Brasil se empobrece

Diez kilos menos de carne. Así se puede resumir la caída del poder de compra del salario de los brasileños entre 2014 y 2022. En consecuencia, quienes hoy sufren de insuficiencia alimentaria en ese país son 14 millones más que hace dos años. Este artículo resume lo publicado en la edición brasileña de Le Monde diplomatique, y muestra el panorama económico que le espera al gobierno que surja de las urnas en octubre.

La inflación viene asombrando al país y aunque afecta a la sociedad como un todo, porque provoca pérdida del poder de compra, la actual alza de precios está concentrada en los alimentos y en los llamados precios monitoreados (boleto de ómnibus, medicamentos, gas domiciliario, energía eléctrica, entre otros), por lo que está castigando sobre todo a las familias de baja renta. El discurso del gobierno de Jair Bolsonaro minimiza la situación y se quita responsabilidades, con la excusa de que se trata de un fenómeno que ocurre en todo el planeta¹ y afirma que Brasil, en ese contexto, presentan uno de los menores niveles de inflación. Ese discurso es desmentido por diversos especialistas, que sostienen que la inflación brasileña es una de las más altas del mundo.² Para vencer el incremento de los precios, el gobierno dice contar con la fe y la resiliencia de los brasileños, alejándose de la responsabilidad de realizar políticas para combatir el problema.

Mucho se alertó, a lo largo de 2020, sobre la necesidad de adoptar políticas efectivas para enfrentar la escalada de los precios de los alimentos. En aquel año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA, por su nombre en portugués) acumuló 4,52 por ciento, algo por encima del rango meta inflacionario de 4 por ciento estipulado por el gobierno; sin embargo, en el subgrupo de alimentación de los hogares el acumulado fue de 18,15 por ciento. En 2021, el IPCA cerró el año en dos dígitos (10,06 por ciento) por causa del crecimiento de los llamados precios monitoreados. Ya en 2022, la tendencia es de alza generalizada de los precios: apenas en los cinco primeros meses del año, el IPCA acumula 4,78 por ciento, sin perspectivas de reducción.

Desde abril de 2020, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese, por su nombre en portugués) llama la atención acerca de la necesidad de contener el crecimiento de los precios de los alimentos básicos. El gobierno, de forma errónea según expertos del Dieese, atribuyó la culpa de esa suba al pago de la ayuda de emergencia con valor de 600 reales (menos de cien dólares al cambio del momento), tan importante para permitir que las familias más vulnerables, que ya habían perdido puestos de trabajo, pudiesen continuar sobreviviendo. [NdR: Sin embargo, al lanzar este 24 de julio su campaña presidencial para las elecciones de octubre, Bolsonaro anunció que mantendrá el bono Auxilio Brasil y que se incrementará en 400 reales, aunque ese aumento sólo aplicaría durante 2022].

A fines de 2020, mientras el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (INPC-IBGE), aumentaba 5,45 por ciento, la alimentación de los hogares totalizaba un aumento de 18,88 por ciento. Sólo el arroz y el aceite de soja alcanzaban subas próximas al 100 por ciento. El principal motivo de este fenómeno fue la tasa de cambio favorable a la exportación y los récords de venta al exterior de commodities; a contramano de otras partes del mundo que estaban cerrando las exportaciones de alimentos. Las exportaciones del agronegocio brasileño aumentaron 4 por ciento entre 2019 y 2020, y cerca de 20 por ciento en 2021. Además de eso, el agronegocio representó más de 40 por ciento de las exportaciones brasileñas en esos dos años. El gran resultado del agronegocio se debió a los altos precios internacionales, a la mayor demanda externa y a la tasa de cambio desvalorizada con relación al dólar. Como contracara, en 2020, para los brasileños cayó la oferta de alimentos y aumentó el precio de la comida.

En 2021, los precios de las principales commodities continuaron en alza y la tasa de cambio permaneció favorable para los exportadores, sin que se hiciera nada para garantizar la oferta interna. Además, la política de paridad con el precio internacional del petróleo, adoptada por la dirección de Petrobras en el gobierno de Michel Temer (2016-2019), castigó a los brasileños, imponiendo la elevación de precios del gas de cocina, de la nafta, del gasoil y del costo de distribución de varios bienes, incluidos los alimentos. Segú el INPC, en 2021, el gas de garrafa acumuló una suba de 36,77 por ciento; la nafta, de 47,46 por ciento; y el gasoil, de 49,81 por ciento, muy por encima de la media de inflación que fue 10,16 por ciento. También la energía eléctrica sobrecargó el presupuesto de las familias, aumentando 20,47 por ciento.

En 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que causó impactos sobre la oferta global de algunos productos, como trigo y aceite de palma -igual que sobre el precio del petróleo-, se sumó a la ausencia local de políticas que efectivamente combatiesen las causas de la inflación; y si bien empeoró la situación, como afectó al resto del mundo, permitió que el gobierno brasileño atribuyera la realidad nacional a un problema global.

Combustibles, energía y pobreza

En lo que se refiere al petróleo, que engloba naftas y gasoil pero también gas de uso domiciliario es necesario analizar la realidad y el rol de Petrobras, cuyo mayor accionista es el gobierno brasileño y que, por esa razón, debería estar al servicio de la población del país. A pesar del esfuerzo del gobierno en anunciar los problemas de Petrobras y señalar la necesidad de privatización, la ganancia líquida de la petrolera estatal en 2021 fue un récord: 106,7 billones de reales, el mayor registrado por empresas de capital abierto en Brasil, superando el máximo anterior de 2019, que también era de Petrobras (40,1 billones de reales, en valores nominales). La compañía está pasando, entonces, por un muy buen momento y sus acciones obtiene cada vez mayores ganancias. El crecimiento de sus utilidades se debe, sobre todo, a la política de precios adoptada por el gobierno de Temer y mantenida por el de Bolsonaro, la misma que obliga a una parte de la población a cocinar con leña y colabora para el alza de la inflación. La forma como la petrolera viene siendo gerenciada vacía de contenido su papel social y en los hechos destruye la capacidad de la empresa de apalancar el desarrollo de Brasil, ya que el objetivo del gobierno es favorecer la entrada de importadores y concretar el proyecto de venta ya iniciado con la transferencia de refinerías a la iniciativa privada. [NdR: En el intento por acortar la ventaja que el izquierdista Luis Inacio “Lula” Da Silva le lleva en las encuestas, Bolsonaro atacó la suba de precios de Petrobras y se pronunció por la quita de impuestos al combustible].

Con relación a la energía eléctrica, el país pasó por una crisis hídrica en 2021, que disminuyó el nivel de los reservorios y con eso la capacidad de generación de las hidroeléctricas. Cabe aquí apuntar la aceleración de la deforestación ocurrida en los últimos años, los efectos climáticos derivados y la consecuente afectación de las reservas hídricas. En paralelo, el gobierno incentivó la producción de las termoeléctricas, que además de generar energía más cara son contaminantes por el uso de petróleo y derivados. Súmese a todos esos factores el hecho de que Brasil comenzó a importar energía de Uruguay y de Argentina, y el resultado global son facturas de electricidad más caras para las familias.³

El aumento del costo de vida contribuyó al agravamiento de una situación que ya era muy desfavorable para los trabajadores y las trabajadoras brasileñas. En 2021, los ingresos de cerca del 36 por ciento de los ocupados no superaban un salario mínimo –el mayor contingente de personas con este límite de bajo ingreso registrado en la serie histórica de la Encuesta Nacional Continua de Hogares (Penad, por su nombre en portugués), del IBGE, iniciada en 2012–. Ese porcentaje correspondía a 33,8 millones de personas, 4,4 millones más que en 2020. A esto se agrega la pérdida de poder de compra de los sueldos que se viene registrando desde 2019, cuando el actual gobierno extinguió la política de valorización del salario mínimo que había sido una política de 2007, derivada de las reivindicaciones de las centrales sindicales del país.

Inflación y menor renta significan, en general, menor poder de compra del salario, pero en el caso del sueldo mínimo eso quiere decir que las familias enfrentan dificultades para adquirir bienes básicos. En 2014, un salario mínimo compraba cerca de dos canastas básicas individuales en el municipio de San Pablo; en mayo de 2022, compraba una canasta y media. [NdR: La canasta básica se reglamentó por el decreto federal 399 en 1938; está formada por trece productos considerados fundamentales para la subsistencia, y es individual. Por lo tanto, una familia de cuatro personas debería poder comprar cuatro canastas].

El salario mínimo de 2014 también alcanzaba para adquirir diecisiete garrafas de gas; hoy, en promedio, sólo es suficiente para once. En 2014 permitía aproximadamente obtener 36,7 kilos de carne bovina de primera; pero en 2022 su poder de compra se redujo a 26,5: diez kilos menos de carne.

El empobrecimiento fue tan extremo que rápidamente el país volvió al llamado “Mapa del Hambre”. Datos de la “Segunda Investigación Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid-19 en Brasil”, realizada por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Rede Penssan), revelan que este año 33,1 millones de personas pasan hambre en el país, 14 millones más que en 2020.⁴

Fausto Augusto Júnior es sociólogo y director técnico del Dieese; Patrícia Lino Costa es economista y supervisora de producción técnica del Dieese; y Patrícia Toledo Pelatieri es economista y directora técnica adjunta del Dieese.