Mejorar lo cotidiano, posponer lo medular

Las medidas israelíes para “reducir el conflicto” ponen el acento en mejoras puntuales de la calidad de vida de una parte de la población palestina. Acciones que pueden ser presentadas como “éxitos” por una cuestionada Autoridad Nacional Palestina que actúa como amortiguador ante los temas de fondo de la ocupación de territorios.

Hay que “dar un golpe sobre la mesa”: tal fue la amenaza proferida en marzo pasado por el embajador de Estados Unidos en Israel, Thomas Nides, en contra de Tel Aviv, tras haber visitado una parte de Cisjordania. La razón de su ira no concernía ni la ocupación militar de los territorios palestinos, ni la colonización galopante, ni la campaña de represión llevada a cabo por el ejército israelí contra la sociedad palestina, sino... a la falta de acceso a la red móvil de cuarta generación (4G) para los palestinos. Al descubrir con consternación que estos sólo tenían derecho a la red 3G, a diferencia de los colonos y la población israelí, el diplomático estadounidense exclamó: “¿Quién diablos tiene 3G? Es ridículo”. Y agregó: “¿Qué significa la igualdad? Tener 4G, eso es la igualdad”.¹

En el verano de 2021, Israel, que controla las frecuencias hertzianas y el ancho de banda de los celulares en los territorios ocupados, había afirmado estar dispuesto a permitir a las empresas de telefonía móvil palestinas instalar redes 4G en Cisjordania (por su parte, la Franja de Gaza sólo dispone de 2G), como gesto de buena voluntad hacia la Autoridad Nacional Palestina (ANP) conducida por Mahmud Abbas. Esta “promesa generosa” apareció particularmente en el menú de las discusiones israelí-estadounidenses celebradas en Jerusalén en julio, durante la gira del presidente estadounidense Joseph Biden por la región.

En 2015, el entonces mandatario de Estados Unidos Barack Obama había obtenido de los israelíes el paso a la red 3G en Cisjordania, que se hizo efectivo tres años más tarde. En cuanto a la red 4G, los palestinos deberán esperar al año que viene; en cambio, con respecto al “horizonte político” que reclaman,² tendrán que esperar más...

“Reducir” el conflicto

Lejos de ser anecdótica, esta medida concedida por los israelíes, bajo la presión de Estados Unidos, forma parte de una serie de compromisos asumidos en los últimos meses por Tel Aviv para “mejorar” la vida cotidiana de los palestinos, a falta de volver a la mesa de negociaciones para llegar a la solución del conflicto. El exjefe de gobierno israelí Naftalí Bennett (Yamina, extrema derecha), quien dejó su puesto en junio tras la caída de su gabinete de coalición formado un año antes, había destacado en repetidas ocasiones que no habría una reactivación de las negociaciones de paz, interrumpidas en 2014, “mientras él fuera primer ministro”.³ Hostil a la creación de un Estado palestino, pretendía simplemente favorecer la “estabilidad” de Cisjordania en el plano económico y securitario, a través de disposiciones destinadas, en primer lugar, a apoyar a la ANP, que enfrenta tanto la amenaza de una bancarrota financiera como una fuerte oposición interna. Esta estrategia, orientada a la “pacificación” por medio de la economía, ya había sido promovida durante los años 1990 por el entonces premier Shimon Peres y luego por Benjamin Netanyahu. Hoy puede resumirse en un eslogan inspirado en los trabajos de Micah Goodman, un filósofo (y colono) muy conocido por el establishment israelí: “reducir el conflicto” (shrinking the conflict).⁴ En ausencia de una solución política para proponer a los palestinos, se trata de mantener a flote el régimen de Abbas para evitar que se derrumbe y surja el riesgo de que estalle una nueva Intifada. Convendría entonces favorecer el desarrollo de las infraestructuras palestinas, la circulación de bienes y de las personas, así como el acceso al mercado de trabajo israelí. Dicho de otro modo: “estimular las oportunidades económicas”, según la expresión en boga en Tel Aviv.

Números irreductibles

En noviembre de 2021, Israel hacía sonar la alarma durante la reunión en Oslo (Noruega) del Grupo Internacional de Donantes para Palestina (Unión Europea, Estados Unidos, Japón, monarquías del Golfo, etcétera) y llamaba a recapitalizar las cajas de la ANP.⁵ En los últimos tiempos, todo conspira para vaciarlas: el estancamiento crónico de su economía, la pandemia de covid-19, la guerra israelí contra Gaza en mayo de 2021 (200 millones de euros de pérdidas económicas para la franja costera), la caída continua de los fondos asignados por los prestamistas extranjeros (que pasaron de 1.300 millones de euros en 2013 a 300 millones en 2021), gracias a los cuales aquella financia una parte de su presupuesto (cerca de 5.500 millones de euros en 2021). Resultado: la ANP atraviesa la peor crisis financiera de su historia. Con un déficit de más de 1.500 millones de euros y obligada a endeudarse por hasta 2.500 millones de euros ante los bancos privados locales, que ya se rehúsan a otorgarle nuevos préstamos, tuvo que recortar sus gastos. Además, la retención de una parte de las tasas sobre las importaciones recaudadas por Israel correspondientes a la ANP, que representan más de la mitad de sus ingresos,⁶ provoca un faltante estimado de alrededor de 500 millones de euros. Consecuencia: los salarios de sus 160.000 funcionarios, que constituyen un quinto de la población activa en Cisjordania y cerca de 40 por ciento en Gaza, fueron recortados en 25 por ciento, provocando un importante malestar social. A esta situación se agrega un desempleo endémico (cerca de 20 por ciento de la población activa en Cisjordania y de 50 por ciento en Gaza), asociado a una tasa de pobreza que alcanza a un tercio de los cisjordanos y a cerca de 60 por ciento de los gazatíes. Una suma de factores que ponen al régimen de Ramallah contra las cuerdas: tres cuartos de los palestinos desean la salida de su presidente, a quien acusan de negligencia, de autoritarismo y de sumisión a los israelíes.⁷

Lo que cuestan los “logros”

Ahora bien, Israel necesita una ANP que sea tan sólida como para poder funcionar a plena capacidad la colaboración entre su ejército y los servicios de seguridad palestinos –los cuales reúnen un tercio de los empleados de la ANP y absorben 30 por ciento de los gastos presupuestarios– con el fin de que reine el orden en Cisjordania.⁸ Es por ello que Tel Aviv multiplicó las misiones de buenos oficios ante el rais [como se conoce al máximo líder palestino] para “reforzar a la Autoridad Palestina”, como informó el ministro de Defensa israelí Benny Gantz.⁹ Así, en agosto de 2021, este “se invitó” a Ramallah (por primera vez desde 2010 a este nivel ministerial) para conversar con Abbas acerca de las “cuestiones securitarias” y de los medios para “consolidar la economía de la ANP”.¹⁰ Cuatro meses más tarde, el mandatario palestino se dirigió al domicilio de Gantz en Rosh Haayin, durante un viaje nocturno, para recordarle la implementación de las medidas económicas y civiles prometidas por Israel. Fue la ocasión para el ministro de Defensa israelí de volver a abordar la necesidad “de incrementar la coordinación [entre sus servicios] con el fin de prevenir el terrorismo y la violencia”.¹¹

Durante esos dos encuentros, a Abbas se le ofreció, a cambio de su buena cooperación, una serie de garantías, presentadas ante la opinión pública palestina como “éxitos” obtenidos gracias a sus esfuerzos: la regularización por parte de las autoridades de ocupación de varios miles de palestinos desprovistos de documento de identidad, el otorgamiento de mil permisos para construir en la Zona C, una parte de Cisjordania (60 por ciento del territorio) controlada exclusivamente por los israelíes, la emisión de seiscientos salvoconductos adicionales para los empresarios locales, así como el aumento de la cuota de los palestinos autorizados a ir a trabajar en Israel y en las colonias –entre ellos, 100.000 son empleados en el mercado israelí y 40.000 en las colonias, donde su salario es tres veces más elevado que en los territorios, constituyendo sus ingresos cerca de 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) palestino–.¹² Tel Aviv también asignó dos préstamos de 153 millones y de 28,5 millones de euros a la ANP en concepto de anticipo de los impuestos percibidos en su nombre.

Evidentemente, esta política de los “pequeños gestos” no deja de tener su contrapartida. El 8 de julio pasado, unos días antes de la llegada de Biden a Israel, Gantz fue nuevamente a Ramallah para discutir sobre las modalidades de la cooperación securitaria israelí-palestina. Al día siguiente, el primer ministro interino israelí Yair Lapid conversó por teléfono con el rais para asegurarse de que se mantuviera la calma en Cisjordania –donde las ciudades de Jenín y Naplusa están en ebullición– durante la estadía del presidente estadounidense. Una manera de recordarle a Abbas que las relaciones entre Ramallah y Tel Aviv responden a una lógica de subordinación y que la Autoridad Nacional Palestina sigue estando en deuda con el ocupante. Esta situación remite, en muchos aspectos, a la gestión de un protectorado por parte de un imperio.

Olivier Pironet, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Micaela Houston.