No es novedad que uno de los principales reclamos de los feminismos es contra un sistema de Justicia que califican de patriarcal y misógino, que muchas veces tiende a revictimizar o culpar a las mujeres en situaciones de violencia y justificar a los ofensores. “¿Hiciste algo para provocarlo?” o “¿cómo ibas vestida?” son algunas preguntas que todavía tienen que soportar mujeres que han sido violentadas en juzgados de todo el mundo. El movimiento feminista reivindica, en cambio, algo bastante básico: una administración de justicia con perspectiva de género.

Los colectivos uruguayos incluían el tema como principal en las proclamas de este 8 de marzo: “Exigimos un sistema de Justicia altamente capacitado y con sensibilización en género, dimensión étnico-racial, diversidad sexual y discapacidades. Porque el acceso a la justicia está impregnado de racismo, misoginia, clasismo y homofobia”, decía la Intersocial Feminista, al tiempo que pedía la “incorporación de personal especializado en toda la cadena de atención y acceso a la Justicia en violencia de género”. La Coordinadora de Feminismos, por su parte, pedía “despatriarcalizar la Justicia” y “poner freno a la avanzada punitiva” para poder avanzar “hacia una Justicia feminista”.

En este contexto, y en el entendido de que el abordaje de los casos judiciales con una perspectiva de género constituye una necesidad, el Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas (GIG), el Centro de Estudios Jurídicos de Uruguay (CEJU) y la Fiscalía General de la Nación unieron esfuerzos para elaborar dos guías prácticas. Son dos porque una está dirigida a quienes trabajan en el Poder Judicial y la otra a quienes integran la Fiscalía. Se presentan como manuales “sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres”.

Los estereotipos de género en el acceso al sistema judicial “conforman y profundizan la violencia institucional” contra las mujeres y las “desalientan a que vayan a la Justicia y reclamen sus derechos”, aseguró la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Mireia Villar, durante la presentación realizada el lunes, un día después del #8M. Las guías tienen, en ese sentido, dos objetivos principales: “Por un lado, identificar el uso de estereotipos nocivos de género para impedirlo, y, por otro, promover la aplicación de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres en la práctica judicial en el Uruguay”.

Villar reconoció el aporte de las organizaciones feministas “en la concientización para erradicar la violencia basada en género” y resaltó los esfuerzos que han realizado tanto el Poder Judicial como la Fiscalía. Mencionó, por ejemplo, la creación de juzgados especializados en violencia de género y de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de la Fiscalía. “Se ha trabajado”, reconoció la representante de Naciones Unidas, “pero hay que seguir haciéndolo para eliminar esos estereotipos discriminatorios que se transforman en obstáculos en las diferentes etapas de los procesos judiciales”.

La vicepresidenta Beatriz Argimón también estuvo presente en lo que consideró “uno de los principales encuentros respecto a la conmemoración del 8 de marzo”. A su entender, es imprescindible que la Justicia aborde las situaciones de las mujeres “en el marco de los derechos humanos” y con una mirada libre de “esos estereotipos que han primado en una sociedad construida de manera bien diferente a cómo debe ser la sociedad del siglo XXI”. Insistió además en la necesidad de que estas herramientas también lleguen a las y los operadores de Justicia del interior del país, donde muchas veces no hay recursos para una infraestructura que “acompañe” lo que establecen las leyes.

“La violencia de género es un flagelo internacional”, afirmó la vicepresidenta, y continuó: “Cada 8 de marzo se nos pregunta a las mujeres si es necesario que haya una conmemoración del Día Internacional de la Mujer [...] Pienso que mientras exista la violencia de género a nivel mundial, mientras la trata sea una forma de esclavitud del siglo XXI, mientras en el mundo todavía haya sociedades donde las niñas son obligadas a casarse, mientras haya diferencias salariales ‒como en Uruguay‒, mientras la cara de la pobreza siga siendo la de niñas y mujeres, y puedo seguir enumerando, evidentemente vamos a tener que seguir conmemorándolo”.

Parecido no es igual

La decisión de hacer dos guías en vez de una tiene que ver con que la mirada de los operadores de justicia “no es exactamente la misma” en el Poder Judicial y en la Fiscalía, ya que “las funciones no son las mismas”, explicó la directora del CEJU, Rosina Rossi.

El fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, dijo que la Fiscalía pretende “que los operadores del sistema de Justicia trabajen de forma tal que cada vez que una mujer llegue al sistema de Justicia no sienta que llega a un ambiente hostil”, algo que “aún sigue pasando”, admitió. “Desde la arquitectura de nuestros locales a cómo encaramos los casos, cómo llevamos adelante las investigaciones y cómo preparamos los interrogatorios, es absolutamente necesario seguir trabajando para convencer a los operadores, y que sean permeables a este tipo de cosas; de lo contrario, seguiremos repitiendo esos estereotipos”, aseguró el fiscal. Por eso la importancia de una guía práctica.

Díaz se incluyó en ese grupo de operadores y agradeció la lucha de las mujeres por impulsar un “cambio de perspectiva”. El fiscal reconoció que algunas sentencias que dictó hace años hoy “no las volvería a escribir”, porque “el proceso también es interior y todos los días aprendemos”. “Gracias por esa lucha”, agregó; “nosotros seguiremos acompañándola desde el lugar que nos corresponde”.

Rossi dijo que, en el caso del Poder Judicial, la guía se hizo para que juezas y jueces tengan una herramienta de formación que fundamente las decisiones y sentencias. “Las juezas y los jueces no tenemos legitimadas nuestras decisiones porque algún día fuimos investidos en el cargo por el Poder Judicial; estamos legitimados para decirle a alguien qué debe hacer únicamente cuando fundamos nuestras decisiones en normas jurídicas y en un razonamiento lógico desde el punto de vista de los derechos”, explicó.

Una de las secciones clave que aparece en las guías en materia de formación es la que propone el llamado “autotest”. Se trata de una herramienta de apoyo para evaluar los “estereotipos nocivos de género” y la utilización de perspectiva de género, así como de estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres. Consiste en un cuadro con distintas preguntas para cada etapa del proceso judicial, que deben ser respondidas antes de dictar las sentencias. “¿Entre las partes del proceso existe una relación asimétrica de poder?”, o “¿alguna de las partes está sujeta a doble discriminación por tratarse de un caso de discriminación por razones de raza/etnia, edad, orientación sexual, pobreza, condición de migrante?”, son algunas de las preguntas que aparecen en las dos guías. Luego hay preguntas más específicas según se trate de un operador de la Fiscalía o del Poder Judicial. En este último caso, por ejemplo, se abordan cuestiones como la adopción de medidas de reparación para “revertir las asimetrías de poder y la desigualdad estructural”.

“El autotest es un nombre muy ilustrativo de una actividad que hacemos los jueces cada vez que resolvemos y decidimos”, profundizó Rossi. “Antes de ponerle el punto final a la decisión, la revisamos y nos hacemos la autocrítica. Es un autotest que va a ser útil para que cada juez se autoexamine cómo ha resuelto y ha actuado caso a caso, porque el derecho termina de realizarse y se hace efectivo cada vez que una jueza y un juez ponen la firma”.

En pocas palabras

Las guías cuentan con una primera parte en común que presenta definiciones generales ‒qué es la perspectiva de género, cómo identificar los estereotipos discriminatorios‒ y el marco jurídico aplicable a la protección de los derechos de las mujeres. Este último apartado incluye el sistema universal de protección de derechos humanos, el sistema regional y la normativa nacional.

En cuanto a los estereotipos de género, los manuales identifican cuatro tipos: de sexo (centrados en los atributos y las diferencias físicas y psicológicas existentes entre hombres y mujeres); sexual (características sexuales que son o deberían ser poseídas por hombres y mujeres y la interacción sexual entre ambos); roles de género (comportamientos atribuidos y esperados de hombres y mujeres a partir de construcciones sociales y culturales o sobre su físico); y compuesto (cuando el estereotipo de género interactúa con otros atribuyendo roles o características a grupos diversos de mujeres).

Más adelante, cada guía tiene una parte específica que se adapta a las necesidades, funciones y procesos de cada institución. La guía para el Poder Judicial asegura que los “principios fundamentales” de la administración de justicia son la imparcialidad, la neutralidad y la perspectiva de género para transformar “los patrones culturales que provocan desigualdad, discriminación y violencia”. Al mismo tiempo, especifica que la perspectiva de género tiene que aplicarse con transversalidad durante las diferentes etapas de la práctica judicial y no sólo en la etapa de decisión.

En tanto, el manual para la Fiscalía explica cuáles son las atribuciones de esta institución en el Nuevo Código del Proceso Penal, haciendo especial énfasis en el papel de la víctima durante el proceso. En ese sentido, recuerda cuáles son las obligaciones de las y los fiscales para la protección de estas personas en situación de vulnerabilidad. También en este caso se insiste en que la perspectiva de género tiene que aplicarse “desde las comunicaciones con la Policía al momento de la notificación del hecho y de la dirección de la investigación” para “evitar cualquier comportamiento diferenciado en base a ese motivo”.

Después de estas partes específicas, se encuentran los respectivos autotests y los anexos de jurisprudencia, que contienen sentencias internacionales emblemáticas de casos de discriminación basada en género, estereotipos de género y violencia de género. También agregan recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), que analizó la situación de Uruguay en julio de 2016.

“El trabajo no termina aquí, sino casi que empieza”, aseguró Rossi durante la presentación, y adelantó que a fin de mes se estarán realizando talleres de formación en el uso de la guía para jueces, defensores y fiscales. La idea es que luego “salgan a replicar al resto de los operadores del país”, explicó. “Ese efecto multiplicador es otro de los objetivos que buscamos que tengan las guías”.