Aguas de Neptuno

Mientras el gobierno uruguayo avanza en el proyecto de una nueva planta potabilizadora con eventual participación del sector privado, organizaciones de la sociedad civil manifiestan sus dudas sobre una iniciativa que podría entrar en contradicción con lo resuelto por el plebiscito de 2014 sobre la propiedad del agua.

La calidad del agua del país está “comprometida”. La afirmación es del investigador Marcel Achkar, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. En su opinión no hay “situaciones totalmente críticas” sino “problemas grandes” derivados del uso de agrotóxicos y la presencia de nutrientes (fósforo y nitrógeno) que llevan al desarrollo de floraciones algales.

Con el trasfondo de este diagnóstico, Uruguay está discutiendo dos proyectos vinculados al saneamiento. Uno de ellos, anunciado por el gobierno en junio del año pasado, planeaba entonces incorporar a 560 mil uruguayos de pequeñas localidades del interior del país a la red de saneamiento por cañería con una inversión, durante este quinquenio, de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, ese monto disminuyó a unos “250 o 300 millones”, según lo expresado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña.¹ Eso reduce de 124 a 24 el número de sitios a ser incluidos en el plan.

El otro proyecto es Neptuno. Ese es el nombre que lleva la construcción de una nueva planta potabilizadora que se crearía en el Río de la Plata, de una toma de agua bruta de este río –en la zona de Arazatí, departamento de San José–, una estación de bombeo de agua tratada y una tubería aductora de 80 kilómetros de longitud hacia el sistema de Montevideo. La planta complementaría la de Aguas Corrientes, localidad de Canelones, que abastece a algunas ciudades de ese departamento, así como a la capital a partir de la toma de agua del río Santa Lucía.

El 2 de marzo, al rendir cuentas ante la Asamblea General, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó la inversión de unos 200 millones de dólares (luego la cifra aumentó a 288), e informó que la licitación se abriría en el segundo semestre de 2022. Las críticas desde la academia, la oposición político-partidaria, el ámbito sindical y las organizaciones sociales no se hicieron esperar. Es el caso de Achkar, quien sostiene que “desde donde se lo mire, el proyecto es un disparate”. Por su costo, pero, sobre todo, porque “la toma de agua estará en una de las zonas que tienen de forma permanente mayor cantidad de cianobacterias”. El investigador señala también que “la bibliografía dice que entre 60 y 70 días al año el nivel de salinidad del agua es alto” y que “no se podría potabilizar con los métodos convencionales utilizados en Uruguay”. Además, es posible que se construya una represa que “sacaría agua del Río de la Plata cuando no haya problemas de salinidad”, se llenaría y se la utilizaría, por ejemplo, en verano en momentos de sequía, afirma. Lo problemático, plantea, es que mientras no se utilice el agua, quedará estancada “con buena carga de nutrientes” y, en la época estival con altas temperaturas –que es el momento en que se recurrirá a ella– “será un caldo de cultivo de cianobacterias”.

De cualquier modo, no es lo ambiental el centro del debate público, sino la privatización. El gobierno tiene resuelto concretar el proyecto, pero las autoridades del Poder Ejecutivo y de la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE) aún discuten si el privado que gane la licitación se hará cargo únicamente de la construcción o también de la operación y mantenimiento de la planta. Para Achkar, de concretarse lo segundo, la reforma constitucional de 2004 estaría totalmente acabada, tras “el golpe que ya se le dio con la Ley de Riego de 2018”.²

El especialista en cuestiones ambientales se refiere al plebiscito del 31 de octubre de 2004, cuando 64 por ciento de los votantes consiguió que se modificara el artículo 47 de la Constitución. En la nueva redacción se establece, entre varios puntos, que “el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”, que “las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales”, son un recurso “que forma parte del dominio público estatal” y que el “servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

¿Cuánto se respeta, en el proceso presente, lo resuelto por la ciudadanía en aquel plebiscito de dieciocho años atrás? Una parte de la respuesta puede surgir de recientes debates públicos, como la mesa “¿De quién es el agua?”, realizada el 5 de mayo en Montevideo.³ Para el representante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) Nicolás Ferreira, allí presente, responder a quién pertenece el agua es, en definitiva, responder quiénes son los propietarios de la tierra en Uruguay, dada la repercusión que genera su explotación en la cercanía de los cursos de agua cercanos o en las nacientes. Es decir, no se puede polemizar sobre la propiedad de este recurso sin antes hacerlo sobre el modelo productivo, ya que “los dueños de la tierra son los que deciden cómo y qué plantar, determinan la calidad y cantidad del agua disponible para que luego la OSE la potabilice”. Según su visión, fue por eso que en 2013 y en 2015 hubo zonas que recibieron agua potable con mal olor y sabor, y que en 2019 hubo cianobacterias desde Colonia hasta Rocha.

Ante los reclamos de participación de la ciudadanía en proyectos como el Neptuno, las autoridades del Ministerio de Ambiente respondieron con la convocatoria del Consejo Regional del Río de la Plata y su frente marítimo.⁴ En el convocado el 17 de junio, según consta en un acta del Ministerio de Ambiente, el ministro Peña manifestó que “el proyecto hoy no considera la construcción de un pólder [reservorio artificial de agua dulce]”. Sin embargo, jerarcas de OSE le aseguraron a este mensuario que ese punto aún está en discusión. Peña también dijo el lunes 4 de julio que va a defender “con uñas y dientes” el proyecto Neptuno por considerarlo beneficioso para los más necesitados.

Otro actor involucrado en el asunto es la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), que jugó un rol importante en la consulta popular de 2004. El 17 de junio, su secretario general, Federico Kreimerman, expresó en una conferencia de prensa que Neptuno “es un negocio que sólo favorece a privados a costa del presupuesto público” y advirtió que “de confirmarse que el proyecto va por esa vía –la privatización de todo el proceso–, iremos a la planta de Aguas Corrientes a ocuparla”. En cuanto a la oposición político-partidaria, el director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, no acompaña la iniciativa y varios sectores de esa fuerza política han emitido comunicados en los que expresaron su rechazo.

Sofía Kortysz, periodista.