¿Hacia otra “caída irreparable de la conciencia”?

Más de 10.000 civiles, 100 empleados de la ONU y 38 periodistas y profesionales de los medios de comunicación habrían muerto en el aluvión de bombardeos desatado por Israel en respuesta a las atrocidades perpetradas por Hamas el 7 de octubre. “Gaza es una fosa común”, lamenta Rony Brauman, fundador de Médicos sin Fronteras. La hecatombe en la población, la masiva destrucción de la infraestructura de la salud, la interrupción del abastecimiento de agua y electricidad, el bloqueo de las comunicaciones, el asedio del enclave, las trabas al envío de ayuda humanitaria... Todas estas acciones brutales, mutiladoras y mortales se justificarían por el derecho de Israel a defenderse y la necesidad de erradicar a Hamas. “No esperamos la opinión de ningún Estado cuando tuvimos que defender a Francia tras los atentados de 2015 y atacar al Estado Islámico en Siria. Todos esperamos que la población civil palestina sea la menos afectada por la legítima respuesta de Tsahal”, explicó el ex primer ministro francés Manuel Valls (L’Express, 27 de octubre de 2023). Algunos no dudan en comparar esta respuesta con las bombas incendiarias que devastaron Dresde (Alemania) en 1945, banalizando este episodio considerado de forma unánime como crimen de guerra, perpetrado a pesar de que el enemigo ya había sido derrotado. “Parece que nos olvidamos de que, en tiempos de guerra, las personas mueren –dijo el ministro de Defensa británico, Grant Schapps, en la BBC el 11 de noviembre–. Cuando Reino Unido bombardeó Dresde, 35.000 personas murieron”.

Sin embargo, muy pronto, los responsables de la ONU y de organizaciones no gubernamentales, al tiempo que denunciaban la toma de rehenes por parte de Hamas, aludieron a “crímenes de guerra”. “Incluso las guerras tienen reglas”, dijo, entre otros, António Guterres, un secretario general de la ONU que solía ser más discreto, antes de agregar que “la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria. Es una crisis de la humanidad. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños”¹.

Amnistía Internacional describió “pruebas abrumadoras” de violaciones al derecho internacional. Mientras que Israel declaró no poder garantizar la seguridad de los periodistas, Reporteros sin Fronteras lo acusó de haber atacado a un colega de manera deliberada². Las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias hicieron circular advertencias en las redes sociales: los hospitales, las escuelas y las ambulancias no son objetivos. “El Ejército toma las mayores precauciones, a pesar de que se cometen errores”, concedió el general Dominique Trinquand (“24h Pujadas”, LCI, 11 de noviembre). Como señal de protesta, varios países del Sur (Sudáfrica, Honduras, Bolivia) retiraron a su embajador de Tel Aviv. Rusia, China, Irán y Arabia Saudita hicieron responsable a Estados Unidos de la situación en Medio Oriente.

Por el contrario, las capitales occidentales se refugiaron detrás del “derecho a la legítima defensa” que le reconocen a Tel Aviv, a diferencia de los Estados árabes reunidos el 11 de noviembre en Riad y de Rusia, quienes indicaron que no existe tal derecho para una potencia ocupante. Sea como sea, “no hay ninguna justificación, incluyendo la lucha contra el terrorismo o la legítima defensa –recordaba ya Guterres en 2021 respecto de los mismos beligerantes– para que las partes en el conflicto renuncien a sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”³. En las Naciones Unidas, el 18 de octubre, Estados Unidos impidió, solo contra todos, la adopción por parte del Consejo de Seguridad de una resolución en ese sentido debido a que esta no condenaba los ataques de Hamas y podría deslegitimar la respuesta de Israel. Recién después de un mes, el 12 de noviembre, el presidente francés Emmanuel Macron se unió al llamado al cese del fuego, calificando de “ilegítimas” y “sin razón” las acciones de Israel contra la población civil (BBC, 12 de noviembre). Por su parte, el primer ministro belga, Alexander de Croo, las consideró “desproporcionadas” (red social X, 7 de noviembre). Pero el verbo “condenar”, tan a menudo conjugado desde el 24 de febrero de 2022 para denunciar los crímenes de Rusia en Ucrania, en este caso parece haber desaparecido del diccionario diplomático.

Así, un macabro juego del péndulo se despliega en los medios de comunicación entre, por un lado, la descripción cada vez más repugnante de los sufrimientos infligidos a la población y, por otro, la plácida justificación de los probables crímenes de guerra a una escala rara vez igualada desde la Segunda Guerra Mundial. La dificultad para obtener imágenes y testimonios directos debido al bloqueo impuesto por Israel a las comunicaciones provenientes de Gaza y la imposibilidad para los periodistas de llegar al lugar facilitan estas discusiones irreales en las que los muertos no son más que números bajo bombardeos calificados con el eufemismo de “ataques”. “La muerte de un hombre es una tragedia –declaraba extrañamente Iósif Stalin–. La muerte de un millón de hombres es una estadística”.

Lecciones de horror

Los daños y los sufrimientos causados por la guerra favorecieron con regularidad el progreso del derecho internacional con el objetivo, en cada ocasión, de impedir la repetición de ciertas prácticas y de establecer un marco de referencia que inhiba a los beligerantes: el nacimiento de la Cruz Roja tras la batalla de Solferino (1896), la firma de los grandes tratados de La Haya y de Ginebra tras la Primera Guerra Mundial; luego, tras la Segunda Guerra Mundial, con cuatro nuevas convenciones firmadas en la metrópolis suiza, sede de la extinta Sociedad de las Naciones. Mientras que los primeros textos apuntaban a las reglas de la guerra y a la suerte de los combatientes, los heridos o los prisioneros, las que se promulgaron en 1945 se interesaron por la población civil, afectada de modo particular por las formas modernas de los conflictos generalizados, industrializados. “El desarrollo de la guerra hacia una forma cada vez más total –explicaba en este sentido Max Huber, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 1944– prácticamente equiparó, en el peligro y el dolor, a los ejércitos y a la población [...]. Entramos en una lucha cuerpo a cuerpo con la guerra misma, porque ya no se trataba únicamente de aliviar el sufrimiento, sino de eliminar las fuentes de las que surge”⁴. Las conversaciones y negociaciones de la inmediata segunda posguerra se llevaron a cabo en una Europa destruida, con sus ciudades en ruinas, sus campamentos de refugiados, sus multitudes volcadas a las rutas, esos millones de civiles y militares muertos; un continente ya atormentado por la barbarie tecnificada y las atrocidades industrializadas perpetradas por la Alemania nazi y también, a pesar de que el estatus de vencedores los protegió provisoriamente del oprobio, por los aliados que soltaron bombas incendiarias sobre ciudades como Dresde. Menos afectada por el desastre, Suiza ofrece entonces un remanso de serenidad, pero ninguna pausa para la conciencia de tener que ponerse de acuerdo sobre un cierto número de reglas para el futuro. Así, en su comentario sobre las negociaciones de Ginebra para el CICR, el profesor Jean Pictet señalaba: “Deseamos rendir homenaje a los plenipotenciarios reunidos en Ginebra, no sólo por el muy profundo trabajo que realizaron por cerca de cuatro meses, sino también por el sorprendente deseo de colaboración y de conciliación que los motivó, a pesar de opiniones a veces divergentes, y sobre todo por el buen espíritu humanitario del que dieron prueba. Un horror compartido por los males generados por el reciente conflicto mundial y una voluntad de mejorar la suerte de las víctimas de la guerra dominaron continuamente los debates”⁵.

En la nueva configuración de los conflictos armados, los civiles van a obtener a su vez un derecho a la protección, aunque este no sea absoluto. En efecto, pueden ser, a pesar suyo o no, obstáculos al ejercicio de las operaciones. “Los heridos o los prisioneros son seres que se han vuelto inofensivos y las obligaciones que un Estado tiene respecto de ellos no lo incomodan seriamente en cuanto a la continuación de las hostilidades –explica el profesor Jean Pictet–. La mayor parte de los civiles, por el contrario, sigue teniendo la posibilidad de perjudicarlo, y las medidas adoptadas en su favor pueden ser un serio obstáculo para la conducción de la guerra”⁶. La cuarta convención de Ginebra de 1949 amplía entonces la categoría de las “personas protegidas”: a los enfermos, heridos, náufragos y prisioneros se suman de modo progresivo los civiles “que no participan directamente en las hostilidades”, el personal médico y religioso, los trabajadores humanitarios y el personal de protección civil. También se establecen límites a las acciones militares que puedan afectarlos e infligirles sufrimientos inútiles o injustos: las represalias o los castigos colectivos quedan expresamente prohibidos; las operaciones militares se condicionan a los imperativos de necesidad y proporcionalidad. Es por esa razón que Rusia (Ucrania) e Israel (Gaza) siempre afirman que una escuela o un hospital bombardeado en realidad es una guarida secreta del enemigo, transformándolo en un blanco militar legítimo. El argumento, clásico, que siempre debe ser verificado caso por caso, con mayor razón en cuanto a Hamas, que transformó el enclave en un gruyère desde donde continúa llevando a cabo acciones hostiles, pierde credibilidad cuando se realiza un bombardeo masivo, ciego por naturaleza.

Reglas “de humanidad”

Estas circunstancias y consideraciones, que rodean el nacimiento del derecho internacional humanitario moderno, explican la estupefacción y la indignación de los representantes de organizaciones humanitarias y de muchos juristas ante los estragos de Gaza. Así, para apoyar su llamado a un cese del fuego, la secretaria general de Amnistía International, Agnès Callamard, denuncia crímenes “que no hemos visto hace mucho”, una alusión apenas disimulada a la Segunda Guerra Mundial (France Info, 10 de noviembre). Ciertamente, las décadas de la posguerra estuvieron marcadas por graves violaciones de los derechos fundamentales y por crímenes de guerra, algunos de ellos que esperan aún ser sancionados: uso de armas químicas contra la población por parte de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, crímenes cometidos por las potencias coloniales en los años 1950 a 1970, incluso atrocidades durante la disolución de Yugoslavia. En términos más recientes, el asumido recurso a la tortura por parte de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, con el apoyo de Reino Unido, marca la recurrencia de prácticas contrarias a reglas que, sin embargo, fueron aceptadas por países cuya firma figura en la parte final de las Convenciones de Ginebra. Pero los acontecimientos actuales en Medio Oriente constituyen un ejemplo clásico de lo que los negociadores de 1945 hubieran considerado una situación paradigmática que debía desterrarse y que, de producirse, debía cesar de inmediato: una “potencia ocupante”, con una superioridad técnica incontestable (aviación, inteligencia, misiles, etcétera), respaldada por poderosos aliados, se libra a un intenso estallido de violencia sobre la población civil con el objetivo declarado de destruir a un enemigo armado y criminal.

Por lo tanto, los juristas franceses intentan, en un llamado publicado el 30 de octubre, volver a colocar las reglas “elementales de humanidad” en el centro del debate: “Conviene recordarlo: los principios fundamentales del derecho internacional fueron forjados pacientemente no para el simple placer de los juristas, ni para que los Estados puedan invocarlos según el antojo de sus propios intereses o del de sus aliados. Su razón de ser es la de proteger en todas partes a individuos, poblaciones y Estados contra la destrucción de sus derechos elementales y el desprecio de su dignidad; la de preservar las posibilidades de paz; la de dar cuerpo a un mínimo de conciencia universal y de solidaridad entre las naciones; la de proteger, en este caso, a los niños de Israel y de Palestina, tanto a los unos como a los otros”⁷. Los dirigentes europeos que, por fortuna, integraron completamente el “nunca más” respecto del genocidio de judíos, parecen, por el contrario, haber perdido bastante la memoria de la Europa devastada de 1945 como para permitir que un diluvio de bombardeos caiga sobre civiles desamparados. Entre sus obligaciones respecto del derecho internacional humanitario, figuran no sólo la de respetarlo sino también la de hacerlo respetar por otros. De ese modo, si las atrocidades cometidas por Hamas pueden justificar la ira de Israel, nada lo autoriza a salir del marco internacional y aun menos a sus aliados a dejarlo hacer. Tal vez sea la reminiscencia fugaz de esta obligación la que llevó al primer ministro belga a sugerir al Consejo Europeo, sin respuesta de sus homólogos, prohibir el acceso al territorio europeo a los “extremistas violentos israelíes” (AFP, 9 de noviembre).

Tel Aviv arrastra a sus aliados a la “trampa” tendida por Hamas, según la expresión del ex primer ministro Dominique de Villepin: perpetrar un “horror absoluto”⁸, reactivando aquí el recuerdo de los pogromos que los judíos sufrieron por siglos, para obligar al adversario a caer él también en el crimen a gran escala. Desde hace décadas, Israel viola el derecho internacional y deja de lado los derechos humanos al usar contra los palestinos armas prohibidas como las bombas de racimo, recurriendo en gran escala a detenciones administrativas, abusando de la fuerza mortal contra decenas y cientos de personas, en particular durante las manifestaciones. La novedad, respecto de la guerra de Gaza de 2006, está en la amplitud y la vertiginosa desproporción de los medios empleados para destruir a Hamas, que, en la práctica, equivale a masacrar civiles de manera masiva y ciega, en violación de prácticamente todas las reglas. Asimismo, el contexto de recomposición geopolítica modifica la percepción y la aceptación de las violaciones al derecho internacional.

Cuando la guerra se termine, los juristas –en un tribunal internacional– o los protagonistas –en el marco de un arreglo político– determinarán si, y en qué medida, los actos cometidos por unos y otros caen bajo la categoría de “crímenes internacionales” definidos en 1945. En todos los casos, un arrebato de humanidad, semejante al que inspiró a los fundadores del orden internacional de posguerra, se impondrá so pena de ser testigos, en un caos criminal, de lo que Jean Jaurès llamaba la “caída irreparable de la conciencia”.

Anne-Cécile Robert, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Micaela Houston.