Tiempo de dudas en Ucrania

No es la monotonía que cabría esperar. Con su teatro neoclásico, la ciudad minera de Krivói Rog conserva un encanto soviético, a la vez anticuado y cuidado. En el Parque Gagarin, a finales de agosto, unos cuantos paseantes caminan bajo un planetario de acero, helado en mano. Unos castillos inflables esperan a los niños. Más allá, los transeúntes se detienen en una vereda, negociando con las babushkas [abuelas] por frascos de frambuesas del jardín. Suena una sirena antiaérea sin perturbar las tratativas. Después de más de 18 meses de combate contra el ejército ruso estacionado a 100 kilómetros de allí, detrás de la orilla izquierda del Dniéper, ya nadie mira al cielo. Sin embargo, el día anterior, un tiroteo dañó unas 20 casas individuales en un barrio cercano al centro de la ciudad. El 1° de agosto, seis civiles murieron en un ataque de misiles. El 13 de mayo, fue alcanzado un edificio de nueve pisos. El resultado de 11 muertos justificó entonces una visita del presidente Volodímir Zelenski a su ciudad natal.

Detrás de la aparente normalidad de la vida cotidiana, la urbe sufre de lleno el impacto del conflicto. Basada en la exportación de acero y minerales, debe sus primeros altos hornos a un ingeniero y banquero francés, Paulin Talabot, que vino a invertir en lo que en 1880 aún era el imperio zarista. Hoy, el bloqueo de los puertos del mar Negro por los que pasaba la producción obligó a las industrias locales a recurrir a vías logísticas terrestres más costosas y a reorientar sus exportaciones, que están en caída libre, hacia Europa, en detrimento de sus mercados tradicionales (Medio Oriente, Norte de África). Los cortes de electricidad, frecuentes desde que el ejército ruso comenzó a atacar las infraestructuras energéticas, también están socavando la economía. Según la dirección de Arcelor Mittal Krivói Rog (AMKR), principal empleador de la ciudad con 26.000 empleados, “la empresa solamente utiliza entre el 20 y el 25 por ciento de su capacidad de producción”¹. A fines del verano boreal, sólo quedaban 12.000 empleados a tiempo completo, la mayoría de los cuales sufría algún tipo de despido técnico parcial o total. Cerca del diez por ciento de la plantilla había sido llamada al servicio militar, y más de 100 no han regresado del frente.

Los trabajadores de grandes concentraciones industriales como esta tienen más posibilidades de ser movilizados que el resto de la población. Como la propiska –dirección oficial en la que está empadronado un ciudadano– no siempre indica el lugar donde vive realmente la gente, “para las comisarías militares es más fácil pasar por las grandes empresas”, afirma Oleksandr Motouz, abogado especializado en derecho laboral y socio de la sección local de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU), el segundo sindicato del país. “Entregan la citación en el lugar de trabajo. Si un trabajador no cumple, la comisaría puede presionar al empresario. Esto le ocurrió a un empleado de Arcelor. En cuanto llegaba al trabajo, le preguntaban si había pasado por la comisaría. Acabó renunciando. También se han denunciado a la dirección sindical casos de autobuses de la empresa frenados a la salida de las minas”. Por otra parte, los empleadores, incluido AMKR, tienen la posibilidad de “reservar” personal profesional y directivo o puestos de trabajo escaso (hasta un límite del 50 por ciento de la plantilla), eximiéndolos así de la movilización. Su margen de maniobra tiende a reducirse debido a las crecientes necesidades del ejército.

Viktor² recibió la citación a mediados de agosto. Capataz en AMKR, había sido “reservado” por la empresa. Según él, sólo los empleados mayores de 35 años pueden ampararse en esta excepción. “¡Tengo 33 años, por Dios! La edad de Cristo. Si paso los 34, puedo esperar vivir hasta viejo”. En el asiento trasero de su auto, el joven ya puso, todavía envueltos, el aislante, la bolsa de dormir y la mochila caqui que su sindicato le dio para ir al frente de combate.

Tras la invasión, acudió de manera espontánea al centro de alistamiento. “Hice la fila durante dos días. No me aceptaron, pero me dijeron que me volverían a llamar”. Pasaron 18 meses. También el entusiasmo. “Cinco de mis amigos fueron a la guerra en 2014-2015 y todos murieron”, cuenta llorando. Ese año, Viktor se enfrentó en la Maidán (Plaza de la Independencia de Kiev) a la Policía del presidente Viktor Yanukovich, derrocado el 22 de febrero de 2014. Tras el comienzo del levantamiento separatista prorruso en el Donbás, “muchos amigos se ofrecieron como voluntarios para la operación antiterrorista [lanzada por el presidente interino Oleksandr Turchinov el 7 de abril de 2014]. Se alistaron en [los batallones de voluntarios de extrema derecha] Pravyï Sektor o Azov”. Ahora es su turno. Con dos dedos inutilizados, recuerdo de una pelea, podría haber sido dado de baja. Pero el médico militar le exigió 4.000 dólares para proveerle un certificado de no aptitud. “En el negocio, solíamos hablar de la madre-corrupción. Me salvó en el pasado: pude evitar una condena. Pero me he puesto este principio: si me llaman a la guerra, voy a ir”.

Las colas frente a las oficinas de alistamiento han desaparecido. Ahora todo el mundo sabe de qué está hecho el día a día de un soldado. En las inmediaciones de las estaciones de autobuses de las ciudades medianas ya no es raro cruzarse con soldados heridos de guerra. Las familias están en contacto permanente con el frente. Un raudal constante de imágenes llega a sus celulares, en apariencia sin demasiada censura por parte de la jerarquía. Dasha, profesora de inglés en Krivói Rog, ha perdido el sueño tras ocho días sin noticias de su hijo, de 31 años. En el video que nos muestra, su hijo filma los escombros de un edificio, bromeando sobre el escenario en el que hoy festeja su cumpleaños. Según funcionarios estadounidenses, citados por The New York Times bajo anonimato, a mediados de agosto la guerra había dejado 70.000 muertos y 130.000 heridos graves en el bando ucraniano³.

Menos salario

Las protestas se extienden como rumores. En las redes sociales y, lo que es más sorprendente, en los tribunales. Motouz ha visto llegar a su despacho un nuevo tipo de peticiones: las de los soldados. Los problemas salariales son la causa de gran parte de los litigios. En julio de 2022 el Parlamento aprobó una ley que anula la obligación de los empleadores de mantener el salario de los trabajadores que sirven en el frente de combate. Arriesgar la vida y esforzarse en las trincheras por menos dinero del que ganaban en la retaguardia no es algo que caiga bien entre los soldados, en especial entre los trabajadores calificados que solían ganarse la vida con cierta holgura. Los sueldos de 20.000 grivnas (unos 500 euros) no siempre bastan para pagar un préstamo o una pensión alimenticia. “Los voluntarios que fueron por su cuenta a las comisarías militares se sienten estafados”, explica el abogado. “De más de un centenar de demandas por manutención de salario, defendimos de forma gratuita tres casos, con la esperanza de sentar un precedente [invocando el principio de irretroactividad de la ley]. Pero a principios de agosto, un dictamen de la Corte Suprema desestimó una demanda similar”. La brecha cada vez mayor entre el frente y la retaguardia contribuye al resentimiento de los soldados, menos proclives a querer sacrificarse por su patria cuando la vida parece volver a la normalidad en la retaguardia. “Al comienzo de la guerra, la sociedad estaba muy unida, pero ahora está dividida en dos: los que tienen a alguien en el frente de combate y los que no”, lamenta Dasha. “Cuando veo a los jóvenes publicar fotos de sus vacaciones en las redes sociales, me da rabia. Mi hijo se alistó el 24 de febrero. Los chicos están agotados. El gobierno prometió una ley que autorizara la desmovilización al cabo de 18 meses, pero la seguimos esperando”.

Menos derechos

Mientras la guerra y la supervivencia económica absorben la atención de la población, se produce un desmantelamiento silencioso de los derechos sociales. En julio de 2022, los diputados votaron un proyecto de ley que suspende los convenios colectivos y da vía libre a los empresarios para modificar de modo unilateral las condiciones de trabajo. Si el trabajador se niega, el empresario podrá despedirlo sin tener que avisar con dos meses de antelación ni obtener el acuerdo del sindicato. La Ley 5.371, ratificada el 17 de agosto de 2022 por el presidente ucraniano, introduce un régimen jurídico especial para los empleados de pequeñas y medianas empresas (el 70 por ciento de la mano de obra del país). Cuando la plantilla sea inferior a 250 trabajadores, las condiciones de trabajo –desde el salario y las vacaciones hasta el horario– se negociarán ahora de mutuo acuerdo, y el despido se autorizará sin restricciones (aparte de la obligación de pagar una indemnización de al menos la mitad del salario mínimo). Otra ley introduce los contratos de “cero horas”. “Los empresarios se benefician de ventajas sin que la ley especifique en qué medida están vinculadas al impacto del conflicto en la actividad de las empresas –cuenta Motouz con indignación–. Desde la región de Zaporiyia, en donde arrecian los combates, hasta Transcarpacia, que se ha salvado, se aplican las mismas reglas. Esto delata las intenciones antisociales del gobierno”.

La presión de los sindicatos y sus apoyos internacionales⁴, así como las protestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), obligaron al gobierno a restringir la aplicación de estas leyes a la duración del conflicto. “El final de la guerra significa el restablecimiento de las fronteras de 1991. Y eso no ocurrirá mañana. Esta legislación está aquí para quedarse”, señala Motouz. Otras reformas, que ya estaban en proyecto, han encontrado una nueva justificación en la guerra. Por ejemplo, la liquidación de los fondos de seguros sociales (accidentes y baja por enfermedad) y el traspaso de sus funciones a la Caja de Pensiones. Galina Tretiakova, diputada de la mayoría presidencial, fue la impulsora de esta reforma, por considerar que “era necesario evitar desangrar nuestra economía en tiempos de guerra”. Sin embargo, esta decisión marca el final de una crisis deliberada en su financiación desde 2016: la parte de las prestaciones a la seguridad social que se le asigna se ha recortado del 14 al nueve por ciento (y las propias prestaciones se han reducido a la mitad). Ya en enero de 2020, Tretiakova abogó por una “descomunización de la seguridad social”, en vistas a abrir el mercado a las aseguradoras privadas⁵.

Menos sindicatos

La principal central sindical del país no se ha librado de esta avanzada, y ahora está en el punto de mira de la fiscalía. Con nueve millones de afiliados antes del conflicto, la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU) no es en absoluto un contrapeso de los trabajadores. Por lo general, desalienta las huelgas en las empresas en las que está presente y entabla un diálogo social más bien libre de conflictos, al tiempo que cogestiona con la patronal las obras sociales de las grandes empresas⁶. Esto sigue siendo demasiado para el gobierno actual. En medio de este conflicto, la fiscalía parece a punto de llevar a buen puerto una batalla legal que dura ya tres décadas.

La disputa entre el Estado y el sindicato se remonta a los años 1990. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, la rama ucraniana del sindicato central soviético se independizó de Moscú. Al mismo tiempo, constituyó dos sociedades anónimas con fines comerciales que registraron los derechos de propiedad sobre los sanatorios, centros de vacaciones y centros de ocio que había gestionado antes en Ucrania. A partir de 1997, el Estado, a través de la fiscalía, intentó anular este procedimiento y hacer reconocer los bienes como propiedad del Estado ante los tribunales. Salvo algunas excepciones, no tuvo éxito, y la FPU obtuvo incluso una sentencia favorable de la Corte Europea de Derechos Humanos, que consideró que el Estado ucraniano no había demostrado los beneficios para el público de la renacionalización de este patrimonio (que de inmediato pretendía reprivatizar)⁷.

La ofensiva del gobierno se ha trasladado ahora al plano penal. El número dos de la FPU, Volodímir Saenko, lleva diez meses en prisión preventiva, acusado de “malversación de fondos cometida a una escala particularmente grande o por un grupo organizado”. Unos 40 establecimientos de la FPU (de un total de 50) han sido secuestrados, entre ellos la emblemática Casa de los Sindicatos de la Plaza de la Independencia de Kiev, que fue incendiada durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en 2014. En un momento en que ha perdido numerosas sedes en Crimea desde la anexión de la península, la FPU se vería privada de un parque inmobiliario que, antes de la pandemia de covid, le proporcionaba entre 50 y 60 por ciento de sus recursos financieros. Por no mencionar el hecho de que la afiliación –y las cuotas de sus miembros– han caído en picada como consecuencia del aumento del desempleo y la crisis económica. La quiebra se avecina.

La dirección de la FPU comprende tanto menos esta decisión cuanto que abrió sus establecimientos a las personas desplazadas por los combates: más de 20.000 personas, entre ellas 3.000 niños, durante los primeros nueve meses de la guerra, según un documento interno. Sigue recibiendo personas a pesar del deterioro de sus finanzas y teme que el proceso judicial ponga fin a los programas de rehabilitación que ha emprendido para los heridos de guerra. “Esta política es absurda en tiempos de guerra y debilitará permanentemente nuestra capacidad de oponernos a futuras reformas liberales del gobierno”, señala Dmitro Dovhanenko, responsable inmobiliario de la dirección de la FPU, en un momento en que las necesidades de la población se disparan en materia de salud y apoyo social.

Más secuelas

Valentin se esfuerza por entrar en el auto. Sosteniendo las muletas en una mano, desliza sus piernas rígidas. Venimos de encontrarnos con él en una avenida de Jmelnitsky, ciudad mediana situada 350 kilómetros al oeste de Kiev, donde esperábamos sin saberlo al mismo conductor contactado por Blablacar [aplicación francesa de transporte compartido]. Con el tráfico aéreo paralizado y el bloqueo marítimo, las líneas ferroviarias están saturadas de tráfico de mercancías. Junto con los servicios de autobuses privados, la aplicación para compartir viaje se ha convertido en una de las formas más utilizadas para desplazarse por el país.

El joven de 24 años sobrevivió a una explosión en el frente. No sabe si fue un dron o una de esas minas que el enemigo esparce ahora con cohetes. El explosivo alcanzó a un pequeño grupo que avanzaba hacia las líneas rusas: siete heridos, un muerto. Valentin evitó la amputación tras 19 operaciones. Sus huesos –me muestra la radiografía que guardó en su celular– están unidos por impresionantes varillas metálicas que atraviesan la tibia y el fémur. Sus pantorrillas están todavía acribilladas de balazos.

Como muchos otros exsoldados, Valentin ha contratado los servicios de un abogado para que lo ayude con sus trámites administrativos. Por el momento, lucha por que se le reconozca su condición de discapacitado del tercer grupo, que le da derecho a las pensiones más altas. También espera obtener los bonos prometidos por el Estado por “servicio en zona de combate activo”: 2.500 dólares al mes. Valentin estuvo hospitalizado en un centro de rehabilitación de la capital, que algunos fines de semana deja para visitar a su mujer, de licencia por maternidad con su hijo de un año y medio y que se quedó en Jmelnitsky. Tuvo que pagar parte de sus gastos médicos para tratar sus heridas.

Evgueni Mikaíliouk, originario de Krivói Rog, no puede permitirse un abogado, pero se enfrenta a dificultades similares. Publicó un video en su página de Facebook en el que denuncia el trato que recibe. Vestido con uniforme militar de camuflaje, cargado de medallas, reclama su desmovilización. El joven sufre ataques de epilepsia. Los combates le han provocado conmociones cerebrales que se remontan a 2014, cuando luchaba contra los insurgentes separatistas del Donbás. Sumido en coma después de que el médico militar le administrara un tratamiento inadecuado, estuvo internado siete días, regresó a su casa y se quedó más tiempo del permitido. Bajo la amenaza de una condena de cinco años de cárcel por deserción, tuvo que volver corriendo a un hospital rural donde, según dijo, se estaba pudriendo. “Creía que estaba luchando contra el fantasma de la Unión Soviética, pero estoy viviendo en medio de ella”, afirma cuando lo contactamos por mail. “Muchos de nosotros estamos atrapados aquí, privados de todo derecho. Nos hemos convertido en esclavos del Estado”.

La corrupción y el control

Tanto por razones internas como externas, Zelenski se muestra intransigente con la corrupción y las prebendas. La plaga existía antes de la guerra⁸, pero esta la ha vuelto insoportable para la población. Además, los prestamistas extranjeros, de quienes depende la mitad del nuevo presupuesto⁹, exigen resultados. Por ello, el 11 de agosto, el presidente anunció en Telegram que destituía a todos los jefes regionales de las oficinas de alistamiento, cuyos funcionarios eran sospechosos, según la fiscalía, de “ayudar a los ciudadanos a obtener certificados de discapacidad o a ser reconocidos como temporalmente ineptos para el servicio [...] con el fin de retrasar o evitar el servicio militar”. El 5 de setiembre renunció el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Tres días antes, el oligarca Ihor Kolomoisky ingresó en prisión preventiva acusado de fraude y blanqueo de dinero. Durante las elecciones presidenciales de 2019, los medios de comunicación ucranianos y extranjeros lo presentaron como el padrino de Zelenski.

Se ha instalado una relación ambivalente de cooperación y desconfianza entre el Estado y la población. El Ejército depende en gran medida de las donaciones de particulares para equipar a sus soldados: desde botiquines de primeros auxilios hasta chalecos antibalas, desde cascos hasta drones. Sindicatos, asociaciones de voluntarios y simples grupos ad hoc de Whatsapp organizan colectas de dinero y material, a veces a gran escala. La asociación Victory Drones, por ejemplo, formó a 28.000 personas para manejar artefactos voladores (frente a los 10.000 que formó el Ejército) y sus voluntarios los llevan al frente¹⁰. Yuri Loutsiouk, constructor en Jmelnitsky (350 kilómetros al oeste de Kiev), ha financiado varios miles de euros en equipamiento: visores para fusiles de asalto, binoculares de visión nocturna y la transformación de jeeps civiles en vehículos de transporte militar. “Tenemos que recuperarlo todo, incluso Crimea, que es el objetivo más fácil de alcanzar: basta con cortar el puente terrestre para bloquear su suministro”, explica Loutsiouk, admitiendo que le prohibió a su hijo alistarse y ha intentado disuadir a sus amigos empresarios de que se alisten. “Les dije: ‘Si ustedes mueren, ¿quién va a mantener el país a flote? ¿Reconstruir la economía?’. Son los más patriotas los que están muriendo. A este paso, no quedará nadie para cambiar el sistema”.

Las autoridades no confían en este generoso donante.

En 2014, cuando nos reunimos con él por primera vez frente a la comisaría central de la ciudad, Loutsiouk estaba rodeado de “su” milicia, unos diez jóvenes en uniforme paramilitar¹¹. Su objetivo declarado era mostrar sus músculos recorriendo las instituciones de la ciudad “para llevar la revolución hasta el final”, mientras el expresidente Viktor Yanukovich acababa de ser derrocado y el ejército ucraniano enviaba a sus hombres contra el levantamiento prorruso del Donbás. Con la invasión rusa de febrero de 2022, intentó retomar el servicio, reuniendo 300 voluntarios a su alrededor. Tras cuatro horas y media de interrogatorio por parte del SBU mediante un detector de mentiras, su solicitud para registrar el grupo como batallón de defensa territorial fue rechazada. Estas formaciones armadas de civiles, en apoyo del Ejército oficial, se forman en todas las grandes ciudades del país, en previsión de combates callejeros. “Me acusaron de querer derrocar al gobierno en Jmelnitsky –dice con una sonrisa, en la cafetería de su concesionario Audi, donde está haciendo la revisión de su auto durante nuestra entrevista–. Nada ha cambiado desde 2014. Es incluso peor: ahora tenemos una dictadura digital”.

Para Zelenksi, el Estado del futuro estará libre de invasores y de una polvorienta legislación protectora, y evolucionará en línea. Como 19 millones de ucranianos, Loutsiouk instaló la nueva aplicación DIIA en su teléfono celular. Lanzada en 2020 por el nuevo Ministerio de Transformación Digital, el proyecto es el orgullo del gobierno. Pasaporte, licencia de conducir, notificaciones fiscales, multas: todos los documentos de identidad y administrativos están centralizados allí. Con unos pocos clics, el ciudadano conectado puede registrar una empresa, solicitar ayuda para reconstruir su casa bombardeada, denunciar la presencia de tropas rusas, obtener el estatus de desplazado interno, etcétera. En total, 120 servicios públicos que, de acuerdo con el gobierno, reducirían el número de funcionarios en un diez por ciento. Diseñada en colaboración con la Agencia Estadounidense de Ayuda de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), con un financiamiento de 8,5 millones de dólares, recibió el apoyo de Google y Visa. Washington la presenta como un modelo for export, y Zelenski como la precursora de la start-up nation [país tecnológico innovador] que quiere ver surgir¹². El gobierno estonio, considerado líder europeo en digitalización, anunció su intención de desarrollar una aplicación basada en DIIA. “Incluso las sentencias judiciales se pueden encontrar allí”, dice indignado Loutsiouk, mientras pasa varias páginas de sentencias delante de mí: represalias políticas, según él.

Menos apoyo

El apoyo de los civiles al Ejército tiende a disminuir como consecuencia de la crisis económica y del carácter prolongado del conflicto. Esto va acompañado de un cierto pesimismo en cuanto a las perspectivas militares. “Los amigos que están en el frente nos dicen que no tenemos suficientes soldados ni municiones”, cuenta con un hilo de voz Nazar Baranov, que regenta un hotel en Jmelnitsky. En el pasillo de su hotel, tres paquetes de unas 50 botellas de bebidas energéticas esperan a ser retirados por el convoy que dos veces al mes recoge las donaciones en la retaguardia. “Demográficamente, Rusia es más grande que nosotros. Todo el mundo habla de los aviones F16 estadounidenses, pero no cambiarán el curso de la guerra”. ¿Hay que negociar entonces con Rusia? Niega con la cabeza. “Después de tantas víctimas, el compromiso ya no es posible. Sólo podemos esperar la muerte de [Vladimir] Putin”.

Según una encuesta reciente, el 30 por ciento de las personas entrevistadas declaró “querer que la guerra termine a cualquier precio”¹³. Sin embargo, cuando se les preguntó por las concesiones aceptables en una negociación, la mayoría descartó cada una de las opciones propuestas: únicamente el 23 por ciento estaba dispuesto a ceder las hostilidades a pesar de la ocupación de parte del territorio; el 13 por ciento contemplaba concesiones territoriales; el 28 y 27 por ciento, respectivamente, podrían renunciar a la integración en la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la Unión Europea. En definitiva, solamente el ocho por ciento de los encuestados está dispuesto a hacer concesiones territoriales o políticas para arrancarle la paz a Rusia.

A pesar de la guerra, Ucrania sigue siendo un país donde la libertad de expresión se mantiene relativamente libre. Los controles policiales son raros en las rutas y en las calles. La población habla sin miedo con los periodistas extranjeros, incluso para criticar al gobierno, la incompetencia de sus funcionarios y la corrupción. Dicho esto, Ucrania ya no es una democracia común. Todos los canales de televisión emiten el mismo telediario tranquilizador e interminable, en el que lo principal son los avances ucranianos sobre el campo de batalla, los nuevos equipos recibidos por el Ejército y los ataques rusos contra las infraestructuras civiles. El Código Penal se ha ampliado para incluir un nuevo artículo, el “436-2”, sobre “justificar, legitimar o negar la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania o glorificar a sus participantes”. Además de los actos de colaboración, la legislación también penaliza las opiniones. Según las cifras provistas en el sitio web de la fiscalía general, desde el comienzo de la guerra se han abierto 2.471 causas por este motivo¹⁴.

Vladimir Tchemeris tiene una amarga experiencia al respecto. Antiguo disidente soviético y defensor de la independencia de Ucrania, en los últimos años ha denunciado la impunidad de que gozan los grupos neonazis de extrema derecha culpables de golpizas y asesinatos, al tiempo que preconiza el apaciguamiento con Rusia¹⁵. En el momento de la invasión, pidió la rendición del Ejército y la apertura de negociaciones inmediatas con el agresor. El 19 de julio de 2022, el SBU allanó su domicilio, rompiéndole de paso varias costillas. El juicio abierto en su contra en virtud del artículo 436-2 sigue pendiente. “Vivimos en un régimen totalitario –nos explica desde su casa en una gran torre residencial de Kiev, donde lucha contra una leucemia y vive aislado con su mujer–. Desde ya, podemos criticar a Zelenski, pero oponerse a la dirección estratégica que está tomando el país se ha vuelto inimaginable”. Calcula que hay “varias decenas” de presos políticos en el país.

Hélène Richard, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Emilia Fernández Tasende.