España, una monarquía zombi

El exrey español Juan Carlos I genera polémica por sus extravagancias, su gusto por el dinero y sus interesadas amistades con los monarcas del Golfo Pérsico. La mediatización de este comportamiento, que no fue revelado durante mucho tiempo, contribuye a erosionar la imagen de la Casa Real y refuerza el bando de los partidarios de una república.

“Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Con esta penosa declaración Juan Carlos I, entonces rey de España, creyó salir del apuro en abril de 2012 tras su egreso del hospital. Fue admitido por una fractura de cadera producida durante un safari de lujo con todos los gastos pagos en Botsuana. Mientras el país caía en una de las peores crisis económicas de su historia y la Comisión Europea amenazaba con poner la economía española bajo tutela, este incidente de caza dañaba la imagen de un monarca “cercano al pueblo”. Fue el golpe de gracia a una popularidad ya deslucida: el hecho también sacó a la luz la relación extraconyugal con Corinna Larsen, una empresaria alemana que, algunos años después, lo demandaría por acoso.

Símbolo de la joven democracia

Así se inició la mayor crisis jamás vivida por la monarquía española desde su restauración en 1975 cuando, tras la muerte del general Francisco Franco, su sucesor designado, el joven Juan Carlos de Borbón, fue nombrado jefe del Estado. Tras una turbulenta transición política, el nuevo soberano se acomodó a la instauración de una monarquía constitucional que le permitía evitar que se llevara a cabo un referéndum en favor o en contra de la República. Un tiempo después compensó su falta de legitimidad democrática durante el intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981. Ese día, un grupo de agentes de la Guardia Civil tomó por asalto el Congreso, en donde estaban reunidos el conjunto de los diputados y los funcionarios del gobierno, mientras que una parte del Ejército se levantaba y se apoderaba de las calles de Valencia. Según la versión oficial, el rey desbarató el golpe de Estado al desautorizar al jefe de la revuelta, el general Alfonso Armada, y exhortar a los principales dirigentes militares a no unirse a la conjura. Durante la noche, vestido con su uniforme de capitán general (la Constitución española le otorga al rey el título simbólico de “jefe supremo” de las Fuerzas Armadas), Juan Carlos dio un discurso televisado denunciando el golpe. Al día siguiente, el Congreso fue liberado sin derramamiento de sangre y los conspiradores fueron encarcelados.

Sin embargo, el rey mantenía vínculos estrechos con el jefe de la rebelión, quien había estado a su servicio como secretario general de la Casa Real. Al igual que los principales partidos políticos del país, Juan Carlos I no ignoraba la existencia de un plan que apuntaba a confiarle al general Armada las riendas del gobierno, con vistas a endurecer la reacción ante la organización independentista ETA [siglas de Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad], aunque no está claro hasta qué punto conocía o aprobaba esta acción militar. La “operación Armada” no fue sino una de las numerosas conspiraciones planeadas a lo largo de este período inestable. La mayoría de estas fue concebida por militares franquistas que consideraban una traición tanto la legalización del Partido Comunista como el reconocimiento autonómico de Cataluña y del País Vasco.

Si bien el rey condenó con firmeza el intento de golpe de Estado –más de seis horas después de la toma del Congreso por parte de los guardias armados–, nadie sabe si actuó de esa manera por convicción democrática o porque la operación se estaba desarrollando peor de lo previsto. Su decisión podría explicarse por el hecho de que el apoyo de los militares a los golpistas fue más débil de lo que estos esperaban, o incluso por lo que el escritor Javier Cercas llama la “escenografía marcial”¹ de la operación, que volvió imposible un cambio de gobierno con apariencia pacífica –más aceptable ante la opinión pública, nacional o internacional–. Habrá que seguir esperando para poder conocer toda la verdad sobre el 23 de febrero de 1981, más aún cuando los considerandos del juicio de los golpistas siguen siendo clasificados. Por el contrario, lo que no plantea ninguna duda es el efecto político producido por la versión oficial de esa jornada: el joven monarca heredero de Franco asociaba su imagen a la de la joven democracia española.

Durante tres décadas, nos explica Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Carlos I se vio beneficiado por una “total autonomía de gestión de la Casa Real” y con la protección de los grandes partidos políticos (en particular del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que a pesar de sus raíces republicanas, se convirtió al “juancarlismo” bajo los mandatos de Felipe González, a la cabeza del gobierno desde 1982 a 1996) y de los medios de comunicación dominantes que rara vez se aventuraban a escudriñar o criticar las actividades de la corona. Confiado gracias a estos privilegios, el rey pudo sacarles provecho a sus funciones para llevar a cabo negocios personales, a menudo por fuera del marco legal.

La Constitución de 1978 le atribuye al rey la función de jefe de Estado, pero la limita a tareas simbólicas de representación y a un estatus que consiste en “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”. En la práctica, sin embargo, Juan Carlos I “detentaba un poder político, daba su opinión y ejercía su influencia en la esfera económica, en el sector, por ejemplo, de las fusiones de empresas o de la política pública durante el período de transición”, analiza la periodista Ana Pardo.

El fin de la ley del silencio

Una de sus transgresiones más resonantes al marco institucional tuvo lugar en la Cumbre Iberoamericana de 2007, cuando interrumpió al entonces presidente venezolano Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?”, le dijo. Pero los excesos más flagrantes del monarca español fueron menos verbales que financieros. El Estado le otorga a la Casa Real un presupuesto anual de más de ocho millones de euros, incluida la renta personal del rey y de su familia, como tal, imponible. No obstante, la revista Forbes y The New York Times evalúan el patrimonio de Juan Carlos en cerca de 1.800 millones de euros, una fortuna que no puede explicarse sólo por sus ingresos oficiales.

La acusación a su yerno, Iñaki Urdangarín, en 2011 por un asunto de corrupción puso fin a la ley del silencio hasta entonces vigente. Los medios de comunicación comenzaron a descorrer el velo sobre los cuestionables negocios del monarca. Sin duda, el más grave es el pago de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudita en 2008, supuestamente a modo de recompensa por la mediación realizada por Juan Carlos I entre la petromonarquía árabe y un consorcio de empresas españolas, con vistas a la atribución de un mercado de construcción ferroviario en La Meca². Las revelaciones acerca de este negocio pusieron en evidencia los estrechos vínculos entre la corona y el empresariado. Según algunos periodistas, como Rebecca Quintans o Pilar Eyre, el rey no dudaba en usar su prestigio internacional para lograr que se concluyeran contratos en beneficio de amigos empresarios, quienes a cambio le pagaban cuantiosas comisiones. Juan Carlos I mantuvo, asimismo, desde el inicio de su reinado, relaciones privilegiadas con los monarcas del Golfo Pérsico. Así es que el rey de Bahréin le “regaló” 1,9 millones de euros en 2010 y el soberano de Emiratos Árabes Unidos lo hospeda suntuosamente desde agosto de 2020.

Hasta el momento, Juan Carlos I logró evitar las demandas legales, en virtud de una interpretación amplia de la inmunidad que le otorga la Constitución. Pero dado el incesante flujo de informaciones acerca de sus negocios, la monarquía se llevó en 2013 una nota mediocre de 3,68 sobre 10 en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del gobierno. Al año siguiente, debido a su creciente impopularidad, Juan Carlos I decidió abdicar a favor de su hijo Felipe. Un mes antes del anuncio del retiro del monarca, Podemos [izquierda] había obtenido un resultado espectacular en las elecciones europeas, amplificando la crisis del sistema político español y continuando la labor del movimiento 15-M, cuya crítica a las instituciones se extendía al conjunto del régimen nacido en 1978, monarquía incluida³.

Crisis atenuada

En un cálido día de junio, el joven rey Felipe VI, recién entronizado, recorría el centro de Madrid en un Rolls-Royce descapotable junto con su esposa Letizia. Se colocaron más de cien mil banderas en su trayecto en el marco de una celebración popular que debía hacer olvidar las numerosas manifestaciones republicanas que se habían suscitado tras la abdicación de Juan Carlos I. Sin embargo, la multitud no se hizo presente y las cámaras de televisión no filmaron más que calles desesperadamente vacías. Es sorprendente el contraste entre esas imágenes de desolación y las masivas y fastuosas ceremonias que acompañaron el jubileo o el funeral de la reina Isabel II en Reino Unido, testimonio del arraigo social de la monarquía británica y de la fascinación que ejerce en una amplia parte de la población. Como demostró la austera coronación de Felipe de Borbón en 2014, la monarquía española carece cruelmente de una simbología o de una estética propias, capaces de elevarla a la categoría de emblema nacional a la misma altura que el himno o la bandera.

La sucesión tuvo un éxito relativo: un año después de la coronación de Felipe VI, una encuesta indicaba que 57,4 por ciento de las personas sondeadas tenía una imagen positiva del nuevo titular de la corona. No obstante, la monarquía española permanecía atrapada en el último lugar de la clasificación de la investigación del CIS, con un índice de 4,34 sobre 10⁴. A lo largo de sus ocho primeros años, el reino de Felipe VI estuvo sobre todo marcado por la acusación contra su hermana, la infanta Cristina, implicada en el mismo caso de corrupción que su marido, Urdangarín, y por la letanía de investigaciones sobre las malversaciones de Juan Carlos I, las mismas de las que el heredero había intentado tomar distancia –al punto de renunciar a su herencia cuando salió a la luz que era cobeneficiario de dos de las cuentas offshore abiertas por su padre⁵–. Asimismo, Felipe VI accedió a hacer algunos gestos para transparentar la administración de la Casa Real, incluso privando a su padre de su asignación como exjefe de Estado. A pesar de que no se permite conocer en detalle las cuentas de la monarquía, fueron muy celebrados por los principales medios de comunicación. Emergió un nuevo consenso: libertad absoluta para esclarecer y fustigar los abusos de Juan Carlos I, pero cero críticas respecto de su hijo y sucesor. Para el periodista Alberto Lardier, “hay una sobreprotección mediática de la figura de Felipe VI”⁶. Sin embargo, esta capa de invulnerabilidad no impidió la revelación de un nuevo escándalo, que involucró a un empresario amigo de Juan Carlos I que gastó 269.000 dólares para pagar la luna de miel de quien entonces era el príncipe Felipe⁷.

Debilitado, Felipe VI vio en el movimiento independentista catalán una oportunidad para recobrar cierta legitimidad. El referéndum de autodeterminación del 1º de octubre de 2017, promovido por el gobierno de Cataluña y diversas organizaciones locales –pero declarado ilegal por la Corte Constituyente española, y desprovisto por ello de valor jurídico– reunió a más de dos millones de votantes. A pesar de, o debido a esta movilización popular, los comicios fueron reprimidos con violencia por las fuerzas de seguridad del Estado central, con métodos que remitieron más a un pasado franquista que a un país democrático. Esa noche, el rey pronunció un discurso tajante, sin una sola palabra para los cientos de personas atacadas por la Policía, como para encarnar el ala dura del bando unionista.

Felipe VI deseaba convertir ese día en su “23 de febrero”. Sin embargo, al contrario que con el golpe de Estado abortado en 1981, que había permitido a Juan Carlos I acercarse a la izquierda republicana y convertirse en el “rey de todos los españoles”⁸, el discurso del 1º de octubre de 2017 dio la imagen de Felipe VI como un rey partidario, defendiendo la causa de una de las partes de un conflicto político. El monarca incluso levantó el teléfono para llamar a los directivos de varias grandes empresas y exigirles retirarse de Cataluña⁹. No sorprende en lo más mínimo que la popularidad de la corona sea calamitosa en esa región, así como en el País Vasco. Como nos lo explica el constitucionalista Gerardo Pisarello, la monarquía española se caracteriza “por el hecho de su vínculo con el franquismo, por su deseo de evitar que la diversidad territorial del país se traduzca en el surgimiento de un proyecto plurinacional”. En este sentido, la corona es una herramienta constitutiva del nacionalismo español.

El rey Felipe VI perdió la simpatía de la izquierda que tan importante había sido para su padre. Según una encuesta de 2020, 55 por ciento del electorado del PSOE y 90 por ciento del de Podemos elegiría la República en caso de un eventual referéndum. En términos globales, la monarquía no cuenta más que con el apoyo de 34,9 por ciento de los españoles, contra el 40,9 por ciento que preferiría un régimen republicano¹⁰. La represión sufrida por activistas o raperos republicanos como Pablo Hásel o Valtònyk disminuyó la popularidad de la monarquía.

Es cierto que la llegada al trono de Felipe VI atenuó la crisis iniciada una década antes, pero el régimen monárquico sigue siendo cuestionado, con el riesgo de convertirse en lo que el politólogo Pablo Simón llama una “monarquía zombi, de pie en tanto que institución, pero sin vida en términos de apoyo popular”.

Pablo Castaño, periodista y politólogo. Traducción: Micaela Houston.