El trabajo no paga

Los “trabajadores pobres” también son un problema francés. La realidad refleja una caída del poder adquisitivo de los salarios en un marco de desregulación y exenciones a los aportes patronales. El país ya tiene dificultades para contratar personal calificado en sectores clave como las tecnologías de punta o los cuidados de la niñez y la tercera edad.

Ayudas sí, pero sobre todo ningún aumento salarial. Este podría ser el título de la ley sobre el poder adquisitivo, propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron y votada el 3 de agosto por los diputados de la mayoría presidencial, de derecha, y de Rassemblement national [Agrupación Nacional, de extrema derecha, liderado por Marine Le Pen], con dos excepciones. Viniendo de funcionarios que no paran de vituperar a quienes reciben asistencia social y que se llenan la boca con la palabra “trabajo”, el giro ideológico no deja de ser picante... al menos en apariencia.

Con una inflación que escala con rapidez (se espera un 6,8 por ciento para este año), sobre todo en los productos de primera necesidad, un poder adquisitivo de los salarios que cayó un 3 por ciento en un año¹ y un movimiento de protesta de “chalecos amarillos” en la memoria de todos, el presidente Macron no podía permanecer inactivo.

Podría haber inaugurado su segundo quinquenio con un gesto contundente: pidiendo al Parlamento restablecer la escala móvil de los salarios, permitiéndoles aumentar al mismo ritmo que los precios. Lanzada en 1952 por Antoine Pinay –un hombre de derecha–, la ley que instauró esta práctica funcionó hasta 1982, cuando François Mitterrand y un gobierno con mayoría socialista la desecharon. No era perfecta y a menudo los salarios tardaban un tiempo en alcanzar el nivel de la inflación. Pero, en general, protegía a los asalariados. El economista Alain Cotta, defensor de la ortodoxia, calificó de hecho su supresión como el “regalo Delors” (en referencia al poderoso ministro de Economía) a los empresarios.² Esta muerte marcará el inicio de una nueva distribución de la riqueza producida, a favor de los beneficios y en detrimento de los salarios. La participación de estos últimos en el valor agregado pasó, de 1982 a 1998, del 74,1 al 63,5 por ciento. Luego fluctuó ligeramente al alza o a la baja, pero nunca volvió al máximo de 1982 y se situó en el 65,4 por ciento en 2019.³

En lugar de este restablecimiento, Macron prefirió una canasta de medidas que evitara cualquier aumento general de las remuneraciones. La única excepción son los funcionarios, que verán aumentado el punto de índice utilizado para calcular sus salarios en un 3,5 por ciento. La revalorización, muy por debajo de la inflación del año, debe ser relativizada; en particular, este índice está congelado desde 2010 (salvo un breve paréntesis entre 2016 y 2017). Si se tiene en cuenta la suba de los precios, perdió el 17,6 por ciento de su valor en 22 años.⁴ Es decir, un funcionario que ganaba 1.000 euros en 2010 recibe ahora el equivalente a 820,40 euros. No puede causar sorpresa que en Francia ya casi no haya enfermeras o docentes, que están entre los peor pagos de Europa.

“Peor es nada”

Pareciera que Francia no puede hacer más. Ministros y columnistas explican –con la entonación justa en sus voces para transmitir la enormidad de la suma en juego– que este aumento “histórico” costará la zoncera de 7.500 millones de euros. Es curioso, pero no se levanta ninguna voz para dar a conocer lo que representa la reducción de los impuestos de producción para las empresas anunciada por la primera ministra Élisabeth Borne durante su discurso de política general ante la Asamblea Nacional el 6 de julio: 8.000 millones de euros. Y nadie cuestiona el uso de este regalo.

Por ello, el paquete presidencial incluye algunos “escudos” tarifarios (alquileres, gas, etcétera). Impone asimismo una reducción de 30 centavos en el precio de la nafta hasta fines de octubre y una reducción de diez centavos para los dos meses siguientes, pero el gobierno no toca los impuestos indirectos indexados a los precios en los surtidores, ni los superbeneficios recaudados por las compañías petroleras. Limita el aumento de las tarifas eléctricas al cuatro por ciento hasta fin de año, pero obliga a Électricité de France (EDF) a proporcionar el 40 por ciento de su producción barata a sus competidores, en lugar de generar un beneficio para los usuarios.

Aumenta un cuatro por ciento las jubilaciones básicas, que habían perdido un 1,1 por ciento de su poder adquisitivo sólo en 2019, así como el ingreso de solidaridad activa (RSA, en francés), que pagan principalmente los ayuntamientos. En cuanto a la ayuda personalizada a la vivienda (APL, en francés), sube un 3,5 por ciento, pero esto no compensa –ni mucho menos– los “10.000 millones de euros ahorrados en detrimento de los más desfavorecidos” desde que Macron llegó al poder, como recuerda la Fundación Abbé Pierre en su informe anual sobre las viviendas precarias.⁵

Por lo demás, Macron renueva la operación de 2018, al apaciguarse el movimiento de los “chalecos amarillos”, animando a los empresarios a pagar un bono ahora bellamente llamado “reparto del valor”. El anuncio con bombos y platillos de su triplicación (3.000 euros) se parece mucho a una publicidad engañosa, ya que el monto promedio realmente percibido por los 15 millones de asalariados (de 27 millones) que se beneficiaron en 2019 no superó los 542 euros, apenas más de la mitad de la cantidad entonces autorizada. La decisión de ampliar aún más la exención fiscal de las horas extraordinarias y de las horas trabajadas en lugar de la jornada reducida (RTT) es también desconcertante.

Resulta evidente, ante las dificultades de fin de mes, que puede ser tentador decir “peor es nada”. Sin embargo, estas medidas ocultan un nuevo retroceso social. La más obvia es la relativa a la RTT, ya que se anima a los empleados a cambiar sus días libres por un poco de dinero. No hace falta ser un experto para saber que esta “monetización” afectará en primer lugar a los trabajadores con sueldos escasos, que suelen ser los que desempeñan algunos de los trabajos más duros. Así es cómo se sortea suavemente la ley sobre la semana laboral de 35 horas, que nunca ha sido digerida por los empresarios, mientras Macron se presenta como un “presidente preocupado por los más desfavorecidos”.

Aún más insidioso es el uso sistemático de los bonos. De forma oficial no pueden sustituir los aumentos salariales. En la vida real, los sustituyen. Ahora bien, dependen de la buena voluntad (o de las capacidades) del empresario y, por tanto, no son permanentes. Para los trabajadores en relación de dependencia no generan ningún derecho y están excluidos del cálculo de la licencia por enfermedad o maternidad, las pensiones de jubilación o indemnizaciones y seguros de desempleo. Para las cajas de seguridad social y el Estado, representan una pérdida considerable de ingresos. Esto demuestra que es posible preocuparse por la deuda y organizar los déficits.

Lo mismo ocurre con los bonos de participación en los beneficios (sin cotizaciones, por definición) que ahora pueden distribuir las pequeñas y medianas empresas. Sin olvidar, por supuesto, las horas extraordinarias, cuyas exenciones sociales y fiscales para los trabajadores existen desde 2019, ya que Macron restableció la medida introducida por el presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) y suprimida por su sucesor François Hollande. Esta “generosidad” a costa del dinero público tuvo el mérito de enmascarar otro regalo ofrecido a los empresarios unos meses antes, durante las “ordenanzas laborales”: una remuneración muy baja para las horas extras, cuyo incremento bajó al 25 por ciento e incluso al 10 por ciento tras un acuerdo de empresa, en lugar del 50 por ciento (para las primeras ocho horas). El sistema sigue en vigor pero, además, la reducción se extiende a las cotizaciones de los empresarios.

Se trata de un engaño para la enorme mayoría de la población, dado que estas repetidas exenciones, ampliadas este año a los trabajadores independientes, están aumentando los déficits de los sistemas de seguridad social y seguro de desempleo. Estos “agujeros” se compensarán con recortes en las prestaciones, con consecuencias incalculables para las familias, en especial las de menores ingresos. En resumen, el gobierno recuperará mañana lo que acaba de conceder hoy.

Ola de “trabajadores pobres”

El movimiento está en marcha desde hace mucho tiempo. Las primeras exenciones de las cotizaciones patronales aparecieron en 1993, gracias al muy conservador Édouard Balladur, entonces jefe de gobierno. Desde ese momento se han sucedido once primeros ministros y cuatro presidentes de la República –tanto de izquierda como de derecha–. Aunque algunos se han resistido, ninguno ha invertido la tendencia. Tanto es así que, a partir de ahora, el empresario ya no paga ninguna cotización sobre el salario mínimo (SMIC, en francés), a excepción del seguro por accidentes, cuya cuantía depende del sector. Se podría llegar a la conclusión de que un aumento de estos salarios no dejaría a las empresas en quiebra. En absoluto. Al igual que los trece anteriores, el decimocuarto informe del “comité de expertos” (que no incluye a ningún sindicalista, ni siquiera a un economista iconoclasta) concluye que esto pondría en peligro la economía francesa. Mejor aún, en estos tiempos de inflación, propone acabar con “el mecanismo de indexación automática”⁶ del salario mínimo, el único que aún existe. Anticipándose a una ola de “trabajadores pobres”, sugiere apostar por el bono de actividad. Otro más, inventado en este caso por Hollande, para “animar oficialmente a la gente a aceptar o mantener un empleo”, incluso uno mal pago. Sobre todo, ha animado a los empresarios a ofrecer salarios mediocres en extremo y horarios de trabajo atípicos, que afectan principalmente a las mujeres.

Por ahora, el salario mínimo permanece felizmente indexado a los precios y al nivel del salario medio. Sin embargo, sigue siendo muy bajo con respecto a muchos países europeos con un producto interno bruto (PIB) comparable. En abril de 2022 (última estadística europea), con un nivel de 1.603 euros brutos, se situaba por debajo de Luxemburgo (2.257 euros), Irlanda (1.775 euros), Países Bajos (1.725 euros), Bélgica (1.658 euros) e incluso Alemania (1.621 euros), que recién introdujo un salario mínimo en 2015.⁷ Aumentó levemente el 1° de agosto, pero sigue siendo inferior al de Reino Unido, que no es precisamente reconocido por su progresismo social.

Además, los empresarios se sienten tan fuertes ante el debilitamiento de los sindicatos que han establecido escalas salariales con índices de base (el llamado salario mínimo convencional) inferiores al salario mínimo oficial. En 2020, el 16 por ciento de las ramas profesionales se encontraban en esta situación. En 2022, esta cifra aumentará al 70 por ciento. Es cierto que los empleadores no pueden pagar un salario inferior al salario mínimo, pero bloquean cualquier aumento (vinculado a la antigüedad o a una pequeña calificación) hasta que los cambios en el índice permitan alcanzar el nivel del salario mínimo. Se asiste, así, a un aplastamiento de la jerarquía salarial: desde abajo, con unos mínimos contractuales demasiado bajos, y desde arriba, por así decirlo, con la no transmisión de la evolución del salario mínimo a toda la escala.

En total, la mitad de los empleados del sector privado y de las empresas públicas ganan menos de 2.005 euros netos al mes, y el 80 por ciento, menos de 3.000 euros netos –todos ellos están sujetos a una reducción de cotizaciones patronales, que es decreciente hasta 2,4 veces el salario mínimo⁸–. Por lo tanto, los empleadores tienen interés en no superar este umbral.

Martine Bulard, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Emilia Fernández Tasende.