Golpe de Estado identitario en Israel

Reformar la educación nacional, mantener a raya a los dirigentes respecto del sistema de seguridad, aplastar la oposición de izquierda, imponer el nacionalismo judío como identidad nacional, avanzar en la anexión de Cisjordania y continuar con la neutralización de la Autoridad Palestina. Ese es el plan del nuevo gobierno israelí.

Benjamin Netanyahu lo logró. De regreso en el poder desde el 29 de diciembre último (había ocupado el cargo de jefe de Gobierno de marzo de 2009 a junio de 2021), apoyado por una mayoría de 64 diputados sobre 120, nacionalistas, ultraortodoxos y mesiánicos, ya puede realizar su gran proyecto: instaurar en Israel un nuevo régimen fundado en un nacionalismo judío autoritario, religioso, en ruptura con la visión de la democracia que tenían los padres fundadores del sionismo, Theodor Herzl, Vladimir Zeev Jabotinsky y David Ben Gourion. Si bien la primera etapa fue, en julio de 2018, la adopción por parte de la Knesset [parlamento] de la ley “Israel: Estado-nación del pueblo judío”, un texto muy controvertido ya que es considerado discriminatorio respecto de las minorías árabes y drusas¹, hoy se trata de restringir el Estado de derecho.

Netanyahu confió la misión de transformar el sistema judicial a Yariv Levin, jurista y diputado, quien, desde su elección en la lista del Likud en 2009, dirige el ataque contra los jueces. El 4 de enero, ni bien fue nombrado ministro de Justicia, presentó su proyecto de “revisión radical” fundado en el principio según el cual el “pueblo” otorga a la mayoría electa la legitimidad para gobernar sola, sin interferencia de los magistrados, quienes, por su parte, no fueron elegidos en las urnas. Así, una cláusula llamada “de elusión” permitirá a 61 diputados anular una decisión de la Corte Suprema que considere inconstitucional una ley. “Una ley votada por la Knesset ya no podrá ser anulada por un juez”, insiste Levin. Además, el colectivo de nombramiento de los miembros de la Corte Suprema debería pasar a estar bajo el control de la mayoría en el poder. Se prevén otras medidas, como la reforma de algunos artículos del Código Penal, lo que debería reducir el número de acusaciones de corrupción en el seno de la clase política. En teoría, Netanyahu podría encontrarse de nuevo en la situación de haber nombrado a los jueces que examinarán su recurso de apelación si el proceso por fraude, abuso de confianza y corrupción en curso en su contra culminara en una condena.

Esther Hayot, presidenta de la Corte Suprema, no se dejó engañar. Dejando por primera vez de lado su prudencia, la más alta magistrada del país condenó firmemente el proyecto de Levin: “Se trata de una ofensiva contra el sistema judicial como si se tratara de un enemigo que hubiera que atacar y controlar. Esta reforma conlleva un golpe mortal a la democracia”. El ministro de Justicia le respondió acusándola de pertenecer “al partido que no se presentó a las elecciones, que se ubica por encima de la Knesset y de las decisiones del pueblo. Su retórica es la de las banderas negras que se alzan durante las manifestaciones. Su llamado está destinado a encender las calles en Israel”.

Por su parte, Aharon Barak, de 86 años, presidente de la Corte Suprema entre 1995 y 2006, al participar en los noticieros de los grandes canales israelíes, lanzó una advertencia solemne²: “Esta reforma instaura la tiranía por la mayoría y constituye un peligro para la democracia, a la que vacía de todo contenido. Si se aplica, no habrá más que una sola autoridad en el país, ¡la del primer ministro!”. Parafraseando la famosa frase del pastor Martin Niemöller sobre la cobardía de los intelectuales durante el ascenso del nazismo en Alemania, Barak aconseja a los israelíes no ponerse en la situación de aquel que respondió: “¡Me da lo mismo, no soy comunista!”, cuando le dijeron: “¡Matan a los comunistas!”. Una periodista del canal 12 le preguntó: “¿Qué sugiere usted al público?”. Respuesta: “Si no logramos un acuerdo, habrá que combatir, en el marco de la ley, por supuesto, pero si hay que manifestarse nuevamente en Balfour... y bueno, ¡que haya manifestaciones en Balfour! No tenemos otro país”. La residencia oficial del primer ministro se encuentra en la calle Balfour, en Jerusalén.

El debilitamiento de la Corte Suprema, única institución a la cual pueden recurrir los palestinos para defender sus derechos, permitirá vencer los últimos obstáculos judiciales que frenan el desarrollo de la colonización. Veinticuatro horas antes de su investidura, Netanyahu tuiteó las primeras líneas del acuerdo de coalición: “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre la tierra de Israel. Mi gobierno expandirá los asentamientos por todas partes, incluyendo Judea-Samaria [Cisjordania]”³. En abril de 2020, durante la formación del gabinete de Netanyahu-Gantz, en el mismo texto, la palabra “exclusivo” no aparecía. Es el mensaje enviado a todos aquellos que, en la escena internacional, desde el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, hasta el de Francia, Emmanuel Macron, continúan evocando “valores” comunes con Israel, repitiendo la necesidad de una solución de dos Estados. Para remarcar su postura, Netanyahu ofreció las llaves de Cisjordania y de la seguridad interior a la lista Sionismo Religioso, alianza de la cual es el padrino y que agrupa a tres partidos de colonos entre los más radicales. Bezalel Smotrich, de la colonia de Kedumim, cerca de Nablus, recibió así la muy importante cartera de Finanzas, pero también un cargo de ministro delegado de Defensa, donde debería nombrar a los comandantes de dos unidades militares: la Administración Civil de Judea y Samaria) y la Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por su sigla en inglés). Estas dos estructuras gestionan el vínculo con la Autoridad Palestina, controlan todo lo que entra y sale de los territorios palestinos y aseguran la gestión de las poblaciones civiles. Los generales están en contra de esta introducción de elementos políticos de extrema derecha en la cadena de mando. En los hechos, según el profesor de Derecho Mordechai Kremnitzer, los palestinos pasan de una ocupación militar a un nuevo régimen implementado por los colonos, lo que conducirá inevitablemente a la condena de Israel por parte de la Corte Internacional de La Haya.

Smotrich también tiene como misión reforzar la prohibición de nuevas construcciones palestinas en la Zona C –el 60 por ciento de Cisjordania completamente bajo control israelí– y velar por la legalización de los cientos de colonias construidas sin autorización gubernamental. Estas deberían ser conectadas con las infraestructuras nacionales, con la electricidad, el agua y las comunicaciones. El nuevo ministro considera a la Autoridad Palestina presidida por Mahmud Abbas como una “entidad terrorista”, y no tiene ninguna intención de aportarle ninguna clase de ayuda.

Por su parte, Itamar Ben-Gvir, habitante de la colonia Kyriat Arba, en Hebrón, diputado, jefe del partido racista inspirado por las tesis extremistas del rabino Meir Kahane⁴, Poder Judío, cumplió sus sueños más alocados: ahora es ministro de Seguridad Nacional y está a la cabeza de la Policía Nacional, que hace apenas un año todavía lo consideraba un peligroso agitador racista (el Ejército, por su parte, había rechazado incorporarlo, considerándolo demasiado extremista). En el otoño fue filmado en un barrio de Jerusalén Este, pistola en mano, amenazando a palestinos. Siguiendo los consejos de su coach –Netanyahu, con quien se reunía con regularidad durante la campaña electoral–, Ben-Gvir esconde sus garras, anunciando una nueva moderación, al prohibir a sus militantes gritar “Muerte a los árabes”, para declamar más bien: “Muerte a los terroristas”. Cercano al Instituto del Templo, un establecimiento que reúne un museo y una institución que impulsa la construcción del Tercer Templo de Jerusalén, antes de su nombramiento militaba activamente para que la prohibición para los judíos de rezar en la explanada de la mezquita Al-Aqsa, tercer lugar sagrado del Islam, fuera eliminada. Un lugar que los judíos llaman Monte del Templo, primer sitio sagrado del judaísmo. ¿Resistirá el nuevo ministro de Seguridad Nacional la tentación de infringir el statu quo que se supone que debe hacer respetar? Los rabinos a la cabeza del Instituto del Templo fueron los primeros en felicitarlo la noche de su victoria electoral.

En el marco de sus funciones, Ben-Gvir podrá determinar la estrategia global de las fuerzas del orden, pero sin intervenir no obstante en las decisiones operativas. Debería tener más libertad con el cuerpo de los 8.000 guardias fronterizos, del que recibió la responsabilidad, y podría decidir desplegarlos en el sector de Jerusalén, y en el Néguev frente a la población beduina. Ya se incorporaron compañías de esta unidad al despliegue del Ejército en Cisjordania.

Para el primer ministro, la voluntad de imponer el nacionalismo judío⁵ pasa por el control de la juventud. Así, decidió dejar que la enseñanza pública religiosa (365.000 alumnos repartidos en 4.300 establecimientos), hasta ahora apolítica, cayera bajo el ala de Bezalel Smotrich, dirigente del partido sionista religioso constantemente señalado por sus declaraciones hostiles a la izquierda, a los palestinos y a las minorías sexuales. En cuanto a Avi Maoz, del partido de extrema derecha Noam, se convirtió en viceministro. Homófobo, misógino y en contra del servicio militar de las mujeres, encabeza una nueva agencia de “Promoción de la Identidad Nacional Judía”, en vínculo directo con el primer ministro. Por su parte, Aryeh Deri, presidente del partido sefardí Shass y aliado histórico de Netanyahu, acumula dos de los seis ministerios atribuidos a su agrupación: el del Interior y el de Salud. El problema es que tiene antecedentes penales: fue condenado a tres años de prisión en el año 2000 por hechos de corrupción. Y está al borde de una nueva condena de un año en suspenso por fraude fiscal. En el caso de que la Corte Suprema le prohibiera ocupar un cargo en el gobierno, el primer ministro podría decidir acelerar la “revisión” del sistema judicial. Por último, Orit Strook, de la colonia Abraham Avinu, situada en Hebrón, también tiene a cargo el tema identitario judío. Nombrada ministra de las “Misiones Nacionales”, recibió el Departamento de Cultura Judía del Ministerio de Educación y la Dirección de Escuelas y Academias Premilitares. Los 823.000 alumnos de la enseñanza secular, que aún dependen del Ministerio de Educación, en parte desmantelado, tendrán por lo tanto derecho a cursos reforzados de Talmud según un texto de ley reclamado por los ultraortodoxos, que no fueron olvidados –se está lejos de ello–.

El acuerdo celebrado con el primer ministro prevé la aprobación de leyes que reducen la definición de la judeidad a la estricta ley religiosa. La Ley de Retorno debería ser enmendada para prohibir la llegada de inmigrantes considerados insuficientemente judíos por el Gran Rabinato de Israel. Entonces, las conversiones realizadas por rabinos liberales, reformados o conservadores, en Israel o en el exterior, ya no serían reconocidas. Estas concesiones a los religiosos están acompañadas de importantes medidas presupuestarias.

El financiamiento público por alumno de Al Hamaayan, la red de escuelas privadas de Shass, superó en 20 por ciento el de los alumnos de la enseñanza secular. Los asquenazíes del Judaísmo de la Torá recibieron dos carteras, entre ellas la de Vivienda. Según Avigdor Lieberman, el ministro de Finanzas anterior, el conjunto de las exigencias de los partidos ultraortodoxos en materia de financiamientos diversos se elevaría a 5.000 millones de euros por año⁶, lo cual profundizaría aún más la desigualdad entre los seculares y los ultraortodoxos. Estos últimos están exentos del servicio militar y contribuyen muy poco a la economía del país. Según la Oficina Central de Estadísticas, los contribuyentes seculares pagan nueve veces más impuestos directos que los ultraortodoxos⁷. Las becas otorgadas a los estudiantes de escuelas talmúdicas acaban de ser duplicadas y superan el sueldo de los jóvenes militares del contingente.

¿Logrará Netanyahu modificar las instituciones de su país? Convencido de que llegó la hora de la transformación, no tiene ninguna intención de ceder frente a los partidarios del Estado de derecho, que lograron reunir a más de 100.000 israelíes, judíos y árabes, en una primera manifestación en Tel Aviv y en Jerusalén el 14 de enero. Ya al día siguiente, en la apertura del Consejo de Ministros, el primer ministro recordó que, en su opinión, sólo contaba la mayoría que los electores le confirieron en ocasión del escrutinio del 1º de noviembre de 2022.

Charles Enderlin, periodista. Traducción: Micaela Houston.