(Hoy es 18 de julio. Faltan 101 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Se sigue complicando el debate en comisión de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que busca hacer obligatorios los debates entre quienes se postulen a la presidencia de la República. La iniciativa, presentada por Fernando Amado cuando era legislador del Partido Colorado (PC), quedó arrumbada hasta este año, cuando una suma de factores determinó que se activara el interés en aprobarla.

Por un lado, ya no están en carrera los principales dirigentes que, desde 1994, se negaron a debatir cuando las encuestas los favorecían, evaluando que tenían más para perder que para ganar. Por otro, los actuales candidatos de los principales partidos sí piensan que les conviene debatir. Por último, es claro que -quizá por los años de privación y con expectativas exageradas- buena parte de la opinión pública quiere que haya debates, de modo que rechazarlos puede ser un factor de descrédito en una campaña muy reñida.

Sucede, sin embargo, que los debates obligatorios son fáciles de implementar cuando es clara la polarización entre dos partidos, más difíciles cuando hay -como ahora- tres que reivindican su chance de disputar la presidencia, y mucho más difíciles con los once partidos actualmente habilitados para competir en octubre. En la comisión parlamentaria, el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) habían acordado en principio que los debates se organizaran en función de los votos recibidos en elecciones anteriores. Esto determinaría que hubiera un debate obligatorio, justamente, entre los postulados por el FA (Daniel Martínez) y el PN (Luis Lacalle Pou), y otro entre los del PC (Ernesto Talvi) y el Partido Independiente (Pablo Mieres). No lo aceptan los colorados, que no quieren verse simbólicamente relegados al segundo plano.

Ordenar el fixture por los votos previos es, de hecho, un criterio conservador, que no favorece el pasaje al primer plano de nuevos partidos, pero tal vez sería conveniente considerar, más en general, hasta qué punto tiene sentido forzar la participación en debates, y cuáles serían los resultados positivos garantizados de ese modo.

De todos modos, no sólo los debates inciden en las decisiones de los votantes. Hay procedimientos indirectos o insidiosos que rara vez son empleados personalmente por los candidatos, pero sí por otras personas, con o sin autorización. Un ejemplo reciente fue la divulgación, mediante Whatsapp, de una versión adulterada de la Encuesta de Convivencia y Discriminación en Educación Media, realizada conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco Interamericano de Desarrollo. La falsificación intenta engañar a quienes la reciben con presuntas preguntas (bastante disparatadas) que no figuran en la encuesta real. Obviamente, la intención es reafirmar opiniones negativas sobre una “imposición de la ideología de género a los menores”, lo cual podría tener algún efecto en las elecciones, contrario al oficialismo; y también en el pre referéndum sobre la derogación de la ley integral para personas trans, que se realizará el 4 de agosto.

Hasta mañana.