Cómo Ecuador descendió a los infiernos

Domingo 20 de agosto, 22 horas. Noche cerrada en Guayaquil –la “Perla del Pacífico”, capital económica de Ecuador–. Los televisores acaban de difundir la noticia. La candidata de izquierda Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), ganó en la primera vuelta de la elección presidencial (33,61 por ciento de los votos). Hijo de un multimillonario magnate de la banana, el empresario Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional, ADN) se enfrentará con ella en la segunda vuelta (23,47 por ciento).

¿Efervescencia, manifestaciones de alegría, fuegos artificiales –gritando clichés, aullando eslóganes–? ¡Nada! Y sin embargo está agradable, casi caluroso. Un clima perfecto para marchar y celebrar si uno pertenece al bando victorioso. ¡Nadie! Nadie, salvo unos 60 militantes pro-Noboa reunidos en un rincón de luz, frente a un hotel de la Avenida 12, a lo largo del Malecón –el paseo que bordea las orillas del río Guayas–. En el centro, alrededor de la plaza San Francisco o del parque Centenario, no se mueven más que grupos ansiógenos de mendigos tirados sobre las veredas de calles con columnatas sumergidas en la oscuridad. No hay ni un alma alrededor del Palacio Municipal, a pesar de que el ayuntamiento es administrado por la RC. Hay un ambiente de fin del mundo, “miedo en la ciudad”, “puerto de angustia”... Una vaga intuición: tal vez sea mejor no detenerse aquí.

Al día siguiente, con un levantamiento de cejas, la decisión es aprobada por uno de nuestros interlocutores: “¿Deambular, solo, de noche? ¡Ni se te ocurra! Es muy peligroso salir a la calle”.

Fusilamientos, ajustes de cuentas, atentados con autos bomba... ¡Ya no es Guayaquil, es “Guayakill”! En otras partes, la misma conclusión. El año 2022 fue el más violento de la historia de Ecuador: 4.450 asesinatos, el 84 por ciento de ellos con armas de fuego. Tasa de homicidios: 25,5 cada 100.000 habitantes. Hoy se considera que es el país el más peligroso de la región. Sin embargo, el 9 de agosto el fenómeno tomó otra dimensión. A diez días del escrutinio, uno de los candidatos a la presidencia, el ex “periodista de investigación” y exdiputado Fernando Villavicencio, fue asesinado. Una semana antes reveló que había sido amenazado de muerte, mencionando el nombre de “Fito” (José Macías Villamar), jefe encarcelado del grupo narcocriminal Los Choneros. Sólo en el transcurso del mes de julio, tres políticos habían sido ejecutados, entre ellos el alcalde de la ciudad portuaria de Manta, Agustín Intriago. Un dirigente de la RC, Pedro Briones, caería en Esmeraldas seis días después de Villavicencio.

Bajo la presidencia del economista de izquierda Rafael Correa (2007-2017), promotor de la “Revolución Ciudadana”, el país era considerado un remanso de paz. ¿Cómo se llegó a este punto?

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Algeciras, 25 de agosto: la Policía intercepta 9,5 toneladas de cocaína en contenedores de bananas. Es la incautación más importante jamás realizada en España. Origen de la mercadería: Ecuador¹.

Cultivada en Bolivia, en Colombia o en Perú, la coca es refinada y luego distribuida por todos los continentes a través de diferentes hubs: Venezuela, México, Paraguay, Ecuador –ubicado en un sitio ideal, entre Colombia y Perú–. Ecuador goza a su vez de una ventaja comparativa: al tener como moneda el dólar, es un lugar privilegiado para el lavado. “Entre el uno por ciento y el cinco por ciento del PIB [producto interno bruto] –estima el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)–, es decir, un promedio de 3.500 millones de dólares por año”². Desde los puertos del Pacífico –Guayaquil, Esmeraldas, Manta– la “blanca” zarpa hacia Estados Unidos y Europa. En la cima del tráfico, los cárteles mexicanos. Omnipresentes en todo el continente, subcontratan aquí a pandillas locales para su “negocio”.

La más antigua: Los Choneros (12.000 miembros en su apogeo, hoy en declive), vinculados al Cártel de Sinaloa. Los Tiguerones se disputan el segundo lugar con Los Lobos (8.000 hombres armados) –ambos colaboran con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)–. Una media docena de pandillas de menor importancia opera también en las provincias costeras de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro, que acumulan más de la mitad de los asesinatos. No le perdonan la vida a nadie –víctimas colaterales presentes en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o que se encontraron de modo involuntario en primera línea, como un trabajador del puerto de Guayaquil que, a fines de junio, reveló su miedo a sus allegados: unos individuos querían forzarlo a entrar la droga en los establecimientos marítimos para, luego, proceder a su embarque–. “Podría pasarme algo, ayúdenme a encontrar otro trabajo”. Demasiado tarde. El 1º de julio, en plena ciudad, murió acribillado junto a cuatro de sus colegas³.

Si sumamos la presencia del Tren de Aragua (de origen venezolano), de guerrillas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, que firmaron un acuerdo de paz en 2016) o de otros grupos mafiosos colombianos en la frontera septentrional, mientras del lado peruano entran municiones, explosivos y armas de fuego, tendremos una idea preliminar de la situación.

Podríamos detenernos en este punto si el 9 de enero el sitio La Posta no hubiera publicado un artículo de gran repercusión –“El Gran Padrino”– denunciando hechos delictivos en el seno de empresas públicas y, lo que es aún más grave, los vínculos del cuñado del presidente Guillermo Lasso con... la mafia albanesa. Ello desencadenó el proceso de destitución deL jefe de Estado, que provocó como reacción la activación por su parte de la “muerte cruzada”, un procedimiento constitucional que permite a la vez la renuncia del presidente y la disolución del Parlamento. De ahí las elecciones anticipadas.

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“La mafia albanesa... –exclama Samantha Gordillo, experta en el seno del Observatorio de Seguridad del Municipio de Quito–. ¡Nos estalló el cerebro!”. En efecto, presentes desde hace mucho tiempo, “los albaneses” se involucraron de forma discreta en toda clase de tráficos –con un poco de prostitución y de robos para cerrar las cuentas–. Nunca habían desafiado a los mexicanos. En 2020, al poner al país de rodillas, la epidemia de covid-19 desorganizó hasta las actividades de los delincuentes. Los albaneses aprovecharon la oportunidad. “No tiene nada de sorprendente –prosigue Gordillo–, porque el principal mercado de la cocaína actualmente está en Europa. Pensaron: ‘Podemos administrar esta ruta nosotros, ¿por qué deberíamos pagarles a los mexicanos?’”.

En la actualidad, Choneros, Tiguerones, Lobos y albaneses se disputan los territorios que se apropiaron cuando el Estado, durante la pandemia, los abandonó. Por su parte, las “pandillas” secundarias se pelean por vender sus servicios a las anteriores. “Para mostrar tu valor, tienes que dar golpes espectaculares, ¡por eso hay tanta violencia!”. Sobre todo porque no escasea la mano de obra.

Ecuador no se recuperó de los efectos de la covid-19 (cerca de 36.000 muertes sobre 17 millones de habitantes). Freno de la actividad económica, caída del empleo formal e informal, empobrecimiento, repercusiones en el sistema escolar... Además de la apropiación de los territorios por parte de las pandillas, una segunda dinámica, muy fuerte, resultó de la pandemia: la cooptación acelerada y brutal de los barrios populares, sobre todo en la costa, por parte del narcotráfico. “Después del confinamiento y de la suspensión de las clases presenciales, es difícil, por ejemplo, volver a llevar a los adolescentes a la escuela –resume Gordillo–. La explosión de la pobreza creó la situación ideal para que esos jóvenes sean reclutados por 50 dólares por semana, más de la mitad del salario mínimo”.

Valiéndose de este ejército de “pequeñas manos”, el hampa, en todas sus formas, se introdujo en la vida cotidiana. Cada semana o cada mes, las empresas, los comercios e incluso las familias deben pagar la “vacuna”⁴. Quien se resista se expone a llamados telefónicos intimidantes, a amenazadoras visitas a domicilio. “Estos dos últimos años el fenómeno alcanzó picos –nos cuenta un habitante de Quito–. Los secuestros con pedido de rescate aumentaron. De noche ya no podés ni siquiera tomar una cerveza en una terraza”.

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A pesar de la gravedad de la situación, el ministro del Interior, Juan Zapata, la relativiza: “Las muertes violentas están localizadas. Ecuador tiene 24 provincias. El problema se concentra en cinco de ellas, que son las rutas de la droga”. Relativizaremos la relativización. En la “Sierra” andina, con pendientes escarpadas, valles desolados y nubes bajas, los pequeños productores, ya agotados por los míseros precios que les impone el mercado, dicen ser víctimas de extorsión; a unos transportistas se les reclaman 10.000 dólares para recuperar el camión que les robaron.

Incluso en las calles muy frecuentadas o en los autobuses repletos, los transeúntes llevan su pequeña mochila adelante, para poder cuidarla mejor. Ante el hartazgo generalizado, los barrios se organizaron. Grupos de Whatsapp, instalación de cámaras de videovigilancia, de sistemas de alarma. En el mejor de los casos. Aquí, en Mulauco (en la periferia de Quito), pero también en Llano Chico (al norte de la capital), hay carteles que advierten en tono caritativo: “Ladrón atrapado será quemado”.

La vida ya no vale mucho. En las cárceles, en las que, de acuerdo con la administración penitenciaria (SNAI), el número de privados de libertad se triplicó en 15 años (de 13.000 en 2008 a 39.000 en 2023), la única justicia que cuenta es la del talión: ojo por ojo, diente por diente. Allí la lucha también es sangrienta entre los Tiguerones, numerosos en la prisión de Esmeraldas, los Lobos, que dominan la de El Inca (Quito), y los Choneros, muy influyentes en todos los establecimientos. Desde febrero de 2021, una decena de enfrentamientos entre esas pandillas tuvieron como resultado más de 420 muertos, asesinados por balas o por estallidos de granadas, decapitados, quemados vivos o que sucumbieron a mutilaciones.

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A semejanza del feroz opositor a la “Revolución Ciudadana” Villavicencio antes de su asesinato, la derecha y sus medios de comunicación tienen una explicación para ese caos: en 2009, Correa no renovó el acuerdo que, desde 1999, permitía a Estados Unidos tener una base militar supuestamente “antinarco” en Manta. Incluso hizo incluir en la Constitución, aprobada por referéndum, la prohibición de toda presencia militar extranjera permanente en suelo nacional.

¿Manta? “Es absurdo –resopla Gordillo–. En los informes sobre el nivel de violencia, los mejores indicadores aparecieron después de que la base fuera cerrada. Y no sólo respecto de los homicidios... También sobre la violencia sexual, la trata de personas, etcétera”⁵.

Para Eduardo Meneses, militante de los movimientos sociales que trabajó de 2013 a 2016 en el gobierno de Correa y hoy es un “apoyo crítico” de la RC, “el aumento de la inseguridad se relaciona con la reducción del Estado”. La llegada de Lenín Moreno al poder en 2017 significó un brutal giro neoliberal⁶. Todas las instituciones fueron entonces afectadas. El Ministerio de Justicia (que administraba las prisiones) y el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes fueron suprimidos. Funcionan juntos en un único Ministerio del Interior y los recursos presupuestarios fueron reducidos sustancialmente.

Había una escuela de formación penitenciaria. Desapareció. “Con contratos precarios, al igual que los policías, los jóvenes vigilantes son formados a las corridas”. No hay ningún reconocimiento en términos de salario (800 a 900 dólares por mes). Muy pocos llegaron ahí por vocación. “Además, son amenazados, así como sus familias, por los detenidos”. Cuando no son tomados como rehenes, como 57 de ellos, a comienzos de setiembre, en represalia a traslados de prisioneros. El Estado no brinda ninguna respuesta, no les ofrece ninguna protección. Como en muchos otros sectores, se instala una nociva mezcla de miedo y de corrupción. Los detenidos toman el control de su “lugar de residencia”. En agosto, al término de una monumental operación, la Policía y las Fuerzas Armadas recuperaron 96 armas de fuego, 26.000 municiones y ocho granadas en el complejo penitenciario de Guayas, el más peligroso del país. Ello no impide en absoluto que los detenidos sigan filmando sus “conferencias de prensa” previo a difundirlas en las redes sociales.

La Policía, por su parte, fue abandonada. No es que sus presupuestos o los del Ejército hayan sido recortados al extremo, pero no son ejecutados en su totalidad. “Bajo Revolución Ciudadana existía una Policía comunitaria, todo un sistema de cámaras, la prioridad estaba dada a la seguridad pública y al mantenimiento del orden cotidiano –continúa Meneses–. Todo fue desmantelado”. El rol de las fuerzas del orden, además, cambió.

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Hubo dos movimientos sociales explosivos: en octubre de 2019, contra Moreno (diez muertos, 1.300 heridos, cerca de 2.000 arrestos); una huelga nacional de 18 días en junio de 2022, contra Lasso (nueve muertos, 318 heridos, 162 detenciones). “Los gobernantes sabían que sus medidas antisociales iban a hacer perdurar la agitación –retoma nuestro interlocutor–. Los recursos fueron redirigidos hacia la compra de equipos destinados a la represión, por montos que ascienden a millones. En cuanto a los servicios de inteligencia, desatendieron la gran criminalidad para concentrarse en la vigilancia y la infiltración de los movimientos sociales”.

Sabiendo que el ejemplo viene desde arriba –“En la Policía hay generales narco”, denunció en diciembre de 2021 Michael Fitzpatrick, el embajador de Estados Unidos–, la situación escapa a todo control. Desde octubre de 2021, el país declaró un estado de excepción tras otro, a veces amenizados con toques de queda. El ministro Zapata pretende llevar el número de policías de 49.000 a 82.000 en 2024. Ante la urgencia, el gobierno creó cursos de formación con una duración de seis meses. “Esos jóvenes serán fácilmente cooptados por las pandillas –dice, con una mueca más que con una sonrisa, una quiteña, nombre de los habitantes de Quito–. Los veo patrullar las calles, ¡tienen más miedo que yo! Ante todo, esperan que no pase nada”.

Casi que uno se olvida de la vida política. Desde las elecciones regionales y municipales del 5 de febrero, y a pesar de la infernal persecución judicial que recayó sobre sus dirigentes –incluyendo a Correa, condenado a ocho años de prisión, en condiciones grotescas, y exiliado en Bélgica–, la Revolución Ciudadana va viento en popa. Con nueve “prefecturas” (gobernaciones) –entre ellas, Pichincha, Guayas y Manabí, las más pobladas del país– y 50 ayuntamientos –entre ellos, Quito y Guayaquil–, el correísmo ganó esa vez con amplitud. Enfrente, con el 9,03 por ciento de los votos, Creando Oportunidades (CREO), la plataforma del presidente Lasso, se desplomó: ninguna prefectura, 25 ayuntamientos de los 32 que administraba. Y con razón...

Implicado en un caso de paraísos fiscales, Lasso escapó una primera vez “de la patrulla” gracias a un aliado incondicional, el ex “periodista de investigación” devenido presidente de la Comisión de Control de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Futura víctima de su “lucha implacable contra la corrupción” (dicen los medios de comunicación), este elaboró un cuestionable informe limpiando al jefe de Estado de toda sospecha. En cambio, no pudo sacarlo de apuros tras las revelaciones de La Posta sobre lo que se convertiría en el caso “León de Troya”. Íntimo del presidente, su cuñado Danilo Carrera mantiene vínculos con la mafia albanesa vía su hombre de confianza, Rubén Cherres. De acuerdo con los investigadores, la influencia de los dos hombres en el servicio de aduanas o el Ministerio de Energía habría facilitado el lavado de dinero, así como el tráfico de armas y de cocaína. Además, los altos mandos policiales enterraron el caso para no “afectar al presidente”, y este, con su inacción, contribuyó a sofocarlo (lo cual no significa una implicación directa en las actividades criminales en cuestión).

En todo caso, la confirmación de que se navega en aguas turbulentas llegó el 31 de marzo, cuando Cherres fue encontrado asesinado. El 19 de abril, Carrera fue arrestado en el aeropuerto de Guayaquil cuando se preparaba para huir del país. Con tal de no ser destituido, Lasso renunció. ¡Elecciones anticipadas! Destruido por el descrédito que arrastró al jefe de Estado, CREO renunció a presentar un candidato. Incapaz de superar sus divisiones entre un ala social y una facción reaccionaria que apoyó en la Asamblea al gobierno de Lasso, Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, también dio un paso al costado. Yaku Pérez, el ecologista-indigenista que lo representó en 2021, llegando tercero con el 19,4 por ciento de los votos⁷, se puso a la cabeza de una coalición, Claro que se Puede, con un solo cometido: hacer perder a la izquierda correísta, a la que odia. La derecha entró en la lucha con otros cinco representantes, entre ellos el joven y discreto Noboa, Jan Topic, un franco-ecuatoriano que pasó por... la Legión Extranjera, y Villavicencio, el hombre que, asegurando provenir de una “izquierda sensata”, es decir, anti-Revolución Ciudadana, proclama la consigna “¡por la patria o por la mafia!”.

La RC lanzó a la batalla a una exdiputada y exministra (Trabajo y Turismo) de Correa, Luisa González. Muy rápido, esta trepó con holgura a la cabeza de las encuestas. “Creo que hay una razón muy poderosa –nos revela entonces Paola Pabón, prefecta de Pichincha por la RC, electa y reelecta a pesar de la persecución padecida bajo las presidencias de Moreno y Lasso, que incluyó un encarcelamiento de varios meses–. Más allá de la campaña sistemática para descalificarnos, los ciudadanos recuerdan los cambios que la Revolución generó en materia de educación, salud, infraestructura... En el corazón de las personas quedó un afecto especial por Correa y la RC”. No obstante, hay dos grandes bemoles...

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La infernal campaña mediática –en la que se distinguió particularmente Villavicencio difundiendo fake news incluso en The Guardian⁸– polarizó el país al extremo: ya no se es de derecha o de izquierda, radical o moderado, se es pro o anti-Correa. Progresista en los años 1990, y habiendo desde entonces perdido toda referencia ideológica, el importante movimiento indígena, más allá de sus divisiones, no perdona al exjefe de Estado su política “desarrollista”, que se basa, entre otras, en la actividad minera y en la producción petrolera⁹. “Estamos en contra del extractivismo –nos confirma Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)–. Nos oponemos a la explotación de los minerales, de la madera, de los hidrocarburos, de todo lo que destruye a la naturaleza. ¿El cobre, el hierro, el petróleo? ¡Podemos reemplazarlos!”.

Es una radicalidad acorde con las legítimas preocupaciones sobre el cambio climático, pero, así y todo... En 2019 y 2022 las explosiones sociales encabezadas por la Conaie tuvieron como principal detonante... ¡la reducción de las subvenciones a la gasolina y el diésel! Al diablo con la contradicción. El enemigo es el “extractivismo de Correa”¹⁰.

En ese punto, de regreso en Guayaquil sin su auto blindado ni su conductor y agente de seguridad, Villavicencio, cuarto o quinto en las encuestas, fue asesinado por un comando de asesinos, al terminar un mitin, en el centro-norte de Quito. La lucha política cambió de tono. Con el estado de emergencia y el terror, el espacio público fue abandonado por los candidatos. La campaña electoral se interrumpió. Salvo en las redes sociales –donde predomina lo “emocional”–. También periodista anticorreísta, muy cercano a Villavicencio, Christian Zurita reemplazó a este último como candidato del Movimiento Construye. Sumido en el violeta de un paisaje crepuscular, equipado con un chaleco antibalas, con casco, protegido por una brigada fuertemente armada plantada frente a las cámaras, Zurita participó en un único mitin ante una multitud reducida, que se limitó a una misa pronunciada por el capellán de la Policía en memoria del fallecido. Paranoia, chalecos antibalas y guardaespaldas; ese es el tono del final de campaña.

En el seno de la RC, donde se condenó con firmeza el asesinato, como en toda la clase política, se percibe la nueva situación. “Más allá de la confrontación electoral, que, por definición, aviva los ánimos, vivíamos una campaña relativamente calma –reacciona Pabón–. Esta muerte contamina tanto las elecciones como la democracia”. De hecho, “la violencia y el miedo jamás ayudan a la izquierda –prevé Meneses–. Frente a tanta inseguridad, el discurso social de la RC ya no engancha. Una victoria en primera vuelta se torna muy problemática. Los indecisos se vuelcan hacia el bando de la derecha más dura”.

Conclusión correcta. Salvo por un detalle. No es Topic –el “Rambo” partidario de los métodos ultrarradicales– quien fuerza una segunda vuelta, sino el hasta entonces discreto heredero Daniel Noboa.

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Frente a un país traumatizado y cansado de los enfrentamientos, Noboa tuvo la intuición de mantenerse apartado de los discursos pro o anti-Correa. En un tono “neoliberal con rostro humano”, logró hacer olvidar las desmesuras de su candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, una “libertaria” admiradora del estadounidense Donald Trump y del brasileño Jair Bolsonaro. Seducidos, muchos no recuerdan más que la juventud de Noboa y olvidan que encarna la élite política atada al mundo de las empresas privadas. El 15 de octubre ganó la segunda vuelta con el 52,3 por ciento de los votos, tras haber prometido “la eliminación del impuesto a la salida de capitales”, lo cual pasó desapercibido porque “la militarización de los puertos y de las fronteras” y “la instalación de prisiones flotantes sobre barcazas, lejos de la costa, para recluir a los criminales peligrosos e impedirles continuar operando desde la prisión” llamaron más la atención¹¹.

Al comentar esta victoria, muy pocos señalarán hasta qué punto, en la recta final, la instrumentalización de la inseguridad precipitó la derrota de González.

Si bien, después de la muerte de Villavicencio, su esposa Verónica Sarauz interpeló al presidente Lasso sobre la responsabilidad del Estado, añadió: “Insisto en decirle al correísmo que yo sé que están todos implicados”. Grafitis con “Correa asesino” ensuciaron las paredes de los barrios marginales de Quito. Sin nombrarlo, Lasso acusó a “un partido político”, al que no le permitiría “retornar al poder”. La cantinela, difundida por los medios de comunicación, se esparció.

Sin embargo, y sin prejuzgar sobre el futuro de la investigación (¡si es que hay una!), hay muchas pistas posibles... Tras decir que había sido amenazado por “Fito”, jefe de los Choneros, Villavicencio, en la mañana de su muerte, denunció los vínculos de la Policía con el crimen organizado. Herido de gravedad durante el tiroteo que siguió al asesinato, Johan Castillo López, autor de las balas mortales, fue transportado a la unidad de delitos flagrantes de la Policía, donde murió a causa de sus heridas. El protocolo exige, incluso para un individuo “reventado” en una pelea callejera, un paso previo por el hospital y atención inmediata. Negligencia funesta: he aquí el “sicario” definitivamente silencioso.

No obstante, cuando quiere, la Policía puede ser eficaz al extremo: en unas horas seis colombianos fueron capturados. Se involucró el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, convocado como refuerzo, y el Departamento de Estado del país del norte ofreció cinco millones de dólares para aquel que aportara información sobre el o los autores intelectuales del crimen. ¡Mala idea! El 6 de octubre, los seis colombianos fueron encontrados ahorcados en la prisión Guayas 1 (Guayaquil). Otro sospechoso detenido fue asesinado al día siguiente en la prisión El Inca. En paralelo, los oficiales de la Policía José Luis Erazo y Rodney Rangel, que investigaron el caso “León de Troya”, divulgaron que fueron amenazados de muerte antes de ser separados por los altos mandos. Desde el exilio en el que se refugió para protegerse, Rangel afirma que había informado de las amenazas que también rondaban a Villavicencio, el cual había tenido acceso al expediente y, por ello, poseía información escandalosa.

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El 8 de octubre, una semana antes de la segunda vuelta, hubo un último e impactante giro: la Oficina del Fiscal anunció que un “testigo protegido” había revelado la suma ofrecida a los asesinos para eliminar a Villavicencio y el nombre de aquellos que los reclutaron. No sabríamos nada más si Zurita, quien aparentemente tenía información confidencial, no hubiera “revelado” de inmediato que la suma ascendía a 200.000 dólares, antes de afirmar (en una sintaxis defectuosa): “El testimonio adelantado por el único testigo que no mataron declaró bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio son el gobierno de Correa”.

González bien podría indignarse: “¡Señor, hace seis años que ya no estamos en el gobierno!”; la “información” circula de manera continua en internet y en los medios de comunicación. En ese mundo paralelo, la opinión está de nuevo permeada por la sospecha lanzada.

El 15 de octubre, la “Sierra” indígena y “ecologista” votó de forma masiva por el neoliberal Noboa. Por su parte, la costa, principal afectada por la violencia, eligió a González y a la RC. Para la derecha, y por ahora, bien está lo que bien acaba. Lo cierto es que el atentado contra Villavicencio no es sólo un arreglo de cuentas personal. Es también una declaración política de las redes del narcotráfico ante la sociedad: “¡Acá estamos!”.

Maurice Lemoine, enviado especial, periodista, escritor, autor de Juanito la vermine, roi du Venezuela, Le Temps des Cerises, Montreuil, 2023. Traducción: Micaela Houston.