En este 1° de mayo, en el acto organizado por el PIT-CNT, estuvo sobre la mesa la cuestión de la privación de libertad y el sistema penitenciario a través de una proclama de la organización Familias Presentes, que fue leída en el estrado.

Además de saludar a las y los trabajadores, los familires de personas privadas de libertad aportaron datos sobre la realidad carcelaria: “En un país de menos de tres millones y medio de habitantes, tenemos la tasa de prisionización más alta de Latinoamérica, superando las 15.600 personas, en su mayoría jóvenes, pobres, con altos índices de analfabetismo y con sobrerrepresentación de la población afrodescendiente”. También señalaron el “aumento de prisionización de mujeres por delitos de microtráfico, que en su mayoría trabajaron o son integrantes de familias trabajadoras”.

Consignaron que “las condiciones de reclusión incluyen hacinamiento, muy malas instalaciones eléctricas y sanitarias, encierro 24 horas al día con una hora de patio semanal eventualmente, en muchas unidades o módulos; insuficiente cobertura de atención a la salud, muy especialmente salud mental y tratamiento de consumo problemático de drogas; insuficiente cantidad y calidad de actividades laborales, educativas, culturales y deportivas; escasísima cobertura de funcionarios técnicos y no técnicos”.

Además, remarcaron que hay “altas tasas de homicidios, suicidios y autolesiones, que no se pueden desligar de las anteriores condiciones de reclusión mencionadas”. Familias Presentes indicó que “en lo que va de 2024 las muertes bajo custodia se ubican en el entorno de la docena de personas”.

“Las familias, especialmente las mujeres, sostenemos afectiva y económicamente a nuestros familiares en prisión, transitando las cárceles semanalmente, contribuyendo con alimentos porque lo que provee el sistema es insuficiente; también somos proveedoras de ropa y artículos de higiene personal y ambiental, que el Estado no provee”, afirmaron.

Por otro lado, criticaron que hubo “aumento de penas, quita o restricción de derechos como por ejemplo salidas transitorias, redención de pena por trabajo y estudio, libertades anticipadas por buena conducta, se plantearon como soluciones a los problemas sociales de inseguridad y aumento del delito, lo que viene generando desde hace décadas la inflación punitiva a la que estamos asistiendo”. “Los resultados parecen demostrar que la solución no iba por allí”, sentenciaron, y cuestionaron: “¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta violación de derechos humanos a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad? ¿Cómo podemos exigir un reintegro armónico a la sociedad si vivieron años en esas condiciones? ¿Cuándo vamos a exigir del Estado y los gobernantes dignidad en el sistema penitenciario?”.

“Hoy, 1° de mayo, Uruguay se está sometiendo al Examen Periódico Universal de Derechos Humanos en Ginebra, mecanismo por el cual cada cuatro o cinco años todos los miembros de Naciones Unidas someten a revisión sus prácticas de derechos humanos”, informaron. En la delegación uruguaya viajaron Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario.

Para esa revisión, desde Familias Presentes elaboraron un informe de recomendaciones, en el que entre otros aspectos se plantea: “Promulgar una ley de ejecución penal moderna, basada en derechos humanos, las Reglas Mandela y Reglas Bangkok; ley orgánica del INR; desarrollar políticas para reducir el uso de la cárcel y fortalecer las medidas alternativas; atender y mejorar las condiciones e instalaciones; establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como facilitar la colaboración de organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de condiciones, ampliar y diversificar programas de educación –incluyendo la educación a distancia–, y especialmente de oficios; garantizar el acceso a la atención integral de salud, salud mental y adicciones, establecer canales de comunicación efectivos para familiares, contando con información clara y oportuna; fomentar empleo y capacitaciones para que las personas privadas de libertad puedan contribuir económicamente con sus familias; establecer programas de apoyo a las familias, especialmente a niños, niñas y adolescentes con referentes en prisión, realizar reformas para mejorar las condiciones de visita; abordar el impacto de la cárcel en las mujeres familiares, reconociendo e incluyendo los Principios de Bogotá”.

Finalmente, desde Familias Presentes, organización que se fundó en 2022, señalaron que “estamos convencidos de que el Estado y los gobernantes tienen una responsabilidad primordial en las reformas necesarias; sin embargo, mientras como sociedad sigamos mirando para el costado, mientras no entendamos que las personas privadas de libertad son parte de nosotros y por ende deben formar parte de nuestras luchas, la situación no va a cambiar”.