Un presidente en el país de los patrones

La relación con las principales fortunas del país resulta uno de los aspectos más finos de la cornisa en la que el presidente de México, Manuel López Obrador, hace transitar su proyecto transformador. Bajar la corrupción como alternativa al aumento de los impuestos. Revisar las concesiones, pero de forma moderada. El lema es “lento pero seguro”.

Choclo con chipilín, porotos negros y plátanos machos fritos… es decir, una receta típica de su Tabasco natal: este es el menú que había reservado, el 21 de noviembre de 2021, el primer presidente de izquierda de la historia reciente de México para sus invitados, miembros del Consejo Asesor Empresarial. En efecto, unos días antes de su investidura, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había creado esta estructura con el fin de rodearse de los buenos consejos de los empresarios más importantes del país, bajo el liderazgo de su futuro jefe de gabinete, Alfonso Romo, un agroindustrial proveniente de la élite económica de Monterrey (quien renunció en diciembre de 2020).

“Es una manera de influenciar las decisiones” y de “participar en la política, pero sin ocupar un puesto de representante electo”, nos explica un importante empresario que asistió a las reuniones. Pudieron probar los choclos, los porotos negros y los plátanos machos: Carlos Slim,¹ el hombre más rico de México, con quien el presidente dice haber establecido lazos de “amistad”² cuando era alcalde de la Ciudad de México entre 2000 y 2005; Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca,³ quien le debe 2.600 millones de pesos mexicanos (123 millones de euros) al fisco y cuyo nombre figura en la lista de los Pandora Papers; e incluso Bernardo Gómez, vicepresidente de la cadena Televisa, quien participó en la orquestación de un fraude electoral contra AMLO durante su candidatura para la elección presidencial de 2006.⁴

¿Una compañía extraña para un hombre cuyo eslogan de campaña fue “Los pobres primero”? Exhibir así el apoyo de aquellos que AMLO ayer acusaba de “saquear” al país y de formar parte de la “mafia en el poder”, ¿no equivale acaso a traicionar a las clases populares que lo llevaron al poder? “Nos engañó”, zanja el universitario mexicano Julio Boltvinik, especialista en estudios sobre la pobreza y exmiembro del partido del presidente, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Cuando AMLO es electo, en 2018, una parte de la izquierda sueña con romper con el viejo orden: efectivamente, ¿acaso el candidato no había prometido llevar a cabo la “cuarta transformación” de México, que daría vuelta la página del neoliberalismo, elevando la constitución de su gobierno a la misma altura en importancia que la independencia del país en 1810, la reforma de Benito Juárez que instauró la laicidad y la revolución de Pancho Villa de 1910? Sin embargo, en México, incluso en menor medida que en otras partes, ganar las elecciones no basta para acceder al poder. Roído por la corrupción, el narcotráfico y las injerencias del aparato de seguridad de Estados Unidos,⁵ incapaz de asegurar el control de una parte de su territorio y ampliamente dependiente de la economía de su vecino del norte, al país a veces parece costarle cumplir con los criterios mínimos requeridos para ser un Estado soberano. Ha habido situaciones más propicias a la gran revolución. La estrategia de AMLO parece entonces haber sido la de negociar. La de un presidente que gobierna “para los pobres”, pero, en definitiva, “con los empresarios”. El historiador Lorenzo Meyer no ve aquí una contradicción: “Andrés Manuel es un pragmático: no quiere una confrontación directa con el poder económico. Su proyecto tal vez sea modesto, pero es realista: no se trata de cambiar de sistema sino de disminuir su brutalidad”.

El acercamiento entre López Obrador y el empresariado se volvió posible por una moderación del programa presidencial. Mientras que en 2006 algunos empresarios aseguraban que AMLO representaba “un peligro para México”⁶ y lo comparaban con el expresidente venezolano Hugo Chávez, AMLO poco a poco suavizó su programa. En el transcurso de su segunda candidatura a las elecciones presidenciales en 2012, proponía “cambiar el modelo económico que produce pocos ricos muy ricos y muchas personas cada vez más pobres”. En 2017, “este tipo de declaraciones brillan por su ausencia”, analiza el politólogo Hernán Gómez Bruera, que subraya que la palabra “neoliberalismo” desapareció de las 410 páginas del programa.

Fascinación...

Una vez electo, AMLO continúa con sus esfuerzos destinados a calmar a los mercados: “No actuaremos de manera arbitraria, no habrá confiscaciones o expropiaciones”,⁷ declara en el transcurso de un discurso en el hotel Hilton de la Ciudad de México, el 1º de julio de 2018. También promete ratificar el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (TLCAN 2.0, resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), llevar una disciplina fiscal estricta, respetar la autonomía del Banco Central y se prohíbe a sí mismo aumentar los impuestos.

En lugar de aumentar los tributos de las fortunas o endeudarse, López Obrador financia la “cuarta transformación” con la lucha contra la corrupción, una calamidad que cuesta cada año entre el cinco y el diez por ciento del producto interno Bruto interno (PIB) mexicano, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).⁸ “No habrá aumentos de impuestos porque no es necesario, por suerte –asegura–. Basta [...] con frenar la corrupción [y aplicar] la austeridad republicana: esa es la fórmula y el presupuesto es suficiente”.⁹ Desde su investidura, López Obrador les pone un techo a los salarios de los funcionarios públicos, pone a dieta a las instituciones públicas y se deshace de los gastos suntuarios de la presidencia: subasta el avión presidencial –el presidente viaja en clase económica en vuelos comerciales– y transforma la lujosa residencia presidencial de Los Pinos en museo.

Así, a la mitad de su mandato, López Obrador ahorró 188.000 millones de pesos mexicanos (8.900 millones de euros) que reinvirtió en numerosos programas sociales, así como en tres importantes proyectos de infraestructura: la refinería de petróleo Dos Bocas, el Tren Turístico Maya y el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec que unirá el golfo de México con el océano Pacífico. López Obrador toma la controvertida elección de confiarle la gestión del corredor al ejército, convencido de que aquellos a los que llama “el pueblo en uniforme” son menos corruptibles.

“La austeridad republicana” de López Obrador fascina a los medios empresariales. Slim califica la orientación económica del gobierno de “justa”.¹⁰ Un empresario importante nos cuenta que también “aplaude” los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno para erradicar la corrupción. “¡El presidente es más neoliberal y tacaño que yo!”, ironiza desde su enorme oficina en Ciudad de México. A las grandes fortunas les va bastante bien: entre 2019 y 2021, a pesar de una caída del 8,5 por ciento del PIB durante la pandemia, la riqueza de los 13 multimillonarios del país aumentó en 11 por ciento, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).¹¹

...y desespero

El prudente enfoque de AMLO desespera a más de uno: el 9 de abril de 2019, Carlos Urzúa, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, deja sus funciones a raíz de divergencias con “personas influyentes en el seno del gobierno actual, en evidente conflicto de intereses”. Un mes después, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, renuncia, reprochándole al presidente “excesivos” recortes presupuestarios.¹² En setiembre de 2020, la filtración de una grabación a la prensa incomoda al gobierno: se escucha al secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, acusar a Romo, el exjefe de gabinete de AMLO y expropietario de una empresa de granos transgénicos, de dedicarse a “bloquear la agroecología”.¹³

Algunos militantes de Morena temen que la agrupación siga el mismo recorrido que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), nacido para transformar la sociedad antes de convertirse en uno de los pilares del autoritarismo y del corporativismo. “En el seno del partido [Morena], comenzaron a reproducirse muchas de las antiguas prácticas del poder de la cultura del PRI: particularmente la repartición de las candidaturas sobre la base de una forma de clientelismo interno”, se inquieta John Ackerman, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que lanzó, el 5 de febrero, con más de 4.000 simpatizantes de Morena, una Convención Nacional para “salvar el espíritu fundador del partido” y “reconectarlo con sus bases”.

Si bien López Obrador cuida su relación con la élite económica, se rehúsa sin embargo a someterse a algunos de sus mandatos. “Siempre mantuvimos un diálogo con los empresarios –nos explica la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde–. Pero se trata actualmente de una negociación de igual a igual y no de una imposición. ¿Qué sucedía antes? El sector privado mandaba fuera cual fuera el gobierno. Daban órdenes”.

En México, esta evolución no es anodina: la mayor parte de las grandes fortunas no prosperaron obedeciendo las leyes del mercado sino gracias a su relación privilegiada con el gobierno. “El neoliberalismo no se caracteriza por una retirada del Estado sino por su uso en provecho de las grandes empresas”, nos explica Jesús Ramírez, portavoz de la Presidencia, desde su oficina en el Palacio Nacional, en el centro histórico de Ciudad de México. Seis de los once multimillonarios mexicanos son propietarios o accionarios de empresas públicas privatizadas durante el sexenio del presidente neoliberal Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994. Un ejemplo: Slim construyó su imperio gracias a la compra de la empresa de telecomunicaciones pública Telmex en 1990 y a la concesión por parte de Salinas de Gortari del monopolio sobre el sector durante seis años. Sin sorpresas, un año después, el nombre de Slim aparecía en la lista de Forbes de multimillonarios. “Hay dos tipos de empresarios: aquellos que crean valor para la sociedad y aquellos que se convierten en empresarios de un día para el otro porque se les regala algo”, resume Jorge Sada, un industrial de Monterrey que creó la agrupación Empresarios por la Cuarta Transformación (que agrupa pequeñas y medianas empresas “ignoradas por las organizaciones empresariales actuales”).

Detener el vuelo

López Obrador desea ponerle fin a este “capitalismo de connivencia”. “El diálogo del presidente con los empresarios es franco –nos asegura Ramírez en el Palacio Nacional–. López Obrador les prometió que sus empresas estaban seguras pero que ya no tendrían acceso a los mercados públicos, como deseaban, y que si los contratos que habían firmado con los gobiernos anteriores eran ilegales o no viables en el plano ético debían ser modificados”.

El mandatario transmitió contundentemente el mensaje a través de una decisión simbólica previa a su investidura: tras una consulta popular, anunció, el 29 de octubre de 2018, la anulación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco en Ciudad de México, por ese entonces en construcción –a pesar de la oposición de su “amigo” Slim–. “Mientras que el sector privado aseguraba que el aeropuerto era construido sobre la base de inversiones privadas –nos explica Ramírez–, nos dimos cuenta de que la mayoría de las inversiones eran públicas, como en numerosos proyectos de infraestructura, gracias a los cuales el sector privado amortigua sus gastos para sacar mayores beneficios”.

Efectivamente, una vez en el cargo, López Obrador descubre toda una serie de asociaciones público-privadas (APP) que califica de “leoninas” y que se apresura a renegociar: el abastecimiento público de medicamentos, monopolizado por diez empresas entre las cuales algunas ni siquiera los producían, o incluso, el financiamiento público de la construcción de siete gasoductos, sin embargo parados, y de los que el sector privado se reservaba la explotación durante 25 años antes de convertirse en su propietario. La historia se repite con la construcción de ocho cárceles por parte de empresas privadas: el Estado se comprometía no sólo a emplear sus servicios durante 20 años sino también a regalarles los edificios al cabo de ese plazo. En promedio, el Estado gastaba 4.336 pesos (206 euros) por día por cada detenido: “Como si fuera el alquiler de un hotel cinco estrellas para cada prisionero”, se indigna López Obrador en su último libro, A mitad de camino.¹⁴

Otro abuso al que el presidente le puso fin: la condonación de impuestos. “En dos sexenios, se les acordó cerca de 400.000 millones de pesos de descuentos fiscales a los mayores contribuyentes”, denuncia el presidente, el 20 de mayo de 2019, al momento de la firma del decreto que prohibiría esta práctica, que califica de “robo de cuello blanco”.¹⁵ Más recientemente, AMLO también prohibió la subcontratación de personal por parte de las empresas, que permitía a los empresarios evitar pagar los derechos sociales de sus empleados, así como ciertos impuestos. “La reforma de la subcontratación fue muy difícil porque representaba un cambio radical de las costumbres adquiridas por el sector privado en el transcurso de la última década –nos confía Alcalde–. Hubo resistencia. Pero este cambio fue particularmente posible gracias al peso y a la legitimidad del presidente de la República”.

A pesar de estas demostraciones de fuerza por parte del Ejecutivo, hasta el momento las instituciones patronales intentaron preservar el diálogo. “Hay altibajos, pero no hay ruptura”, nos asegura José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con quien nos encontramos en la Hacienda Morales, un magnífico edificio colonial frecuentado por la alta burguesía de Ciudad de México. Medina Mora se muestra prudente al evocar su relación con el gobierno: “Tenemos diferencias, pero estamos dispuestos a mantener el diálogo cueste lo que cueste”.

Los dichos de Medina se hacen eco del llamado de Slim hace algunas semanas en favor de una “unión nacional” durante un evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una institución que reagrupa todas las organizaciones empresariales del país y que financió una campaña contra López Obrador en 2006. “Cuando un gobierno es elegido democráticamente, hay que respetarlo. [...] Creo que lo que debemos hacer es trabajar juntos, invertir, apoyarnos y salir de esta situación de subdesarrollo”,¹⁶ declara Slim después de que Carlos Lomelín, en ese entonces presidente del CCE, le confió haber recibido presiones por parte de ciertos empresarios durante la pandemia para endurecer el tono frente al gobierno, que se rehusaba a amortiguar sus pérdidas.

Tropiezos y proyecciones

No obstante, frente al intento de López Obrador de nacionalizar el sector energético, este “compromiso por el diálogo” parece trastabillar. En marzo de 2021, el Congreso aprueba una ley con el fin de reforzar la producción pública de energía, que se derrumbó al 38 por ciento tras la privatización del sector, en 2013, por parte del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI). La medida, que le cede la prioridad al sector público sobre las concesiones eléctricas, desencadena la ira de las multinacionales extranjeras, que invadieron el mercado. “Decidimos usar los recursos legales para suspender esta medida y actualmente estamos llevando a cabo cerca de 400 demandas ante la Justicia en contra de esta ley”, nos explica un empresario del sector energético que desea permanecer anónimo. Agrega: “El diálogo con el gobierno es prácticamente inexistente”. Sin embargo, el presidente, que hizo de la soberanía energética una de las prioridades de su sexenio, se rehúsa a bajar los brazos. Con el fin de quitarles fundamento legal a las demandas, propone una reforma constitucional que le reservaría al sector público no sólo la mitad de la producción de energía sino la totalidad de la explotación del litio, un mineral altamente solicitado por los productores de baterías eléctricas.

¿La gota que hizo desbordar el vaso? México rara vez vio desfilar a tantos funcionarios estadounidenses en su territorio en tan poco tiempo. En enero, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, viaja a Ciudad de México para expresar “las serias preocupaciones de la administración Biden-Harris con respecto al potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México sobre las inversiones privadas estadounidenses”. Estas, según ella, podrían asimismo “estorbar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y de medioambiente”.¹⁷ A principios de abril, John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, se invita por tercera vez en cinco meses al palacio presidencial en compañía de un grupo de empresarios estadounidenses. Tres días antes, la representante estadounidense de Comercio, Katherine Tai, mandó una carta a la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, para hacer presión sobre el gobierno. En vano: López Obrador no cede.

Ante la obstinación del gobierno, el ala más extrema del empresariado gana terreno. A principios de 2020, Claudio X. González, heredero de la multinacional Kimberly Clark, y Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, lanzaron la iniciativa “Sí por México” con el objetivo “de unir a la oposición” para “echar a Morena del Palacio en 2024”. Si hasta ese momento eran objeto de burlas –el presidente se divirtió particularmente llamándolos “ternuritas”–¹⁸, hoy se los percibe con mayor inquietud. González afirma ser el artífice de la unión de los tres partidos más importantes del país –el Partido Revolucionario Democrático (PRD, de centro), el Partido de Acción Nacional (PAN, de extrema derecha) y el PRI (de centroderecha)– en una coalición de oposición que le hace perder a Morena su mayoría calificada en el transcurso de las elecciones legislativas de junio de 2021. Tras esto, González convence a un cuarto partido, Movimiento Ciudadano (MC, de centro), de unirse al bloque de oposición durante el voto de la reforma eléctrica.

Así, López Obrador sufre la primera derrota electoral de su sexenio el día de Pascuas: el domingo 17 de abril, tras más de 12 horas de debates, la reforma constitucional es rechazada por la Cámara de Diputados. “¿Cómo es posible que [los diputados] escuchen a Claudio X. González?”, se indigna ante nosotros el presidente diez días después, durante una de sus conferencias de prensa cotidianas desde el Palacio Nacional, y acusa a la oposición de haber “traicionado a la patria”. “Claudio X. González es un auténtico representante del poder económico. ¿Qué tiene que ver con los partidos políticos? [...] ¿En quién piensa Claudio? En Iberdrola [multinacional de energía española], en las empresas de electricidad privadas”.

Del lado de los empresarios, es la hora del brindis. “Fue un domingo de resurrección electoral y de contrapesos al Ejecutivo”, celebra Bosco de la Vega, un agroindustrial que intentó obtener la presidencia del CCE para “endurecer” su posición frente al Ejecutivo. “Durante los tres primeros años del gobierno de López Obrador fuimos sumisos”, estima mientras toma un jugo de naranja en la terraza soleada de un restaurante del elegante barrio de Polanco. Incluso si tras la votación López Obrador logra nacionalizar el litio, gracias a una nueva ley aprobada por mayoría absoluta, para De la Vega, el acontecimiento marca un giro: ahora está convencido de que las otras dos reformas constitucionales previstas por López Obrador –la modificación del sistema electoral y la militarización de la Guardia Nacional– fracasarán.

El statu quo es un camino de cornisa. En los siglos XIX y XX, los presidentes liberales Benito Juárez y Francisco Madero, dos íconos de López Obrador que desafiaron los intereses de los “conservadores”, pagaron ambos el precio. Hoy en día, las fortunas mexicanas concentran tanto poder que podrían desencadenar una crisis económica en un abrir y cerrar de ojos: “El capital no tiene patria. Puedo desplazar mi dinero y mis inversiones a otro país en cinco segundos –nos advierte un importante empresario cuando le preguntamos cuál sería su reacción si López Obrador aumentara los impuestos–. Me gusta mucho vivir en México [...] pero si me maltratan en materia fiscal, me iré”.

De ahí, seguramente, la elección de la estrategia “lento pero seguro” adoptada por el gobierno. “¿Quienes nos enseñaron eso? Los neoliberales”, nos explica Rafael Barajas, célebre dibujante apodado El Fisgón y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. “La contrarrevolución neoliberal fue muy eficaz. ¿Cómo logró progresar en México? Avanzando ahí en donde no encontraba resistencia. Y cuando encontraba alguna resistencia, se frenaba y esperaba hasta volver a encontrar las condiciones para volver a avanzar –asegura–. Tenemos la obligación y el derecho de elegir nuestras batallas y de llevarlas cabo a nuestro propio ritmo. La política es tiempo. Si nos precipitamos, todo puede derrumbarse”.

Por ahora, AMLO no parece sufrir el desencanto de los electores que vivieron sus predecesores. Incluso la prensa de oposición le reconoce su estatus de “segundo dirigente más popular del mundo”.¹⁹ Goza efectivamente, según las encuestas de abril de 2022, de una tasa de aprobación del 62 por ciento. El domingo 10 de abril, un referéndum revocatorio lo confirmaba: a pesar del llamado de la oposición a abstenerse, 15 millones de personas (el 17,7 por ciento de los electores) se movilizaron, entre los cuales el 91,8 por ciento deseó que el presidente termine su mandato. Incluso si cena con patrones.

Anne-Dominique Correa, enviada especial, periodista. Traducción: Micaela Houston.