo que sucede en la realidad”, planteó el jerarca. Según Caggiani, la complejidad radica en que “los adolescentes traen algo que está en las redes al espacio público, lo hacen realidad y no son conscientes”. Dijo que Fiscalía se encuentra procesando adolescentes generalmente con medidas no privativas de la libertad y que esos estudiantes “vuelven a unos centros que están trabajando este tema”, pero se procura que continúen estudiando y se focaliza “la necesidad de pedir disculpas o generar alguna acción que sea restauradora de aquello que se produjo”.
Caggiani también dijo que Argentina “está con esta situación hace varias semanas y no la puede ordenar”, con una “tensión hacia lo punitivo”. Señaló que en el país vecino, donde el 30 de marzo un joven entró armado a una escuela de Santa Fe, mató a un estudiante e hirió a otros, se ensayaron múltiples respuestas porque “la administración de lo educativo es parte de las competencias de las provincias”, pero en Uruguay “la Policía está disponible” y “hay acompañamiento”. La decisión de no considerar las faltas –que se tomó porque, por ejemplo, una de las condiciones para las becas Butiá es la asistencia asidua– fue una medida “de los primeros días” que se dejó de lado en una decisión conjunta con el MI.
Vinculado a la salud mental y a la convivencia, precisó que esa dimensión se trabaja a través de un plan que comenzó el año pasado porque constataron que “la inseguridad de los estudiantes aumenta en los últimos años en el entorno del centro educativo y dentro del centro educativo”, lo que afecta la asistencia y la “disposición a aprender”. Finalmente, el jerarca confirmó que habló con Fiorella Buzeta y acordaron “generar una instancia de reflexión” para “no pensar que esto es una cuestión inabordable desde lo educativo”.
Contraprestaciones: “Capaz que el instrumento de la suspensión no es tan eficiente como se cree”
Uno de los elementos incluidos en el documento final del Diálogo Social que se presentará este 28 de abril al Consejo de Ministros es la eliminación de las contraprestaciones y condicionalidades en las transferencias, es decir, que no dependan de la asistencia. Al respecto, Caggiani señaló que “Uruguay, en los últimos años, tiene un problema con la asistencia asidua”, pero que esto depende no solo de los padres y el estudiante, sino que “incide la política de seguridad, la política de salud, la política social y qué es lo que pasa en el centro educativo”.
En ese marco, señaló que la evidencia académica apunta a que “la contraprestación, en estos últimos años, termina funcionando como una penalización a quien más lo necesita”. Además, basándose en el operativo “Volvé a tus sueños” de 2025, para que jóvenes que no estaban matriculados retomen sus trayectorias, dijo que “suspendiendo la asignación familiar vuelven 300”, pero “yéndolos a buscar vuelven 3.200”, por lo que “capaz que el instrumento de la suspensión no es tan eficiente como se cree”.
Además, el jerarca dijo que en este período hay elementos “asociados indisolublemente a la asistencia”, como el bono de inicio de clases, la alimentación en educación media y las becas Butiá. En algunos casos, sin embargo, es necesario “ser proactivo desde el sistema educativo para encontrar una propuesta educativa que garantice el derecho a la educación”: “Si suspendés la asignación familiar, al final los vamos a dejar sin educación, sin salud y sin la posibilidad de comer”, dijo.
Es “importante” que “se pueda contar con la perspectiva de los partidos políticos” en el Congreso Nacional de la Educación
De cara al Congreso Nacional de la Educación, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, espera que la oposición revea la decisión de no participar en la instancia por su carácter vinculante, una postura que el PIT-CNT calificó como “elitista” e “intolerante”. Caggiani dijo que lo que se avecina es “un gran debate ciudadano” y que el temario se vincula a los “desafíos” de garantizar el derecho, ampliar la cantidad de años de estudio y el acceso a la educación superior, la mejora en la participación de estudiantes, familias y docentes en su funcionamiento y elementos “disruptivos” como la utilización de la inteligencia artificial.
“En la medida en que se puedan revisar las posiciones que tomaron tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado y el Partido Independiente –no así Cabildo Abierto–, que se pueda contar con la perspectiva de los partidos políticos es importante. Construir la educación siempre fue un ejercicio que implicó la construcción del nosotros, y el ‘nosotros’ nos incluye a todos”, aseveró. Sobre la condición de vinculante, dijo que es una “definición” del Frente Amplio y que hay una preocupación por que “alguien le dé pelota a lo que se dice ahí”.
El país “cada vez tiene más intervenciones en situaciones de abuso, violencia y maltrato” a jóvenes
El fin de semana, Caggiani participó en una instancia que convocó la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS) para elaborar medidas con el objetivo de enfrentar la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. El entrevistado destacó que Uruguay tiene una sociedad civil “muy comprometida” y subrayó que participaron jóvenes “que trajeron la voz de los gurises” a cuatro grupos de trabajo sobre diferentes tipos de violencia.
“Tenemos que ajustar qué es lo que hacemos en los lugares donde transitan los adolescentes para protegerlos sobre determinados tipos de violencia y para eso primero los tenemos que escuchar”, puntualizó. Subrayó que otros elementos para la política pública se sistematizarán en un documento y se enmarcan “en un escenario donde Uruguay cada vez tiene más intervenciones en situaciones de abuso, violencia y maltrato”.
En ese sentido, este lunes se presenta un nuevo informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), correspondiente a 2025: “El primer informe tiene 700 casos y el de hoy tiene casi 10.000. No es que aumentó el fenómeno, sino que lo que aumentó es la capacidad de intervenir”, indicó Caggiani y exhortó a profundizar el trabajo en esta materia, porque “no estamos llegando a tiempo”.