Un gigante del cobre entre los papúes

¿Cómo explicar que una compañía minera asociada con innumerables tragedias, tanto a nivel medioambiental como político, económico, geopolítico, humano y social, sea tan poco conocida por el gran público? Mientras responde esa pregunta, este artículo recuerda el telón de fondo de la anexión de territorios, masacres y golpes de Estado en la “lejana” Indonesia.

Cuando una empresa minera se alegra por su porvenir, es una suerte para sus accionistas y una desgracia para la mayoría. Si explota filones excepcionales, su círculo de relaciones también será excepcional. Y por poco enraizada que esté en la élite político-financiera del país más poderoso del planeta, su libertad de acción será vertiginosa: superior a las ganancias calculadas, pero siempre por debajo de las responsabilidades asumidas. Entre la decena de gigantes mineros que erosionan los múltiples relieves de nuestro planeta, la empresa estadounidense Freeport-McMoRan interpela por la magnitud de los desastres que engendra y el demasiado escaso eco que estos despiertan.

Especializada en la extracción y la producción de cobre y de oro, pero también de cobalto y molibdeno (que se usa principalmente para hacer los aceros más resistentes a las altas temperaturas), la empresa minera con base en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, va viento en popa. Su director, Richard Adkerson, de 75 años, es de los que más confían en ello. La cotización del cobre, muy baja durante la pandemia de covid-19, volvió a dispararse, fomentada principalmente por los estruendosos anuncios del presidente estadounidense: Joseph Biden va a luchar contra el calentamiento climático.¹ La transición energética, en el centro de su nueva política, tiene su primer engranaje en la transformación de la más importante industria manufacturera estadounidense: el automóvil y sus 285 millones de vehículos (térmicos en un 97 por ciento). Los vehículos eléctricos con los que quiere reemplazarlos dejan una huella de carbono claramente mejor… si se ignora el impacto ecológico vinculado con la extracción de metales raros indispensables para su fabricación.

Un automóvil eléctrico exige, en efecto, de dos a cuatro veces más cobre que su equivalente térmico. Con un automóvil producido cada dos minutos en el mundo, la demanda y el precio del cobre no pueden más que despegar, a menos que reduzcamos nuestras necesidades. Lo que parece contradecir al seductor Tesla, el primer vehículo eléctrico en ingresar en el Top 20 de vehículos más vendidos en Estados Unidos en 2021. Adkerson es todo sonrisas. ¿Acaso no es la minera, desde 1998, la mayor productora mundial del cobre que cotiza en bolsa? Freeport-McMoRan tiene con qué tranquilizar a sus accionistas. ¿A condición de que su producción acompañe la demanda y de que los consumidores se conformen con ignorar los nocivos procesos que requiere la producción de estas máquinas consideradas virtuosas?

A Freeport no le faltarían los medios si quisiera reducir la huella de carbono de sus actividades mineras. En 2006, puso sobre la mesa 25.900 millones de dólares para adquirir la empresa estadounidense Phelps Dodge.² Una oferta muy atractiva para los accionistas de este gigante del cobre. Así fue como cayó dentro de su red el 60 por ciento de la producción cuprífera del país norteamericano, incluido el amplio distrito minero de Morenci, el más importante yacimiento de Arizona (37 por ciento de la producción nacional). También las minas chilenas de El Abra, las peruanas de Cerro Verde y la de Tenke Fungurume (cobre y cobalto) en la República Democrática del Congo, que fue revendida a China Molybdenum en 2016, luego de unas inversiones riesgosas en recursos fósiles.³ Sin embargo, esta transacción financiera, inédita por la magnitud de su monto declarado, fue recibida con moderación por el mundo minero. La compañía Freeport no sólo tomó posesión de un actor histórico (fundado en 1834) mucho más importante que ella, sino que lo hizo a partir de fondos provenientes, sobre todo, de un sitio minero explotado en total opacidad a más de 13.000 kilómetros de Estados Unidos, en la isla de Nueva Guinea, en el sector occidental de ese territorio papú anexado con violencia por los indonesios en 1963.

¿Cómo Freeport –en su origen Freeport Sulphur Company, una empresa tejana– pudo descubrir y luego explotar, a más de 4.000 metros de altura, en una de las cadenas montañosas más inaccesibles del planeta (la “montaña de mineral”, o Ertsberg en neerlandés), el complejo minero de Ertsberg-Grasberg, de potencial cuprífero y aurífero excepcional?

El origen de una explotación

Para comprender cómo la empresa estadounidense negoció, a partir de 1967, esta concesión minera, hay que reposicionarse en el contexto de Guerra Fría que oponía a las dos grandes potencias de la segunda posguerra –Estados Unidos y la Unión Soviética–, cada una de las cuales quería imponer su ideología a los países recientemente descolonizados. Entre ellos, la joven República de Indonesia, liberada del yugo neerlandés (1945-1949) por el carismático general Sukarno (Kusno Sosrodihardjo). Ferviente nacionalista, portavoz del no alineamiento, ardiente defensor de un soberanismo económico, Sukarno dirige uno de los países más grandes y ricos del Sudeste Asiático. Es también el más poblado, con un centenar de millones de habitantes, muchos de los cuales poco a poco se volcarán al Partido Comunista Indonesio (PKI) –el más importante fuera del bloque chino-soviético–. Esta es una fuente de preocupación para Washington, que Surkano va a potenciar amenazando a los estadounidenses con sumarse al campo soviético si no obligan a los Países Bajos a cederles su última posesión colonial, la Nueva Guinea Neerlandesa (N-GN). Ahora bien, los neerlandeses pretenden transmitirla a sus únicos y legítimos propietarios, los papúes, según el principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos… pero no de sus riquezas. En efecto, los ocupantes no ignoran en absoluto los fabulosos yacimientos papúes descubiertos a partir de 1936 por la Compañía Petrolera Neerlandesa de la Nueva Guinea Neerlandesa (NNGPM), al igual que la Standard Oil Company, casa matriz del imperio petrolero del millonario estadounidense John D Rockefeller, que asumió su control algunos meses antes, gracias a un montaje jurídico realizado por uno de sus más eminentes juristas, Allen Dulles. Este último se unió a su hermano mayor, John Foster, director asociado, dentro de uno de los más influyentes estudios de abogados internacionales, Sullivan & Cromwell.⁴

Y aquí se unen poderes financieros y responsables políticos. Al ministro de Economía del III Reich alemán, Hjalmar Schacht, John Foster Dulles le abrió sus contactos industriales, mineros y bancarios para ayudar al partido nazi a financiar y equipar su ejército,⁵ algo que no hipotecó en absoluto su carrera política. Se convertirá en secretario de Estado de Estados Unidos (1953-1959) y su hermano Allan en el primer director civil (1953-1961) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Después de todo, los hermanos Dulles sólo tienen en mente combatir la ideología comunista y defender –por medio de sobornos– los intereses de Washington. Ese centro de poder cuenta sobre todo con la expansión de sus multinacionales petroleras y mineras, consciente del lazo simbiótico que une recursos naturales, medios económicos y potencia militar.

En Indonesia, la determinación de Surkano y la tozudez neerlandesa preocupan al gobierno estadounidense del mismo modo que contrarían los intereses de las “Big Oil”, esas compañías mineras impacientes por explotar el subsuelo papú. Freeport Sulphur es de las más insistentes, sobre todo después de sus sinsabores cubanos: perdió todas las inversiones y los activos mineros que tenía en la isla, nacionalizados por el nuevo dirigente, Fidel Castro, una vez expulsado el dictador Fulgencio Batista, apoyado por mucho tiempo por los estadounidenses.⁶ Esta pérdida, estimada en cerca de 100 millones de dólares, salpica a todos aquellos que habían trabajado –accionistas, bancos, medios de negocios, estudios de abogados, entre ellos Sullivan & Cromwell– para que el grupo pudiera beneficiarse de condiciones contractuales óptimas. Entre sus beneficiarios y protectores influyentes: John Hay Whitney (1904-1982), uno de los iniciadores del capital de riesgo y principal accionista fundador de Freeport Sulphur. Director de The New York Herald Tribune, embajador de Estados Unidos en Reino Unido (1957-1961), Whitney fue uno de quienes brindaron apoyo financiero a la campaña presidencial de Dwight D Eisenhower (1953-1961). Una vez electo este último, cubrirá todas las operaciones llevadas adelante por la CIA bajo la dirección de la “compañía Dulles and Dulles”.

De esta prestigiosa genealogía empresarial se desprenden figuras eminentes: Godfrey S Rockefeller, sobrino del multimillonario homónimo; Robert Lovett, secretario de Defensa (1951-1953) bajo Harry Truman y uno de los “arquitectos de la Guerra Fría”; el almirante Arleigh Burke, organizador con Allen Dulles de la desastrosa operación cubana llamada “Bahía de los Cochinos”, que apuntaba a expulsar a Fidel Castro. Sin olvidar a Henri Kissinger, secretario de Estado bajo los presidentes Richard Nixon y John Ford (1973-1976) antes de incorporarse al consejo de administración de Freeport. Todas personalidades aptas para completar un pliego de condiciones ambicioso: expulsar a los neerlandeses, liquidar el PKI y reemplazar hábilmente a ese Surkano tan popular, refractario a todo interés extranacional, por un sucesor dotado de cualidades más oportunas y listo para darle a Estados Unidos esa carta blanca que le permita explotar los recursos naturales del archipiélago. Ese hombre providencial es el general Suharto (Haji Mohammad Soeharto), que dirige desde 1962 las Fuerzas de Reserva Estratégicas (Kostrad) afectadas a Nueva Guinea Occidental (N-GO), en ese entonces ocupada por los neerlandeses.

Golpe, genocidio y negocios

Por el acuerdo de Nueva York (15 de agosto de 1962), los Países Bajos se ven finalmente obligados a transferir N-GO a Indonesia, el 1º de mayo de 1963, al tiempo que garantizan a los papúes un referéndum de autodeterminación. Este simulacro de referéndum será organizado en 1969 por los indonesios después de seis años de ocupación y varias decenas de miles de papúes asesinados.⁷ El presidente Sukarno es depuesto como resultado de un golpe de Estado (30 de setiembre de 1965) urdido por Suharto y la CIA, que provee las armas, así como la lista de miembros del PKI (o supuestos miembros del PKI) que hay que asesinar.⁸ Todo ello bajo la dirección del Departamento de Estado estadounidense y apuntado por la Comisión de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Advisory Board), que cuenta entre sus miembros al excoordinador de abastecimientos petroleros para las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial: Augustus Long, director de la poderosa compañía petrolera Texaco y miembro influyente del consejo de administración de Freeport.

Mientras que el golpe de Estado cubre de sangre el archipiélago, provocando entre uno y dos millones de víctimas con métodos tan eficaces que hicieron escuela en América Latina bajo el nombre de “Método Jakarta”,⁹ los equipos de Freeport se instalan en el yacimiento de Ertsberg. Y, en abril de 1967, Freeport Sulphur crea su filial indonesia: PT-Freeport Indonesia (PT-FI). Firma entonces el primer contrato de una empresa extranjera con el nuevo régimen del general Suharto. Cláusulas contractuales inéditas le atribuyen derechos mineros exclusivos durante treinta años, con una concesión de 250.000 hectáreas exenta de renta a la propiedad, de royalties y de impuestos sobre los tres primeros ejercicios de explotación positivos. Estas exigencias fueron impuestas por el Departamento de Estado estadounidense por recomendación de Freeport, que se aseguró antes del potencial minero de Ertsberg. Este contrato desequilibrado permite arrimarse al general Suharto a la genealogía político-económica más influyente de Estados Unidos. Indonesia se abre a las inversiones estadounidenses bajo la protección tutelar de Washington, que por otra parte garantiza los primeros préstamos colosales necesarios para el encauzamiento del proyecto minero.¹⁰ El régimen dictatorial de Suharto está llamado a durar. El mensaje es claro.

Lo es también para las poblaciones papúes desposeídas de sus tierras, expoliadas de todos sus derechos. Sin ninguna contrapartida para indemnizar y circunscribir los efectos mineros devastadores, pese a los medios colosales de Freeport. La empresa Bechtel, gigante mundial de las infraestructuras petroleras, dirigida por el antiguo secretario del Tesoro de Nixon, Georges P Schultz (1974-1982), y futuro secretario de Estado bajo Ronald Reagan, le da regularmente una mano. A 4.270 metros de altura, estas minas a cielo abierto serían en efecto inexpugnables sin el apoyo de soluciones técnicas excepcionales para realizar las múltiples y complejas operaciones mecánicas y químicas indispensables para la extracción de los metales preciosos. A razón de un gramo de oro en promedio por tonelada de minerales tratada, los volúmenes de desechos mineros resultantes –hasta 700.000 toneladas de rocas estériles por día, 240.000 toneladas cotidianas de mineral en promedio– desafían toda comprensión. Montañas de barros sulfurosos, atiborrados de metales pesados (arsénico, cadmio, selenio...) inestables por la fermentación química, potenciados por las precipitaciones tropicales y que se expanden con la violencia de un tsunami llevándose por delante poblados y habitantes. A lo largo de las décadas, son varios miles de millones de toneladas de desechos mineros embebidos de millones de litros de productos químicos arrojados en plena naturaleza, envenenando la red hidrográfica hasta el estuario del Mar de Arafura.¹¹

“Daños colaterales”

¿Quién se preocupa por estas consecuencias sociales, humanas, sanitarias? Hasta la gran huelga de 2011, la mayoría de los mineros trabajaba por un dólar y medio la hora, y Freeport recolectaba 19.000 millones de ganancias netas, aunque haya gastado sumas vertiginosas (cerca de 80 millones de dólares de 1998 a 2008) destinadas a policías y militares: TNI (ejército nacional indonesio), Kopassus (las fuerzas especiales del ejército territorial), Brimob (la brigada móvil)..., todos encargados de mantener la seguridad del sitio,¹² es decir, de aplastar las revueltas autóctonas, de destrozar los movimientos sociales o incluso provocarlos para justificar después las represalias. ¿Cuántos líderes fueron asesinados por haberse opuesto a las acciones predadoras del gigante minero?

Al estar la región cerrada a todos los observadores, las escasas informaciones que nos llegan se ven inmediatamente sofocadas por la empresa, con enormes refuerzos brindados por persecuciones judiciales, mediáticas donaciones caritativas y presiones políticas. Como la que ejerció Kissinger en 1995, por una retribución anual de 600.000 dólares, sobre la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), a fin de que la compañía de seguros continuara cubriendo las actividades mineras de Freeport.¹³

Si bien las primeras exportaciones de concentrado de cobre del yacimiento de Ertsberg aportaron a las arcas del gobierno indonesio desde 1975, y Freeport se llevó un beneficio neto estimado en unos 3.400 millones de dólares, esta ganancia estalló después de la puesta en explotación, en 1988-1989, del sitio vecino de Grasberg. Para este yacimiento, cuyas reservas ya se estimaban en alrededor de 40.000 millones de dólares, se negoció de forma rápida un nuevo contrato en 1991 por 30 años. La idea motora para ambas partes era sacar el máximo beneficio de esta bendición antes de que un nuevo impulso democrático socavara el reino de un Suharto que envejecía.

Para aumentar las capacidades productivas de su mina, Freeport, después de su entrada en la Bolsa de Nueva York (1988) con el nombre de Freeport-McMoRan Copper, elevó al 40 por ciento el capital de su filial FT-PI en el gigante minero de Río Tinto, conocido, entre otras cosas, por su balance mortífero en la isla de Bougainville, donde explotaba la mina de Panguna, en Papúa Nueva Guinea, el país hermano (la explotación, de 1972 a 1989, se hizo en tales condiciones humanas y medioambientales que provocó una guerra civil que dejó 20.000 muertos).

Los resultados corresponden a la medida de las inversiones colosales. En 1999, Grasberg produjo en un solo año dos veces más minerales que la producción total de Ertsberg en quince años. Entre 1990 y 2019, fueron 528.000 millones de onzas de cobre y 53.000 millones de onzas de oro las que fueron extraídas del distrito minero de Grasberg (minas a cielo abierto y subterráneas), con un valor estimado actualmente entre 80.000 y 120.000 millones de dólares.¹⁴ Las consecuencias fueron hipotecar definitivamente el futuro de los papúes y multiplicar los negocios y maniobras corruptas de ramificaciones nebulosas.¹⁵ En 2004, la organización no gubernamental Transparency International clasificaba a Suharto como el “dirigente mundial más corrupto de los últimos 20 años”, con un enriquecimiento estimado en alrededor de 30.000 millones de dólares. O sea, cerca de tres veces lo que aportó la empresa FT-PI, el mayor contribuyente fiscal de Indonesia (10.200 millones de dólares entre 1991 y 2021).

Terminada la epopeya de Suharto en 1998, la soberanía económica se convirtió en la palabra clave de los sucesivos presidentes. En la línea de mira: la FT-PI. Se inició un enfrentamiento entre la minera estadounidense y el actual dirigente Joko Widodo, que paraliza la explotación y condenó a un cuarto de sus 32.000 obreros a un despido forzoso de consecuencias fatales para un centenar de ellos. Freeport terminó cediendo el 51 por ciento de su filial, incluido el 40 por ciento detentado por Río Tinto, a PT Inalum, una empresa estatal. Sin embargo, el grupo estadounidense, que está del mismo modo obligado a construir una fundición, obtuvo la extensión de nuevas galerías subterráneas para explorar las entrañas prometedoras de Grasberg y la prolongación de sus derechos mineros hasta 2041.

Tuvo lugar una negociación con uñas y dientes entre Adkerson, presidente de Freeport, bajo la mirada de sus accionistas, y Widodo, entonces a la búsqueda de un segundo mandato presidencial. Un combate nacionalista que, sin embargo, no espantó a los inversores extranjeros ni amenazó los intereses de los últimos accionistas de Freeport. Entre ellos, el millonario Carl Icahn, consejero especial de Donald Trump cuando estaba en el poder, o el muy poderoso gestor de activos BlackRock. Excluidos de todas estas negociaciones, los papúes reciben por toda paga un desastre ecológico que se estima en más de 13.000 millones de dólares,¹⁶ si es que se pueden evaluar financieramente los efectos mortíferos sobre las generaciones venideras.

La compañía FT-PI pasó a estar, de modo parcial, bajo bandera indonesia y la casa matriz fue exonerada, de hecho, de toda responsabilidad penal por sus actividades en Papúa. Un punto positivo –¿negociado?– que le permite reforzar sus explotaciones mineras en América del Norte y del Sur, dotadas de legislaciones nacionales más restrictivas y propicias a costos de explotación más elevados. En el estado de Arizona, donde Freeport posee minas de cobre muy lucrativas, su desarrollo es cada vez más criticado. El agua, escasa en estas tierras áridas y principal recurso de la industria minera, se vuelve más exigua con el cambio climático. Desarrollar las capacidades extractivas de una mina incrementa su consumo y aumenta las áreas de depósito dedicadas a los residuos.

Para su mina de Bagdad en Arizona, Freeport acaba de adquirir ante el Departamento Tierras Estatales un territorio más grande que la Isla de Manhattan (65 km2) por 13,5 millones de dólares. Una venta discutida de inmediato por once comunidades amerindias (Hopi, Navajo, Zuni...), dado que estas tierras están jalonadas de sitios históricos que a sus ojos son sagrados. En la eventualidad de un juicio, Freeport suministró una fianza de 500.000 dólares. Una ganga comparada a las condenas judiciales a las cuales responde con golpes de millones de dólares¹⁷ o de manera más humanista, porque la minera sobresale en materia de filantropía: las donaciones para actividades comunitarias, las becas de estudio, los programas de formación, etcétera, se revelan también como argumentos de peso. Sin olvidar el más pesado entre ellos: el empleo y sus ropajes económicos. Casi 3.500 asalariados entre las minas de Morenci y de Bagdad (tres veces más, si se tienen en cuenta los empleos indirectos), que generaron por sí mismas 1.213 millones de dólares de beneficios económicos para el estado de Arizona en 2020.¹⁸ Una bendición para sus responsables políticos.

Sin embargo, la explotación minera preocupa a su director: “Aumentar la producción de cobre a fin de responder a esta demanda creciente de transición hacia una energía limpia se hace cada vez más difícil [...]. Las sociedades y colectividades locales se resisten a la creación de nuevas minas y además los políticos quieren obtener una mayor participación en los beneficios”, comenta Adkerson. Denuncia las reglas comunitarias y medioambientales más exigentes, así como “el peso creciente de los impuestos sobre las actividades mineras” que reclaman los gobiernos chileno y peruano, los dos mayores países productores de cobre en los que Freeport quisiera desarrollarse más.¹⁹ Por el momento, las ganancias mineras del grupo se elevan a 22.800 millones de dólares en 2021, con una ganancia neta de 4.300 millones de dólares. Un aumento del 619 por ciento en relación con 2020. Adkerson es todo sonrisas. Freeport marcha más que nunca viento en popa.

Philippe Pataud Célérier, periodista. Traducción: Pablo Rodríguez.