¿Hacia un “bolsonarismo” sin Bolsonaro?

¿Cómo explicar que, desprovistos del apoyo de los medios de comunicación, de una gran parte del empresariado y de las elites políticas conservadoras, las redes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro hayan intentado un golpe de Estado el 8 de enero? A pesar de su fracaso, el bolsonarismo acaba de demostrar que ya no necesita de su líder para existir.

En la plaza del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, una larga bandera brasileña de más de 50 metros de largo quedó abandonada en medio de vidrios rotos y de casquillos de gases lacrimógenos. El martes 10 de enero, mientras la Policía Científica trabajaba en el edificio recolectando huellas digitales, otros investigadores interrogaban al personal de seguridad, con el fin de reconstruir el desarrollo de los acontecimientos del domingo 8 de enero, cuando miles de partidarios del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro tomaron por asalto las más importantes instituciones de la democracia de ese país.

De los tres edificios de la Plaza de los Tres Poderes, el STF fue el que se vandalizó con mayor furia, según los inspectores de policía que se expresaron fuera de micrófonos. Este odio contra la más alta corte de justicia del país, que también está a cargo de las elecciones, se ajusta al que manifestó Bolsonaro. “El presidente saliente debería ser objeto de enjuiciamiento por incitación al golpe de Estado y crímenes contra la democracia, dos delitos que figuran en el Código Penal”, estima la profesora de Derecho María Fernández. Antes de agregar que “todos los dirigentes políticos que reprodujeron sus discursos y sus amenazas desde hace cuatro años” deberían sufrir el mismo destino. El viernes 13 de enero, el juez del STF Alexandre de Moraes autorizó a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la participación del expresidente en la insurrección acontecida cinco días antes.

Desde comienzos de 2020, Bolsonaro amenazó a los otros poderes –no respetar sus decisiones, lanzar a sus partidarios en su contra...– en promedio una vez cada 23 días, según una estimación del diario O Globo¹, conservador pero hostil a Bolsonaro. Antes de que la Justicia eventualmente llegue a los responsables intelectuales de este intento de golpe, el 11 de enero ya fueron encarcelados 1.159 militantes de extrema derecha en dos cárceles de la capital. Unos 209 ya estaban encarcelados desde la noche del 8 de enero, cuando fueron atrapados en el interior mismo del palacio presidencial. Sin embargo, muchos lograron evitar la cárcel, por ahora.

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), les había informado a las fuerzas de seguridad de Brasilia que 3.900 personas habían llegado en 156 ómnibus el sábado 7 de enero y que se habían unido al mayor campamento bolsonarista del país, instalado justo enfrente del cuartel general del Ejército desde el 30 de octubre. La movilización apuntaba a lograr que los militares tomaran el poder para impedir el regreso de la izquierda al gobierno. La investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, el 1º de enero, puso fin a sus esperanzas; una gran mayoría volvió a su casa.

No obstante, seis días después, se lanzó un nuevo llamado para que todos “los patriotas vayan a Brasilia”. Un texto ampliamente compartido en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería de la galaxia bolsonarista llamaba a una movilización nacional el 8 de enero para “impedir que se establezca el comunismo en Brasil y para erradicar la corrupción. Reivindicamos una inmediata intervención de las Fuerzas Armadas y, para ello, vamos a tomar la plaza y los edificios de los Tres Poderes, bloquear todas las refinerías, paralizar los transportes terrestres, las actividades industriales, comerciales y agrícolas, y suspender todo pago de impuestos”. Brasilia sería el centro neurálgico de la revuelta a la que se sumaría el resto del país.

No era la primera vez que se fomentaban acciones violentas desde el campamento principal de los bolsonaristas. El 12 de diciembre de 2022, durante la ceremonia de certificación de Lula en el STF, algunos militantes incendiaron ómnibus y autos en la capital. El 22 del mismo mes, la Policía encontraba una bomba artesanal colocada en un camión-cisterna, cerca del aeropuerto de la capital. El sospechoso, George Washington de Oliveira Sousa (54 años), confesó que el atentado, concebido en el interior del campamento, tenía como objetivo provocar una tragedia para alentar el caos y obligar a las Fuerzas Armadas a intervenir para restablecer el orden.

A muchos brasileños les cuesta comprender la mansedumbre de la que hizo prueba el gobierno de Lula ante esta movilización, instalada frente a decenas de edificios militares en todo el país desde la finalización de la segunda vuelta electoral. El nuevo ministro de Justicia, Flávio Dino, por ejemplo, quiso desmantelar al grupúsculo desde la asunción del presidente Lula, calificándolos de “incubadores de terroristas”². Sin embargo, el ministro de Defensa de Lula, José Mucio Monteiro, cercano a los militares, consideraba al campamento como una “manifestación de la democracia”³. Se basaba en informaciones provenientes del Ejército, que señalaban que las protestas habían perdido fuerza: un informe presentado a fines de diciembre pasado al presidente Lula señalaba una disminución del número de “acampantes-militantes” de 43.000 a 5.000 desde la segunda vuelta de la elección presidencial, a fines de octubre de 2022. Lula había decidido no hacer nada, hasta el día de la toma. Tras la invasión de la Plaza de los Tres Poderes, todos los campamentos bolsonaristas sembrados por el país fueron desmantelados.

La cocinera, el campamento y sus proveedores

El campamento de Brasilia, por lejos el más grande, ocupaba una inmensa explanada. También era el mejor organizado, con baños químicos, duchas, un espacio para los “influencers”, un escenario para los oradores, y estructuras equipadas para preparar de forma gratuita las comidas de miles de “patriotas”. Viviane M., proveniente de la ciudad de Londrina en el estado de Paraná, nos hizo visitar esas instalaciones en diciembre.

A pesar de que para entonces la entrada al campamento era libre, los medios de comunicación no eran bienvenidos. “Periodista francesa” figura en la categoría de las peores tarjetas de presentación que se pueden mostrar, debido a las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien sugirió darle “un estatus internacional a la selva amazónica”, ya que las políticas de Bolsonaro habían favorecido los incendios⁴. La astucia consiste entonces en presentarme como una simple turista, deseosa de comprender este movimiento de protesta.

Pequeña, dinámica y sonriente, Viviane M. cocina para el campamento. “Estaba desempleada, me propusieron venir para ayudar al movimiento”, nos explica esta partidaria de Bolsonaro, sin precisar quién se esconde detrás de esa propuesta. “En absoluto”, contesta cuando le preguntamos si percibe un salario. Sin embargo, trabaja duro 12 horas por día desde hace dos meses... y le manda plata a su madre para ocuparse de sus dos pequeños hijos que permanecieron en Londrina. Detrás de grandes toldos, organiza las reservas en una decena de heladeras que funcionan gracias a grupos electrógenos, al tiempo que nos presenta las fake news más conocidas del bolsonarismo: “Si Lula gobierna este país, nos vamos a convertir en una nueva Venezuela. El comunismo se va a instalar y toda nuestra plata se irá a Cuba”, afirma, mientras separa un puñado de salchichas. Las provisiones son entregadas por camiones, sin que Viviane sepa de dónde vienen ni qué contienen los paquetes: “Tengo que improvisar: nunca sé de antemano lo que nos traen”, confía riendo. Nuevamente un misterioso proveedor, del que Viviane no puede contarnos nada...

Un mes después, a mediados de enero, la investigación de la Policía Federal ya identificó a un centenar de empresas que financiaron ese campamento, así como el transporte en ómnibus de bolsonaristas del 8 de enero (o antes) para llegar a la capital. Sin hacer públicos sus nombres, la Policía confirmó que esas empresas pertenecen al sector del agronegocio, del transporte y de la construcción civil, y que en su mayoría provienen de los estados de Paraná, Mato Grosso del Sur y San Pablo, tres estados que eligieron a aliados de Bolsonaro para el cargo de gobernadores. De hecho, algunos de sus dirigentes estaban presentes el 8 de enero, como Albert Alisson Gomes Mascarenhas, propietario de la empresa Constructora Meirelles Mascarenhas, que ganó decenas de contratos públicos durante la presidencia de Bolsonaro. El ingeniero, que se filmaba en vivo incitando a la multitud a ingresar en el Congreso, por el momento no forma parte de los encarcelados. De la misma manera, el movimiento Brasil Verde e Amarelo [Brasil verde y amarillo], dirigido por el productor de soja Antônio Galvan, y que reúne a más de 300 entidades relacionadas con el agronegocio, también alentó a sus partidarios a ir a Brasilia el fin de semana del 8 de enero.

Una protesta de meses

Desde fines de octubre de 2022 y hasta el 9 de enero, en la parte delantera del campamento, frente a las barreras de los edificios militares, algunos “patriotas” se turnan para lanzar gritos de “SOS Fuerzas Armadas” agitando banderas. Para ellos, la elección presidencial de octubre de 2022 fue parcial e injusta. Los argumentos a veces se prestan a una sonrisa: la izquierda habría difundido informaciones engañosas, comprado votos... La receta de las campañas de movilización del bolsonarismo.

Con regularidad, brillantes autos expresan su apoyo tocando la bocina al pasar por las inmediaciones del campamento o de alguna manifestación. La capital, en donde la administración pública es por lejos el primer empleador (40 por ciento de los empleos), votó ampliamente por aquel que tan a menudo amenazó con barrer la democracia brasileña: 58,81 por ciento contra el 41,19 por ciento para Lula en la segunda vuelta de la elección presidencial.

En los centros de votación, el 30 de octubre, los partidarios del presidente saliente fueron a votar portando con orgullo los atributos del bolsonarismo: banderas brasileñas en los techos de los autos y camisetas de la seleção (selección nacional de fútbol). La mayoría aceptó contestar a las preguntas de la prensa, y fustigó “la corrupción del Partido de los Trabajadores [PT]”, al que no querían ver gobernando de nuevo después de los mandatos de Lula (2003-2010) y de Dilma Rousseff (2011-2016). Rechazaron de forma sistemática las preguntas relacionadas con la gestión (desastrosa) de la pandemia de covid-19 por parte de su favorito y con sus ataques contra la democracia: “La verdadera amenaza es el regreso del PT –nos asegura Sérgio Davila, funcionario del ministerio de Economía–. Las amenazas de Bolsonaro no son más que palabras al aire, mientras que Lula, por su parte, va a financiar nuevamente países como Cuba. No tenemos nada que ganar con esa política”. Palabras que no sorprenden en lo más mínimo a la diputada federal del PT para el Distrito Federal, Erika Kokay: “Puede parecer increíble pero, en efecto, Jair Bolsonaro goza de un sólido apoyo entre los funcionarios de Brasilia, que ganan salarios muy cómodos. Aun cuando amenazaba con destruir a la democracia, ese apoyo nunca flaqueó”. Así y todo, con muy raras excepciones, esos funcionarios no acamparon con los “patriotas”.

En cambio, las familias de militares sí estuvieron muy presentes. Durante sus visitas regulares, la esposa del general Eduardo Villas Bôas era celebrada como una invitada de honor. Su marido, excomandante del Ejército, es cercano a Bolsonaro y fue el autor, en abril de 2018, de un tuit amenazando al STF con una intervención militar si los jueces votaban en contra del encarcelamiento de Lula, entonces acusado de corrupción, sin pruebas⁵. La presencia de personas cercanas a los militares en el interior del campamento, a pesar de no ser oficial, era un secreto a voces. Tal vez explique en parte su rechazo inicial a desmantelarlo, el 8 de enero a la noche, tras la toma de la Plaza de los Tres Poderes. Decidieron hacerlo el 9 de enero a la mañana, tras darles tiempo a los golpistas para huir...

Esta connivencia entre fuerzas de seguridad y militantes bolsonaristas quedó ilustrada en numerosos videos. Explica la facilidad con la cual los militantes de extrema derecha se introdujeron en los edificios, previo a saquearlos durante más de dos horas. En algunas imágenes se puede ver un ambiente amigable entre policías, militares e insurgentes en el exterior del Congreso, cuando la multitud ya había invadido el techo de la cúpula. Otro video muestra el interior del edificio: la Policía está alineada y deja pasar a los alborotadores, mientras que el cortejo se dirige al Salón Verde, que lleva al hemiciclo. Las escenas más perturbadoras se filmaron en el interior del Planalto, el palacio presidencial. Se ve a un comandante militar intentando impedir que la Policía Militar (PM, encargada del orden) arreste a los insurgentes. Otros videos del circuito cerrado de la videovigilancia del palacio, que por el momento no se hicieron públicos, serían aún más problemáticos. “Quiero ver todos los videos –anunció el presidente Lula durante una conferencia de prensa el 11 de enero–. Los que ya vi ya muestran una connivencia de los insurgentes con la Policía Militar, con las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que se abrió la puerta del Palacio del Planalto para dejarlos entrar, porque no hay puertas rotas”.

Para Renato Sérgio de Lima, director del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una organización no gubernamental (ONG) especializada en cuestiones de seguridad, esta connivencia no debe sorprender. “Nuestras investigaciones concluyen que hay una muy fuerte adhesión de las fuerzas de seguridad al bolsonarismo. Por otro lado, muestran que la radicalización de las tropas está in crescendo y de manera mucho más importante que en el resto de la población”. La ONG mostró, por ejemplo, que entre 2020 y 2021 el número de policías que participaban en las redes sociales bolsonaristas aumentó en 27 por ciento⁶. Más de un tercio de las fuerzas del orden estarían suscritas a esas redes, y 21 por ciento de ellas a las páginas más radicales. En el caso de la PM, que comprende un contingente de más de 400.000 policías, 51 por ciento de las tropas apoyarían a los grupos bolsonaristas, y 30 por ciento de ellas a las cuentas más extremas. La Policía Vial Federal (Polícia Rodoviária Federal, PRF), que cuenta con cerca de 13.000 miembros, constituiría otro núcleo del bolsonarismo. “En cuatro años, este cuerpo de policía fue puesto por completo al servicio del presidente saliente y de su ideología –señala Sérgio de Lima–. Vimos a la PRF realizar bloqueos en el noreste el día de la elección para impedir a los votantes de Lula ir a votar. Participó en masacres en las favelas junto a la PM en 2022, cuando no es en absoluto su rol ni su terreno de acción”.

Durante una entrevista en el canal Globonews, el 12 de enero, el ministro de Justicia, Flávio Dino, proclamó que el fenómeno de la radicalización de las fuerzas del orden iba a ser objeto de toda su atención. De hecho, unos días después de la toma de la Plaza de los Tres Poderes, invitó a los especialistas a enviarle propuestas sobre esta cuestión. Esta invitación brindó la oportunidad de una enésima fake news de la extrema derecha: el ministro debió desmentir en Twitter que habría contratado al filósofo Michel Foucault para respaldarlo. “No tengo el poder de resucitar a una persona fallecida en 1984”, escribió el ministro el 14 de enero.

Durante los últimos meses, el conspiracionismo desenfrenado de la esfera bolsonarista alcanzó su apogeo. Sus grupos de conversaciones, en particular en la aplicación Telegram, difundieron las teorías más descabelladas, vistas y reproducidas millones de veces en todo el país.

Varias caras de un fenómeno

El 30 de diciembre, mientras Bolsonaro vuela a Estados Unidos para no tener que traspasarle la banda presidencial a su sucesor, los bolsonaristas están convencidos de que en realidad sigue otro plan. “Acaba de entregarle el poder al vicepresidente. Es él, el general [Hamilton] Mourão, quien va a decretar la intervención militar, esta noche durante su discurso a la Nación”, nos explica con rostro muy serio Marcelo P., un jubilado que vive en Brasilia y que va todas las noches al campamento. Sin embargo, al día siguiente el vicepresidente no decreta ninguna intervención: al contrario, critica los campamentos frente a los cuarteles en su mensaje televisado. Las redes sociales se ensañan con él: “un traidor más” que abandonó al presidente y a su Ejército.

Otro ejemplo: un video de Bolsonaro en un supermercado de Florida [Estados Unidos] es estudiado al detalle por los militantes que interpretan el más mínimo movimiento de su líder. Ana Priscila Silva de Azevedo, cuyo canal de Telegram “La caída de Babilonia” es seguido por cerca de 55.000 suscriptores, publica de inmediato un video para anunciar “el inicio de la guerra. ¿Vieron que [Bolsonaro] se paró delante de las pilas?”. En el video, Bolsonaro, en efecto, lanza una mirada automática hacia la góndola que está frente a la caja. “Nos quiere decir que necesitamos pilas para las linternas y las radios, ¡porque la guerra va a empezar!”, asegura en Telegram Silva de Azevedo (27 de diciembre de 2022). Su arresto, el 10 de enero, hará correr mucha tinta. La militante habría estado protegida, y luego habría sido sacada por los militares tras ser arrestada dentro del palacio presidencial. Fue arrestada dos días después de los acontecimientos, a 60 kilómetros de Brasilia. Ahora está en la cárcel.

Sin embargo, sería un error limitar el bolsonarismo a sus franjas conspiracionistas ridiculizables con facilidad. Amaro Martins, por ejemplo, está enfurecido. Teme “la muerte de nuestro movimiento conservador. ¿Por qué pedir una intervención militar? Nunca estuve de acuerdo con eso”. A una hora de auto del centro de Río de Janeiro, en uno de esos suburbios tristes de la periferia, Martins aceptó recibirnos en su casa en octubre. Único lujo en medio de una casa modesta: una televisión reina en el centro del living. Ese domingo de octubre, acaba de llegar del culto evangélico con su esposa. De 42 años, pelo rapado y cuerpo atlético, Martins posee dos comercios modestos en la ciudad de Campo Grande. Su esposa ofrece cuidados estéticos en su casa. Al tiempo que prepara la comida, Martins menciona a “[su] presidente”, a quien espera ver ganar la elección: “A Bolsonaro lo conocí acá, en un mercado en 2014. Estaba en campaña para las legislativas. Me gustó enseguida. Es un hombre simple, un hombre bueno”. Ese año, Martins comenzó a interesarse por la política, como muchos brasileños. En junio de 2013, el país vivió sus primeros sobresaltos sociales y políticos tras diez años de gobiernos del PT. Estallaron manifestaciones gigantescas, en un principio para exigir más servicios públicos. Pero con rapidez fueron aprovechadas por las franjas más extremas de la derecha. Las reivindicaciones mutaron. La entonces presidenta Dilma Rousseff, y la corrupción que ella encarnaría, se convirtieron en el objetivo. Ya el 20 de junio de 2013, algunos manifestantes intentaron tomar el Congreso y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia al grito de “fuera el PT”.

“Me formé en política en internet, siguiendo cursos en YouTube”, nos explica Martins, evangelista de la Iglesia Bautista desde hace 15 años, mostrándonos en su teléfono el canal Terça Livre, creado en 2014 y animado por el bloguero Allan dos Santos. Condenado en 2021 a una pena de prisión por el juez De Moraes por haber “incitado a actos antidemocráticos, difundido fake news y atacado a las autoridades”, Dos Santos huyó a Estados Unidos con la ayuda de la familia Bolsonaro y de sus redes. La Academia Terça Livre cuyas cuentas en YouTube y Twitter fueron suspendidas por la Justicia, sigue proponiendo en su sitio cursos pagos para “formarse” en amplios temas como el anticomunismo, el nazismo, la guerra de la información, la infiltración de la izquierda en la Iglesia Católica, etcétera. “Ahí descubrí lo que era el socialismo y entendí que yo era un conservador sin saberlo. Estoy en contra de la erotización de los menores, de la ideología de género que la escuela enseña y que la izquierda siempre promovió”, continúa Martins.

Martins amplía: “Cuanto más me informo en internet, más entiendo que el comunismo es nefasto. El PT nos hace detestar a los ricos cuando son estos quienes crean empleo y mejoran la vida de los pobres. La izquierda decreta impuestos que complican la vida de los más humildes. Nunca ayudó a los pobres, los usó”, espeta con repentina vehemencia. Para el historiador Odilon Caldeira Neto, quien coordina el observatorio de la extrema derecha en la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), “esa mezcla de liberalismo asumido y de valores conservadores religiosos fue desde siempre la ideología principal de la extrema derecha brasileña. Sigue convenciendo a millones de brasileños”.

Renato O. prefiere no darle su nombre completo a la prensa. Este representante comercial para una marca de helados desde hace más de 20 años también aceptó encontrarse con nosotros para explicar su apoyo al expresidente Bolsonaro, a inicios de diciembre 2022. Se dirigió, como todos los fines de semana, al campamento de los bolsonaristas en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, al norte de Río de Janeiro. Se puso su camiseta de la seleção y se ubicó allí, en la vereda, al lado “de otros patriotas”. Había cerca de 500 personas ese domingo soleado. Lo que le gusta particularmente en este movimiento es el patriotismo: “Bolsonaro nos hizo entender que Brasil es un gran país; despertó el patriotismo en nosotros. Antes, yo decía que Brasil era corrupto, que no íbamos a cambiar nunca, pero con este movimiento cambié y ahora sé que pertenezco a una gran nación”. Renato retoma el discurso de víctima con el que Bolsonaro juega de buen grado: “El STF, el Congreso, nadie lo dejó gobernar. E incluso los militares, a los que les dio miles de cargos, lo abandonaron. Está solo contra todos”. “Los patriotas” son los últimos en apoyarlo...

Renato no está armado, pero no esconde que está dispuesto a tomar las armas. “No nos va a quedar otra, vamos a tener que comprometernos en algún momento si queremos defender a nuestro país”, nos explica muy fríamente este representante comercial a dos semanas de Navidad. El 10 de enero lo llamamos por teléfono: no fue a Brasilia. Pero está enojado, “preocupado por Bolsonaro”, convencido de que “infiltrados de izquierda provocaron este caos para destruir al movimiento” y desamparado “ante la gravedad de las penas que serán solicitadas contra los patriotas”.

Ese mismo día, Ricardo Cappelli –designado por el ministro de Justicia para dirigir la intervención federal y retomar el control de la seguridad de Brasilia– le explica a la prensa que “los policías se enfrentaron con verdaderos profesionales, personas que fueron formadas y preparadas, que tenían una noción de tácticas de enfrentamiento, que tenían guantes para atajar y lanzar granadas y objetos. Acá también tenemos que descubrir quién financió, preparó y organizó este ataque”.

La única intervención fue la del Distrito Federal, decretada por Lula el 8 de enero. La encabeza un hombre determinado a desenmascarar el brazo financiero y armado del bolsonarismo, un movimiento dispuesto a sobrevivir al dirigente político que precedió su surgimiento en la escena política brasileña.

Anne Vigna, periodista, Río de Janeiro. Traducción: Micaela Houston.