Este año se podría aprobar una norma que regule los aportes de privados a las campañas electorales. Las principales resistencias se encuentran dentro del oficialismo, aunque blancos y colorados afirmaron que podrían aprobar la ley si esta fuera “gradual”. “Sería un cambio demasiado brusco prohibir el dinero proveniente de Bolivia de un día para otro. Pero si logramos que en 2024 se acepte hasta 20% de dinero boliviano y en 2029 esa cifra baje a 10%, a lo mejor para 2034 podemos prescindir completamente de esa fuente de financiamiento. Lo importante es que haya una estrategia realista”, consideró un legislador oficialista.
Pero esta postura no es compartida por todos en la coalición gobernante. “Yo creo que los partidos políticos, al igual que las personas, tienen derecho a la privacidad. Si permitimos que el Estado empiece a indagar si el dinero de tal o cual campaña vino de Bolivia, México o Colombia, cuando queramos acordarnos lo vamos a tener decidiendo todo sobre nuestras vidas”, opinó otro legislador de la bancada oficialista.
El comité: el gobierno creará una junta de expertos para analizar la ley, integrada por Alejandro Astesiano, Sebastián Marset y Francisco Sanabria.