Romina Celeste Papasso, militante del Partido Nacional (PN) que tiene una lista propia, fue detenida en el marco del reconocimiento al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Intendencia de Montevideo.

La imputada fue al lugar en su auto, que tenía chapas de una matrícula no habilitada para circular, porque figuraba como “requerida” por el Ministerio del Interior. Además, tenía música a un volumen que excedía lo autorizado. En el lugar había un equipo de inspectores pertenecientes a la Intendencia de Montevideo que advirtieron las infracciones y procedieron a informarle que debía bajar la música y que debía retirar las matrículas inhabilitadas que portaba el coche.

La​ militante del PN “rechazó esta actuación administrativa, reaccionando agresivamente​", según se plantea en la solicitud de formalización. Los inspectores municipales pidieron apoyo policial. Además, la encargada del operativo policial se presentó en el lugar junto a policías de la Guardia Republicana y le pidió que bajara el volumen de la música y permitiera el retiro de las matrículas en infracción.

En respuesta, ​la imputada filmó a la policía con su celular y le dijo “te estoy filmando, esto sale directamente en Twitter, decime lo que me quieras decir”​. No aceptó las explicaciones de la encargada del operativo y le ordenó a una mujer que estaba con ella en su auto: “Poné una cumbia bien fuerte”.

Mientras tanto, ​"​uno de los inspectores logró retirar una ​de las ​chapa​s​ ​​matrícula pero la imputada pretendió quitársela de la mano​​. En ese momento comenzaron a acercarse personas curiosas, contra las que también reaccionó en forma agresiva​", según se afirma en el documento.

​Luego, Papasso se sentó en la cajuela del vehículo “para impedir el retiro de la segunda matrícula, pero fue apartada por los funcionarios policiales, mientras seguía insultando y amenazando a los funcionarios y al público, a la par que filmaba la escena”.

​Una vez retiradas las matrículas y aplicadas las multas correspondientes, ​"​cuando finalizaba el procedimiento, buscó con la mirada a la inspectora​​, se acercó a ella y a corta distancia la escupió en la cara, lo que finalmente derivó en su detención por parte de los policías actuantes​"​.​ Fue detenida y al subir al patrullero intentó romper el vidrio trasero. Los policías le volvieron a pedir que se calmara.

Desde la seccional 2º, donde estaba detenida, hizo una publicación en Twitter en la que escribió: “Gente estoy bien tranqui que esto no va a quedar así!!”. A partir de esa publicación, el Ministerio del Interior inició una investigación de urgencia para determinar si un policía le prestó su propio celular o le devolvió el que le había sido incautado, ya que ambas opciones están prohibidas.

La Fiscalía de Flagrancia de 13er turno, a cargo del fiscal Rodrigo Morosoli, asumió el caso, que resultó en la condena de la militante. La inspectora, que es la jefa de inspectores del Servicio de Convivencia Municipal, declaró y explicó por qué el equipo de inspectores municipales abordó a la imputada, indicó las infracciones administrativas que estaba cometiendo y el procedimiento realizado. Aclaró que se requirió de apoyo policial por la conducta de la imputada, que impedía a los inspectores retirar las matrículas en infracción. Por último, describió cómo la imputada la buscó y le escupió en la cara.

Los policías que actuaron declararon que observaron que la imputada impedía el retiro de las matrículas apócrifas y que insultaba a los inspectores, por lo que procedieron a alejarla del vehículo. “Relataron que se encontraba exaltada, y al culminar el procedimiento buscó a la inspectora y le escupió la cara a corta distancia, lo que derivó en su inmediata detención”, indicaron.

La pericia psiquiátrica ​determinó que es imputable y ​señaló que “se identifican rasgos acentuados de personalidad del grupo B (border) caracterizado a grandes rasgos por la impulsividad, baja tolerancia a las frustraciones y pasaje al acto sin medir los medios y sus consecuencias”. La valoración psiquiátrica de su centro de salud manifestó que presenta “un trastorno de ansiedad, rasgos histriónicos de personalidad”.

En juicio abreviado, que implica que aceptó la responsabilidad de los hechos, fue condenada a siete meses de prisión. El delito que se le imputó fue atentado especialmente agravado. La pena de prisión será sustituida por un régimen de libertad a prueba supervisado por la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, que tendrá a su cargo su vigilancia.

Deberá fijar domicilio y presentarse una vez por semana a firmar en la comisaría de su barrio. También deberá hacer trabajo comunitario cinco horas por semana durante cuatro meses. Aparte deberá llevar adelante un tratamiento psiquiátrico ambulatorio en su prestador de salud, conforme lo que sugirió la pericia incorporada al legajo fiscal.

Como parte de la condena, deberá pedir disculpas públicas a los funcionarios municipales damnificados a través de su Twitter (@romina _uy). La publicación, que debía realizarse en un lapso no superior a 72 horas desde la sentencia, fue realizada en el momento en el juzgado donde se la condenó.

En su Twitter, publicó: “Después de hacer un acuerdo con la fiscalía y con sentencia 19/2023 pido disculpas a los funcionarios municipales por el pollo”. También agradeció “el trato policial que fue excelente y al fiscal Rodrigo Morosoli”.

Sobre el término “pollo”, dijeron desde Fiscalía que pidió hacer las disculpas en su “léxico” para que sea “más genuino”. Desde Fiscalía, también aclararon que la condena no tiene nada que ver con sus opiniones y manifestaciones políticas, sino con los delitos que cometió.

Se le imputó el delito de atentado que, en este caso, configuró porque, “usando violencia o amenaza contra un funcionario público”, se “estorbó el libre ejercicio” y hubo “prepotencia, el odio o el menosprecio”. Este delito se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Papasso mostró sus senos como ataque frente a varias personas, entre ellas, el periodista Julio Toyos. Esto podría configurar el delito de ultraje violento al pudor, lo que fue dejado de lado en este caso. También fueron dejados de lado los delitos de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial.

La defensa de Papasso fue llevada adelante por la Defensoría Pública y asumida por la abogada María Noel Rodríguez.