Montevideo fue sede el martes de una cumbre parlamentaria regional que puso en el centro del debate el impacto de las tecnologías digitales en la democracia, la vida cotidiana y la protección de niños, niñas y adolescentes. Legisladores de América Latina se reunieron en el Parlamento uruguayo junto a representantes de organismos internacionales, academia, sociedad civil y sector privado para discutir cómo regular el avance de la inteligencia artificial y las plataformas digitales desde una perspectiva de derechos.

El encuentro, titulado “Anticipando el Futuro Digital: fortaleciendo la gobernanza parlamentaria y la innovación democrática”, concluyó con la creación de una red regional de parlamentarios de las Américas, orientada a fortalecer el intercambio de experiencias y la cooperación en políticas digitales.

Durante la jornada, más de 120 participantes, incluidos más de 25 parlamentarios de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, debatieron en el Parlamento uruguayo sobre el rol de los poderes legislativos frente a la aceleración tecnológica y la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza anticipatoria.

El jefe de la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas, Chengetai Masango, destacó la creación de una Red Parlamentaria de las Américas. “No se trata solo de una nueva iniciativa: es una inversión en continuidad, en aprendizaje compartido y en el fortalecimiento de la capacidad colectiva de los parlamentos para enfrentar los desafíos y oportunidades de la era digital”, resaltó.

Asimismo, subrayó la responsabilidad de los legisladores: “Ustedes asumen una responsabilidad apasionante, pero profundamente exigente. Como legisladores y responsables de supervisar las políticas públicas, traducen desarrollos tecnológicos complejos en normas que moldean las oportunidades económicas, protegen los derechos fundamentales consagrados en la ley y fomentan la confianza en un sistema cada vez más impulsado por tecnologías digitales”.

En ese escenario, Masango sostuvo que los parlamentos ya no pueden limitarse a reaccionar ante los cambios. “El rol de los parlamentos va más allá de la legislación reactiva: cada vez más, se los convoca a anticiparse”, señaló.

En la apertura, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, enfatizó la centralidad del tema en la agenda pública. “Ese mundo de internet, el digital y ahora potenciado por la inteligencia artificial (IA), dejó de ser un asunto técnico para tener que incluirnos a todos. Los políticos también pasamos a ser un mal necesario”, afirmó. Y agregó: “Es una necesidad. Un Parlamento que no aborde centralmente estos temas pasa a ser irrelevante. Pasaría a ser solo un precioso museo”.

El evento, que fue organizado por la Cámara de Representantes de Uruguay en colaboración con la Secretaría del Foro para la Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas, reunió a parlamentarios, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y la academia.

Los resultados del encuentro, incluida una declaración sobre gobernanza anticipatoria, serán presentados en la próxima Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Estambul, que se realizará del 15 al 19 de abril, y en la Sección Parlamentaria Global del Foro de Gobernanza de Internet a finales de 2026.

El dominio de los algoritmos

Desde Argentina, la diputada Marcela Pagano planteó su preocupación por el impacto de los algoritmos en la vida cotidiana y la democracia. “Hay cinco mil millones de personas conectadas a Internet en este momento; quinientas millones de esas personas están en América Latina”, señaló, antes de advertir sobre el uso intensivo de plataformas digitales: “En promedio, hoy los últimos estudios hablan de unas, más o menos, seis horas por día”, que en menores asciende a ocho horas.

“Cada minuto de ese tiempo está mediado por algoritmos”, sostuvo, y agregó que estos sistemas “están diseñados para retener la atención de todos nosotros, prolongar las sesiones [...] y generar respuestas emocionales”. Según indicó, las consecuencias “son devastadoras” en términos de salud mental, con “adicciones, depresión, ansiedad” y un aumento de las autolesiones en adolescentes.

Pagano también advirtió sobre efectos en la democracia: “Está generando daños en la democracia [...] se ratifica, una vez más, la polarización, pero de la mano de eso, la desinformación”. En ese contexto, propuso el concepto de “soberanía cognitiva”, entendida como “el derecho fundamental que cada persona tiene para formar sus propios pensamientos, pensar libremente, generar opiniones y no ser objeto de una manipulación constante algorítmica”.

La legisladora planteó además la necesidad de transparencia, que consiste en saber qué criterios usan las plataformas para elaborar los algoritmos y qué datos utilizan. “Es el derecho a saber por qué estamos consumiendo lo que estamos viendo”, así como medidas específicas para menores, como “la prohibición a la perfilación comercial de nuestros niños y adolescentes”.

“Si no regulamos todos los países unidos, si no establecemos un estándar y un marco mundial, va a ser muy difícil, porque estamos luchando contra grandes corporaciones, [...] que trascienden las naciones y mueven muchísimo dinero. Los parlamentarios del mundo tenemos el deber de regular esto para garantizar [...] el derecho a pensar”, sentenció.

Inteligencia artificial y desigualdades

Por su parte, Marina Femenía, integrante del Parlamento del Mercosur y copresidenta de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), cuestionó la idea de que la inteligencia artificial sea una “fuerza abstracta, incontrolable y predestinada”. “La tecnología no es un destino [...] debe subordinarse a las reglas democráticas”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que los sistemas de IA pueden amplificar desigualdades: “Si esos datos contienen sesgos históricos [...] la tecnología no los va a eliminar. Al contrario, los va a automatizar a una escala sin precedentes”.

“La transformación digital no puede concebirse únicamente como o desde una lógica de eficiencia económica, debe anclarse irrenunciablemente e irrefutablemente desde los derechos humanos”, remarcó.

Femenía señaló que es necesario avanzar en principios como “la equidad, la sostenibilidad, la protección de los datos y principalmente la transparencia”, y subrayó un límite ético: “No podemos delegar nuestra humanidad y nuestra responsabilidad civil y política a un algoritmo”.

También alertó sobre la llamada “subordinación algorítmica” en el mundo laboral, donde sistemas automatizados “reclutan, asignan tareas, evalúan el rendimiento y hasta despiden personas sin supervisión humana”, lo que implica riesgos de precarización y aumento de desigualdades.

Asimismo, dijo que es necesario desmitificar el concepto de la nube de datos. “La nube tiene materialidad y es lo que ocupa la extracción de los minerales críticos, el consumo de recursos naturales como el agua, la energía y también [...] el trabajo invisible y mal pago de quienes están detrás de la inteligencia artificial”, denunció.

Protección de menores

Desde Ecuador, la asambleísta Katherine Pacheco profundizó en la necesidad de regular el entorno digital con foco en la niñez. Señaló que, pese a las dificultades, “sí hay manera de poderlo trabajar” y que es necesario “seguir debatiendo estos temas y no minimizarlos”. En ese sentido, explicó que los proyectos en discusión no buscan restringir el acceso a la información, sino regular ciertos entornos.

Pacheco distinguió entre redes sociales y otras plataformas educativas o de acceso al conocimiento, y advirtió sobre riesgos concretos en espacios digitales frecuentados por menores. Mencionó el caso de un videojuego utilizado por niños donde “lamentablemente el creador de aquello, supuestamente, ha estado [...] teniendo influencia en los niños”, en un contexto en el que “ha habido inclusive pornografía infantil”.

“Como madre, yo no quiero que nuestros niños sean víctimas de aquello y que cuando pudimos hacer algo, no lo hicimos”, expresó. Y concluyó con un llamado a la acción conjunta parlamentaria: “Invito a que todos sigamos discutiendo juntos”.

La visión de Observacom

Desde la sociedad civil, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, cuestionó la presión que enfrentan los legisladores ante la velocidad del cambio tecnológico. “Yo también tengo mi duda respecto a tanta exigencia para los pobres legisladores. No las envidio; se dice que [...] las leyes están atrasadas, que hay que ser reactivos, que tienen que ser anticipatorios”, expresó.

En ese sentido, planteó que el debate no debe centrarse en una falsa dicotomía entre regulación reactiva o anticipatoria. “Tenemos que hacer las dos; hay que tener leyes reactivas y otras anticipatorias”, afirmó. A su entender, hay áreas donde la urgencia es evidente y no admite dilaciones: “No necesito hacer estudios de 10, 20 años para saber que los derechos de nuestros niños están siendo violados todos los días en este mismo momento”.

Gómez sostuvo que es necesario avanzar de forma gradual y evitar la parálisis normativa. “No se planteen hacer leyes de todo a la vez, vayamos avanzando en partes”, propuso, al tiempo que defendió la idea de aprobar normas “reactivas, perfectibles, con errores”, pero que permitan dar respuestas inmediatas en clave de derechos.

Asimismo, cuestionó la idea de que la incertidumbre tecnológica impida regular. “La tecnología cambia todo el tiempo [...] si esa es la premisa, la respuesta es congelamiento”, advirtió. Frente a eso, planteó un cambio de enfoque: “Ustedes no tienen que regular por tecnología [...] regulen por servicio, procesos y protección de derechos”.

El especialista también propuso pensar la regulación como un ecosistema más amplio que la ley y sugirió combinar normas generales con principios y herramientas más específicas y actualizables.

Asimismo, hizo foco en la relación entre innovación y derechos humanos, cuestionando el enfoque predominante. “Tenemos que demostrar que nuestra legislación para proteger derechos no afecta la innovación, cuando en realidad debería ser al revés”, sostuvo. Y agregó: “No deberíamos permitir ninguna innovación que viole derechos”.

Por último, destacó que ya existen referencias internacionales para orientar la regulación, como los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), que pueden servir como base para el diseño de políticas públicas digitales.