Gustavo Petro y Francia Márquez se posesionaron el 7 de agosto como presidente y vicepresidenta de Colombia. Fue la primera vez que se eligió un gobierno progresista en un país que por 200 años había estado bajo la tutela de los grandes partidos tradicionales, liberal y conservador. Cualquier balance sobre estos primeros cinco meses debe tener en cuenta ese pasado.

Petro llegó al gobierno con apoyo de una coalición de movimientos progresistas llamada Pacto Histórico. De esa colectividad hacen parte militantes de la Unión Patriótica, partido que surgió de negociaciones entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a mediados de los años 1980, pero que fue exterminado por el poder establecido colombiano. Producto de esta campaña de asesinatos selectivos, 5.733 personas fueron masacradas, configurándose un genocidio político que aún hoy un sector importante de la política colombiana, situado a la derecha del espectro ideológico, se niega a reconocer. Petro representa una generación de políticos de izquierda perseguidos pero que nunca bajaron los brazos.

Francia Márquez, por su parte, es superviviente de la violencia en el departamento del Cauca, uno de los más golpeados en términos históricos; ha sido, además, lideresa social para hacerle frente a la minería y promover el medioambiente, por lo que encarna, en ese sentido, la lucha de las víctimas, mujeres, afrodescendientes y líderes sociales. Se trata de perfiles que, con insólita frecuencia, han sido blanco de la violencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el gobierno de Iván Duque se cometieron 313 masacres en los departamentos del Cauca, Antioquia y Nariño y 950 líderes sociales fueron asesinados. En 2021, Colombia fue el país del mundo con el mayor número de activistas ambientales asesinados. Esto ocurrió luego de que, en 2018, el país tuviera las elecciones más pacíficas de su historia contemporánea, gracias a los Acuerdos de Paz de La Habana con las FARC. Sin embargo, el gobierno anterior decidió abandonar la narrativa de la paz.

El reto de la coherencia

Petro y Márquez lideran un progresismo variopinto que, si bien refleja el carácter pluralista de esta izquierda, también implica el reto de mantener la coherencia aun con tantas reivindicaciones en espera durante décadas de confrontación con un poder establecido neoliberal en lo económico y conservador en materia de garantías sociales y políticas. Colombia fue la gran ausente del ciclo progresista de comienzos de siglo; mientras en casi toda la región las administraciones avanzaban en políticas sociales y económicas, el país vivía, bajo la égida de Álvaro Uribe, una radicalización del discurso en seguridad y una estigmatización de la izquierda como en las épocas más aciagas de la Guerra Fría.

Después de varios intentos, Petro logró ganar las elecciones este año. Pero, para imponerse en la segunda vuelta, tuvo que acercarse a sectores del centro, tal como lo hizo antes Gabriel Boric en Chile y, luego, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. Petro es, ante todo, gobernante de una centroizquierda moderada; por tanto, es engañosa la narrativa de la derecha colombiana acerca de un radicalismo incompatible con garantías liberales. En estos meses no se han cumplido los vaticinios catastrofistas sobre un derrumbe de la economía, la salida masiva de capitales o el cierre de espacios a la oposición.

Al contrario, el gobierno ha avanzado en tres frentes clave: lo que ha llamado “la paz total”, la ratificación de los Acuerdos de Escazú y el retorno a los espacios regionales de diálogo político. El primero es una apuesta por consolidar la paz como fin esencial del Estado, tal como reza la constitución colombiana. En 1991 se pactó que esta debía ser un fin irrenunciable; sin embargo, en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y en la administración pasada, de Iván Duque (2018-2022), Colombia se volcó hacia una doctrina de guerra. En el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018), Colombia había recuperado esa vocación constitucional, lo que derivó en la histórica desmovilización de las FARC, comprobación de que la única forma de acabar la guerra es la negociación. La paz total que impulsa Petro implica tres iniciativas: humanizar el conflicto para reducir los efectos de la violencia a través del uso de instrumentos legales del derecho internacional humanitario, mientras se alcanza un acuerdo de paz definitivo; diálogos de paz con los grupos armados que comenzaron a finales de noviembre con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano con el acompañamiento de ese país, Cuba y Noruega; y el cambio de doctrina para avanzar hacia tesis más cercanas a la seguridad humana.

Ambiente y diplomacia

El trabajo articulado entre gobierno y bancada en el Congreso logró la aprobación del Acuerdo de Escazú, instrumento de democracia ambiental y participativa que abre espacios para que la ciudadanía se involucre en temas ambientales. El gobierno pasado lo firmó por la presión popular durante el estallido social de noviembre de 2019, pero en el Parlamento no hizo ningún esfuerzo por ratificarlo. Esto se explica por la radicalización de la derecha colombiana, en la que se observa con mayor frecuencia la negación del cambio climático.

En la política exterior los cambios son visibles. Petro ha recuperado los espacios regionales denostados en el ciclo de gobiernos conservadores que trató de desmontar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), congelar las actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y reducir el diálogo político regional al aislamiento de Venezuela. El gobierno colombiano ha comenzado por reestablecer los vínculos con Caracas para reafirmar que la diplomacia no puede depender de la afinidad ideológica. La esperanza de que se reactiven estos espacios regionales apunta a que el diálogo político entre iguales sea lo que vuelva a marcar la pauta.

Los retos en el mediano plazo son complejos pues, aunque se tenga previsto concretar una redistribución de tierras, una reforma al sistema político, educativo, pensional y de salud, la oposición parece cada vez más dispuesta a reemplazar la deliberación por las noticias falsas, las informaciones imprecisas y el pánico financiero. Sin embargo, a juzgar por estos primeros cinco meses, el progresismo colombiano avanza de la mano de grandes consensos, una buena noticia para los sectores sociales y las clases más vulnerables cuyos reclamos fueron desoídos durante décadas.

Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario en Colombia (Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales).