Perpetuo golpe de Estado en Perú

Elegido en 2021, el presidente peruano Pedro Castillo cometió errores. Muchos errores. Ahora bien, los de los dirigentes de izquierda cuentan más que los otros, ya que los medios de comunicación le perdonan todo a los conservadores. Si los pasos en falso de Castillo fueron importantes, es porque les ofrecieron a sus adversarios una justificación al proyecto que habían imaginado desde su llegada al poder: destituirlo.

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso destituyó al presidente peruano Pedro Castillo. Los diputados lo acusaron de un intento de golpe contra el Parlamento y del establecimiento de un estado de emergencia en el país. El Congreso declaró al jefe de Estado culpable del “delito de rebelión” y lo encarceló. La fiscalía solicitó al Tribunal Constitucional una prisión provisional de 18 meses.

Mientras que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) hace referencia al “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, el artículo 346 del Código Penal de la República del Perú condena la revuelta con una “pena nunca inferior a los 10 años ni superior a los 20 años de expatriación”. Es evidente que el poder busca condenar cualquier rebelión como una amenaza contra el orden; para los movimientos sociales, la revuelta puede ser un medio para construir el nuevo mundo al que aspiran. Pero ¿qué ocurre cuando es el poder el que se subleva?

El 11 de abril de 2021, para sorpresa de todos, un candidato desconocido ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas con 18,92 por ciento de los votos: Pedro Castillo, de ascendencia indígena, originario de una de las ciudades más pobres del país y candidato de Perú Libre (PL), un partido fundado por Vladimir Cerrón que reivindica una línea marxista-leninista-mariateguista (por el nombre del intelectual peruano José Carlos Mariátegui, 1894-1930).¹

Su victoria fue una afrenta para la elite política de Lima, a menudo racista, siempre neoliberal, acostumbrada a dirigir el país sin tener que preocuparse por el mundo rural, y rápida en remitir cualquier proyecto de izquierda a las exacciones de la guerrilla de Sendero Luminoso. Con rapidez, la burguesía peruana activó los diversos resortes de su poder de facto sobre la sociedad para obstaculizar a Castillo, un “palurdo comunista” que pretendía convocar una Asamblea Constituyente y hablaba de transformación social.

Como suele ocurrir, todo comenzó en los medios de comunicación, en especial en los dos periódicos más importantes del país, El Comercio y La República. El Grupo Comercio pertenece a la familia Miró Quesada, una de las más ricas de Perú, que controla alrededor de 80 por ciento de la prensa escrita del país,² pero también tiene empresas de turismo, de minería, inmobiliarias y bancarias. El grupo se benefició de la dictadura de Alberto Fujimori, en el poder de 1990 a 2000. En 2011, dos periodistas que habían trabajado para El Comercio, Patricia Montero y José Jara, afirmaron que fueron despedidos “por negarse a seguir la directriz de apoyar la candidatura de Keiko Fujimori [durante la campaña presidencial de 2011] y de atacar al entonces presidente [Ollanta] Humala”.³ El segundo periódico más leído del país, La República, está dirigido por el hijo de su fundador, Gustavo Mohme Llona (fallecido en 2000), un empresario ligado a otra fracción de la elite neoliberal, estructurada en torno al partido Acción Popular.

En conjunto, las dos publicaciones emprendieron una campaña de desprestigio contra Castillo. Al principio, bajo la forma de invisibilización, cuando era candidato; luego, por medio de ataques directos tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio de 2021 y de su toma de posesión el 28 de julio de 2021. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) analizó las portadas de El Comercio y de La República del 1° de enero al 30 de noviembre de 2022.⁴ Concluyó que las noticias presentadas en las primeras planas eran “negativas” para Castillo en el 79 por ciento y el 78 por ciento de los casos, respectivamente. “Negativas” es acaso un eufemismo: “Pedro Castillo es enemigo de la libertad de expresión y de la prensa” (La República, 31 de octubre de 2022); “La justicia investiga a los asesores de Castillo por sospechas de crimen organizado” (La República, 11 de marzo de 2022); “El presidente y siete miembros de su familia se beneficiaron de favores de empresarios” (El Comercio, 12 de julio de 2022). Ninguna de las acusaciones fue probada.

Considerable poder del Congreso

Pedro Castillo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por una diferencia de sólo 45.000 votos (50,13 por ciento de los votos) frente a Fujimori, la hija del expresidente (49,87 por ciento de los votos). Incluso antes de que finalizara el recuento por parte de las autoridades electorales (Junta Nacional Electoral, JNE), pero cuando la victoria del PL ya era evidente, el clan “fujimorista” denunció un “fraude electoral” antes de exigir un nuevo conteo de votos y la anulación de 200.000 boletas, consideradas “irregulares”. No obstante, la movilización popular en favor de Castillo enfrió por un tiempo el ardor de la elite conservadora. Los fujimoristas abandonaron sus esfuerzos, pero su mensaje seguía siendo muy claro: Castillo podrá ser un presidente legal, pero no le concederán el estatus de presidente “legítimo”. De hecho, una etiqueta empezó a perseguir al nuevo jefe de Estado: la de “presidente autoproclamado”.

El cerrojo conservador se manifiesta también dentro del ejército. El 17 de junio de 2022, Francisco Sagasti, presidente interino tras la dimisión de Manuel Merino el 15 de noviembre de 2020, denunció una carta de militares retirados que pedían a las Fuerzas Armadas “no reconocer la victoria de Pedro Castillo como presidente”⁵. Así, los exmilitares enviaban un mensaje al sindicalista docente: lo tenemos en el punto de mira.

Una de las promesas de Perú Libre durante la campaña presidencial fue la de organizar un proceso constituyente para cambiar una Carta Magna desprestigiada y heredada de Fujimori. Las cosas no se anunciaban fáciles. El partido controlaba solamente 37 de los 130 escaños dentro de un Congreso fragmentado donde estaban representados diez partidos, entre ellos Fuerza Popular, formación fujimorista, con 24 escaños. Pero el Congreso goza de un poder considerable en Perú y su capacidad para obstruir al poder ejecutivo explica en gran parte la crisis política en la que está sumido el país desde hace varios años. En seis años, el palacio presidencial ha tenido seis inquilinos, tres de los cuales fueron sometidos a un proceso de destitución parlamentaria tras ser declarados en estado de “incapacidad moral permanente”, con base en el artículo 113 de la Constitución vigente. En un país en donde la figura del presidente ha quedado desacreditada por los escándalos de corrupción ligados al caso Odebrecht –cinco exmandatarios están bajo sospecha y, en algunos casos, encarcelados⁶–, la debilidad de Perú Libre en el Congreso anunciaba los intentos venideros de destitución.

El primero se produjo en noviembre de 2021. Castillo sólo llevaba cuatro meses en el poder cuando 29 diputados presentaron una primera moción para destituirlo por sospechas de financiamiento ilícito de Perú Libre y tráfico de influencias para ascender a ciertas personas dentro de las Fuerzas Armadas. La medida apenas obtuvo 46 de los 87 votos necesarios para ser aprobada. Cuatro meses después, se presentó una nueva moción que volvió a ser derrotada, aunque esta vez alcanzó 55 votos. El Congreso también logró impedir que el presidente Castillo participara en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que debía celebrarse el 25 de noviembre de 2022, con la presencia de los jefes de Estado de Colombia, Chile, México y Perú. El pretexto fue que no debía dejar el país para poder responder a las preguntas de la Justicia en el marco de las investigaciones abiertas por corrupción. En solidaridad con su homólogo andino, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió finalmente postergar la reunión.

La ola de “guerra judicial”, o lawfare, que desde hace varios años recorre la América Latina progresista no perdonó a Perú⁷. En poco más de un año, el poder judicial abrió seis investigaciones contra Castillo, acusándolo de “dirigir una organización criminal dentro de su gobierno”⁸. El recurso era inútil porque la Constitución confiere inmunidad al presidente: se trataba, pues, de empañar su imagen, incluso atacando a miembros de su familia. Algunos de sus sobrinos fueron acusados de beneficiarse de proyectos de infraestructura pública del Ministerio de Transporte, su cuñada de haberse beneficiado de contratos del Ministerio de Vivienda, el propio Castillo de ascender a militares y policías a cambio de grandes sumas de dinero, etcétera. Ninguna de las acusaciones presentadas superó la fase preliminar de la investigación.

Castillo respondió a estas operaciones de desestabilización mediática, militar, legislativa y judicial cometiendo muchos errores políticos. A lo largo de los 16 meses que duró su presidencia, nombró a 78 ministros diferentes para llenar un gobierno que cuenta con 19 carteras. Diez días después de haber asumido sus funciones, pidió la dimisión de su ministro de Relaciones Exteriores: Héctor Bejar, un exguerrillero guevarista, que había sido criticado en la prensa por sugerir que el Estado peruano había llevado a cabo acciones terroristas con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, en su lucha contra los movimientos progresistas a fines de los años 1970 –lo que dista mucho de ser inimaginable–. Cuatro meses después, destituyó a su primer ministro Guido Bellido y abrió la puerta de su gobierno a personalidades políticas de derecha.

Poco a poco, un presidente elegido por un pueblo cansado del mal funcionamiento de unas instituciones desacreditadas, que deseaba una Asamblea Constituyente y reformas estructurales, se dedicó a apaciguar a un adversario que, sin embargo, no tenía otro objetivo que conseguir su destitución. Esta actitud condujo a Castillo a romper con Perú Libre en junio de 2022. El presidente podría haber intentado movilizar a sus partidarios para contrarrestar las maniobras de sus oponentes. Prefirió ceder a las presiones de un Congreso cuya bajeza lo deslegitimaba un poco más con cada episodio ante los ojos de las clases populares.

“Sin la menor prueba”

Durante los últimos meses, se hizo evidente que Castillo debía elegir: abdicar o sublevarse. La segunda opción presentaba el riesgo de ofrecer a sus oponentes un bulevar para acusarlo de un golpe de Estado. Ante la tercera moción de censura del Congreso, el miércoles 7 de diciembre reciente, y mientras la oposición esperaba obtener el voto de 67 diputados, un Pedro Castillo cansado y tembloroso optó finalmente por hablar en televisión para denunciar el golpe de Estado permanente al que estaba sometido desde que asumió el cargo.

La mayoría de los medios de comunicación no informaron de la primera y más importante parte de su discurso. Castillo explicaba allí que “la mayoría del Congreso, que defiende los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, ha hecho todo lo posible para intentar destruir la institución presidencial”. “El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de derecho para instaurar una dictadura del Congreso con el beneplácito del Tribunal Constitucional”, añadió. A través de sus múltiples mociones de censura, pero también boicoteando “más de 70 proyectos de ley de interés nacional y destinados a mejorar la vida de los sectores más vulnerables”. “Sin la menor prueba, el Congreso imputa al presidente por delitos que en su mayoría se basan en las afirmaciones de la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que difama y calumnia gratuitamente”, continuó, mirando fijamente a la cámara. Tras trazar un panorama sombrío pero certero de la democracia peruana, Castillo concluyó que, para restablecer la soberanía popular, tomaba “la decisión de declarar el estado de emergencia para restablecer el Estado de derecho y la democracia, disolviendo temporalmente el Congreso y convocando elecciones para una Asamblea Constituyente en el plazo de nueve meses”.

Para la oposición, el presidente acaba de intentar un “autogolpe”: un golpe decidido desde la presidencia para mantenerse en el poder. En realidad, por primera vez en su mandato, acaso, aquel a quien sus adversarios habían impedido ser presidente en los hechos, Castillo, acababa de encarnar al pueblo que lo eligió. Esgrimió el derecho a rebelarse contra un orden social y unas instituciones injustas.

Encerrado en una celda peruana, el hombre que nunca había invitado al pueblo a movilizarse goza desde su arresto de una inmensa ola de apoyo popular. La actual mandataria, la exvicepresidenta Dina Boluarte, acaba de decretar el estado de emergencia, militarizar las provincias rurales del país y desatar una violenta represión policial. El 21 de diciembre reciente, los jefes de Estado de doce países latinoamericanos llamaron al restablecimiento del orden democrático en Perú. Entre ellos, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela. Chile, no adhirió. El presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya posición sigue siendo débil, a pesar de su asunción el 1° de enero de 2023, permanecía prudente. A esta altura, no hay nada ganado para los conservadores peruanos.

Aníbal Garzón, sociólogo. Traducción: Emilia Fernández Tasende.