Las violaciones como arma

No sólo es difícil reunir pruebas en condiciones de conflicto, con víctimas que temen, más que nunca, las represalias sociales y militares. Las agresiones sexuales tampoco están tipificadas con claridad en la legislación que se aplica en tiempos de guerra. Usadas como arma, al igual que ocurrió en los Balcanes, los acusados son, muchas veces, considerados héroes.

Estamos a comienzos de julio, hay cerca de 40 grados en el pequeño auto que lleva a Tatiana Zezioulkina y Lyudmila Kravchenko cerca de la frontera bielorrusa. “Vamos a Yahidne, un pueblo ocupado por los rusos durante casi un mes –explica la primera–. Trescientas cincuenta personas fueron retenidas a la fuerza en el subsuelo del pueblo. Y pensamos que hubo violaciones en ese subsuelo”. Las dos militantes, que integran la Red Internacional de Ayuda Mutua de Sobrevivientes de Crímenes Sexuales (SEMA, por su sigla en inglés), están aquí para investigar. En la escuela, abandonada, con los vidrios rotos, el guardián cuenta: “Reclamaron, sí, pero no entregamos a nuestras mujeres a los soldados”. Una mujer se les acerca, indecisa. Cuenta que encontró preservativos en su casa tras la liberación, y terminó por dar el nombre de dos víctimas.

Desde finales de marzo, unas semanas después del comienzo de la guerra, cuando las fuerzas ucranianas comenzaban a liberar algunos pueblos ocupados –Bucha, Irpín y otros–, aparecieron en las redes sociales y en la prensa relatos de violaciones cometidas por las fuerzas rusas sobre civiles ucranianas: una mujer violada por varios soldados delante de su marido; una habitante de Bucha encontrada desnuda en su jardín, apenas cubierta por su tapado de piel, violada antes de ser asesinada; dos adolescentes violadas por cinco soldados que también les destrozaron los dientes... El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, habló a comienzos de abril de “cientos de casos reportados”. Representantes de las Naciones Unidas, dirigentes europeos y estadounidenses se indignaron, reclamaron pesquisas e investigaciones exhaustivas. Por primera vez, se habla de la violación como un “arma de guerra” en Ucrania.

Si bien la violación en las guerras siempre existió, la violación como herramienta de guerra se tornó casi sistemática en los conflictos contemporáneos. Se utiliza entonces de manera estratégica por una autoridad político-militar para humillar, destruir, tomar el poder; es empleada sobre todo contra las mujeres, pero también contra los hombres. Fue con el conflicto en la ex Yugoslavia que la violación comenzó a ser reconocida como un arma. Fue castigada por primera vez en tanto crimen contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY, 2001) y como acto de genocidio por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1998). Las violaciones y la violencia sexual están integradas al Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2002.

Las instancias que examinen los crímenes cometidos durante el conflicto ucraniano tendrán que juzgar las violaciones cometidas desde la invasión rusa de febrero de 2022. Pero no solamente. En diciembre de 2020, la CPI ya había declarado que había “serias bases” para creer que numerosos crímenes de guerra habían sido cometidos en Ucrania desde 2014 –fecha de la anexión de Crimea por Rusia–, incluyendo violaciones y violencia sexual.¹

En 2015, Tatiana Zezioulkina y Lyudmila Kravchenko fueron detenidas durante varios días en el Donbás por un batallón proucraniano (bautizado Tornado), víctimas de manoseos y de amenazas de violación. En efecto, en ese período, mientras las posiciones de los adversarios eran muy cambiantes en el este de Ucrania y las estructuras estatales estaban derrumbadas, la violencia sexual era frecuente de los dos lados de la línea de frente, en las inmediaciones de los checkpoints o en centros de detención, por parte de los batallones armados y de los servicios secretos del lado proucraniano; y por parte de los miembros del “Ministerio de Seguridad” del lado separatista. Violaciones, violaciones con objetos, colectivas, amenazas, desnudos forzados, electrocuciones de las partes genitales se perpetraron con el fin de humillar, de intimidar, de castigar, de obtener informaciones e incluso, del lado separatista, de robar bienes o dinero.

Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, esa violencia no era entonces utilizada “con fines estratégicos”, sino sobre todo como método de tortura.² En un informe de 2021, estimó en cerca de 340 el número de víctimas de violencia sexual desde 2014 en los centros de detención, de las cuales entre 170 y 200 fueron del lado separatista y entre 140 y 170 del lado ucraniano. Son cifras subvaluadas según numerosos investigadores, que subrayan que la Misión de las Naciones Unidas no tiene ningún acceso a los lugares de detención en las repúblicas separatistas y en Crimea desde hace ocho años. Las víctimas, que se topan con una forma de impunidad, a menudo tienen miedo de testificar o de presentar una denuncia “por temor a las represalias” –como lo destacaba la Misión de las Naciones Unidas en 2017.³

Una larga historia

El recorrido de Irina Dovgan, fundadora de la red SEMA, ilustra esas dificultades. Capturada por un grupo separatista en la primavera de 2014 cerca de Donetsk, fue agredida, atada a un poste y humillada en la plaza pública, desvestida, golpeada en sus senos y amenazada de violaciones. “Y eso que no digo más que el cinco por ciento de lo que me hicieron...”, cuenta esta mujer rubia y elegante de 58 años en el jardín de su casa cerca de Kiev. Dovgan obtuvo ayuda de un abogado en 2016. Fue interrogada en 2017 por un fiscal militar, pero luego su expediente se encajonó durante varios años. No fue sino en 2021, tras una conferencia de prensa que ella organizó para presentar la red SEMA, que la oficina de la fiscal general abrió un procedimiento... del cual Dovgan no tiene ninguna novedad hasta el día de hoy.

Aun si las autoridades ucranianas abrieron más de 750 investigaciones sobre crímenes cometidos contra los civiles entre 2014 y 2020 por sus propias fuerzas armadas, varios informes de defensores de los derechos humanos detectaron una forma de inacción. “Nada se hizo para brindar justicia a las víctimas de desapariciones forzadas, de actos de tortura y de detención ilegal a manos de miembros del SBU [servicios de inteligencia ucranianos] en el este de Ucrania entre 2014 y 2016”, lamentó Amnistía Internacional en 2021.⁴ No obstante, en un proceso que fue un test para la democracia ucraniana, los miembros del batallón proucraniano Tornado fueron juzgados en 2016 por los abusos que cometieron en el Donbás, entre ellos violaciones. En aquella época, el proceso, a puerta cerrada, encendió los ánimos. Quienes apoyaban a los paramilitares ejercieron violencia y amenazas dentro y fuera de la Corte para intimidar al aparato judicial. Ocho excombatientes fueron condenados a penas que van de los ocho a los 11 años de prisión. Sin embargo, ninguno fue condenado por crímenes de guerra, aunque los hechos podrían haber sido calificados como tales. La legislación ucraniana sobre los crímenes de guerra, regulados en particular por el artículo 438 del Código Criminal, no detalla los crímenes sexuales, lo cual complica el trabajo de los magistrados, a menudo mal formados en el tema. Sobre todo, porque, hasta 2019, las violaciones con objetos, por sodomía o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no eran consideradas como tales por la ley, modificada desde entonces para alinearse con los estándares internacionales.

Hoy se plantea en Ucrania el desafío de acompañar mejor a las víctimas de violencias sexuales, que desde hace un tiempo son ejercidas en masa y utilizadas como “táctica de dominación política y militar por las fuerzas rusas”, como analiza Véronique Nahoum-Grappe, antropóloga y especialista en crímenes de guerra. Para Matilda Bogner, representante de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Ucrania, la amplitud sería “significativamente más importante que lo que ocurrió en la primera fase del conflicto”. Su oficina ya contabiliza varias decenas de casos de violencia sexual por parte de las fuerzas armadas rusas. Violaciones de hombres, mujeres o niños, perpetradas a menudo delante de otros miembros de la familia o de la comunidad. Violaciones colectivas de mujeres en general y cometidas en detención en el caso de los hombres. “Eran en promedio nueve violando a las mujeres que defiendo”, confía Larysa Denisenko, abogada ucraniana especializada en derecho internacional humanitario.

El subregistro de la violencia

Durante julio, la oficina del fiscal general ucraniano confirmó estar investigando 43 expedientes de violencia sexual ejercida por las fuerzas rusas en Ucrania. Pero esa cifra no refleja la realidad, explica Oleksandr Pavlichenko, del Helsinki Human Rights Group (HHRG), recordando que muchas víctimas huyeron del país, con el fin de escapar de la estigmatización, que es fuerte, sobre todo, “en los pueblos donde las jóvenes tienen miedo de no poder casarse jamás”: “Ellas piensan además que los culpables nunca serán sancionados”.

Tal vez las víctimas se tornaron aún más cautelosas tras el caso Lyudmila Denisova, por el nombre de la excomisaria de Derechos Humanos en Kiev, quien había denunciado cerca de 450 casos de violaciones a través de su hotline, creada justo después del comienzo de la guerra, publicando detalles, a veces muy crudos, en las redes sociales. A fines de mayo de 2022, unos días después de ser despedida por el presidente, reconoció ante la prensa haber “exagerado” algunos de los testimonios⁵ para conmover a los políticos y a la opinión occidental. Una fuente, miembro de una organización no gubernamental (ONG) en Kiev y que conoce bien el tema, no esconde su decepción: “Entre esos casos, hay algunos verdaderos, por supuesto, pero esa utilización política de la violencia sexual es muy problemática. Ella sin duda lo hizo para provocar a la sociedad, para vengar esos crímenes y obtener más armas. De hecho, aquello sobre todo brinda un arma muy potente a la propaganda rusa y genera miedo en las víctimas”.

Si bien la Misión de las Naciones Unidas en Ucrania dice no tener hoy suficientes elementos para determinar la amplitud o el carácter sistemático de los crímenes sexuales desde la invasión rusa, varios observadores que están en el terreno –particularmente la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)⁶– consideran que la violación es utilizada allí como un arma de guerra. “Seguramente nunca encontremos una orden escrita por Putin que diga: ‘Hay que violar a todas las ucranianas’”, explica Larysa Denisenko. Pero, según esta abogada, ello no invalida la responsabilidad de la cadena de mando. “Nadie les dice que paren”, afirma, antes de recordar que Vladimir Putin decoró con medallas militares a la 64ª Brigada de Fusileros Motorizados, presuntos autores de los abusos cometidos en Bucha –entre estos, las violaciones–. Para explicar en parte esa violencia, la antropóloga Véronique Nahoum-Grappe apunta al “engaño” inicial de esta guerra, con tropas a las cuales se les prometió una misión “para salvar [a los ucranianos] de los nazis”, pero que de hecho se encontraron con el rechazo de las poblaciones locales. “El sentido mismo de esta guerra induce a error, y si agregamos el abandono por parte de su jerarquía, eso crea las condiciones para esos abusos”.

Los investigadores nacionales e internacionales deberán reunir pacientemente las piezas del rompecabezas para poder juzgar a los culpables. Sabiendo que la CPI sólo tratará los casos más resonantes, varios defensores de los derechos humanos abogan por la creación de un tribunal híbrido que reúna a magistrados ucranianos e internacionales. Pero, mientras tanto, es la Justicia ucraniana la que tiene el control. Es entonces urgente, según Oleksandra Matvitchuk, modificar el Código Criminal. La directora del Centro para las Libertades Cívicas (una ONG ucraniana que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022) lucha desde hace varios años para que se apruebe el proyecto de Ley 2.689, que detalla mucho más concretamente los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad susceptibles de ser sancionados, en particular la violencia sexual. Ratificada por el Parlamento en 2020, esa ley espera desde entonces la firma del presidente Zelensky. “Los militares se oponían a esos cambios –aclara Pavlichenko, del HHRG–. Con la guerra, se convirtieron en héroes. No hay entonces voluntad política por el momento”. “Hay silencio”, resume Matvitchuk.

Ilioné Schultz, periodista. Traducción: Micaela Houston.