(Hoy es 4 de octubre. Faltan 23 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Siempre ha sido poca la gente que lee los programas de cada partido para decidir a cuál vota. La mayoría tiene en cuenta los mensajes simplificados de los candidatos, o su versión publicitaria aún más simplificada. El problema es que, por lo general, una propuesta sólo parece sencilla cuando no se mencionan todos los requisitos necesarios para aplicarla.

En un debate como el del martes, tiene cabida que el compromiso frenteamplista en la anterior campaña de “ir hacia el 6% del Producto Interno Bruto” (PIB) en inversión educativa fuera a la bolsa de las promesas incumplidas. En la trabajosa realidad de los procesos de gobierno, es importante que los asesores sobre educación de Daniel Martínez hayan reiterado la voluntad de llegar a ese simbólico porcentaje del PIB para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, más 1% para investigación.

También pasa con frecuencia que los relatos incidan más que los programas en las intenciones de voto. Azucena Arbeleche, que según Luis Lacalle Pou será ministra de Economía si él gana las elecciones, sostuvo que el actual vínculo del Partido Nacional con las calificadoras internacionales de riesgo es desde hace tiempo el que corresponde a un gobierno entrante (como si se tratara, por poner un ejemplo cercano, de la relación entre el probable próximo presidente argentino, Alberto Fernández, con el Fondo Monetario Internacional). Arbeleche aseguró que ella y otros asesores sobre economía del candidato nacionalista han tenido un “diálogo constante” con esas calificadoras “en estos cinco años”, y que en lo que va de este les han pedido que no le “bajen la nota” a Uruguay, hallando una actitud receptiva. Como se podía esperar, desde el oficialismo se afirmó que esa versión de los hechos es “inconcebible” e “inverosímil”.

Por otra parte, Guido Manini Ríos compareció ante la Justicia, por el hecho determinante de que dejara de ser comandante en jefe del Ejército y se volcara en forma explícita a la política: su actuación en relación con el tribunal de honor del Ejército para José Nino Gavazzo y Jorge Silveira.

El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la propia existencia de la Fiscalía General de la Nación, y parece muy poco probable que la Suprema Corte de Justicia le dé la razón. No sólo porque ya ha rechazado alegaciones similares, sino también, y entre otras cosas, porque si bien este tipo de recursos atañen sólo al caso de quien los presenta, aceptar los argumentos de la defensa de Manini significaría que no sólo fuera ilegítimo el proceso que lo involucra, sino también todos los demás con participación de ese organismo desde que se creó como servicio descentralizado, en agosto de 2015.

Además, fue llamativo que el compañero de fórmula del ex comandante, Guillermo Domenech, haya comentado que si Manini hubiera querido ocultar información sobre aquel tribunal de honor, habría “hecho desaparecer el expediente”.

Hasta mañana.